Peña Nieto reconoció en varias ocasiones la labor del Ejército Mexicano frente al Gral Rubén Ramírez Pérez, hoy está en la cárcel

Aristegui Noticias
Hace un año y medio, el general de brigada Rubén Pérez Ramírez desayunaba con Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, en las nuevas instalaciones de la XXII Zona Militar, en Santa María Rayón.
En febrero del 2011, el hoy virtual ganador de la Presidencia de la República se encontraba nuevamente con quien ahora es uno de los militares encarcelados en Almoloya. Ambos convivían en el Día del Ejército, en el espacio que el gobierno mexiquense cedió para que se construyera el nuevo centro militar.
"Con el Ejército Mexicano tenemos un futuro cierto y con nuestro Ejército Mexicano se consolidará la senda de la paz, el desarrollo y el bienestar que todos deseamos para este gran país –decía Peña- ustedes, integrantes del ejército, mujeres y hombres han estado a la altura de las circunstancias y de los desafíos, por ello se reconoce su profesionalismo e integridad; lamentamos sus bajas y aplaudimos su actitud valiente y responsable en las tareas que les han sido asignadas en materia de seguridad nacional".
En la celebración de la milicia, frente al gobernador priista, Pérez Ramírez dijo que tenían la "delicada y honrosa encomienda de salvaguardar a la nación, frente a quienes pretenden desafiar la ley y amedrentar a las familias, o las infringen con luto y atribulación". Y recordó que desde diciembre de 2006 se sumaron a esa tarea.
A Pérez Ramírez  se le acusa hoy de atentar "contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza".
Los aviones de Cancún
Jennifer, el testigo protegido de la PGR en el caso de los militares detenidos, acusó al comandante de colaborar con la delincuencia organizada, específicamente con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes el militar habría ayudado desde que se encontraba en Cancún, en 2007.
El testimonio contra Pérez Ramírez señala que en Cancún el militar permitió el descenso de "narcoaviones" en el Aeropuerto, ya sea para descargar droga o para que recargaran combustible.
En los años siguientes, se habría mantenido como contacto del grupo delictivo.
Compañeros de eventos
Antes y después de aquel febrero de 2011, Peña Nieto, gobernador mexiquense, y el general Ramírez, jefe de la Zona Militar correspondiente a esa entidad, compartieron mesa y templete en otros eventos, de los cuales se muestra un recuento fotográfico al final de esta nota.
Ramírez fue jefe de la XXII Zona Militar al menos hasta junio del año pasado.
Su nombre no había sido mencionado entre el grupo de militares que en mayo de 2012 fueron detenidos y arraigados a petición de la SIEDO-PGR en la investigación sobre delincuencia organizada por presunta protección al narcotráfico.
Sobre Pérez Ramírez, el comunicado emitido el martes por PGR, sólo registra un párrafo que alude a esta detención. Informa que el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales libró orden de aprehensión por los delitos siguientes:
"4. Contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, contra Rubén Pérez Ramírez, General de Brigada".
Aristegui Noticias preguntó a la XXII Zona Militar cuándo fue detenido y arraigado Pérez Ramírez. El personal no proporcionó información.
"No lo duden, seguiremos velando por su seguridad", indicó Pérez Ramírez ante Peña Nieto en 2011, con una certeza absoluta.
El martes 31 de julio la cárcel se cruzó en su camino

Policías Estatales y autoridades de Tochimilco, aseguraron 41 vigas de pino y 32 polines

Era una camioneta con madera de procedencia ilícita

Boletín/Tochimilco, Pue.-

Mediante acciones de prevención y vigilancia, elementos de la Policía Estatal en coordinación con autoridades municipales de Tochimilco aseguraron una camioneta que trasladaba 73 piezas de madera cuya procedencia no pudo ser comprobada.

 Elementos de la Policía Estatal al circular sobre el camino que conduce de la junta auxiliar Magdalena Yancuitlalpan al municipio de San Pedro Benito Juárez, detectaron una camioneta abandonada la cual estaba cargada con 41 vigas de pino y 32 polines de madera.

 Al realizar una inspección de la camioneta Ford F350 de color roja, con placas de circulación SG11293, uniformados estatales corroboraron que la unidad no contaba con ninguna documentación que acreditara la procedencia de la madera y que el conductor se había dado a la fuga.

 Por lo anterior la camioneta fue remolcada a las instalaciones del ayuntamiento del municipio de Tochimilco, quedando bajo resguardo de las autoridades municipales para que turnen el caso a las autoridades competentes.

 La Secretaría de Seguridad Pública Estatal refrenda su compromiso de mantener la seguridad al interior del estado, reforzándolas tareas de vigilancia en zonas susceptibles a la práctica de la tala clandestina.

