Hostigamiento judicial por parte de la PGR en contra de defensoras y defensores de DH en Veracruz

Difusión Cencos México D.F., 29 de octubre de 2012

Boletín de prensa
CDH Digna Ochoa

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa Ac de la ciudad de Tonalá, Chiapas y el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño del Sur de Veracruz ha tenido información proporcionada por integrantes de la Resistencia Civil del municipio de Agua Dulce y las Choapas, Veracruz, así como hemos documentado el hostigamiento judicial emprendido por la Comisión Federal de Electricidad iniciando procesos penales ante la Procuraduría General de la República de la Ciudad de Coatzacoalcos por el delito de robo de fluido en contra de los Sres. Aquitofel Sánchez Aguilar, María de Jesús López Díaz, Esther Rodríguez Anaya, Guadalupe Aguilar Santana y Eloisa Jiménez Hernández quienes son integrantes de la Resistencia Civil de Agua Dulce y defensores de derechos humanos.

El día 02 de Octubre A la Sra. Esther Rodríguez Anaya quien tiene su domicilio en el municipio de las Choapas le fue notificado de una acusación penal numero AP.PGR/VER/VER/II/494/2012 en su contra la cual le solicitaban su comparecencia el día 12 de octubre a las 10:30 horas en las oficinas del Ministerio Publico firmada por el Lic. Silvestre Romo Lope quien funge como Titular de la Mesa numero II.

El día 10 de Octubre agentes ministeriales se presentaron en el domicilio de la Sra. Eloisa Jiménez Hernández ubicado en el municipio de Agua Dulce, Veracruz para entregarle un citatorio en donde le ponían de conocimiento la existencia de una acusación penal en su contra bajo el numero AP/PGR/VER/CTZ/II/492/2012, la cual solicitaban su comparecencia el día 15 de Octubre en las oficinas del Ministerio Publico, dicho documento fue firmado por el Lic. Silvestre Romo López.

El día 11 de Octubre nuevamente agentes ministeriales se presentaron en los domicilios de los Sres. Guadalupe Aguilar Santana (AP/PGR/VER/CTZ/I/477/2012), María de Jesús López Díaz (AP/PGR/VER/CTZ/I/475/2012) y Aquitofel Sánchez Aguilar (AP/PGR/VER/CTZ/I/479/2012) quienes viven en el municipio de Agua Dulce, Veracruz notificándoles de la integración de diversas averiguaciones previas en su contra, lo cual fueron citados a comparecer el día 16 de octubre.

El día 25 de Octubre integrantes del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa se presentaron a las instalaciones del Ministerio Publico con sede en la ciudad de Coatzacoalcos para solicitar información en relación a las diversas acusaciones penales en contra de los defensores de derechos humanos, lo cual fuimos atendidos por los Licenciados Silvestre Romo López y Mirna Romero Ramírez titulares de las mesas de tramite 1 y 2 respectivamente lo cual se negaron a que accediéramos a revisar las diversas averiguaciones previas aun estando presentes los Sres(as) Aquitofel Sánchez Aguilar, María de Jesús López Díaz, Esther Rodríguez Anaya, Guadalupe Aguilar Santana y Eloisa Jiménez Hernández argumentando que no podían proporcionar información alguna sin la autorización del titular de la Agencia del Ministerio Publico.
Antecedentes:

Los Sres(as) Aquitofel Sánchez Aguilar, María de Jesús López Díaz, Esther Rodríguez Anaya, Guadalupe Aguilar Santana y Eloisa Jiménez Hernández son integrantes de la Resistencia Civil en las Choapas y Agua Dulce, forman parte de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, han sido impulsores de la organización en sus municipios en contra de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, así como exigen el reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y tarifas justas de acuerdo a los ingresos de las familias.

