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lunes, 2 de julio de 2012

Inicia PGJ averiguación previa por fuga de reo en el municipio de Tecamachalco




Procuraduría General de Justicia
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que hace unas horas, Gustavo Cárcamo Vernet, quien fue detenido la semana pasada en el municipio de Tecamachalco por robo, evadió la custodia y se fugó del hotel donde la autoridad judicial había ordenado su arraigo.
    Al confirmarse el hecho, autoridades de la dependencia ordenaron la inmediata presentación ante el Ministerio Público del elemento de la Policía Ministerial que tenía a su cargo la vigilancia, por lo que se encuentra a disposición y sujeto a investigación.
    A través de la Fiscalía General Regional, la PGJ integra la Averiguación Previa 30/2012/FGR bajo la cual se están desahogando las diligencias necesarias para poder determinar responsabilidades.
    Gustavo Cárcamo Vernet fue asegurado junto con otro sujeto el 25 de junio del año en curso por la Policía Municipal de Tecamachalco; posteriormente la PGJ obtuvo una orden de arraigo para investigarlos como presuntos responsables de diversos robos a comercio en aquella región.

Amenazas del síndico de Tecoanapa, Guerrero a pobladores en lucha por la entrega de fertilizante

Difusión Cencos México D.F.,
Boletín de prensa
Comunidades de Tecoanapa / Red Guerrerence / CDH Morelos
  • Cerca de mil personas de ocho comunidades del municipio de Tecoanapa de la Costa Chica de Guerrero mantienen en lucha por la exigencia de la entrega de fertilizante.
  • Ante ello persisten amenazas de parte del Síndico Procurador, Tomás Mora Villanueva hacia el líder Prócoro Valente Gil, el Comisario de la comunidad de Barrio Nuevo, Jaime Gallardo Morales y del Secretario  técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles, Manuel Olivares Hernández.
Cerca de mil personas de siete comunidades, con el apoyo e intervención de la Red Guerrerense de Organismos civiles y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, nos encontramos desde el día 27 de junio hasta el día de hoy 29 en el Ayuntamiento de la cabecera municipal Tecoanapa,  decidimos actuar para la entrega del fertilizante el cual haciende a 5262 bultos que se supone serían entregados desde el mes de abril, hecho que no se ha cumplido, situación que persiste en más de ocho comunidades.

En el primer día de exigencia resultaron 3 compañeros nuestros agredidos a golpes por parte de un grupo de policías municipales

Ante nuestra lucha ejercida, en el primer día de exigencia resultaron 3 compañeros nuestros agredidos a golpes por parte de un grupo de policías municipales. El día de ayer después de varios intentos para destrabar el conflicto, nos encontramos con la prepotencia amenazante, propia de los caciques de parte del sindico procurador, quien en todo momento trato de amedrentarnos por lo cual la población ahí presente acordaron retener al sindico en las instalaciones de la comandancia municipal, hasta donde llegaron los policías preventivos y no quisieron salirse con la clara intención de manejar que estaban secuestrados y así provocar una acción legal contra quienes ahí nos encontramos, posteriormente a las 11 de la noche de ayer recibió una llamada con amenazas del síndico el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, de igual forma a media noche del día de ayer el mismo síndico ejerció amenazas con insultos al comisario municipal de la comunidad de Barrio Nuevo Jaime Gallardo Morales y hoy 29 amenazas hacia Prócoro Valente Gil, entre las cuales está la de traer al ejercito, atenerse a las consecuencias de manera particular, estos acompañados de insultos ofensivos y humillaciones también esto hacia otros ciudadanos presentes.
Ante los hechos ocurridos nos alerta a exigir respeto a nuestros derechos humanos y medidas que garanticen la pronta solución a nuestras peticiones que están tratando de ser criminalizadas, cuando lo único que estamos haciendo es hablar por nuestros derechos, es por ello que exigimos:
*Que nuestras demandas y nuestra lucha no sean criminalizadas por parte de las autoridades estatales y municipales
*Exigimos nos den respuesta inmediata para la entrega de nuestro fertilizante que desde febrero ha sido cubierto su costo
*No ser parte del hostigamiento, y exigir nos respeten como campesinos que somos quienes sabemos de nuestras necesidades,  lo único que queremos es hacernos respetar y valer.
ATENTAMENTE
Comunidad de:
Tepintepec
San Francisco
Tecorral
Ocotitlán
Guayabo
Barrio Nuevo
Mecatepec
El Carrizo
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
Tecoanapa, Guerrero a 29 de junio de 2012
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Preocupa falta de avances en casos de abuso militar

