Arranca campaña nacional para prevenir la tortura en los sistemas de seguridad y justicia

Difusión Cencos México D.F., 17 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Insyde

La misión del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) es promover el libre ejercicio del derecho humano a la seguridad. Parte de esta misión incluye promover el apego del comportamiento de las autoridades involucradas en los sistemas de seguridad y justicia a los estándares democráticos que garantizan no sólo la plena vigencia de los derechos humanos, sino que también comprometen su profesionalismo y eficacia. Sin embargo, actualmente, pese a los avances que registran algunas instituciones policiales y de investigación criminal en el país, la práctica de la tortura y otros malos tratos se mantiene presente en estas instituciones que tienen como misión principal garantizar el derecho humano a la seguridad, que debe ser indivisible e interdependiente, entre otros, de los derechos al debido proceso y la integridad física y mental.

En años recientes, las procuradurías del país y los organismos de protección de los derechos humanos han registrado un incremento alarmante en el número de denuncias de hechos posiblemente constitutivos de tortura, que incluyen testimonios sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzada, tortura sexual, presuntos homicidios por lesiones producidas bajo tortura y otros actos de violencia en la que se han señalado a elementos de corporaciones de seguridad o de procuración de justicia como responsables. A pesar de que tanto a nivel federal como local existen informes oficiales que registran la existencia no sólo de denuncias, sino también de dictámenes médicos que acreditan la tortura en cientos de casos, el número de sentencias condenatorias es, en contraste, de cero en el fuero federal y de 1 a nivel local (DF) durante la última década. La tortura queda impune técnicamente en el 100% de los casos.

Ante este escenario preocupante, Insyde ha iniciado un proceso de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, expertos y expertas en diversas disciplinas y sectores, así como un diálogo con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, para erradicar estas prácticas sucedidas de manera previa y posterior a la presentación ante el Ministerio Público de personas detenidas por agentes de seguridad del Estado. El esfuerzo conjunto se aglutina en la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, que en su primera etapa contempla dos años de ejecución.

Nuestra meta para 2013 es impulsar la actualización del marco normativo sobre tortura y que ninguna autoridad relacionada a los sistemas de seguridad pública y justicia penal desconozca cuáles son sus obligaciones en la materia.

La Campaña Nacional para Prevenir la Tortura considera que la causa de este flagelo deriva principalmente de un marco jurídico incongruente con las normas de derechos humanos reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, que permita aplicar procedimientos efectivos y sujetos a control, para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño de las personas afectadas por la tortura u otros malos tratos. Esta incongruencia dificulta los procedimientos judiciales para probar los hechos durante el proceso penal, lo que alienta la impunidad y la discriminación ante la ley.

De igual manera, la ausencia de procedimientos efectivos de control y rendición de cuentas al interior de las instituciones policiales y las agencias del Ministerio Público se convierte en un incentivo para cometer actos constitutivos de tortura, en circunstancias tan diversas como la detención, la prisión preventiva o el arraigo.

Para prevenir y erradicar estas conductas, la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura impulsará diferentes estrategias que impacten tanto en lo jurídico como en lo operativo, en la capacitación, y apoyadas en una amplia difusión de información dirigida a las víctimas directas o indirectas (familiares, abogados, etc.), a la población interesada, a la sociedad civil y a las instituciones competentes.

Entre las estrategias que se impulsarán en este proceso se encuentran las siguientes:

1. Fortalecer el marco jurídico: Armonizar el marco jurídico actual para que sea totalmente compatible con las normas internacionales contra la tortura, tanto a nivel federal como en las entidades federativas;
2. Fortalecer el control interno. Impulsar el establecimiento de diversas medidas judiciales de control interno y rendición de cuentas en la operación de las policías y los Ministerios Públicos, para eliminar los incentivos que los llevan a cometer este delito;
3. Mejorar la capacitación y formación profesional. Capacitar a los responsables de aplicar la ley, y promover el diálogo e intercambio de experiencias con personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a fin de mejorar los procesos de investigación y sanción, reducir la impunidad en este delito e impulsar mejores herramientas y metodologías para la documentación y denuncia de la tortura; de igual modo, este componente de la campaña prevé fortalecer los programas de formación profesional de policías y agentes del Ministerio Público en materia de prevención de la tortura y derechos humanos;
4. Promover la difusión y acceso a, información sobre la tortura. Informar a la ciudadanía y a las víctimas de tortura sobre los recursos que tienen disponibles, para garantizar el ejercicio de sus derechos y prevenir estos hechos y, especialmente, es necesario sensibilizar a las autoridades de procuración de justicia para que adopten medidas efectivas de combate a la tortura en México y erradicar la impunidad.

