Preocupa falta de avances en casos de abuso militar

Difusión Cencos México D.F.

Integrantes del Consejo Directivo del Centro para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK) enviaron una carta al Presidente Felipe Calderón para expresar su preocupación por la falta de avances en varios casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos cometidos por el ejército mexicano.

La carta, enviada el 15 de junio, hace referencia a la falta de cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas me'phaas del estado de Guerrero quienes fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del ejército en 2002. A la fecha, las investigaciones de ambos casos continúan sin presentar avances, pues no se ha consignado a los elementos del Ejército responsables, a pesar de que estos fueron identificados en el año 2009 por las víctimas.

Asimismo, el Consejo del Centro RFK externa en su misiva que habiendo fracasado los esfuerzos legislativos para llevar a cabo la reforma al fuero militar y en ausencia de una orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para restringir la aplicación del fuero militar, sólo queda la posibilidad de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que establezca de una vez por todas jurisprudencia obligatoria sobre los límites del fuero castrense cuando discuta los más de 28 casos que sobre este tema ha identificado, entre los que se encuentra el juicio promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua ejecutado extrajudicialmente por militares en junio de 2009. En este sentido, las y los Consejeros del Centro externaron su esperanza de que en dicha discusión se incorporen los más altos estándares en materia de protección de los derechos humanos.

Por otra parte, el Consejo saludó la creación del mecanismo gubernamental de protección a defensores de derechos humanos, pero refirió la preocupación que mantiene en virtud de su aplicación efectiva en los estados de la república, particularmente en el estado de Guerrero, donde defensores de derechos humanos como Vidulfo Rosales Sierra han tenido que dejar temporalmente la entidad ante la falta de garantías.

Ante las próximas elecciones, el Consejo pidió al Presidente realizar "acciones contundentes para consolidar los avances en materia de derechos humanos" conseguidos por la sociedad mexicana en los últimos años antes del fin del sexenio.

El Consejo del Centro RFK incluye a la viuda del fallecido Senador, la Sra. Ethel Kennedy, y dos hijas de la pareja, Kerry y Kathleen Kennedy, y más de treinta personalidades y líderes de la comunidad internacional de defensores de derechos humanos, incluyendo la Sra. Elisa Massimino de Human Rights First, el Profesor Juan Méndez del Washington School of Law en American University, el Sr. Phil Johnston de Massachusetts, y el Sr. Peter Edelman, quién trabajo con Robert Kennedy y después con su hermano, el Senador Edward Kennedy.

En 2010, el Premio en Derechos Humanos Robert F. Kennedy fue otorgado al antropólogo mexicano Abel Barrera Hernández, iniciando así un hermanamiento de seis años entre el Centro RFK y la organización a su dirección, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero. Hace dos semanas, el Centro RFK anunció que en julio iniciará como nuevo director de derechos humanos el Sr. Santiago Cantón, quien ha fungido como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Descarga aquí el comunicado original

Lee aquí la carta dirigida al Presidente Felipe Calderón por el Centro Robert F. Kennedy

27 de junio, 2012, Washington, DC—

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Presentan Informe sobre la Tortura en Chiapas: “De la Crueldad al Cinismo”

Difusión Cencos México D.F.

Boletín de prensa
Frayba

• Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró, en el periodo que va de enero de 2010 a diciembre de 2011, 47 personas sobrevivientes de tortura de las cuales: ocho son mujeres y 38 hombres; del mismo total ocho personas pertenecen al pueblo tseltal, siete al pueblo tsotsil, una al pueblo tojolabal y otras 31 personas se identifican como mestizas; los municipios en que se cometieron eventos de tortura son: Acala, Bella Vista, Comitán de Domínguez, Chilón, Huixtla, El Provenir, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.

Los perpetradores que hemos identificado en estos hechos son: elementos del Ejército mexicano; de la Policía Municipal; Policía Estatal Preventiva; Policía Ministerial, fiscales del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), particulares con la anuencia de agentes del Estado y, haciendo especial mención por su recurrencia, el personal de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO). 

 La mayor parte de hechos de tortura registrados durante este periodo se produjeron en acciones vinculadas con la procuración de justicia, la implementación de una política de seguridad pública en el marco de la guerra declarada contra el crimen organizado por parte del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, y por las acciones implementadas en el marco del programa "ciudad segura" promovidas e implementadas por el gobierno del estado Chiapas.