Difusión Cencos México D.F.
Integrantes del Consejo Directivo del Centro para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK) enviaron una carta al Presidente Felipe Calderón para expresar su preocupación por la falta de avances en varios casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos cometidos por el ejército mexicano.
La carta, enviada el 15 de junio, hace referencia a la falta de cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas me'phaas del estado de Guerrero quienes fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del ejército en 2002. A la fecha, las investigaciones de ambos casos continúan sin presentar avances, pues no se ha consignado a los elementos del Ejército responsables, a pesar de que estos fueron identificados en el año 2009 por las víctimas.
Asimismo, el Consejo del Centro RFK externa en su misiva que habiendo fracasado los esfuerzos legislativos para llevar a cabo la reforma al fuero militar y en ausencia de una orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para restringir la aplicación del fuero militar, sólo queda la posibilidad de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que establezca de una vez por todas jurisprudencia obligatoria sobre los límites del fuero castrense cuando discuta los más de 28 casos que sobre este tema ha identificado, entre los que se encuentra el juicio promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua ejecutado extrajudicialmente por militares en junio de 2009. En este sentido, las y los Consejeros del Centro externaron su esperanza de que en dicha discusión se incorporen los más altos estándares en materia de protección de los derechos humanos.
Por otra parte, el Consejo saludó la creación del mecanismo gubernamental de protección a defensores de derechos humanos, pero refirió la preocupación que mantiene en virtud de su aplicación efectiva en los estados de la república, particularmente en el estado de Guerrero, donde defensores de derechos humanos como Vidulfo Rosales Sierra han tenido que dejar temporalmente la entidad ante la falta de garantías.
Ante las próximas elecciones, el Consejo pidió al Presidente realizar "acciones contundentes para consolidar los avances en materia de derechos humanos" conseguidos por la sociedad mexicana en los últimos años antes del fin del sexenio.
El Consejo del Centro RFK incluye a la viuda del fallecido Senador, la Sra. Ethel Kennedy, y dos hijas de la pareja, Kerry y Kathleen Kennedy, y más de treinta personalidades y líderes de la comunidad internacional de defensores de derechos humanos, incluyendo la Sra. Elisa Massimino de Human Rights First, el Profesor Juan Méndez del Washington School of Law en American University, el Sr. Phil Johnston de Massachusetts, y el Sr. Peter Edelman, quién trabajo con Robert Kennedy y después con su hermano, el Senador Edward Kennedy.
En 2010, el Premio en Derechos Humanos Robert F. Kennedy fue otorgado al antropólogo mexicano Abel Barrera Hernández, iniciando así un hermanamiento de seis años entre el Centro RFK y la organización a su dirección, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero. Hace dos semanas, el Centro RFK anunció que en julio iniciará como nuevo director de derechos humanos el Sr. Santiago Cantón, quien ha fungido como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Descarga aquí el comunicado original
Lee aquí la carta dirigida al Presidente Felipe Calderón por el Centro Robert F. Kennedy
27 de junio, 2012, Washington, DC—
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

jueves, 28 de junio de 2012

Presentan Informe sobre la Tortura en Chiapas: “De la Crueldad al Cinismo”