Hacemos un atento llamado a todas las personas e instituciones sensibles a la problemática que plantea la persistencia de la tortura a que se sumen a la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura; si queremos gozar de un sistema de justicia moderno y un modelo de seguridad ciudadana, requerimos cerrarle la puerta a la tortura cuanto antes.

Contacto:

Sergio Leñero Reveles Coordinación de Comunicación Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) Tel. 91 16 53 04 ext. 122 Cel. 55 24 21 83 51 www.insyde.org.mx Twitter: @InsydeMx Fb: Insyde MX #VsTorturaMx

Boletín informativo 01-011613
Campaña Nacional para Prevenir la Tortura

México D.F., 16 de enero de 2013

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

SEP está obligada a realizar profundas reformas para garantizar la seguridad física y prevenir el abuso sexual de niños y niñas al interior de las escuelas públicas del país

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Redim / ODI

• El caso del pre-escolar de Iztapalapa donde al menos 15 niñas y niños pequeños fueron abusados sexualmente por siete trabajadores de la SEP mostró los graves vacíos en el sistema educativo
• Sin una profunda reforma estructural y normativa en la Secretaría de Educación Pública no existen garantías para evitar nuevos casos de violencia sexual en las escuelas
• ODI y REDIM saludan la Recomendación de la CNDH a la SEP, pero destacan que es insuficiente frente a la gravedad del caso paradigmático

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) expresaron su preocupación por que las respuestas institucionales del Estado Mexicano son insuficientes frente al grave suceso que representa el abuso sexual de por lo menos 15 niñas y niños pequeños en el preescolar "Andrés Oscoy Rodríguez", ubicado en la Delegación Iztapalapa, donde siete funcionarios públicos aprovecharon los vacíos institucionales para agredir sexualmente a las y los infantes bajo su cuidado.

Saludaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciara por oficio la investigación y derivara en la recomendación 76/2012 a la Secretaría de Educación Pública (SEP) pero la calificaron de insuficiente frente a la gravedad del caso paradigmático que dejó en evidencia los grandes vacíos que existen en el sistema educativo mexicano para prevenir, identificar y reparar el daño a niñas y niños víctimas de violencia sexual en todo el país.

Lamentaron que la Recomendación 76/2012 de la CNDH a la SEP se auto-limitara a temas administrativos, de capacitación y servicios psicológicos sin tocar los aspectos normativos, diseño institucional, controles de confianza del personal, entre otros vacíos. Además de sólo considerar 15 de las 30 víctimas de agresión sexual, dejando a varias de ellas en indefensión. "Las nueve recomendaciones resultarán pasajeras si no se realiza una profunda reforma estructural y normativa que garantice la seguridad de los niños y niñas bajo cuidado de la Secretaría de Educación Pública" establecieron ambos organismos.

La ODI lleva la defensa jurídica de los 30 niños y niñas víctimas de agresión sexual por siete trabajadores de la escuela pública mencionada. El proceso penal iniciado en el 2011 aún continúa, y dependiendo de los alcances en la jurisdicción local se podrá llevar el caso a instancias internacionales. REDIM y ODI urgieron a las autoridades a               localizar inmediatamente a la maestra que sigue prófuga y especialmente llamaron a reconocer que en las escuelas públicas del país "todo sigue igual", por lo que es posible que se presenten nuevas agresiones sexuales dentro de las escuelas públicas del país.