En un gran número de casos, documentados por este Centro de Derechos Humanos, las personas sobrevivientes, en el momento de la tortura, se encontraban privadas de su libertad bajo la figura de arraigo; y aunque es importante hacer mención que esta figura jurídica se eliminó para delitos del fuero común en Chiapas, en el mes junio de 2011, la medida continúa en el ámbito federal. No obstante esta particularidad en Chiapas, distintos testimonios nos han revelado una realidad distinta y más grave aún: la existencia de "casas de seguridad". Espacios en los que se pone en riesgo la vida de las personas "detenidas" dificultando el trabajo de documentación y de una defensa adecuada por parte de los organismos de derechos humanos.
Las personas sobrevivientes de tortura, que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado; por el contrario, los casos denunciados permanecen en la impunidad, a pesar de la tipificación del delito de tortura en el código penal de Chiapas. Los datos comparados nos confirman que las investigaciones, en las denuncias de tortura, se tipifican como delitos menores, lesiones y/o abuso de autoridad, figuras que incurren en una simple sanción administrativa invisibilizando así la responsabilidad del Estado de ejercer la tortura como un patrón sistemático de represión.

Aunado a lo anterior, manifestamos nuestra preocupación porque en el momento de la investigación se "utiliza", por parte de las autoridades de procuración de justicia, el Protocolo de Estambul desvirtuándolo de su función original. Esto debido a que quienes aplican esta herramienta en Chiapas no es pers  onal independiente, como debería ser, sino personas de la misma PGJE, entidad de donde provienen los mismos perpetradores. Se cuenta con información que el modo de aplicación de este protocolo, por parte de funcionarios del Estado, es incluso traumatizante y "usado" como medio de prueba en contra de la víctima confirmando una contra tendencia de lo que busca prevenir el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) que recomienda: se fortalezca la aplicación del Protocolo de Estambul mediante la garantía de investigaciones independientes, prontas y exhaustivas (...).1

Como consecuencia de estos actos de tortura las personas sobrevivientes son afectadas no solamente en su persona, sino en su entorno más próximo como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, su comunidad y en la mayor parte de los casos su proyecto de vida. La tortura se vuelve una forma de control social, sin embargo, a pesar de los temores fundados a la represión que ejercen las fuerzas del Estado, los sobrevivientes de tortura son cada vez más conscientes de la importancia de la denuncia para la erradicación de este delito de lesa humanidad.

La tortura como método recurrente devela un sistema de justicia corrupto y distante a la garantía de protección y seguridad jurídica. Aunque los gobiernos federal, y del estado de Chiapas, realizan y publicitan reformas legislativas, políticas públicas y ratifican su compromiso en instancias internacionales para erradicar la tortura, la realidad rebasa los límites que pretenden ocultar este padecimiento de la sociedad que es tolerado, permitido y ejercido desde el propio sistema de administración de justicia, donde las violaciones a los derechos humanos son la norma. 

Es por tanto necesario un cambio estructural del sistema jurídico mexicano, erradicar sus malas
prácticas que sostienen un sistema que posibilita la corrupción de los funcionarios públicos. 

Es por ello necesario que la sociedad civil nos involucremos en redes de solidaridad y defensa para denunciar las situaciones de injusticia social, crear contrapoderes al sistema judicial que ha llenado y sigue llenado las cárceles de personas presas que injustamente cumplen condenas impuestas, mismas que no tienen posibilidad de defensa ante este sistema inquisidor, quienes cargan con el peso del terror del gobierno, potenciado hoy, por la cruel guerra del Presidente Felipe Calderón y la utilización arbitraria y cínica del sistema de justicia por parte del gobernador Juan José Sabines Guerrero a favor de sus intereses de poder.

Finalmente recordamos que la Organización de las Naciones Unidas, estableció que el 26 de junio de cada año se conmemore el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con el compromiso de reafirmar que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura ni de los tratos crueles inhumanos y/o degradantes.

Este Centro de Derechos Humanos, y distintos actores en el país, constatamos que a pesar de los compromisos internacionales que México ha adquirido ante la comunidad internacional, y de la normatividad vigente en lo local y lo nacional, la práctica de la tortura es un mecanismo privilegiado y repugnante de investigación policial y control utilizado aún por agentes estatales.

1  CAT/OP/MEX/1

Descarga u hojea el Informe sobre la Tortura en Chiapas: "De la Crueldad al Cinismo"

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
26 de junio de 2012
Boletín No. 09

Contacto:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC
BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.
TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396
www.frayba.org.mx
frayba@frayba.org.mx

Fotógrafo de Milenio y Medios UDG, agredido por priísta

A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

El pasado sábado 23 de junio, durante la manifestación frente a Palacio de Gobierno, el fotógrafo de Milenio y Medios UDG, José María Martínez, fue agredido por José Luis Arriaga, suegro del candidato priista al Gobierno del Estado, Aristóteles Sandoval.