Fwd: Narcomenudeo: pronto, responsabilidad estatal / SE AUTORIZA REPRODUCCIÓN

Reportaje NARCOMENUDEO: PRONTO, RESPONSABILIDAD ESTATAL Se acerca el plazo para que este delito pase al ámbito del fuero común; los aparatos de justicia quintanarroenses se capacitan para combatirlo, aunque hay dudas de que opere correctamente con los negativos resultados de los exámenes de confianza del personal policíaco Por Enrique Huerta / Luces del Siglo Cancún, Qna. Roo., a 2 de agosto de 2012 A partir del próximo 21 de agosto, el aparato de justicia estatal comenzará a investigar y sancionar el narcomenudeo, para acatar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2009. Ese año se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, que clasifican a este delito como competencia de las autoridades judiciales de los estados. Por ello, tanto la policía estatal, las procuradurías y los tribunales superiores de justicia estatal tendrán la facultad de perseguir los delitos relacionados con tráfico de drogas al menudeo, siempre y cuando las cantidades involucradas no rebasen ciertos límites, pues en ese caso, la persecución del delito se reserva a las autoridades del fuero Federal. Según el procurador de justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, se necesita que la cantidad de droga sea mil veces superior a las previstas en la tabla de orientación prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, así como cuando el narcótico no esté contemplado en dicha tabla, o bien, así lo solicite el Ministerio Público de la Federación. El funcionario lo ejemplifica: será competencia estatal si la persona detenida tiene en su poder de 5 a 5 mil gramos de mariguana, es decir, de 0.05 hasta menos de 5 kilogramos, o de 500 a 500 mil miligramos de cocaína, de 0.5 hasta menos de 500 gramos. La semana pasada inició una capacitación dirigida a agentes del Ministerio Público, peritos y policías judiciales, a cargo del doctor Roberto Ochoa Moreno, experto del Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe). Hasta el momento se han creado dos fiscalías especializadas en el tema, una instalada en la capital del estado, Chetumal, y la otra se encuentra en Cancún, que también brindará servicio al municipio de Solidaridad. Se planea construir una tercera fiscalía para la Riviera Maya, pero esto a futuro. Por cada fiscalía habrá de 18 a 20 miembros, seis agentes del Ministerio Público en cada una de éstas, aunque habrá personal que apoyará el trabajo de estas oficinas. Los cuestionamientos Con la obligación de los aparatos de justicia quintanarroense en la persecución del narcomenudeo, surgen las dudas sobre si realmente se trabajará de manera eficiente y sin corrupción. Los quintanarooenses son escépticos sobre el funcionamiento de la justicia, pues en la memoria colectiva se mantiene todavía fresco el caso de la joven Fernanda García Alto Aguirre, hija de Francisco Javier García Rosado, del ex magistrado del Tribunal Electoral del estado, quien fue aprehendida por elementos de la policía municipal junto con otros cinco personas y se les encontró con drogas y armas de fuego, en mayo de 2011. Días después, sólo se consignaron en la PGR a Mauricio Canto Miru, de 20 años, y los hermanos Cristian y Miguel Sosa Barragán, de 21 y 35 años. Los demás salieron libres e, incluso, a nivel de la leyenda urbana se habla de tráfico de influencias para liberar a la joven. Otra incertidumbre es la selección de personal para estas fiscalías. Si bien en la inauguración de los cursos de capacitación del personal el procurador estatal Gaspar Armando García dijo haber seleccionado a quienes integrarían estas oficinas, la decisión se tomó a partir de aquellos que aprobaron los exámenes de control de confianza y no cuentan con antecedentes penales. También prometió que se estarán haciendo periódicamente exámenes permanente, "porque puede ser que más adelante incurran en alguna cuestión". De acuerdo con cifras oficiales, Quintana Roo es el estado más atrasado en materia de confianza a la policía. Sólo 1.3 por ciento de los 6 mil 904 agentes de la policía estatal acreditaron exámenes de confiabilidad, según datos de la organización Causa en Común. De los 6 mil 900 mandos altos, medios, personal operativo y ministeriales de las Direcciones de Seguridad Pública y Policía Judicial del Estado, sólo 90 han acreditado dos de los cuatro exámenes que corresponden a las evaluaciones de control y confianza. +++ PENAS ESTIPULADAS: Por comerciar drogas: De 4 a 8 años en términos generales. La pena se amplia en 50 por ciento en servidores públicos. Por posesión simple de drogas: De 3 a 6 años Ley General de Salud.

 
 
 

AU: Periodista y defensora de los derechos humanos amenazada de muerte

Difusión Cencos México D.F., 2 de agosto de 2012

Acción Urgente
AI México

Lydia Cacho estaba en su casa trabajando el 29 de julio cuando su transductor de mano, utilizado únicamente para emergencias, se encendió solo. Ella respondió, pensando que podría ser un colega del trabajo, y oyó una voz de hombre que la llamaba por su nombre y le decía: "Ya te lo dijimos, pinche puta, no te metas con nosotros, se ve que no aprendiste con la vueltecita que te dieron. La que te va a tocar va ser en pedacitos, así te vamos a mandar a casa, en pedacitos, pendeja". Lydia Cacho ha denunciado formalmente esta amenaza ante la Procuraduría General de la República.