Las organizaciones presentes consideraron que los cambios indispensables deben darse en las tres áreas que toca la recomendación de la CNDH: capacitación, selección de personal y ambiente físico de la escuela; pero es urgente atender las omisiones de esta recomendación. Todos estos cambios deben ser estructurales y normativos, es decir, de carácter obligatorio y permanentes.

De manera resumida los cambios imperativos son:

Procedimientos y protocolos institucionales.- Hoy en día la SEP no cuenta con un solo protocolo institucional sobre cómo intervenir en casos en los que la seguridad de los niños y niñas se ha puesto en riesgo. Es indispensable que la SEP institucionalice procedimientos formales sobre cómo detectar y proteger a niños y niñas víctimas de violencia.

Selección y supervisión de personal.- Los procedimientos y criterios para la selección y evaluación constante del personal exigen reforma inmediata. Todo personal que entra en contacto con un niño o niña debe ser contratado con base en un perfil adecuado. Las cuotas de designación de personal por parte del sindicato deben ser eliminados. Todo el personal escolar debe ser seleccionado y evaluado bajo estándares y procedimientos públicos por la única autoridad responsable de la educación de los niños y niñas: la SEP.
Capacitación.- La capacitación en derechos de la infancia, prevención y detección de la violencia sexual, entre otros temas; es un elemento fundamental para el correcto               desempeño de personal escolar. La capacitación debe ser obligatoria, constante y condición necesaria para la permanencia en el puesto.

Infraestructura para la protección de niños y niñas.- La infraestructura escolar debe ser adecuada para la protección de niños y niñas. Modelos de 'escuelas transparentes' y otras medidas ambientales son fundamentales para evitar la violencia física y sexual en contra de niños y niñas en las escuelas.

Empoderamiento de las familias para la protección de niños y niñas.- Las familias deben contar con información adecuada para la detección y protección de sus hijos ante una posible victimización. Para ello la escuela debe contar con mecanismos de denuncia de posibles violaciones a los derechos de los niños y niñas, y adecuados recursos de apelación cuando la respuesta institucional no es debidamente atendida.

Empoderamiento de los niños y niñas.- Es fundamental que sean los propios niños y niñas quienes cuenten con la mayor información sobre sus derechos y cómo proceder cuando necesitan protección. La participación infantil es un derecho humano y un excelente recurso educativo que ha demostrado eficacia en la prevención y protección de todo tipo de agresiones.

Órganos de contraloría ciudadana en las escuelas. Es indispensable que las escuelas estén obligadas a contar con órganos revisores accesibles y locales con participación de padres, docentes y sociedad civil quienes desarrollen acciones diagnósticas sistemáticas y adecuadas a la edad de los niños y niñas para activar sistemas integrales de protección cuando sea necesario.

REDIM y ODI llaman al Poder Legislativo a realizar estos cambios urgentes y necesarios en la Ley General de Educación y en las leyes relativas. Todos ellos deben incorporarse formalmente en la legislación y normatividad de la Secretaría de Educación Pública para que la escuela sea capaz de garantizar la seguridad física y sexual de los niños y niñas.

Más información: Verónica Morales, Comunicación Estratégica, REDIM comunicacion@derechosinfancia.org.mx 56 04 24 66 Ext 118 / Cel: 044 55 19647408

Exhortan a la autoridad judicial, garantizar el acceso a la justicia a niñas y niños abusados en kínder de Iztapalapa

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Identifican los restos de otra joven encontrada en el Valle de Juárez, demora la fiscalía de Chihuahua un año en confirmar su identidad

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Justicia para Nuestras Hijas

Beatriz Alejandra, de 20 años, desapareció en Ciudad Juárez el 27 de abril de 2010. A pesar de que sus restos fueron encontrados en enero de 2012 –junto con varias osamentas femeninas más- estos fueron entregados a la familia, hasta un año después, en enero de 2013.

El pasado sábado 12 de enero, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Zona Norte,  confirmó a la familia de Beatriz Alejandra Hernández Trejo y a Justicia para Nuestras Hijas, que los restos encontrados hacía un año, corresponden a la joven de 20 años.

