La exposición "La Gran Fuerza de México" en Puebla

Agencias/Puebla, Pue.-
La exposición "La Gran Fuerza de México" fue inaugurada en el Centro Expositor con la finalidad de mostrar a los poblanos la historia, armamento y equipo que utiliza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

   Marco Antonio Barrón Ávila, Comandante de la 25 Zona Militar, señaló que el objetivo es fortalecer los lazos con la ciudadanía para que los conozcan y sepan quiénes son.

   "La exposición es para que sepan quiénes somos y no nos vean como un ente ajeno, sino que sepan que somos las personas que damos la vida aun sin conocer su nombre", subrayó el mando.

   La muestra, que es gratuita y estará abierta hasta el 8 de septiembre, está divida en 12 secciones donde se pueden observar más de 180 armas, 15 vehículos e interactuar con personal del Ejército.

Tras dos casos de suicidio en Tehuacán e Izúcar, suman 133 en Puebla

Por Diana Jiménez/e-consulta
Tras la muerte de su hijo, una quincuagenaria cayó en depresión y decidió quitarse la vida en el interior de su domicilio del municipio de Tehuacán, donde su esposo la encontró muerta y colgada del techo.
   La fallecida se llamó Juana García Pacheco, de 57 años de edad, quien habitaba en la calle 25 Poniente número 412 de la colonia América, donde ocurrieron los hechos.
   El esposo de la mujer, Santiago Ramírez Soto, solicitó ayuda a las autoridades luego que al llegar a su casa encontrara a su mujer suspendida de un clavo en el techo.
   El hombre procedió a bajarla de inmediato, pero, a pesar que pidió auxilio, ya nada se pudo hacer, debido a que la señora había dejado de existir.
   Ante el agente del Ministerio Público, Santiago Ramírez manifestó que su esposa no pudo superar la muerte de su hijo Vicente Ramírez García, quien pereció el pasado 22 de marzo, en un accidente de trabajo, cuando cayó de una altura de ocho metros, en un edificio en construcción.
   Desde entonces, refirió, la mujer se encontraba sumida en la depresión, lo cual al parecer fue el motivo que la orilló a ponerle fin a sus días.

Se ahorca en la recámara
   En un caso similar, las autoridades del municipio de Izúcar de Matamoros se trasladaron al domicilio marcado con el número 3 de la calle Abasolo, en la colonia Centro, donde un hombre de 35 años de edad se ahorcó.
   El hermano del interfecto fue quien lo halló en esas condiciones, cuando al buscarlo ingresó a su recámara y lo vio suspendido en la ventana, con una soga atada al cuello.
   El consanguíneo lo identificó con el nombre de Antonio Gallardo Mejía y refirió desconocer los motivos que tuvo su hermano para suicidarse. Con estos dos casos, el índice de suicidios ha sumado 133 muertes de enero a la fecha. 

Improcedente discusión del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional

Cencos/México D.F.-

Aprobación de minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, viciada de forma y fondo
Improcedente, la discusión del dictamen; reiteramos rechazo a una reforma lesiva de los derechos humanos
Ante el rechazo externado por las organizaciones de derechos humanos frente a la aprobación en lo general de un dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, exigimos que se reponga el procedimiento legislativo, toda vez que al omitir la firma de las también comisiones dictaminadoras (Defensa Nacional y Derechos Humanos) dicha Comisión parlamentaria violó el artículo 174 del reglamento interior de la Cámara de Diputados, de la cual se desprende que esta minuta debió ser puesta a discusión y en su caso ser votada en Comisiones Unidas, por lo que es improcedente la discusión del dictamen.
   Estos errores, que vuelven a evidenciar que el procedimiento es irregular de forma y fondo, también ejemplifica la urgencia de los representantes de los partidos políticos, en particular del PRI y el PAN, de aprobar al vapor dictámenes que saben que han sido rechazadas por una mayoría de sectores académicos, especialistas y organizaciones de derechos humanos que participamos en las audiencias públicas y el foro de consulta sobre esta ley.
   Estos vicios procedimentales son la oportunidad para los senadores y diputados de desistirse en su propósito de continuar con la aprobación de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que ha sido reprobada por organismos internacionales como la ONU por ser lesiva de los derechos humanos, así como por numerosos sectores sociales debido a que responde a un modelo autoritario de relaciones cívico-militares, a la vez que se ha plasmado en un texto que desconoce las aportaciones de la sociedad civil, y que no cuenta con un mecanismo de participación ciudadana en su dictaminación.
   Por lo anterior, el dictamen presentado el pasado 2 de agosto es improcedente, por lo que solicitamos se replanteen los términos del debate sobre seguridad como se insistió en las audiencias convocadas por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a las que asistimos los firmantes, así como tomar en cuenta nuestras preocupaciones sobre las relaciones cívico – militares a la luz del nuevo bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, recién aprobado por los mismos legisladores que hoy buscan aprobar una “ley de la guerra contra delincuencia organizada”.
   Las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos el rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional debe dictaminarse en sentido negativo. Demandamos de las Fuerzas Armadas y las y los legisladores involucrados en la dictaminación de esta ley una actitud de apertura hacia la construcción de un modelo de seguridad que responda a los más altos estándares en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, como hemos insistido en numerosos foros y textos.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)
Clara Jusidman
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, A.C.
INCIDE Social, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Litiga Ole
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Concha Malo
Monitor Civil de la Montaña de Tlapa (MOCIPOL)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

Conformada por las siguientes 72 organizaciones: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Gobierno de Yucatán, responsable de feminicidio en San José Tzal

Cencos/México D.F
La violencia feminicida de fatales consecuencias para integrantes de una familia en San José Tzal, colonia de Mérida, Yucatán, exhibe, en medio del horror, la persistencia de agresiones de género y obliga a investigar la negligencia, incumplimiento e impericia de autoridades e instituciones de Yucatán cuyas omisiones hubiesen desprotegido y causado la muerte de 4 integrantes de una familia, incluyendo al agresor que se suicidó, y lesiones graves a tres niñas.
   El 31 de julio del presente año, Gregorio Hidalgo Magaña, ex militar de 40 años, asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.
   El presente caso ilustra cuando menos en dos aspectos graves cuya responsabilidad es atribuible al Estado.
   a) La situación de violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres yucatecas al interior del hogar. Al respecto es preciso destacar la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el Estado.
   Dicha información permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.
   b) La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del estado.
   Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez, ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido Salazar Pérez a manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.
   Al respecto, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia.
   Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas.
   La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo. El presente caso, exhibe que la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es letra muerta en la entidad.
   Indignación ha documentado la práctica imposibilidad de las mujeres de  Yucatán de acceder a la justicia en casos de violencia de género: los  juzgados de paz que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y   otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito.
   Incluso el Tribunal Superior de Justicia que al carecer de formación en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.
   Otros dos casos que Indignación acompaña y que ilustran el informe “Náach Yano’on (Qué lejos estamos) presentado en 2009 continúan sin sentencia contra los agresores. Dicho informe, sobre acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán, señala el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual está obligado el Ministerio Público y que propician la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.
   Este grave caso feminicida, multihomicida, que puede también presentar elementos de lesbofobia no está concluido, como sostiene el procurador aduciendo que  “el agresor se suicidó”, pues resulta indispensable determinar si existe responsabilidad de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y proteger  la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamente peligroso.
   Este caso también exhibe que en Yucatán las condiciones que permiten la violencia de género no han sido erradicadas por la falta de políticas públicas efectivas que prevengan y combatan este fenómeno, de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Campesinos de Alcozauca, Guerrero toman el Ayuntamiento Municipal

Exigen destitución del presidente municipal

Integrantes de la comunidad fueron agredidos por exigir obras públicas para su comunidad
Personal de seguridad del ayuntamiento agredió a los campesinos y disparó con armas de alto poder