Por lo que ambos Centros de Derechos Humanos Solicitan a las Autoridades Mexicanas:

I.- Desestimar los cargos contra en contra de los Sres.los Sres(as) Aquitofel Sánchez Aguilar, María de Jesús López Díaz, Esther Rodríguez Anaya, Guadalupe Aguilar Santana y Eloisa Jiménez Hernández, los cuales parecen meramente estar dirigidos a sancionar 
sus actividades de defensa de los derechos humanos;

II.- Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, contra los Sres. los Sres(as) Aquitofel Sánchez Aguilar, María de Jesús López Díaz, Esther Rodríguez Anaya, Guadalupe Aguilar Santana y Eloisa Jiménez Hernández

III.- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente al:

• Artículo 1: "Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional";
• Artículo 5: "A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos;
• Artículo 12.2: "El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración";

IV. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

27 de octubre de 2012 

Más sobre los hostigamientos en contra de integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Recomendaciones de Human Rights Watch al Congreso de Nuevo León sobre la tipificación del delito de desaparición forzada

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 29 de octubre de 2012

Carta al Congreso de Nuevo León
HRW México

• México: Carta al Congreso de Nuevo León sobre la Tipificación de la Desaparición Forzada

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de Human Rights Watch para acercarles una serie de recomendaciones vinculadas con la posible reforma del Código Penal de Nuevo León, que incorporaría el delito de desaparición forzada. Entendemos que el Congreso de Nuevo León, cuya composición se renovó recientemente, prevé concretar esta reforma antes de fin de año, y deseamos manifestar que apoyamos los esfuerzos para abordar este grave problema.

La legislatura emprende esta iniciativa en un momento sumamente oportuno, en vista de la situación actual de seguridad y derechos humanos en Nuevo León. Human Rights Watch ha documentado decenas de casos de desapariciones en Nuevo León —varios de ellos presentados en nuestro informe publicado en noviembre de 2011, Ni Seguridad, Ni Derechos— en los cuales las pruebas indican de manera vehemente que miembros de las fuerzas de seguridad tuvieron participación en los hechos, incluidos policías del estado y municipales. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, organizaciones de derechos humanos locales y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas han documentado un aumento en la cantidad de desapariciones forzadas registradas en el estado desde 2008.

La incorporación efectiva y adecuada del delito de desaparición forzada al derecho penal interno es un paso clave para llevar a juicio a los responsables, determinar el destino de las víctimas y ayudar a prevenir futuras desapariciones.

Una condición fundamental para la efectividad del proyecto legislativo es que todas sus disposiciones sean coherentes con las normas internacionales de derechos humanos. Como saben, México fue uno de los primeros países en ratificar la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y es parte en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Estos tratados brindan un modelo exhaustivo para la adopción de leyes sobre desaparición forzada —desde la definición del tipo penal hasta la reparación de las víctimas— y deberían estar cabalmente reflejados en cualquier reforma que se implemente.

Quisiéramos referirnos específicamente a varios principios que son cruciales para la efectividad de la reforma y se encuentran consagrados en el derecho internacional:

1. El delito de desaparición forzada tiene naturaleza permanente mientras se desconozca el destino de la víctima. Por consiguiente, cualquier plazo de prescripción que se imponga al juzgamiento de casos de desaparición solamente podrá computarse desde el momento en que cese la desaparición forzada (es decir, cuando se sepa cuál fue el destino de la persona desaparecida), y deberá tener una duración proporcional a la gravedad extrema del delito.

2. La definición de desaparición forzada debería ser tomada directamente de los tratados internacionales de derechos humanos. La responsabilidad de quienes participen en un delito de desaparición forzada debería alcanzar no sólo a agentes del Estado que sean los autores materiales de la privación de la libertad, sino además a quienes autorizan o facilitan las desapariciones mediante su complicidad o aquiescencia.

3. Las víctimas de desaparición forzada tienen derecho a una reparación integral que compense tanto el daño material como moral.

4. Se deberán contemplar medidas, incluidas penas, para prevenir y sancionar la negativa a brindar información sobre una persona que fue privada de su libertad o la aportación de datos falsos. La ley podría también considerar como un factor atenuante la decisión de una persona implicada en una desaparición forzada de brindar información que ayude a esclarecer el caso.

