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jueves, 19 de enero de 2012

Más del 70% de agresiones a defensoras de Derechos Humanos tienen componentes de violencia de género


  • Presentación del libro: "Defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico 2010-2011

México D.F.,
El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Asociadas por lo Justo (JASS), en conjunto con La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentaron el libro "Defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones de riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo".
El  propósito del diagnosticó, que hace un análisis cualitativo sobre la violencia que viven las defensoras de Derechos Humanos al realizar su trabajo, es dar visibilidad al riesgo que corren por su labor, las condiciones en las que trabajan e identificar aquellas estrategias que resultan útiles para autoprotegerse y fortalecer su activismo.
Algunos datos del diagnóstico señalan que las defensoras que son más vulnerables a sufrir agresiones son indígenas, jóvenes, y de escasos recursos económicos. Asimismo, el 76 % de las defensoras reconocen especificidades de género en la violencia que viven al enfrentar su trabajo, siendo la violencia sexual la principal forma de violencia específica.
Las organizaciones responsables de la publicación consorcio para al diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca A.C., la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., y Asociadas por lo Justo puntualizaron que con el diagnóstico presentado se busca "reconocer, visibilizar  y generar solidaridad y una cultura de protección social a las defensoras de derechos humanos por su importancia en la construcción de un Estado de derecho democrático".
El diagnóstico fue elaborado a través de la sistematización de las respuestas de cincuenta defensoras de derechos humanos mexicanas durante el 1er Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y las Memorias de los Encuentros Nacionales de defensoras. 
La presentación contó con la presencia del Luis González Placencia, presidente de la CDHDF,  que durante la bienvenida señaló que el año 2011, especialmente los últimos meses, fue difícil para los defensores y defensoras de derechos humanos y recordó el caso de Norma Andrade, fundadora de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa que fue agredida el 2 de diciembre, afirmando que el clima de las agresiones a los defensores y en especial a las defensoras hace que publicación del diagnóstico tenga especial relevancia.
Durante la presentación se mostró un video en el cual defensoras de diferentes estados de la República Mexicana cuentan su experiencia, las razones por las que decidieron ser defensoras, los riesgos a los que se enfrentan en su labor y las características de las agresiones por su condición de género.
Asimismo, se contó con la participación de seis defensoras de derechos humanos: Graciela Ramos de Mujeres por México en Chihuahua, Felicitas Martínez de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Valeria Scorza de Prodesc A.C., Blanca Velásquez Díaz del Centro de Apoyo al Trabajador A.C., Ana Karén López de Tamaulipas Diversidad Viihvida Trans A.C. y Yunuhen Rangél Medina de Comunicación e Información de la Mujer A.C. Las defensoras hablaron sobre los retos y obstáculos que enfrentan durante su labor al defender diferentes tipos de derechos.

Exigen se investige y castigue a los responsables que abrieron fuego contra la población de San José del Progreso


Difusión Cencos México D.F., 19 de enero de 2012
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios ha recibido con seria preocupación información por parte de pobladores del municipio de San José del Progreso y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía municipal en contra de pobladores de la misma localidad.
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios   ha recibido con seria preocupación información por parte de pobladores del municipio de San José del Progreso y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía municipal en contra de pobladores de la misma localidad.
De acuerdo con la información recibida, en la mañana del día 18 de enero de 2012,  hubo un enfrentamiento entre ciudadanos/as de San José del Progreso y autoridades y policía municipales cuya intervención ha causado graves heridas de armas de fuego en dos de los integrantes de la Coordinadora: Bernardo Méndez Vázquez (que ha reportado lesiones a estomago, tórax y pierna) y Abigail Vásquez Sánchez (que ha reportado lesiones a una pierna).
Los y las ciudadanos/as protestaban pacíficamente en contra de la colocación en sus terrenos de tubería que  permitiría la explotación hídrica de un pozo profundo por parte de la compañía minera. El permiso fue otorgado por parte de las autoridades municipales, sin el consentimiento previo de la población.
Según denuncia la Coordinadora, policías municipales y pistoleros del presidente municipal,  Alberto Mauro Sánchez,   empezaron a disparar a quemarropa a los/as ciudadanas que exigían se les notificara el objetivo de las excavaciones,  hiriendo gravemente a las dos personas mencionadas arriba.
Antecedentes:
El presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez en diversas ocasiones ha amedrentado  a la población de éste municipio que lleva varios años resistiendo en contra de la mina de oro y plata Cuzcatlán (propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc) que por sus actividades extractivas necesita una cantidad enorme de agua que quedará saturada con químicos tóxicos que podrían contaminar los mantos freáticos de toda la región.
A manera de ejemplo citamos la amenaza acontecida el día 20 de noviembre de 2011 contra el agente municipal de Maguey Largo, el C. Felipe Eleuterio Vásquez Porras, por la realización de un foro informativo sobre minería que se realizaría el día 26 de Noviembre del mismo año. El presidente municipal en ese momento dijo que no permitiría, de ninguna manera la entrada de personas de otras comunidades a la agencia municipal de Maguey Largo para impedir la realización del foro.
Ante ésta situación, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, exige lo siguiente:
  • Se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los responsables intelectuales y materiales que abrieron fuego contra la población de San José del Progreso.
  • Se brinden las condiciones de seguridad al interior de la comunidad, ya que se encuentra inmersa en un clima de tensión social, surgido por  la entrada de la empresa minera Cuzcatlán, en 2006, lo cual podría generar más violencia.
  • Se brinden condiciones de seguridad para las dos personas heridas durante el enfrentamiento, quienes se encuentran en grave estado de salud.
  • Exigimos a los tres poderes del gobierno estatal, que generen mecanismos institucionales de resolución de conflictos y atiendan las demandas y preocupaciones  legítimas de los/as pobladores.
  • Se respete  la demanda principal  de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), concerniente a la salida inmediata de la empresa minera, ya que es, a raíz de su entrada,  que se han generado  diversos enfrentamientos en la comunidad.
  • A los medios de comunicación
    A la Opinión Pública
    A las Autoridades Estatales y Municipales
    A la Ciudadanía en General
ATENTAMENTE
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 18 de enero de 2012