Alcozauca, Guerrero

El día 3 de agosto de 2011 alrededor de las 10:00 AM campesinos de 11 comunidades pertenecientes al municipio de Alcozauca, Guerrero hicieron acto de presencia a las instalaciones del Ayuntamiento, Municipal solicitando una audiencia con el presidente para atender lo relacionado con las obras públicas que han solicitado y que no se han realizado, así como otras obras que se encuentran inconclusas. Los campesinos no fueron recibidos por el Alcalde Julio César Salmerón Salazar, quien al parecer se encontraba en una fiesta de bautizo. Dos horas después, el Presidente Municipal hizo su arribó al palacio municipal acompañado de sus elementos de seguridad, que con pistolas en la mano intentaron disuadir a las autoridades y ciudadanos de las comunidades inconformes. El saldo de esta confrontación fue de una decena de campesinos lesionados.
    Por lo anterior, las comunidades decidieron tomar el palacio municipal. Alrededor de las 22:00 Hrs. el presidente municipal y cuatro personas que iban armadas con cuernos de chivo, de nueva cuenta hicieron acto de presencia en el Ayuntamiento e intentaron desalojar a los manifestantes haciendo disparos al aire. De estos hechos, resultaron tres personas lesionadas.
   Los campesinos de las comunidades inconformes reclaman que desde el mes de enero de 2011 han estado solicitando obras públicas al Presidente Municipal, pero no se ha dado respuesta a las solicitudes, según los testimonios de los campesinos el presidente se ha negado a recibirlos para atender sus peticiones.
   Algunas de las obras que han sido solicitadas son: En enero de este años en la comunidad de San Francisco Xochoapa se ha solicitado el techado de una cancha y un puente peatonal, en la comunidad de Santa Anita la pavimentación de 600 metros lineales de  su calle, en Buenavista el rastreo de su brecha, y así, el resto de las comunidades que desde la misma fecha reiteradamente han estado solicitando sus propias obras públicas sin que tengan respuesta alguna, por esta  situación y por la cerrazón del presidente municipal es que decidieron hacer acto de presencia en el Ayuntamiento Municipal el día de ayer para solicitar ser atendidos por el presidente, pero los actos de agresiones ha orillado a los campesinos a tomar el palacio municipal.
   Cabe mencionar que, los campesinos han solicitado la intervención de las autoridades estatales, específicamente con Víctor Aguirre Alcaide, Sub-Secretario de Asuntos Políticos del estado de Guerrero, para que se instale una mesa de diálogo en la que se pueda abordar el tema de las obras solicitadas y la destitución del presidente pero hasta la fecha no han tenido una respuesta concreta.
   Ante ello, los campesinos solicitan la destitución del Presidente Municipal  por los actos de agresión y de violaciones a los derechos humanos en contra de los campesinos inconformes y la construcción de las obras públicas que las comunidades han solicitado y no han sido atendidas.
   Adjunto enviamos la Denuncia Pública realizada el día de hoy 4 de agosto de 2011 por los  afectados de la comunidad de Alcozauca, Guerrero.
   Denuncia Pública realizada el día de hoy 4 de agosto de 2011 por los  afectados de la comunidad de Alcozauca, Guerrero.

Denuncian amenazas por parte de empresarios de Puebla a defensoras de derechos humanos laborales