Por último, es importante que el actual Congreso de Nuevo León, al igual que el anterior, consulte a organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México al redactar la norma, ya que esto no sólo contribuirá a mejorar la calidad de la reforma sino que ayudará a conseguir apoyo local e internacional para su sanción. De excepcional relevancia es el informe "Mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de desapariciones forzadas," preparado por el Grupo de Trabajo de la ONU.

Esperamos que las recomendaciones anteriores sean tenidas en cuenta en el marco de esta oportuna iniciativa para penalizar las desapariciones forzadas.

Diputado Luis David Ortíz Salinas, Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León
Diputado Juan Carlos Ruiz García, Coordinador Diputados PAN
Diputado Edgar Romo García, Coordinador Diputados PRI
Diputado Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, Presidente, Comisión de Justicia y Seguridad Pública
Diputado José Juan Guajardo Martínez, Presidente, Comisión Desarrollo Social y Derechos Humanos
Diputada Celina Del Carmen Hernández Garza, Vice Presidenta,  Comisión Desarrollo Social y Derechos Humanos

Diputados Ortíz Salinas, Ruiz García, Romo García, Cienfuegos Martínez, Guajardo Martínez, y Hernández Garza:

Atentamente,

José Miguel Vivanco

CC: Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del Estado de Nuevo León
CC: Adrián Emilio de la Garza Santos, Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León

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Carta a Diputados de Nuevo León sobre reforma del Código Penal 

Analiza ONU persistencia de la tortura en Guerrero

Difusión Cencos México D.F., 29 de octubre de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan

• Expertos del Comité contra la Tortura revisarán la situación de la tortura en México
• Analizarán expertos la falta de legislación en Guerrero y el caso Ayotzinapa

El próximo  31 de octubre y 1 de noviembre en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su sede de Ginebra, Suiza, se llevará a cabo la revisión de los informes periódicos "Quinto" y "Sexto" del Estado mexicano ante el  Comité contra la Tortura (CAT), con arreglo al artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En este marco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" elaboró y entregó un informe sobre la práctica de la tortura en el estado de Guerrero así como información sobre la falta de investigación y persecución penal de la tortura por parte de la Procuraduría General de la República (PGR)  y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual fue obtenida a través de solicitudes presentadas al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Esta información se suma a la presentada por diversos organismos civiles para mostrar la grave situación de la tortura en México.

El informe presentado por Tlachinollan incorpora las cuestiones más acuciantes respecto de la situación de la tortura en Guerrero ,una de las entidades federativas más rezagadas en materia de derechos humanos, entre las que destacan: la falta de tipificación del delito en el Código Penal estatal; las deficiencias en la investigación de este delito incluyendo lo relativo a la nula aplicación del Protocolo de Estambul; el rezago en la reforma del sistema de justicia penal; y la subsistencia del fuero militar. Asimismo, presentamos información sobre el llamado caso "Ayotzinapa", emblemático de las consecuencias en el plano estatal y federal de estas falencias que existen en la documentación e investigación de la tortura.

En este sentido, cabe señalar que una de las reiteradas preocupaciones advertidas por el CAT en sus revisiones sobre México ha sido la falta de tipificación del delito de tortura en el estado de Guerrero. A pesar de la expresa solicitud del Comité, el informe presentado por el Estado mexicano no hace alusión alguna a ello, Ante esta situación, el informe elaborado por Tlachinollan destaca que la tortura continúa sin tipificarse en el estado de Guerrero y adelanta que la sociedad civil guerrerense demandará en breve al Congreso estatal la aprobación de reformas legislativas armónicas con los tratados internacionales.