El primer cuerpo encontrado en la zona del Valle de Juárez, fue el de Adriana Sarmiento, el 5 de noviembre de 2009. La Fiscalía de Chihuahua mostró un retraso injustificable en el cotejo de ADN con la familia de Adriana. Y una vez realizado, escondió durante meses los resultados de las pruebas. Fue hasta dos años después, en noviembre de 2011, que notificaron a la familia que se trataba de Adriana.

Entre 2009 y 2011, grupos del crimen organizado habrían utilizado la zona del Valle de Juárez para depositar los cuerpos de jovencitas. Las familias con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez, exigieron a la Fiscalía Zona Norte, realizar rastreos en la zona. Entre enero y febrero de 2012, se encontraron múltiples restos óseos, de los cuales han sido identificadas 11  jovencitas que contaban con reporte de desaparición en distintas fechas, entre ellas Jessica Leticia Peña García y Perla Ivonne  Aguirre González. Un número indeterminado de restos de mujeres continúa sin ser identificados.

Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas sostiene: "Es preocupante la situación que se está viviendo en Ciudad Juárez, pues las familias no saben en qué momento la Fiscalía les llamará para informarles que algún ADN salió positivo, significando esto, que sus hijas ahí han estado en el SEMEFO, mientras ellas las seguían buscando con la esperanza de encontrarlas con vida. Más preocupante es aún que mientras la Fiscalía simula estar avanzando en las investigaciones, los tratantes y asesinos continúan libres".

Así mismo dice, "el día de hoy serán inhumados los restos de Beatriz Alejandra en el panteón San Rafael, para las autoridades es solo un caso más que pasa de la Unidad de Desapariciones a la Unidad de feminicidios, pero para la familia es un cambio radical, ya no la esperan más. Ahora su madre se pregunta ¿Qué paso con Beatriz? ¿Cuánto tipo estuvo viva?, preguntas, que las autoridades no ha sido capaces de responder".

Justicia para Nuestras Hijas reitera que la línea de investigación para sancionar a los culpables debe estar orientada al crimen organizado y la trata, y la complicidad con funcionarios. Sin embargo, la Fiscalía ha sido indiferente ante esta hipótesis, y se ha negado a realizar la investigación correspondiente con efectividad. Los recientes crímenes de las 12 jovencitas permanecen impunes. 

Para mayor información comunicarse a: +52 (614) 1 64 55 46.

Chihuahua, Chih. 15 de enero de 2013

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Minera San Xavier defiende sus ilegales permisos

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
FAO 

• Caso Minera San Xavier  y el Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de San Pedro y Centro de Población. (PDUCSP)
• La inconstitucionalidad del PDUCSP y sus autores
• Tribunal colegiado busca argumentos favorables a MSX

Después de varios desafortunados intentos de Minera San Xavier mediante amparos por desaparecer el Decreto publicado en el periódico oficial del 24 de septiembre de 1993 "Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada" que declara la zona del municipio de Cerro de San Pedro como Zona de Preservación de la Vida Silvestre y prohíbe la instalación de actividades industriales, y que es precisamente donde se asienta el criminal proyecto a tajo a cielo abierto de esta transnacional canadiense,  esta empresa en complicidad con los gobiernos del citado municipio y del estado, así como de la UASLP cuyo Rector es ahora flamante Presidente Municipal del municipio de San Luis Potosí, diseñaron otra forma de desactivar el mencionado decreto que fue el principal sustento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para sentenciar en 2004 y ratificar en 2005 la anulación  lisa y llana del proyecto de la mencionada empresa minera, sentencia que por cierto las autoridades correspondientes se han negado a dar cumplimiento.

Para el perverso plan, desde junio del 2011 los arriba señalados iniciaron reuniones los lunes en la Secretaría de Economía del estado a fin de diseñar un Plan de Desarrollo Municipal mediante el cual se pretendía anular el Decreto de 1993 en el que están inmersos los cinco municipios conurbados a la ciudad capital, así en marzo de 2012 fue publicado el dichoso plan en el periódico oficial del estado y posteriormente en un diario local.