 

Comunicado tras la reunión de PBI con el gobernador del estado de Guerrero


Difusión Cencos México D.F.

Peace Brigades International (Brigadas Internacionales de Paz, PBI), organización internacional no gubernamental con más de once años de presencia permanente en el estado de Guerrero y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunió el 16 de enero con el gobernador de esta entidad, el Licenciado Ángel Aguirre Rivero. Dicha reunión se sostuvo en el marco de los encuentros regulares de PBI con autoridades federales, estatales y municipales dentro del mandato de la organización, esto es, la protección del espacio político de las personas y organizaciones que sufren agresiones y/o amenazas por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos y la justicia social mediante el acompañamiento internacional.
PBI mantuvo un diálogo sobre los siguientes asuntos con el gobernador Ángel Aguirre:
a) la necesidad del reconocimiento público de la importancia del trabajo de las personas y organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos en el estado de Guerrero;
b) la implementación, de acuerdo a sus competencias, de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la familia de Rosendo Radilla, y en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y que estos se implemente en constante colaboración con las víctimas. Se destacó la importancia de la participación de altos niveles del gobierno, federal y estatal, en presencia de las víctimas en los momentos simbólicos de la implementación de las sentencias;
c) el cumplimiento de las medidas provisionales otorgadas por la propia Corte Interamericana a 107 defensores y defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero;
d) y la necesidad de una debida protección y la garantía del acceso a la justicia a los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) para poner fin a las agresiones y a la carencia de investigaciones.
Se habló igualmente de la falta de condiciones de seguridad que dificultan el trabajo de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), ubicada en la Costa Grande de Guerrero; sobre la situación de riesgo enfrentada por los defensores en el municipio de Ayutla, y sobre los resultados del reciente informe presentado por el Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña de Guerrero (Mocipol), Desde la mirada ciudadana, acerca de las vulneraciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la Montaña de Guerrero, así como sobre la importancia de este tipo de iniciativas
ciudadanas. Finalmente, PBI manifestó al gobernador del estado la preocupación y la repercusión internacional alcanzada tras por los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre en relación a los estudiantes de la Escuel Normal Rural Ayotzinapa (Guerrero).
Como resultado de esta reunión, destacaron algunos compromisos como el de mantener una periodicidad en los encuentros entre PBI y el gobernador del estado de Guerrero para dar seguimiento a los acuerdos y preocupaciones de PBI en materia de derechos humanos en esta entidad.
Para más información, referirse a la Oficina de Coordinación de PBI en el Distrito Federal.
PBI México | Oficina del Distrito Federal
Medellin 33 | Colonia Roma | 06700 México DF
Tel / Fax: 01 55 55 14 28 55
pbidf(at)pbi-mexico.org | www.pbi-mexico.org
PBI México | Oficina Internacional
56-64 Leonard Street | London, EC2A 4LT
Reino Unido | Tel: +44 (0)20 7065 0775
coordinacion.pbi-mexico.org | www.pbi-mexico.org
16 de enero de 2012

Taxistas identifican puntos rojos en materia de seguridad


Los caminos que conducen a las comunidades de Alpotzonga, Atotonilco y Espíritu Santo en el estado de Tlaxcala, mientras que los caminos a los municipios de El verde, Tlalancaleca y Tlahuapan en la región de Texmelucan.

NGPuebla/Texmelucan.-
Cientos de operadores de taxis de distintos sitios ubicados en San Martín anunciaron manifestarse este día para exigir a las autoridades municipales frenar los actos delictivos que afectan a este sector.
  Los puntos que los taxistas han detectado como peligrosos y donde se registran los asaltos, son los caminos que conducen a las comunidades de Alpotzonga, Atotonilco y Espíritu Santo en el estado de Tlaxcala, mientras que los caminos a los municipios de El verde, Tlalancaleca y Tlahuapan en la región de Texmelucan.
   Ante el aumento de los asaltos y hechos violentos de los que han sido objeto en últimas fechas, los integrantes de distintos sitios, están dispuestos a encabezar una serie de movilizaciones pacificas para exigir mayor seguridad, principalmente durante la noche cuando se registran el mayor número de asaltos que han cobrado incluso la vida de algunos compañeros taxistas.
   La postura de los trabajadores del volante fue fija, tras el último asalto registrado en contra de Juan Antonio Ordaz Castillo, quien sufrió lesiones en la cabeza,  por un sujeto el cual ha sido plenamente identificado y que por falta de pruebas continúa libre.
   En las últimas fechas un asalto cobró la vida de Gilberto Jerónimo Ávila,  quien permaneció tres meses internado en un hospital de Puebla, luego de que fuera asaltado y herido de muerte por sujetos que siguen sin ser capturados.