José María Martínez estaba haciendo su trabajo, tomando fotografías de la concentración cuando, sin causa alguna, José Luis Arriaga avanzó hacia él y le propinó un golpe en la cara.
Arriaga ya había agredido a una persona de la tercera edad que portaba una cartulina con consignas contra Aristóteles Sandoval y estaba siendo abordado por representantes de los medios de comunicación cuando atacó a José María Martínez,  quien, después de la agresión, se retiró a continuar con su trabajo, sin responder al ataque de Arriaga.
Compañeros de los medios de comunicación, indignados ante el hecho, persiguieron a Arriaga para que no escapara y pudiera ser presentado a las autoridades. Arriaga fue entregado a la Policía de Guadalajara que lo dejó libre al poco tiempo.
El diario Milenio, para quien cubría el evento José María Martínez, no hizo ningún señalamiento, no se pronunció en torno al tema y manejó una nota de bajo perfil.

ANTE LOS SUCESOS, LOS ABAJO FIRMANTES HACEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué la policía le pasó un reporte a Aristóteles Sandoval? ¿Qué puesto ocupa Aristóteles en el ayuntamiento para que la policía le tenga que pasar un reporte?
2.- ¿Por qué varios medios omiten el nombre del agresor y su calidad de suegro de Aristóteles Sandoval?
3.- Pedimos una explicación clara de la actuación de las autoridades de seguridad municipales y si está apegada o no al marco legal (si hay delito el agresor no puede salir pagando sólo una multa y por qué le pasaron un reporte a Aristóteles).

HACEMOS TAMBIÉN EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
Repudiamos los actos de violencia contra comunicadores y consideramos que los medios para quienes trabajan deben apoyar a los periodistas en cualquier tipo de agresión.
Repudiamos todos los actos de violencia, no sólo aquella de la que son víctimas los periodistas; y si José Luis Arriaga fue agredido, aunque haya sido consecuencia de sus acciones, lo consideramos reprochable.
Exigimos un alto a la impunidad y el castigo a aquellos que ataquen a periodistas. México es uno de los países de todo el mundo en donde es más peligroso ejercer el periodismo y esto se debe en gran parte a la impunidad. Cada impune agresión a un periodista, abona a la situación de indefensión que sufrimos los periodistas mexicanos.
Exigimos a las autoridades un seguimiento expedito y puntual a la denuncia que presentó José María Martínez.

ACAT-Francia y diversas organizaciones mexicanas presentan informe detallado sobre el fenómeno de la tortura en México

Difusión Cencos México D.F., 26 de junio de 2012

Boletín de Prens
OSC de Francia y México

• A la víspera de las elecciones presidenciales y en ocasión de la Jornada Mundial contra la Tortura, se publica el informe como resultado de una misión de investigación llevada a cabo en junio de 2011 en el Distrito Federal y varios estados de la República.
• ACAT-Francia, el CCTI, el Centro Prodh, el Centro Frayba y Código DH proponen en el informe una serie de recomendaciones para el Estado mexicano a fin de terminar con esta práctica violatoria de los derechos humanos.

En diciembre de 2006, el Presidente electo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, declaró la "guerra contra la delincuencia".  La estrategia política ha consistido en desplegar entre 50 y 60 mil miembros de las Fuerzas Armadas en las calles para llevar a cabo tareas de seguridad pública que le competen a las fuerzas civiles.

La tortura es una de las muchas consecuencias de estas violaciones a los derechos humanos. Según José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, «se fabrican culpables que serían los responsables de la violencia para esconder la ineficiencia de las investigaciones y atenuar la presión social».

Nuevas contrarreformas que pondrían en peligro los derechos humanos están en espera de ser votadas en el Congreso

La información contenida en el presente documento se basa principalmente en una misión de investigación realizada del 2 al 18 de julio de 2011, durante la cual ACAT-Francia (Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura) mantuvo contacto con varias asociaciones y pudo entrevistar a víctimas y familiares de víctimas, así como representantes de los poderes ejecutivos y judiciales, comisiones públicas de derechos humanos y la delegación de la Unión Europea. Por último, se recopilaron otros datos a lo largo del año pasado, a partir de nuevos casos presentados a ACAT-Francia y de los avances legislativos, jurídicos e institucionales. El análisis se basa en ejemplos que involucran a 11 estados y que corresponden principalmente a un periodo reciente. No obstante, el informe vuelve a tratar también casos "del pasado", puesto que son clave para esclarecer la persistencia de la situación de la impunidad.