Fue tan jurídicamente artesanal como arbitrario el diseño de este Plan conocido luego como el PDUCSP que sin el consentimiento de los municipios que lo integran, sin el dictamen de congruencia que por ley tiene que dar la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y en total incongruencia jurídica con las normatividades estatales y federales, fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal. Esto motivó su impugnación mediante amparo por parte de Pro San Luis Ecológico A.C, y tocó al -desde hace años cooptado por la empresa minera- Juzgado Primero de Distrito resolver el juicio, no encontró como sobreseerlo y argumentó dolosamente que se interpuso fuera de tiempo, más no pudo evidenciar la argumentación de fondo.

Obviamente inconforme con el resolutivo del juez Primero de Distrito, Pro San Luis Ecológico interpuso un recurso de revisión que toco resolver al también semi-cooptado Segundo tribunal Colegiado del noveno Circuito, lo de semi cooptado es porque en la resolución que este dio al recurso, dos de los tres magistrados también en forma dolosa con argumentos carentes de motivos y fundamentos legales ratificaron la resolución del Juez Primero de Distrito.

Resulta que el restante magistrado Pedro Elías Soto -que originalmente había elaborado el proyecto resolutivo que venía a favor de Pro San Luis Ecológico- no se sumó a la corrupta resolución a la que agregó su voto particular en el cual con fundamentos de plena consistencia jurídica cuestiona y exhibe los falsos argumentos de sus dos compañeros magistrados y su arbitraria resolución, incluso denuncia que las jurisprudencias por estos invocadas ni siquiera encuadran con el asunto a resolver.

Posteriormente, un habitante del poblado afectado interpone un amparo similar contra el mencionado PDUCSP agregando el argumento de que SEMARNAT otorgó una tercera autorización para la operación del proyecto de Minera San Xavier justificándola con el hecho de que ahora ya no tenía motivos para negarla porque ya el uso de suelo de Preservación de la vida silvestre que impedía la actividad minera, el PDUCSP la había cambiado a uso minero. Este amparo se interpuso invocando el artículo 114 de la Ley de Amparo como primer acto de aplicación.

Este amparo toco resolverlo al Juzgado Auxiliar Cuarto de Distrito con sede en Guadalajara, Jal. La Juez encargada de resolverlo haciendo un análisis minucioso de los agravantes expuestos por el quejoso resuelve la nulidad del PDUCSP demostrando su inconstitucionalidad y por consiguiente de la autorización que en base a este Plan otorgó SEMARNAT a Minera San Xavier para el desarrollo de su proyecto.

Resulta que Minera San Xavier interpone un recurso de revisión contra la citada resolución; aun cuando la fundamentación de la nulidad es prácticamente inatacable, la empresa tiene la ventaja de contar con el control del ya mencionado Segundo Tribunal Colegiado, que es el que va a resolver la revisión.

Si hubiera honestidad y este Tribunal Colegiado resuelve conforme a derecho, New Gold-Minera San Xavier se quedaría sin justificaciones leguleyas y dejaría de manifiesto y sin lugar a dudas que desde su llegada ha estado operando en la total ilegalidad por operar en una zona prohibida para este tipo de actividades, y así lo reconoce  SEMARNAT al aclarar que dio su autorización porque ya el uso de suelo no es de preservación de la vida silvestre sino minero, aceptando en forma tácita que las anteriores autorizaciones las otorgó premeditadamente en forma ilegal.

Esta autoridad ambiental desde hace tiempo preparó su coartada y trata de lavarse las manos, en un informe justificado que le solicitó un juzgado de Distrito declaró que las autorizaciones que le ha otorgado a la empresa minera en cuestión, son solo una aceptación ambiental que de ninguna manera implican permiso para que opere, que estas autorizaciones se  dan sin perjuicio de la decisión de las autoridades municipales ya que son ellas las únicas facultadas para negar o aceptar este tipo de proyectos, pero claro, omite decir que fue ella la que desde un principio, para ser exactos, el 8 de agosto del año 2000 otorgó el cambio de uso de suelo a Minera San Xavier a sabiendas de que existía el decreto de septiembre de 1993. También se olvida que en su momento, cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordena comunicar por oficio a Minera San Xavier la nulidad lisa y llana de la autorización ambiental y cambio de uso de suelo que ilegalmente le concedió el 26 de febrero de 1999, en pleno desacato lo que hizo fue otorgarle otra autorización.

