Traslados y violencia institucional, no solucionan la crisis del sistema penitenciario de Nuevo León

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Boletín de prensa
CADHAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.  (CADHAC) se encuentra extremadamente preocupada y en estado de máxima alerta por los nuevos hechos violentos en el centro penitenciario en Apodaca, Estado de Nuevo León.

Los hechos de esta noche son una muestra más de la fragilidad del sistema penitenciario en el Estado que no puede garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El sistema se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las recientes explosiones de violencia, pero que si recordamos, son recurrentes en la entidad. Cada año hay más motines, más asesinatos, más quejas y menos intervención preventiva o correctiva del Estado. Así, la actual situación hace imperante, en un marco de derechos humanos los siguientes puntos.

1. Las autoridades ahora no pueden pretender solucionar esta delicadísima situación con fuerza bruta, por ello exigimos se realice una intervención inteligente, transparente y acompañada en todo momento del sistema ombudsman (Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, en uso de sus facultades constitucionales), así como  de organizaciones civiles de derechos humanos que participen como observadoras del proceso. Es fundamental que las medidas de las autoridades no produzcan más violencia. Medidas como traslados irracionales y poco fundamentados de personas privadas de libertad, a otros centros penitenciarios no hacen más que alterar los ánimos de los internos que ya han sido testigos de múltiples brutalidades y muertes y no saben a qué destino los envían. No es necesario un mensaje de fuerza bruta del estado sino un mensaje contundente de su autoridad moral. En estos momentos es imprescindible que se restablezca la legalidad -lo que implica que las autoridades no cometan más abusos- y que se garantice la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, sus familias y seres queridos, así como de todas las funcionarias y funcionarios públicos que laboran en el sistema penitenciario.

2. La crisis debe ser superada de forma pacífica, y posterior a ello, dar paso a un proceso auténtico de investigación en el que se trabaje de forma pronta, imparcial y profesional, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de sistemas penitenciarios y de derechos humanos. La investigación debe garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño para todas las personas involucradas y no limitarse a aspectos penales o administrativos sino dar con las causas profundas de las arbitrariedades y de la pavorosa corrupción que permea todo el sistema penitenciario.

Todas las personas involucradas en faltas y delitos deben ser llevadas a tribunales imparciales y ser juzgadas con el más estricto respeto a todos sus derechos procesales, incluida la presunción de inocencia, el respeto a su integridad, y la no aplicación del arraigo.

3. Finalmente, se deben abordar las graves fallas estructurales que han permitido que la situación llegue a este punto. El Estado debe replantearse sus estrategias para hacer frente a la corrupción y para manejar espacios tan delicados como los centros de privación de la libertad. También deben abordarse las políticas que han multiplicado el número de personas detenidas, muchos por delitos menores, o que aún no tienen una condena. Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación penitenciaria deben inscribirse en un proceso de construcción de paz y de comunidad, y deben alejarse de los estándares de venganza social y de la violencia estereotipada y discriminatoria en contra de la población sujeta de sanciones penales. Toda acción debe estar puntualmente acompañada por la sociedad civil y enmarcarse en un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y de justicia.

CADHAC exige a las autoridades que cumplan con su función de garantizar la seguridad ciudadana a través de un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Resulta inadmisible que las autoridades hayan desoído las múltiples alertas sobre la inminencia de un estallido violento en las cárceles del Estado de Nuevo León. Es tiempo de que nuestros gobernantes cumplan con lo ordenado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; garantizando la integridad física y emocional de todas las personas privadas de su libertad recluidas en los penales estatales del Estado de Nuevo León.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.

Comunicado no. 1202/05

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.

Carta abierta al secretario de Gobernación por la grave situación que enfrentan las y los defensores de DH en México

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Carta Abierta
Amnistía Internacional

El 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía, y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es de su conocimiento, ellos eran, respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me'phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos). Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad y paralelo a ello nos encontramos estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes de esta misma organización.

Amnistía Internacional considera positiva la reciente declaración pública de Ud. en la que reitera el compromiso de su Gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes los defienden. Sin embargo, me dirijo a Usted en esta ocasión para expresarle la profunda preocupación de nuestra organización en relación a la grave situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México y para reiterar nuestro urgente  llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos.

Los abusos que hoy siguen enfrentando las y los defensores de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinatos o intentos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y  actos de criminalización. Ejemplo de ello son los casos a los que me refiero continuación.

Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado de diciembre. La protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades.

Desde el 7 de diciembre de 2011 se desconoce el paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), quienes fueron victimas de desaparición forzada. Sus hijos continúan en la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones.

El líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, misma organización de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, se encuentra detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero desde el 20 de enero de 2012. Permanece allí bajo cargos de homicidio. AI considera que su caso tiene grandes similaridades con el proceso infundado contra otro defensor de la región, Raúl Hernández quien fue encarcelado durante dos años y adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

También están encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, José Ramón Aniceto Gómez,  Pascual Agustín Cruz de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido sentenciados a casi siete años de prisión y actualmente esta decisión esta siendo revisada a través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban ejerciendo los cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de Paz tras haber sido elegidos como tales por su comunidad. Uno de sus principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda la comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y tomas de agua en cada casa.

Amnistía Internacional está también analizando los casos de Maximino García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en cuanto que observamos en ellos una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales que hemos documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensoras y defensores de derechos humanos en México. Ello y los detalles mismos de cada caso permiten pensar que el verdadero motivo por el cual estos tres líderes indígenas se encuentran detenidos es por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades indígenas. Por lo tanto, de confirmar esta situación, Amnistía internacional los reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional.

Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado Mexicano establecida en la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.

Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos humanos. Así mismo es necesario que las autoridades federales y estatales garanticen que se ponga fin al mal uso del sistema de administración de justicia que sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos.

Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Señor Secretario de Gobernación,
México
México D.F.

Le agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Javier Zúñiga Mejía Borja
Asesor Especial en Programas Regionales

Londres, 21 de febrero de 2012

Cinco retos ante la publicación del Reglamento de Ley de Refugio y Protección Complementaria

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Sin Fronteras

• Publicación del Reglamento de la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria: primer paso para hacer efectivos los derechos humanos de personas solicitantes de asilo y protección complementaria.
• Aún hacen falta políticas públicas claras e incluyentes que ayuden a la integración total de esta población a nuestro país.

El día de ayer se publicó el Reglamento de la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria, Sin Fronteras reconoce el importante avance que representa la emisión de este documento en materia de normatividad migratoria en nuestro país y se congratula del trabajo e impulso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) y de las instancias públicas involucradas en su realización.

Si bien la publicación de este documento  representa un paso firme para hacer efectivos los derechos humanos de esta población, Sin Fronteras insiste en que aún hay retos importantes que no quedaron cubiertos en este nuevo marco jurídico y que son necesarios para que cumpla con los más altos estándares internacionales de derechos humanos hacía la población objetivo de la ley. Entre ellos los siguientes:

1. No existe un mecanismo efectivo para llevar a cabo detecciones de personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección complementaria.
2. La detención de personas solicitantes de asilo como excepción y no como regla, incluyendo la necesidad de considerar más  alternativas a la detención.
3. La creación de políticas públicas y presupuesto suficiente para acompañar un proceso de  integración efectivo.
4. La existencia de un recurso efectivo frente a una resolución que niegue el reconocimiento de la condición de refugiado.
5. Crear mecanismos institucionales y públicos de participación de sociedad civil y de la propia población solicitante de asilo y refugiada.

A los cuales hay que dar seguimiento para que estos avances se vean reflejados en la vida de las personas solicitantes de asilo y Protección Complementaria.

Recientemente publicamos un estudio sobre Integración Sociocultural de Extranjeros en México, en donde algunos testimonios dan cuenta de avances positivos en la integración de personas refugiadas en México, tal es el caso de Laura, refugiada colombiana que sintió una  acogida cálida de sus vecinos y hasta recibió ofertas de trabajo por parte de la maestra de uno de sus hijos "A mi muchos mexicanos me han dado bienvenida, qué bueno, que bienvenida a México", hasta llegó una maestra a buscar y nos dijo ¿ustedes quieren trabajar?".

También se hallan testimonios de discriminación fuertes, como el caso de Carlos refugiado guatemalteco, "A mí me lo han dicho, que qué hacemos nosotros en México, váyanse a su pueblo, váyanse a su país, no vengan a quitarle la comida a los mexicanos, no les quiten la comida. Había un señor, ahí me andaba siguiendo a donde quiera y siempre era de insultarme, vete a tu país".

Sin Fronteras manifiesta que las personas refugiadas que llegan a nuestro país aún enfrentan grandes desafíos y retos en sus procesos de integración, principalmente los que tienen que ver con la discriminación, por lo que seguiremos trabajando e impulsando las reformas necesarias a la nueva Ley sobre Refugio y Protección Complementaria.

FIN

México DF, 21 de Febrero de 2012

CIDH deplora muertes violentas en cárcel de México

Difusión Cencos México D.F.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la muerte violenta de 44 reclusos del Centro Penal de Apodaca, estado de Nuevo León, México. La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con información oficial, el 20 de febrero de 2012 fueron asesinados 44 internos del Penal de Apodaca con armas punzo cortantes y otros objetos contundentes en una riña; en forma simultánea, otros 30 reclusos se fugaron del mismo penal. La información recibida indica que las personas fallecidas estaban recluidas en el ambulatorio y fueron atacados por internos de otro pabellón.

Asimismo, la CIDH recibió información según la cual el 4 de enero de 2012 hubo una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, estado de Tamaulipas, en la cual más de 30 internos fueron asesinados y otros 13 resultaron heridos con armas blancas. La riña se habría iniciado cuando internos del módulo 11 irrumpieron en el módulo 12 del centro penitenciario.

La CIDH reitera que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los reclusos. En este sentido, los Estados tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente. El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Asimismo, los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

22 de febrero de 2012
Washington, D.C.

Aprueba Comisión de Justicia dictamen que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes

Notilegis/México, D.F.-
La Comisión de Justicia, que preside el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforman las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Federal de Defensoría Pública.
   El diputado Benítez Treviño indicó que la ley establece que el proceso para adolescentes que cometen delitos debe ser sujetos a una legislación especial, jueces especializados, agentes de ministerio públicos especializados, defensores públicos especializados, instalaciones especializadas para los menores que están mezclados con los adultos.
   Además, señala que los adolescentes deben estar separados de los presos adultos, lo que no ocurre en muchos de los penales del país, por ello se precisa la existencia de establecimientos especializados, las separación de las mujeres de los hombres, así como separar a los reos que están en proceso penal de los que ya tiene sentencia condenatoria, esto en relación al principio de presunción de inocencia.
   “Los jóvenes que cometen delitos y entran a un centro penitenciario por robar una bicicleta y salen convertidos en lideres de bandas de la delincuencia. No estamos privilegiando a los delincuentes menores, estamos ubicándolos en el contexto”, señaló.
   Comentó que no se está dando un trato especial a los menores de edad que cometen un delito, ya que va de acuerdo a los ordenamientos nacionales que protegen al niño y recoge de manera integral todas las disposiciones internacionales de la niñez.