Difusión Cencos México D.F.
Boletín de prensa
Frayba
• Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró, en el periodo que va de enero de 2010 a diciembre de 2011, 47 personas sobrevivientes de tortura de las cuales: ocho son mujeres y 38 hombres; del mismo total ocho personas pertenecen al pueblo tseltal, siete al pueblo tsotsil, una al pueblo tojolabal y otras 31 personas se identifican como mestizas; los municipios en que se cometieron eventos de tortura son: Acala, Bella Vista, Comitán de Domínguez, Chilón, Huixtla, El Provenir, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.
Los perpetradores que hemos identificado en estos hechos son: elementos del Ejército mexicano; de la Policía Municipal; Policía Estatal Preventiva; Policía Ministerial, fiscales del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), particulares con la anuencia de agentes del Estado y, haciendo especial mención por su recurrencia, el personal de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
La mayor parte de hechos de tortura registrados durante este periodo se produjeron en acciones vinculadas con la procuración de justicia, la implementación de una política de seguridad pública en el marco de la guerra declarada contra el crimen organizado por parte del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, y por las acciones implementadas en el marco del programa "ciudad segura" promovidas e implementadas por el gobierno del estado Chiapas.
En un gran número de casos, documentados por este Centro de Derechos Humanos, las personas sobrevivientes, en el momento de la tortura, se encontraban privadas de su libertad bajo la figura de arraigo; y aunque es importante hacer mención que esta figura jurídica se eliminó para delitos del fuero común en Chiapas, en el mes junio de 2011, la medida continúa en el ámbito federal. No obstante esta particularidad en Chiapas, distintos testimonios nos han revelado una realidad distinta y más grave aún: la existencia de "casas de seguridad". Espacios en los que se pone en riesgo la vida de las personas "detenidas" dificultando el trabajo de documentación y de una defensa adecuada por parte de los organismos de derechos humanos.
Las personas sobrevivientes de tortura, que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado; por el contrario, los casos denunciados permanecen en la impunidad, a pesar de la tipificación del delito de tortura en el código penal de Chiapas. Los datos comparados nos confirman que las investigaciones, en las denuncias de tortura, se tipifican como delitos menores, lesiones y/o abuso de autoridad, figuras que incurren en una simple sanción administrativa invisibilizando así la responsabilidad del Estado de ejercer la tortura como un patrón sistemático de represión.
Aunado a lo anterior, manifestamos nuestra preocupación porque en el momento de la investigación se "utiliza", por parte de las autoridades de procuración de justicia, el Protocolo de Estambul desvirtuándolo de su función original. Esto debido a que quienes aplican esta herramienta en Chiapas no es pers onal independiente, como debería ser, sino personas de la misma PGJE, entidad de donde provienen los mismos perpetradores. Se cuenta con información que el modo de aplicación de este protocolo, por parte de funcionarios del Estado, es incluso traumatizante y "usado" como medio de prueba en contra de la víctima confirmando una contra tendencia de lo que busca prevenir el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) que recomienda: se fortalezca la aplicación del Protocolo de Estambul mediante la garantía de investigaciones independientes, prontas y exhaustivas (...).
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Como consecuencia de estos actos de tortura las personas sobrevivientes son afectadas no solamente en su persona, sino en su entorno más próximo como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, su comunidad y en la mayor parte de los casos su proyecto de vida. La tortura se vuelve una forma de control social, sin embargo, a pesar de los temores fundados a la represión que ejercen las fuerzas del Estado, los sobrevivientes de tortura son cada vez más conscientes de la importancia de la denuncia para la erradicación de este delito de lesa humanidad.
La tortura como método recurrente devela un sistema de justicia corrupto y distante a la garantía de protección y seguridad jurídica. Aunque los gobiernos federal, y del estado de Chiapas, realizan y publicitan reformas legislativas, políticas públicas y ratifican su compromiso en instancias internacionales para erradicar la tortura, la realidad rebasa los límites que pretenden ocultar este padecimiento de la sociedad que es tolerado, permitido y ejercido desde el propio sistema de administración de justicia, donde las violaciones a los derechos humanos son la norma.
Es por tanto necesario un cambio estructural del sistema jurídico mexicano, erradicar sus malas
prácticas que sostienen un sistema que posibilita la corrupción de los funcionarios públicos.
Es por ello necesario que la sociedad civil nos involucremos en redes de solidaridad y defensa para denunciar las situaciones de injusticia social, crear contrapoderes al sistema judicial que ha llenado y sigue llenado las cárceles de personas presas que injustamente cumplen condenas impuestas, mismas que no tienen posibilidad de defensa ante este sistema inquisidor, quienes cargan con el peso del terror del gobierno, potenciado hoy, por la cruel guerra del Presidente Felipe Calderón y la utilización arbitraria y cínica del sistema de justicia por parte del gobernador Juan José Sabines Guerrero a favor de sus intereses de poder.
Finalmente recordamos que la Organización de las Naciones Unidas, estableció que el 26 de junio de cada año se conmemore el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con el compromiso de reafirmar que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura ni de los tratos crueles inhumanos y/o degradantes.
Este Centro de Derechos Humanos, y distintos actores en el país, constatamos que a pesar de los compromisos internacionales que México ha adquirido ante la comunidad internacional, y de la normatividad vigente en lo local y lo nacional, la práctica de la tortura es un mecanismo privilegiado y repugnante de investigación policial y control utilizado aún por agentes estatales.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
26 de junio de 2012
Boletín No. 09
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