En lo que se refiere a la investigación de la tortura en el estado de Guerrero, se denunció que ésta es prácticamente inexistente, pues a la ausencia de un marco jurídico adecuado, se suma la falta de capacidades forenses mínimas del ministerio público, incluyendo a peritos y policías. En este sentido, se resaltó que en Guerrero no se han adoptado las directrices del Protocolo de Estambul mediante una reforma legislativa ni a través de un Acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado. Asimismo, el Informe destaca que en estados como Guerrero, donde algunas de las autoridades a cargo de la investigación de los delitos pueden estar involucradas en actividades ilícitas, la falta de garantías de seguridad para las víctimas de actos de tortura inhibe la presentación de denuncias, como ha sido constatado en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

En lo concerniente a la reforma al sistema de justicia penal en el estado de Guerrero, el informe advierte que ésta presenta un rezago considerable, sin que haya señales de que en el proceso se  estén incorporando las específicas necesidades de las personas indígenas frente al sistema de justicia. Igualmente, el reporte menciona que la implementación de dicha reforma se ha centrado hasta ahora en los aspectos procesales dejando de lado la revisión del catálogo de delitos vigente en el estado, lo que permitiría –por ejemplo- avanzar en la tipificación del delito de tortura.

Con respecto al fuero militar, el informe muestra cómo a pesar de las diversas recomendaciones emitidas por mecanismos de derechos humanos, a la fecha no se han llevado a cabo las reformas legales necesarias para acotarlo y que a la fecha el Congreso Federal no ha dado muestras para impulsarlo. Igualmente, el informe detalla que los abusos cometidos por los militares, incluyendo la práctica de tortura, continúan en aumento. Respecto al estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refiere haber recibido 415 quejas y de éstas sólo 5 han concluido en recomendaciones.

En cuanto a la información obtenida del IFAI, ésta demuestra contundentemente las deficiencias de la investigación y sanción de la tortura en México. Esto se ve reflejado en la falta de cifras oficiales de la PGR sobre la aplicación del Dictamen especializado para casos de tortura diseñado por la Institución, supuestamente con base en el Protocolo de Estambul, publicitado en su momento como la herramienta pericial que daría efectividad a la investigación de este grave crimen. Al respecto, la PGR reconoció que si bien sus peritos han aplicado en 302 ocasiones el dictamen médico/psicológico, especializado para casos de posible tortura y/o maltrato, encontrando en 128 casos lesiones posiblemente derivadas de tortura. También ha informado que no existe una sola sentencia condenatoria en contra de algún funcionario por el delito de tortura. Es decir, las propias cifras de la Procuraduría muestran el fracaso de esta herramienta y evidencian la inefectividad de las investigaciones.

En cuanto a la SEDENA, información obtenida a través del IFAI indica que los órganos militares, del 2002 a la fecha, iniciaron 142 averiguaciones previas por el delito de "violencia contra las personas causando tortura" y 821 averiguaciones previas por el delito de "violencia contra las personas causando lesiones".  Sin embargo, a pesar del alto número de averiguaciones previas iniciadas, sólo 6 expedientes fueron consignados ante los juzgados penales por el delito de tortura, y en ninguno de estos casos hubo sanción penal para los responsables.

Finalmente, es importante destacar que para presentar el Informe una representación de Tlachinollan, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, se reunirá directamente con los miembros del Comité para presentar sus máximas preocupaciones por el rezago de la situación de la abolición de la tortura en México, el próximo martes 30 de octubre en Ginebra, Suiza.

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Informe presentado por Tlachinollan ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU.

La Información adicional sobre la situación de la tortura en México obtenida por Tlachinollan a través de solicitudes presentadas al IFAI.

Para mayor información y entrevistas:

Área de Comunicación
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Román Hernández -Atziri Ávila
Teléfono: 01 757 476 37 04 /476 12 20
Fax:01 (757) 476 12 00
Celular:(045) 757 106 6095
Skype: tlachinollan
Correos: tlachinollan.difusion@gmail.com  cdhm@tlachinollan.org
www.tlachinollan.org

Tlapa de Comonfort, Guerrero, México a 28 de octubre de 2012

Levantan y Ejecutan a Director Jurídico de San Andrés Cholula

Un grupo armado lo sacó de su domicilio por la madrugada, luego lo dejó encajuelado dentro de su propio vehículo

por ODILÓN LARIOS NAVA

29.10.2012 - 06:52 hrs

“Levantan” y ejecutan al Director Jurídico de San Andrés Cholula, lo fueron a sacar de du domicilio ubicado en el Centro de San Andrés, y se lo llevaron a bordo de su propio vehículo marca Toyota, el cual fue abandonado en campos de cultivo de San Luis Tehuiloyocan, en la cajuela encontraron el cuerpo del funcionario municipal, quien también hace años fungió como Juez y actualmente también se desempeñaba como abogado litigante.