Boletín de prensa
El pasado 27 de Julio del presente año el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Espinosa Rueda, calificó como “un peligro para Puebla” al Centro de Atención al Trabajador (CAT) y su líder, Blanca Velázquez, afirmando que “esta agrupación solamente busca desestabilizar a las empresas, sobretodo aquellas de procedencia estadounidense”. En el marco de las nuevas reformas a la Constitución política mexicana en materia de derechos humanos y del Acuerdo[1] para Mecanismo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos (Mecanismo), las organizaciones integrantes a la Red de Defensoras de derechos humanos señalamos lo siguiente.
   El Centro de Apoyo al trabajador es una organización dedicada desde hace mas de 10 años a la defensa y promoción de los derechos de los y las trabajadoras. Su labor como defensoras ha permitido visibilizar la enorme injusticia en la que los y las trabajadoras realizan diariamente su trabajo, las violaciones a sus derechos laborales establecidos en las leyes mexicanas, así como la violencia en la precarización en sus centros laborales. La mayoría de estas violaciones documentadas por el CAT han sido cometidas en Puebla por empresas transnacionales. Las denuncias realizadas por el CAT han traído como consecuencia severas amenazas, actos de intimidación y violencia contra sus integrantes. Además, desde el año 2008 se ha registrado una campaña de desprestigio al CAT, sus integrantes y redes de apoyo.
   Las afirmaciones realizadas por el presidente de la Canacintra son una muestra más de esa campaña de descrédito y descalificación, que es una forma generalizada de ataque contra las defensoras de derechos humanos. Muy en particular, las defensoras de los derechos humanos laborales enfrentan no solo la negligencia de las instancias de gobierno, sino también el poder económico de empresas transnacionales. La falta de protección y garantías por parte del gobierno para que las defensoras de derechos humanos laborales realicen su trabajo contrasta con el silencio y permisividad con la que se permite que algunas empresas transnacionales desarrollen sus actividades en franca violación de las leyes mexicanas.
   En su reporte del 2010 la señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos menciona que: “las personas más expuestas al riesgo son las sindicalistas y las activistas de los derechos laborales, así como las defensoras de derechos indígenas y derechos a la tierra”.[2] De igual forma identificó que sus familiares y las personas que se asocian con ellas están expuestas al mismo riesgo.
   Las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos que abajo suscriben  condenamos enérgicamente las afirmaciones realizadas por el señor Luis Espinosa presidente de la Canacintra. Condenamos también  la impunidad en la que se mantienen los ataques contra el CAT y también la gran mayoría de los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos en México.
    Exigimos claridad y coherencia con el Acuerdo para la implementación del Mecanismo que el Presidente Felipe Calderón emitió hace apenas unas semanas, en el marco de la visita la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su declaración pública ha quedado hasta ahora en una mera simulación, pues en la misma semana en que organizaciones de derechos humanos planeaban sentarse a discutir dicho Mecanismo, el Secretario de Marina emitió una serie de declaraciones de descrédito hacia los y las defensoras de este país. El silencio del gobierno federal ante tales declaraciones, tanto de funcionarios como de empresarios, muestra una política de derechos humanos sólo de palabras hacia las instituciones internacionales y no de un compromiso real y efectivo hacia la población mexicana.
   El riesgo por las amenazas sufridas por el Centro de Apoyo al Trabajador en los últimos años se incrementa con lo expresado públicamente por los funcionarios y empresarios citados. De manera alarmante incrementa el riesgo de un daño contra la integridad de Blanca Velazquez Díaz, directora del mismo. Ante los hechos de violencia e impunidad que significan esta clase de declaraciones exigimos enérgicamente al Gobierno Federal así como al Gobierno  del estado de Puebla, siempre en colaboración con las organizaciones civiles involucradas en los hechos:

1. Emitan una comunicación exigiendo una aclaración pública al señor Luis Espinosa por tales declaraciones, así como el compromiso de realizar un proceso de formación y difusión al interior de la Canacintra sobre el marco legal y las obligaciones del gobierno y las empresas para garantizar el derecho a defender los derechos laborales en México.
2. Implementen una campaña masiva y constante –hasta que cesen los hostigamientos contra defensoras de derechos humanos en Puebla- en donde se ratifique la importancia del trabajo de las defensoras de derechos humanos.
3. Se defina con urgencia la manera de operar el Mecanismo, tanto en el ámbito federal como local, así como que se asigne el presupuesto adecuado para su efectiva implementación.
4. Finalmente, y de manera urgente, exigimos que las autoridades competentes realicen de manera efectiva su obligación de investigar y sancionar los ataques contra el CAT que ya se han denunciado, así como el conjunto de denuncias que están todavía sin resolver por ataques contra defensoras y defensores en México.