La periodista Lydia Cacho, defensora de los derechos humanos con sede en Cancún, sureste de México, ha sido amenazada de muerte

Lydia Cacho empezó a recibir amenazas y a sufrir acoso tras publicar en 2005 un libro en el que sacaba a la luz una red de pornografía infantil que, al parecer, actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de los estados de Quintana Roo y Puebla. A consecuencia de las denuncias por difamación presentadas contra ella y de los irregulares procedimientos judiciales, en diciembre de 2006 fue detenida y sometida a amenazas y acoso. Después de eso, se publicaron en los medios de comunicación conversaciones telefónicas intervenidas en las que se implicaba en su detención y acoso a ex altos cargos gubernamentales del estado de Puebla. Desde entonces, Lydia Cacho ha seguido recibiendo amenazas, en ocasiones como represalia por su trabajo como periodista y defensora de los derechos humanos en un albergue para mujeres en Cancún.

En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano que adoptara medidas cautelares para Lydia Cacho. En 2010, Lydia Cacho publicó otro libro, en el que, una vez más, sacaba a la luz la trata de mujeres y niñas y revelaba los nombres de individuos presuntamente vinculados a estas redes delictivas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los periodistas de México corren un grave peligro de ser agredidos o asesinados a causa de su trabajo. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al menos 70 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, y sigue sin conocerse el paradero de otros 13 periodistas secuestrados. Quienes investigan o denuncian la delincuencia y la corrupción están especialmente expuestos a ataques o intimidación. En la gran mayoría de los casos, los responsables no comparecen ante la justicia, lo que crea un clima de impunidad.

Escriban inmediatamente, en español, en inglés o en su propio idioma:

• expresando preocupación porque Lydia Cacho fue amenazada de muerte el 29 de julio, e instando a las autoridades a garantizar su seguridad;
• instando a las autoridades a proporcionar a Lydia Cacho medidas efectivas de protección, de acuerdo con los deseos de la propia afectada, y conforme a lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
• pidiéndoles que ordenen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte y que lleven a los responsables ante la justicia.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012, A:

Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario

Marisela Morales Ibáñez
Procuradora General de la República
Paseo de la Reforma 211-213
Col. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, México
Fax: +52 55 5346 0908 (insistan, y digan: "fax")
Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx
Tratamiento: Sra. Procuradora General

Y copia a:

ONG local
Fundación Lydia Cacho
Correo-e.: info@fundacionlydiacacho.org

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

Lydia Cacho ya fue objeto de la AU 207/11 (AMR 41/045/2011), del 4 de julio de 2011.
Nombre: Lydia Cacho
Sexo: Mujer

AU: 228/12 Índice: AMR 41/055/2012 Fecha de emisión: 1 de agosto de 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

En Puebla despidieron a 44 policías por no acreditar pruebas de confianza

Presentación de documentos apócrifos y el respaldo de actos delictivos, son las faltas más comunes entre los policías municipales; sólo 20 elementos faltan por ser evaluados con exámenes de confianza

Milenio Puebla • Cuarenta y cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) fueron dados de baja por no acreditar las pruebas de control de confianza, indicó el titular de la dependencia, Amadeo Lara Terrón.

   El funcionario municipal explicó que la presentación de documentos apócrifos, así como el respaldo de actos delictivos, son las faltas más comunes entre los policías, por ello señaló que es necesario separarlos del cargo para evitar que continúen incurriendo en irregularidades o en actitudes deshonestas.

   Destacó que de los mil 400 elementos de la corporación, sólo hacen falta por evaluar 20, los cuales se prevé que terminen el proceso en el transcurso del mes.

   Comentó que a este nuevo proceso se podrían sumar aproximadamente 20 efectivos de la Policía Estatal, quienes ya solicitaron su incorporación a las filas municipales, ante el incremento salarial de casi el 20 por ciento que formalizó el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

   Con el aumento directo al salario, los elementos municipales percibirán un estimado de 2 mil pesos más que los estatales, a quienes desde hace aproximadamente dos años no se les hace un ajuste en su pago de 6 mil 900 pesos mensuales que perciben.

   Lara Terrón señaló que a los policías estatles les es atractivo el incremento, así como las condiciones laborales, por lo que las solicitudes de incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal posiblemente comiencen a llegar en los próximos días.

    EL funcionario destacó que anteriormente un policía municipal tenía un sueldo de 8 mil 500 pesos y que ahora será de 9 mil 400, dependiendo del rango en el que se ubique al momento del ajuste, así como de los concursos para ascender.

   Señaló que el ajuste salarial contribuirá al mejoramiento de las condiciones de los policías, que obtendrán un extra.