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miércoles, 14 de marzo de 2012

En Ajalpan detienen a Presunto Secuestrador de un funcionario


Se trata de un joven de 18 años que privo de su libertad a un funcionario

por CINTHYA CANTE GONZALEZ
La Policía Ministerial, logró la captura de Avelino Suárez Medrano, de 18 años de edad en el municipio de Ajalpan, acusado por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad.
   Y es que el ahora detenido le fue girado la orden de aprehensión debida al proceso penal 229/2011, ya que en julio del 2011, este sujeto ingresó junto con su cómplice a la vivienda de su víctima en el municipio de Eloxochitlán para  intentar someterlo y apoderarse del equipo de computo de la inspectoría de Buena Vista; sin embargo, al no lograr su cometido mantuvieron al funcionario privado de su libertad durante un lapso de 8 horas.
   No obstante, durante esta acción el cómplice de Suárez Medrano, logró darse a la fuga;  el agraviado presentó su denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, por lo que se consignó la Averiguación Previa ante la autoridad judicial.
   El detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial y remitido al Cereso de Tehuacán en donde se le sigue un proceso penal.

Seniles le Pegaban al Secuestro



Privaron de la libertad a una joven mujer en Matamoros

por ODILON LARIOS/Cinco Radio
Una banda de “viejitos” dedicados a la extorsión y al secuestro fue desmantelada por elementos de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI). Esta banda, que operaba en Izúcar de Matamoros, está señalada de haber secuestrado a una joven mujer, a quien plagiaron cuando conducía una motoneta y por cuyo rescate exigían 3 millones de pesos, pero finalmente obtuvieron 400 mil pesos.
    El secuestro de la joven estudiante universitaria, hija de una familia de comerciantes de la mixteca, ocurrió el 21 de diciembre del 2011, cuando algunos de los ahora detenidos interceptaron a la joven mujer cuando circulaba  a bordo de una motoneta, en las inmediaciones del paraje conocido como Puentes Cuates, en el barrio de San Juan Piaxtla, en Izúcar. Luego de lo cual los familiares recibieron una llamada de los plagiarios, exigiéndoles 3 millones de pesos por el rescate de su hija.
    Los familiares acudieron a interponer la denuncia correspondiente presentando la averiguación previa PGJP/DGICDS/A.P.282/2011. Derivando de esta denuncia las investigaciones que llevaron a la captura de cinco integrantes de esta célula delictiva cuyos nombres son: Pedro Flores Vázquez o Pedro Gálvez Vázquez, alias “El Cotorro” o “La Cotorra”, Félix Ángel Flores, alias “El Balconero”, Jesús Torres Ponce o José Torres Ponce, Antonio Herrera Mendoza, alias  “El Machetes” y Antonio Salvador Herrera Benito.
   Tras ser plagiada los secuestradores se comunicaron con los familiares de la víctima, vía telefónica, y exigieron 3 millones de pesos a cambio de dejarla en libertad.  Dos días después, volvieron a recibir una llamada pero ahora desde el celular de la agraviada, diciendo que deberían entregar la mitad del dinero ese día de lo contrario dañarían a la mujer.
   Finalmente acordaron que el rescate sería de 400 mil pesos los cuales debían ser entregados en el camino que va de San Miguel Las Minas a Patlanoaya, mencionando además que la persona que llevara el efectivo debía conducir con las luces interiores del vehículo encendidas, con los vidrio abajo, y que sobre el camino saldría gente a cobrar el rescate.
   Luego de permanecer tres días secuestrada en el cerro Teponaztle, la agraviada fue liberada. Las investigaciones del caso llevaron a los agentes de la DGADAI a esclarecer el caso y poder lograr la captura de los cinco sujetos antes mencionados.
   Los detenidos además se encuentran relacionados con las averiguaciones previas PGJP/DGICDS/AP/46/2011,  PGJP/DGICDS/CH/38/2011, PGJP/DGICDS/AP/63/2011 y PGJP/DGICDS/AP/122/2011, todas por el delito de extorsión en la misma zona.
   Por estos hechos, Pedro Flores Vázquez o Pedro Gálvez Vázquez, alias “El Cotorro” o “La Cotorra”, Félix Ángel Flores, alias “El Balconero” y Jesús Torres Ponce o José Torres Ponce, serán consignados ante la autoridad judicial correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, en tanto  que Antonio Herrera Mendoza, alias  “El Machetes” y Antonio Salvador Herrera Benito, serán consignados por el encubrimiento de dicha actividad ilícita.

Aprueban en comisión la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones


• Incorpora la figura de “juez ejecutor de sentencias”

Boletín/México,D.F.-
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones para establecer un nuevo diseño de sistema penitenciario, que plantea el respeto irrestricto a los derechos humanos hacia el interior de las cárceles y aplica el principio constitucional de presunción de inocencia.
   El presidente de este órgano legislativo, diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), dijo que con este nuevo ordenamiento se establece un sistema de clasificación de internos, para distinguir entre procesados y sentenciados.
   Abundó que actualmente existen 223 mil internos en todo el país, “el 60 por ciento son procesados y el 40 son sentenciados. Hay un enorme problema de corrupción que debemos atender; primero, con penales adecuados, porque hay sobrepoblación, entonces cualquier programa a implementar será un fracaso”.
   Agregó que se ha detectado que en cada uno de los 429 penales del país se deben poner antenas inhibitorias para llamadas de teléfonos celulares; “solamente hay 17 en el país, y se ha descubierto que de las seis mil llamadas diarias por extorsión telefónica, el 90 por ciento provienen del interior de los reclusorios”.
   “Sabemos que a pesar de que no están permitidos los celulares en los reclusorios existe una enorme corrupción dentro de ellos; entonces, esta nueva ley viene a terminar con este fenómeno, viene a establecer un sistema de clasificación de internos y crea una figura importante, como es la del juez ejecutor de sentencias”, aseveró.
   El legislador detalló que al tener una sola autoridad como es el juez ejecutor de sentencias, éste verá la duración de la pena y dará los trámites correspondientes a los reclusos.
   Benítez Treviño afirmó que en la nueva ley se establece un sistema integral de justicia para adolescentes en materia penal, con ministerios públicos y jueces especializados en este sector.
   También, continuó, se propone existan penales especializados para criminales integrantes de la delincuencia organizada, “hoy todos están revueltos, por eso está colapsando el sistema”.
   Señaló que anteriormente “presenté un punto de acuerdo exigiéndole al Gobierno Federal que estableciera un centro de alta peligrosidad en las Islas Marías; allá hay capacidad para seis mil internos y actualmente se tiene cinco mil 400; es viable”.
   El legislador añadió que este nuevo ordenamiento “reglamentario del artículo 18 Constitucional tienen cuatro ejes rectores de la reinserción social: la educación, el trabajo, la salud y el deporte; en él se establecen derechos pero también delimitaciones para los procesados y los sentenciados”.