Difusión Cencos México D.F.
Boletín de prensa
Frayba
• Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró, en el periodo que va de enero de 2010 a diciembre de 2011, 47 personas sobrevivientes de tortura de las cuales: ocho son mujeres y 38 hombres; del mismo total ocho personas pertenecen al pueblo tseltal, siete al pueblo tsotsil, una al pueblo tojolabal y otras 31 personas se identifican como mestizas; los municipios en que se cometieron eventos de tortura son: Acala, Bella Vista, Comitán de Domínguez, Chilón, Huixtla, El Provenir, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.
Los perpetradores que hemos identificado en estos hechos son: elementos del Ejército mexicano; de la Policía Municipal; Policía Estatal Preventiva; Policía Ministerial, fiscales del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), particulares con la anuencia de agentes del Estado y, haciendo especial mención por su recurrencia, el personal de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO). 
 La mayor parte de hechos de tortura registrados durante este periodo se produjeron en acciones vinculadas con la procuración de justicia, la implementación de una política de seguridad pública en el marco de la guerra declarada contra el crimen organizado por parte del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, y por las acciones implementadas en el marco del programa "ciudad segura" promovidas e implementadas por el gobierno del estado Chiapas.
En un gran número de casos, documentados por este Centro de Derechos Humanos, las personas sobrevivientes, en el momento de la tortura, se encontraban privadas de su libertad bajo la figura de arraigo; y aunque es importante hacer mención que esta figura jurídica se eliminó para delitos del fuero común en Chiapas, en el mes junio de 2011, la medida continúa en el ámbito federal. No obstante esta particularidad en Chiapas, distintos testimonios nos han revelado una realidad distinta y más grave aún: la existencia de "casas de seguridad". Espacios en los que se pone en riesgo la vida de las personas "detenidas" dificultando el trabajo de documentación y de una defensa adecuada por parte de los organismos de derechos humanos.
Las personas sobrevivientes de tortura, que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado; por el contrario, los casos denunciados permanecen en la impunidad, a pesar de la tipificación del delito de tortura en el código penal de Chiapas. Los datos comparados nos confirman que las investigaciones, en las denuncias de tortura, se tipifican como delitos menores, lesiones y/o abuso de autoridad, figuras que incurren en una simple sanción administrativa invisibilizando así la responsabilidad del Estado de ejercer la tortura como un patrón sistemático de represión.
Aunado a lo anterior, manifestamos nuestra preocupación porque en el momento de la investigación se "utiliza", por parte de las autoridades de procuración de justicia, el Protocolo de Estambul desvirtuándolo de su función original. Esto debido a que quienes aplican esta herramienta en Chiapas no es pers  onal independiente, como debería ser, sino personas de la misma PGJE, entidad de donde provienen los mismos perpetradores. Se cuenta con información que el modo de aplicación de este protocolo, por parte de funcionarios del Estado, es incluso traumatizante y "usado" como medio de prueba en contra de la víctima confirmando una contra tendencia de lo que busca prevenir el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) que recomienda: se fortalezca la aplicación del Protocolo de Estambul mediante la garantía de investigaciones independientes, prontas y exhaustivas (...).1
Como consecuencia de estos actos de tortura las personas sobrevivientes son afectadas no solamente en su persona, sino en su entorno más próximo como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, su comunidad y en la mayor parte de los casos su proyecto de vida. La tortura se vuelve una forma de control social, sin embargo, a pesar de los temores fundados a la represión que ejercen las fuerzas del Estado, los sobrevivientes de tortura son cada vez más conscientes de la importancia de la denuncia para la erradicación de este delito de lesa humanidad.
La tortura como método recurrente devela un sistema de justicia corrupto y distante a la garantía de protección y seguridad jurídica. Aunque los gobiernos federal, y del estado de Chiapas, realizan y publicitan reformas legislativas, políticas públicas y ratifican su compromiso en instancias internacionales para erradicar la tortura, la realidad rebasa los límites que pretenden ocultar este padecimiento de la sociedad que es tolerado, permitido y ejercido desde el propio sistema de administración de justicia, donde las violaciones a los derechos humanos son la norma. 
Es por tanto necesario un cambio estructural del sistema jurídico mexicano, erradicar sus malas
prácticas que sostienen un sistema que posibilita la corrupción de los funcionarios públicos. 
Es por ello necesario que la sociedad civil nos involucremos en redes de solidaridad y defensa para denunciar las situaciones de injusticia social, crear contrapoderes al sistema judicial que ha llenado y sigue llenado las cárceles de personas presas que injustamente cumplen condenas impuestas, mismas que no tienen posibilidad de defensa ante este sistema inquisidor, quienes cargan con el peso del terror del gobierno, potenciado hoy, por la cruel guerra del Presidente Felipe Calderón y la utilización arbitraria y cínica del sistema de justicia por parte del gobernador Juan José Sabines Guerrero a favor de sus intereses de poder.
Finalmente recordamos que la Organización de las Naciones Unidas, estableció que el 26 de junio de cada año se conmemore el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con el compromiso de reafirmar que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura ni de los tratos crueles inhumanos y/o degradantes.
Este Centro de Derechos Humanos, y distintos actores en el país, constatamos que a pesar de los compromisos internacionales que México ha adquirido ante la comunidad internacional, y de la normatividad vigente en lo local y lo nacional, la práctica de la tortura es un mecanismo privilegiado y repugnante de investigación policial y control utilizado aún por agentes estatales.
1  CAT/OP/MEX/1