En la actual campaña electoral no se discutió el tema. El uso de las Fuerzas Armadas no ha sido cuestionado. Nuevas contrarreformas que pondrían en peligro los derechos humanos están en espera de ser votadas en el Congreso…

 

Hojealo o ve a la aplicación 

Sin embargo, otra política es necesaria. ACAT-Francia, el CCTI, el Centro Prodh, el Centro Frayba y Código DH proponen en el informe una serie de recomendaciones para el Estado mexicano a fin de terminar con esta práctica violatoria de los derechos humanos. Entre ellas destacan la eliminación de la figura del arraigo inconstitucional; otorgar validez a los dictámenes médicos y psicológicos que aplican las comisiones públicas de derechos humanos como peritajes del Protocolo de Estambul y no como prueba documental; reformar el artículo 57 del Código de Justicia Penal Militar con la finalidad de excluir de su jurisdicción todos los casos de violaciones a los derechos humanos y transferir a la jurisdicción ordinaria la totalidad de archivos de denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos; adoptar reglamentos de aplicación para la puesta en marcha rápida y operacional de la reforma del sistema de justicia penal en todas las entidades federativas y reforzar los mecanismos de control internos y de rendición de cuentas de los agentes de las policías judiciales, los ministerios públicos, las procuradurías y los jueces.

Para descargar la versión en español del informe, haz click aquí: http://www.unmondetortionnaire.com/Au-nom-de-la-guerre-contre-le?PHPSESSID=i6ao9juoerdqo6corhi35fmkt3

Atentamente,

ACAT-Francia (Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código-DH)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Centro Frayba)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Para mayor información o gestión de entrevistas:
Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh.
Teléfono: 55 8531 2218
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx

Juventina Nicolás Flores
Asistente Secretarial, CCTI.
Teléfono: 56 04 56 42
Correo electrónico: colectivo@contralatortura.org

Alba Cruz Ramos y Sara Méndez
Área de Defensa Integral de Código DH
Teléfono: 01 951 5160802
Correo electrónico: contacto@codigodh.org

Gubidcha Matus
Comunicación Social, Centro Frayba.
Teléfono: 01 967 6787395 y 96
Correo electrónico: contacto@codigodh.org

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

 Pasa la voz 

• Versión para impresora
 
• Enviar a un amigo
 
• Versión en PDF

Agreden a dos Periodistas en Oaxaca

Alianza de Organizaciones Periodísticas
Asociación de Periodistas de Oaxaca, Club de Periodistas de Antequera, Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores A. C. Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y

CIUDADANO

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CIUDADANA MARISELA MORALES
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CIUDADANO

GABINO CUÉ MONTEAGUDO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los suscritos, dirigentes de las Asociaciones de Periodistas de Oaxaca, (APO), Club de Periodistas de Antequera A. C., Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores A. C. (CONAPE) y la Delegación del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, (SNRP), elevamos nuestra más enérgica protesta por la grave agresión de que fueron objeto el día 24 de los corrientes, nuestros compañeros RAFAEL SAID Y JOSÈ IVAN, de apellidos HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, hecho cometido en la puerta de su domicilio, alrededor de las tres de la madrugada, donde tres personas los estaban esperando y que, al grito de: "A ustedes les vamos a partir su madre para ver si le bajan de huevos a su revistita", los lesionaron con un picahielo y con una navaja, resultando RAFAEL SAID, con graves lesiones tanto en el pecho como en la rodilla izquierda, poniendo en peligro su vida, siendo hospitalizado y con dos intervenciones quirúrgicas, en el Instituto del Seguro Social.
Reprobamos esta acción y exigimos justicia, para que se esclarezca éste y otros casos de compañeros y compañeras agredidos, porque constituyen graves atentados al desarrollo de la actividad periodística y libertad de expresión.
Exigimos que las autoridades gubernamentales de Oaxaca, intervengan para investigar y aclarar la agresión que sufrieron los hermanos HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, periodistas que laboran en la revista EL TUCÁN.
Pedimos a los Gobiernos Federal y Estatal, mayores garantías para ejercer nuestra tarea de informar y formar opinión, tomando en cuenta que México sigue ocupando los primeros lugares en el mundo donde se violenta a los representantes de los medios de comunicación.

Enviado desde mi oficina móvil BlackBerry® de Telcel