Firman:

El Centro de Apoyo al Trabajador (CAT).
El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC).
El Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL).
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Brigadas de Paz Internacional-México.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ¨Todos los Derechos para Todas y Todos¨ y sus 72 organizaciones integrantes.

Firman por la Red de Defensoras México:

(Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristóbal), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey),  Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.),  Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Carmen Morales. Derechos de la Mujer y el Desarrollo, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos", CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Bartolomé CARRASCO BRISENO, AC, CIPA Americas, ACUDDEH.

Firman por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos:

Adelay Carias  (Honduras, Feministas en Resistencia), Alejandra Nuño (Costa Rica, Centro por la Justicia y en Derecho Internacional-CEJIL), Aline Castellanos Jurado, Amandine Fulchiron (Guatemala, Actoras del Cambio), Ana Ixmucané Gatica (Guatemala, Comité de Unidad Campesina), Lucía Morán Vásquez (Guatemala, Mujeres Transformando el Mundo), Ana María Hernández Cárdenas (México,  Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.), Andrea Medina Rosas (México, Red Mesa de mujeres de Cd. Juárez), Carmela Curup Chajon (Guatemala, Asociación de abogadas Mayas), Carolina Cantú Morales (México, Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas), Claudia Hernández Cruz (Guatemala, Fundación Sobrevivientes), Cecilia Espinosa Martínez (México, Red Mesa de mujeres de Cd. Juárez), Claudia Acevedo (Guatemala, LESBIRADAS), Claudia Spellmant Medina (Honduras, Colectivo III/RedLacTrans), Claudia Samayoa (Guatemala, UDEFEGUA), Cristina Hardaga Fernández (México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan), Daysi Flores (Honduras, Jass Mesoamérica), Dolores González Saravia (México, Servicios y Asesoría para la Paz), Dora Ávila Betancourt (México, Centro para los derechos de la mujer Nääxwiin),  Dora Ruano (Guatemala, Frente Nacional de Lucha -FNL), Emelia Ortíz García  (México Campaña Si no están ellas no estamos todas. Triqui), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (México, Frente de Protección a Periodistas),  Erika Guevara (USA, Global Fund For Women), Evelyn García (Guatemala, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), Evelyn Morales Pineda (Guatemala, Mujeres Tierra Viva),  Gilda Rivera Sierra (Honduras,  Centro de Derechos de Mujeres),  Gladys Lanza Ochoa (Honduras, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”), Inmaculada Barcia (España, AWID), Jacqueline Nolley Echegaray  (Católicas por el Derecho a Decidir), Lisa VeneKlasen (USA, Just Associates -JASS), Luisa Pérez Herrán (Nicaragua, Grupo Venancia), Aleyda Terán (Panamá,  Alianza de Mujeres), Lydia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID), María Guadalupe López García (México, Lesbianas en Patlatonalli.A.C.), Mariana Moisa (El Salvador, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local),  Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador, Asociación para el Desarrollo y Defensa de la Mujer-APDM), Marta Figueroa Mier (México,  COLEM), Marta María Blandón (Nicaragua, IPAS), Marusia López Cruz  (México, JASS-Mesoamérica), Mary Jane Real (Philippines, Women Human Rights Defenders International Coalition), Morena Herrera Argueta (El Salvador, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local), Nohelia Nuñez Licona (Honduras, Plataforma de DH de Honduras), Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala, Asociación de Mujeres de Petén Ixqik), Patricia Orozco Andrade (Nicaragua, Campaña 28 de Septiembre), Patricia Ardón (Guatemala, Sinergia Nój/ JASS), Patricia Guerrero Acevedo (Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas), Paz Arau Picado (Nicaragua, Grupo Venancia), Ruth Polanco (El Salvador, Las Dignas), Silvia Ivethe Juárez (El Salvador, ORMUSA), Tara Madden (Irlanda, Front Line), Theres Hoechli (Suiza, México, Consorcio Oaxaca A.C.) Verónica Cruz Sánchez (México, Centro las Libres de Información en Salud Sexual R.C. AC.), Yanira Argueta (El Salvador, Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas), Yanira Tobar Márquez (Guatemala, Mujeres en Superación/Red Trasex), Yesica Sánchez Maya (México, Consorcio Oaxaca A.C.)