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
26 de junio de 2012
Boletín No. 09
Contacto:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC
BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.
TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396
www.frayba.org.mx
frayba@frayba.org.mx

miércoles, 27 de junio de 2012

Fotógrafo de Milenio y Medios UDG, agredido por priísta

A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA:

El pasado sábado 23 de junio, durante la manifestación frente a Palacio de Gobierno, el fotógrafo de Milenio y Medios UDG, José María Martínez, fue agredido por José Luis Arriaga, suegro del candidato priista al Gobierno del Estado, Aristóteles Sandoval.
José María Martínez estaba haciendo su trabajo, tomando fotografías de la concentración cuando, sin causa alguna, José Luis Arriaga avanzó hacia él y le propinó un golpe en la cara.
Arriaga ya había agredido a una persona de la tercera edad que portaba una cartulina con consignas contra Aristóteles Sandoval y estaba siendo abordado por representantes de los medios de comunicación cuando atacó a José María Martínez,  quien, después de la agresión, se retiró a continuar con su trabajo, sin responder al ataque de Arriaga.
Compañeros de los medios de comunicación, indignados ante el hecho, persiguieron a Arriaga para que no escapara y pudiera ser presentado a las autoridades. Arriaga fue entregado a la Policía de Guadalajara que lo dejó libre al poco tiempo.
El diario Milenio, para quien cubría el evento José María Martínez, no hizo ningún señalamiento, no se pronunció en torno al tema y manejó una nota de bajo perfil.

ANTE LOS SUCESOS, LOS ABAJO FIRMANTES HACEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué la policía le pasó un reporte a Aristóteles Sandoval? ¿Qué puesto ocupa Aristóteles en el ayuntamiento para que la policía le tenga que pasar un reporte?
2.- ¿Por qué varios medios omiten el nombre del agresor y su calidad de suegro de Aristóteles Sandoval?
3.- Pedimos una explicación clara de la actuación de las autoridades de seguridad municipales y si está apegada o no al marco legal (si hay delito el agresor no puede salir pagando sólo una multa y por qué le pasaron un reporte a Aristóteles).

HACEMOS TAMBIÉN EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
Repudiamos los actos de violencia contra comunicadores y consideramos que los medios para quienes trabajan deben apoyar a los periodistas en cualquier tipo de agresión.
Repudiamos todos los actos de violencia, no sólo aquella de la que son víctimas los periodistas; y si José Luis Arriaga fue agredido, aunque haya sido consecuencia de sus acciones, lo consideramos reprochable.
Exigimos un alto a la impunidad y el castigo a aquellos que ataquen a periodistas. México es uno de los países de todo el mundo en donde es más peligroso ejercer el periodismo y esto se debe en gran parte a la impunidad. Cada impune agresión a un periodista, abona a la situación de indefensión que sufrimos los periodistas mexicanos.
Exigimos a las autoridades un seguimiento expedito y puntual a la denuncia que presentó José María Martínez.