Se trata de José Miguel Cárcamo Chantes, de 44 años de edad, cuyo cuerpo de acuerdo con la información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, presentaba impactos de bala en la cabeza y en el pecho, lesiones que le habrían cobrado la vida, según quedó asentado en la averiguación previa 2674/2012 de San Andrés Cholula.

Información extraoficial señala que el grupo de sujetos armados ingresó al domicilio del funcionario, el cual está ubicado en la 7 Sur y 13 Poniente, alrededor de las 05:30 horas de este sábado. Ni la familia ni él habrían escuchado nada, no se percataron de la presencia de los intrusos hasta que estaban en la recámara del matrimonio en donde les pusieron de frente luces de lámparas que llevaban.

Según esta información habrían hecho levantar a Cárcamo Sánchez, e introducido en su propio Toyota, Corola, color blanco, con placas TTX-3437 del estado de Puebla. Antes de salir del domicilio los sujetos habrían sustraído “algunas cosas de la casa”, presuntamente dinero en efectivo.

Luego abordaron el Toyota, y desaparecieron. El auto fue encontrado horas después por algunos campesinos, entre campos de cultivo, en el camino de terracería conocido como Diagonal 2 Sur, Antiguo Camino a Atzonpa, o también se le conoce como Ferrocarril Diagonal. En el interior de la cajuela se encontraba el cuerpo del funcionario.

Las personas que reportaron el auto abandonado dieron parte a las autoridades, quienes desde la madrugada, después de que la esposa del finado reportara el “levantón” montaron un operativo para tratar de encontrarlo. Al saber el tipo de vehículo que encontraron los campesinos, de inmediato acudió un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la policía ministerial.

A acordonar la zona también acudieron elementos de la policía municipal de San Andrés Cholula y de la Policía Estatal. Posteriormente arribó el agente del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias del levantamiento del cadáver, las cuales realizó con el equipo de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En un primer momento se mencionó que el cuerpo no presentaba lesiones visibles por algún tipo de arma y que aparentemente sólo tenía una bufanda atada al cuello. Sin embargo tras las diligencias correspondientes se determinó como causa del deceso fueron los impactos de bala que presentaba en la cabeza y en la zona del tórax – trauma craneal y toraco visceral por proyectil de arma de fuego, señala el parte informativo de la PGJ-.

Al respecto el director de la policía ministerial, Juan Luis Galán Ruiz, comentó: “Entran a su domicilio aproximadamente a las 05:30 de la mañana, a su domicilio aquí en San Andrés, es el director Jurídico de aquí de gobierno de San Andrés, su nombre es miguel Cárcaño. Su esposa refiere que entraron unas personas al domicilio y que se llevan algunas cosas de la casa, y se lo llevan”.

De esta manera iniciaron las investigaciones en torno a este homicidio, sin que se hayan dado a conocer por parte de las autoridades las líneas de investigación al respecto. Se espera que con los indicios encontrados en el domicilio y en el vehículo puedan tener elementos para poder dar con los responsables de este asesinato.