13 años de lucha jurídica en la que desde 2004 los más altos tribunales del país nos dieron la razón declarando la nulidad definitiva del proyecto de Minera San Xavier y ratificada dos veces más, en el 2005 y 2009, por razones muy obvias, resulta que esos mismos tribunales fueron tejiendo una estrategia pseudo jurídica mediante la cual poco a poco fueron revirtiendo una resolución que ellos mismos habían resuelto como cosa juzgada hasta ordenar en diciembre del 2012  que fuera archivada por carecer de materia. Caso increíble pero cierto…

El papel que han jugado las autoridades municipales en este caso es crítico, ya que con todo conocimiento de causa,  han estado concediendo durante 12 años permisos y licencias para el desarrollo ilegal de la actividad minera, como son la de uso de suelo, de construcción y  de operación, además de influir como en este caso en el cambio de uso de suelo, violando un decreto que como ya anotamos anteriormente prohíbe la actividad minera en esa zona.

Cerro de San Pedro, S.L.P. Enero 16 de 2013

"FAO"

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Demandan la inmediata aplicación de la ley y reparación del daño por la ejecución extrajudicial de Adrián Javier González Villarreal, estudiante de la UANL

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Cadhac

• La seguridad de la ciudadanía, derecho violentado

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) externamos nuestra preocupación frente a la serie de ejecuciones perpetradas en los días que han transcurrido en el presente año en el estado de Nuevo León. Particularmente demandamos la inmediata aplicación de la ley y reparación del daño en el caso de Adrián Javier González Villarreal, estudiante de la UANL, ejecutado extrajudicialmente por agentes policiacos del municipio de Santa Catarina, N.L. el pasado 13 de enero del año en curso.

Aunado a las ejecuciones perpetradas por la delincuencia organizada en el marco de un contexto resquebrajado por la violencia, se generan situaciones evidentemente violatorias a derechos humanos, donde quienes tienen el encargo de brindar seguridad a la ciudadanía son quienes cometen el delito, abusando de la autoridad que les ha sido conferida, como el caso de Adrián Javier. 

Es urgente replantear las estrategias de seguridad que se están aplicando en todos los niveles de gobierno. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, bajo un marco normativo que garantiza la integridad de todas las personas. El uso desmedido de la fuerza pública y la violencia, no se justifican y deben ser sancionadas sobre todo cuando la vida de la ciudadanía se está poniendo en riesgo.

La muerte de Adrián Javier González Villarreal, de 20 años, a manos de policías del municipio de Santa Catarina, forma parte de las 59 personas que han sido ejecutadas en el presente año dentro del contexto de la lucha contra el narcotráfico donde se incluye también la muerte de Julio Abraham, niño de 11 años, asesinado con arma de fuego mientras jugaba futbol en el municipio de Juárez N.L. La actual estrategia de seguridad sigue generando víctimas y las autoridades dan pocas señales de entender que su actuar debe estar sujeto al marco jurídico vigente en materia de derechos humanos. Incluso autoridades municipales han militarizado sus cuerpos policiacos.

En este contexto CADHAC se pronuncia en contra de la violencia perpetrada en el estado y demanda la inmediata aplicación de la ley, con los agravantes a los policías responsables de la muerte de Adrián Javier González Villarreal, así como la reparación del daño. De igual manera urgimos a la revisión de la estrategia de seguridad a seguirse en la entidad, la cual sea reconstruida desde la perspectiva de derechos humanos, como lo marca la legislación internacional en la materia.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

15 de enero, 2013.
Boletín de Prensa No. 1301/BP002

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos