Cencos/México D.F.-
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más profunda preocupación por el asesinato de otro interno del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico.
La semana pasada, un interno de 25 años de edad murió a golpes —propinados con tablas y palos— dentro del centro penitenciario Topo Chico, en la ciudad de Monterrey. Supuestamente, la agresión habría tenido lugar por una deuda no pagada. Las autoridades han iniciado proceso penal en contra de dos personas supuestamente responsables de este deplorable acto. Sin embargo, no es la primera vez que se cometen homicidios dentro de este centro penitenciario y las autoridades han fallado en revisar sus protocolos de trabajo y en lanzar un plan concreto para garantizar la seguridad todas las personas privadas de la libertad.
Como en otras ocasiones, esta organización estima pertinente recordar que el derecho a la vida no se pierde ni se limita por haber sido condenado o por estar sujeto a un proceso penal. El Estado, y en especial las autoridades penitenciarias, tienen la obligación de garantizar todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Una muerte en un centro de reclusión, que se supone es un lugar cuidadosamente vigilado y controlado, supone no sólo un fracaso de nuestra política penitenciaria, sino que demuestra la enorme negligencia de las autoridades de administración penitenciaria. Ante las constantes muertes y agresiones que se registran en las cárceles de Nuevo León, no basta iniciar un proceso penal, es necesario indagar y corregir las causas estructurales de la violencia en las cárceles.
CADHAC hace un llamado a las autoridades penitenciarias de nuestro estado para que cumplan con su obligación legal, derivada tanto de la Constitución federal como de los tratados internacionales, de garantizar la vida y los demás derechos humanos de los reclusos. El Estado está en una posición de garante frente a esta población en situación de vulnerabilidad, dicha posición implica que no basta tomar medidas reactivas para castigar la violencia, sino que se debe trabajar activamente en prevenirla.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más profunda preocupación por el asesinato de otro interno del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico.
La semana pasada, un interno de 25 años de edad murió a golpes —propinados con tablas y palos— dentro del centro penitenciario Topo Chico, en la ciudad de Monterrey. Supuestamente, la agresión habría tenido lugar por una deuda no pagada. Las autoridades han iniciado proceso penal en contra de dos personas supuestamente responsables de este deplorable acto. Sin embargo, no es la primera vez que se cometen homicidios dentro de este centro penitenciario y las autoridades han fallado en revisar sus protocolos de trabajo y en lanzar un plan concreto para garantizar la seguridad todas las personas privadas de la libertad.
Como en otras ocasiones, esta organización estima pertinente recordar que el derecho a la vida no se pierde ni se limita por haber sido condenado o por estar sujeto a un proceso penal. El Estado, y en especial las autoridades penitenciarias, tienen la obligación de garantizar todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Una muerte en un centro de reclusión, que se supone es un lugar cuidadosamente vigilado y controlado, supone no sólo un fracaso de nuestra política penitenciaria, sino que demuestra la enorme negligencia de las autoridades de administración penitenciaria. Ante las constantes muertes y agresiones que se registran en las cárceles de Nuevo León, no basta iniciar un proceso penal, es necesario indagar y corregir las causas estructurales de la violencia en las cárceles.
CADHAC hace un llamado a las autoridades penitenciarias de nuestro estado para que cumplan con su obligación legal, derivada tanto de la Constitución federal como de los tratados internacionales, de garantizar la vida y los demás derechos humanos de los reclusos. El Estado está en una posición de garante frente a esta población en situación de vulnerabilidad, dicha posición implica que no basta tomar medidas reactivas para castigar la violencia, sino que se debe trabajar activamente en prevenirla.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
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