Indaga la PGJ el secuestro del ex edil de Francisco Z. Mena

Por Diana Jiménez/e-consulta
El ex presidente municipal de Francisco Z. Mena, José Marciano Hernández Hernández (2008-2011), fue  secuestrado el pasado martes por la tarde, por un grupo armado conformado por al menos cuatro sujetos, quienes mantienen amenazados a los familiares para no dar información a las autoridades o de lo contrario lo privarán de la vida.
   Trascendió que, por lo anterior, los familiares no han presentado una denuncia ante las autoridades ministeriales.
   Sin embargo, fuentes cercanas a este medio aseguraron que se levantó la constancia de hechos 128/2011/Fra. Z. Mena, ante el Ministerio Público subalterno de ese municipio, a la cual ya no se le dio seguimiento, debido a que el caso fue atraído por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
   Por su parte, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se reservó a confirmar si la familia interpuso su denuncia y se limitó a mencionar que se está llevando a cabo una investigación al respecto.
   Según datos recabados por este medio, los hechos ocurrieron el pasado martes por la tarde, cuando al menos cuatro sujetos armados lo “levantaron” al momento que el ex edil salía del domicilio de la casa de sus padres, a quienes habría ido a visitar.
   Presuntamente, después del “levantón”, la primera petición que les hicieron los secuestradores a los familiares fue que se abstuvieran de avisarle a las autoridades, ya que de no ser así atentarían contra el ex alcalde.
   Asimismo les advirtieron que prepararan dinero en una maleta como pago del rescate. Sin embargo, no les dijeron cuándo y dónde se reunirían para hacer el intercambio. Simplemente, les indicaron que estuvieran pendientes para recibir ésas órdenes.
   Hasta el momento no existen más datos sobre el asunto, toda vez que las autoridades y los familiares del ex funcionario se han mostrado herméticos, ya que presuntamente los primeros se encuentran negociando la liberación del ex presidente.

Tensión en Tlalancaleca y Huejotzingo ante operativo contra moto taxis

Cecilia Espinoza Galindo/Municipios Puebla
Momentos de tensión se viven en la región de Texmelucan, ante el anuncio del operativo para retirar 150 moto taxis que desde hace meses operan en los municipios de Tlalancaleca, Huejotzingo y San Martín.
   Esto luego de que la delegación de la Secretaría de Transportes, diera a conocer que con el uso de la fuerza pública, realizaría el retiro de unidades, las cuales no cumplen con las especificaciones establecidas en el reglamento de transporte público.
   Mototaxistas confían que se pueda dar marcha atrás a esta decisión que afectará severamente sus bolsillos, ya que dicen, es la única fuente de empleo que permite sostener a sus familias.
   Operadores de moto taxis en la región, continúan realizando sus actividades de manera normal, sin embargo temen que la fuerza pública los retire en cualquier momento.
   El delegado de la Secretaría General de Gobierno, Roberto Solano Pineda, confirmó que en días pasados, la ST realizó el retiro de cuatro moto taxis, dos en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, uno en Teotlazingo y otro en Tlalancaleca.

Aprovecharan visita de Cabanas para interrogarlo

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El titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, informó que aprovecharán el probable arribo a la Ciudad del ex jugador del América Salvador Cabañas para tomarle declaración respecto a la identificación de José Jorge Balderas Garza, "El JJ", como la persona que lo atacó.