Organismo Internacional recomienda a México implementar mecanismo de protección para defensores y periodistas

México D.F., 14 de marzo de 2012 (Cencos).- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas presentó hoy el Informe de Misión a México en el cual indentifica a las personas defensoras de derechos humanos y a los y las periodistas como grupos en situación de vulnerabilidad respecto a esta violación grave a los derechos humanos.
Por ello, emitió dos recomendaciones al Estado mexicano pidiendo la implementación de  mecanismos de protección:
"111. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar condiciones de seguridad para defensores de los derechos humanos, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y defienden los derechos de las víctimas. Se debe garantizar que el Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos humanos cuente con facultades de prevención, protección e investigación; tenga competencia federal; cuente con suficientes recursos así como con independencia. Se debe garantizar también la plena participación de las organizaciones de derechos humanos en el diseño, implementación y monitoreo de este mecanismo nacional.
"112. El Grupo de Trabajo recomienda establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, implementado por funcionarios de alto nivel, y un comité interinstitucional, dirigido por una autoridad federal, con capacidad de coordinar a diferentes autoridades e instancias gubernamentales, con recursos propios y suficientes, y que garantice la participación de los periodistas así como de la sociedad civil en su diseño, operación y evaluación".
Estas recomendaciones se dan en un contexto de reformas legislativas. Por un lado el día martes 13 de marzo se aprobó la reforma al artículo 73 constitucional que federaliza las agresiones contra trabajadores de los medios, y el día de mañana, jueves 15, será presentada ante el pleno la Iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual da permanencia a los recientemente creados mecanismos de protección que actualmente dependen de las decisiones en el poder Ejecutivo.

Defensor indígena de los derechos humanos se enfrenta a un juicio injusto

Difusión Cencos México D.F., 14 de marzo de 2012
El 15 de marzo, el caso de Maximino García Catarino irá a un tribunal de apelación mexicano para impugnar la decisión de llevar a Maximino García a juicio por un cargo de asesinato. Maximino García es un defensor de los derechos humanos perteneciente al pueblo indígena na savi. Su detención y su procesamiento pueden ser de motivación política, y corre peligro de ser sometido a un juicio injusto.
Maximino García Catarino, miembro destacado de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), ha apelado contra el cargo que se le imputa de asesinar a Juan Teodoro García en Ocotlán, estado de Guerrero. La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero resolverá sobre la apelación el 15 de marzo. El tribunal debe garantizar que Maximino García Catarino recibe un juicio justo y no es privado de libertad sobre la base de pruebas falsas.
Maximino García Catarino fue detenido el 21 de enero en su casa por agentes de la policía judicial del estado. Según una ONG local, los policías no mostraron ninguna orden judicial de detención, y hasta más tarde no dijeron por qué lo detenían. Maximino García fue interrogado sobre otros dirigentes de la OFPM y, al negarse a responder, fue golpeado.
Fue trasladado a la prisión local, pero su comparecencia ante un juez se demoró hasta el 23 de enero. El 27 de enero, el juez que presidía la sala, basándose en las declaraciones de los testigos de cargo, remitió el caso para ser juzgado. Sin embargo, hizo caso omiso de las pruebas presentadas por la defensa que indicaban que Maximino García Catarino no podía haber cometido ese delito. Tampoco tuvo en cuenta las irregularidades y contradicciones en las pruebas aportadas por la acusación, lo que suscita serias dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Amnistía Internacional cree que el procesamiento de Maximino García puede ser una represalia por su activismo legítimo en favor de su comunidad.
La organización ha documentado otros casos de activistas indígenas de Ayutla de los Libres que se enfrentan a periodos prolongados de prisión a causa de cargos penales falsos y de la negación de un juicio justo.
Escriban inmediatamente, en español, en inglés o en su propio idioma:
  • pidiendo a las autoridades que garanticen el derecho de Maximino García Catarino a un juicio justo, lo cual incluye una defensa efectiva y acceso a un tribunal imparcial, y que garanticen que los cargos a los que se enfrenta no son de motivación política;
  • pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Juan Teodoro García;
  • recordando a las autoridades que tienen el deber de respetar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y garantizar que pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias.
  • ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 23 DE ABRIL DE 2012 A:
Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador de Guerrero
Palacio de Gobierno, Edificio Centro 2do. Piso, Col. Ciudad de los Servicios
C.P. 39074 Chilpancingo
Guerrero, México
Fax: +52 747 471 9956
Correo-e.: contacto@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Sr. Gobernador
Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
México D.F., C.P.06600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario
Y copia a: 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Correo-e.: tlachi.internacional2@gmail.com
Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país.