© Cinco Radio

Tres Muertos y Tres Lesionados en Carretera a Izúcar

Los números de emergencia movilizaron a ambulancias de SUMA estando más cerca Cruz Roja

por ODILÓN LARIOS NAVA

29.10.2012 - 06:49 hrs

Tres personas pierden la vida en un percance vial entre dos vehículos particulares que se estrellaron de frente en el kilómetro 62+200 de carretera Puebla-Matamoros, uno de los fallecido aún estaba con vida prensado dentro de la unidad que conducía, pero esta comenzó a incendiarse y de esta manera el hombre fue alcanzado por las llamas que acabaron con su vida. Testigos de los hechos acusan que los paramédicos de Servicios de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) no cuentan con el equipo necesario para hacer el rescate ya que sus extinguidores no sirvieron y por ello no pudieron rescatar al hombre, que terminó calcinado.

El choque ocurrió alrededor de las 16:30 horas de este sábado, en el punto antes referido, entre los vehículos Ford, Escape, color arena, con placas TUF-3736 del estado de Puebla, donde perdió la vida una mujer y su pequeño hijo de seis meses de nacido. El otro vehículo era un Ford, Fiesta, con placas HFX-84-86 del estado de Guerrero, donde su conductor perdió la vida calcinado, pese a haber quedado con vida después del choque.

El conductor del Ford, Fiesta, se encuentra en calidad de desconocido número 4, mientras que en la camioneta Escape, perdieron la vida Blanca Estela López Mendoza, de aproximadamente 50 años de edad, así como el bebé Osvaldo Ortega Severo, de 6 meses de nacido.

Las personas lesionadas fueron el conductor de la camioneta Escape de nombre José Luis Hernández, de 52 años de edad, que se encuentra en calidad de presentado ante las autoridades ministeriales para fincar las responsabilidades correspondientes, así como Ruth Aurora López Méndez, de 44 años de edad y Aranza Matías López, de 17 años, quienes fueron trasladados al ISSSTEP.

Los automovilistas que pasaron por el lugar del percance auxiliaron a los lesionados, y solicitaron la presencia de paramédicos en el lugar. Una ambulancia de SUMA fue enviada al lugar, sin entender por qué no se canalizó el servicio a Cruz Roja, de Izúcar de Matamoros, quienes están a escasos tres minutos del lugar donde ocurrió la tragedia.

Después del choque, el conductor del Ford, Fiesta, según señalaron algunos testigos, pedía ayuda, ya que estaba prensado, y de repente el coche comenzó a incendiarse. Un conductor de la línea de autotransportes Oro, se detuvo y saco su extintor, el cual dirigió a las llamas pero fue incapaz de combatirlas.

Cuando los paramédicos de SUMA arribaron, ven esta situación, sacan sus extintores, pero estos no funcionaron, ante su desesperación los golpean contra el asfalto, con la intención de activarlos, pero estos no funcionaron, por lo que no les quedó más que alejarse de las llamas y ver como las llamas calcinaban el cuerpo del hombre atrapado.

El fuego alcanzó también el cuerpo de la mujer que viajaba en el asiento del copiloto de Ford, Escape, la cual estaba a escaso medio metro de distancia. La ambulancia que inicialmente llegó no cuenta con el gancho de acero para enganchar a otra unidad y remolcarlo, por lo que fue hasta que otra ambulancia se acercó que pudieron mover la camioneta para alejar a la mujer del fuego que desprendía el Ford, Fiesta.

Este percance deja de manifiesto la mala organización de los servicios de emergencia en la entidad, ya que se pelean por acudir a las llamadas de auxilio. Tal es el caso que en lugar de canalizar a la ambulancia más cercana, la corporación que recibe el llamado mueve una de sus unidades, sin importarles que haya otra mucho más cerca. Es decir se ven como competencia en lugar de laborar de forma coordinada.

En este caso la delegación de Cruz Roja Izúcar de Matamoros, pudo haber acudido en menos de cinco minutos al lugar, pero hay reportes extraoficiales que señalan que nunca recibieron el aviso correspondiente. Y acudieron al lugar, sólo cuando un automovilista les fue a dar aviso de lo ocurrido hasta las propias instalaciones, pudiendo llegar así al percance, pero ya el hombre del vehículo con placas de Guerrero había perecido a causa del fuego que consumió su cuerpo.

© Cinco Radio