   "Te puedo adelantar que efectivamente aprovecharemos la llegada de Cabañas para tomarle su declaración, aún no sé el lugar o las condiciones, pero sí lo vamos hacer", adelantó Mancera.

   Cabañas podría venir a México para un partido de homenaje que organiza el club América, pactado para el 10 de agosto, en el que el equipo azulcrema enfrentaría a la Selección de Paraguay, en el Estadio Azteca. Esto sería aprovechado por la PGJDF para tomar la declaración.

   Cabañas ha señalado que Balderas Garza fue quien le disparó con una pistola en la frente cuando se encontraban en el interior del Bar Bar, del que ambos eran clientes asiduos. En una anterior declaración ministerial, el paraguayo había dicho que no recordaba con precisión a su atacante.

   La posible declaración de Cabañas serviría para robustecer la consignación de la PGJDF contra "El JJ", por el delito de tentativa de homicidio.

   Luego de su detención en enero, "El JJ" acusó que su escolta José Francisco Barreto, "El Contador", agredió al jugador guaraní.

EL colmo PGR pierde el caso contra de sus cocineras

Reforma Móvil

La PGR no sólo pierde casos contra un ex Alcalde de Tijuana o de Michoacán, sino también contra... ¡sus cocineras!

La dependencia a cargo de Marisela Morales acusó penalmente a tres cocineras del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de la Procuraduría por presuntamente robar comida, tres ajos y seis galletas Mamut, alimentos que, en conjunto, tenían un costo de 151 pesos.

Pero el Ministerio Público de la Federación no pudo probarlo jurídicamente, pues un juez federal dictó la libertad a las inculpadas por considerar que la PGR no acreditó que éstas dispusieran ilegalmente de los alimentos.

Las cocineras Hermila Peralta Cortés, Myriam de la Cruz Herrera y Elena Vargas Hernández fueron llamadas a declarar por el delito de robo, de acuerdo con la causa 93/2011-II del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales.

La acusación dice que el 6 de junio las mujeres fueron retenidas y puestas a disposición del MP, luego de que Martha Elena Loria García, directora del CENDI, les solicitara mostrar sus pertenencias a la hora de la salida y descubrieran los alimentos en sus bolsas.

Peralta llevaba dos cabezas de ajos y dos trozos de carne molida; de la Cruz, cinco trozos de carne molida y, al parecer, polvo para preparar leche; mientras que a Vargas le hallaron una cabeza de ajo y seis galletas de chocolate con bombón, marca Mamut.

Cada una de las cocineras pagó 100 pesos de fianza para que el Ministerio Público les otorgara la libertad provisional; las tres negaron en su declaración ante la PGR haber sustraído los alimentos.

Una dijo que la carne y los ajos los compró en el mercado para preparar la comida en casa de su hija; otra, manifestó que los Mamut se los regaló una de sus compañeras de trabajo que es diabética, y una más aseguró que la leche en polvo la sacó de la basura y estaba caducada.

Para el juez federal Ranulfo Castillo, la PGR no acreditó que la conducta de las cocineras se ajustara al delito de robo, en términos del Código Penal Federal, que exige que el ilícito tenga como características ser un apoderamiento de una cosa ajena y que la misma sea mueble (sic).

Además, señaló que no se hizo un dictamen para establecer si el polvo blanco que llevaba una cocinera en realidad era leche y estaba caducada, como ella lo manifestó.

Una fuente allegada al caso indicó que el delito de abuso de confianza era jurídicamente más apropiado, pero la PGR optó por el robo.

Para la acusación de robo de 151 pesos, la PGR tomó declaración a 12 personas, entre ellas, a la directora del CENDI, cuatro agentes de la AFI, a las acusadas y una nutrióloga, y también realizó dos inspecciones, una de ellas ocular y de fe ministerial.

La integración de la averiguación probablemente fue más cara que los 151 pesos reclamados. Su resultado de todas formas fue infructuoso.
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