En protesta por el que considera un injusto encarcelamiento de su hijo, este lunes una mujer de 80 años iniciará una huelga de hambre con los labios, ojos y oidos cosidos. Además se amarrará brazos y pies a una cruz.
Por Blanca Estela Leyva/Puebla, Pue.-
Una octagenaria mujer que protesta por el encarcelamiento de su hijo, iniciará este día en pleno zócalo de la capital poblana una huelga de hambre, asegura que se coserá labios, ojos y oidos y también se atará los pies y manos a una cruz.
Estela Anzaldua viuda de Rentería explicó que su hijo José Rafael Rentería Anzaldua, está preso en el penal de San Miguel, desde agosto de 2008. Fue acusado por la Servicio de Administración Tributaria del delito de defraudación fiscal. La mujer agregó que la depéndencia federal procedió en contra del inculpado por la presunta utilización de facturas falsas, con un monto cercano a los 13 millones de pesos.
Tanto la madre, como sus abogados de la Alianza Fraternal Suprema Mexicana, quien los apoya en la defensa de sus derechos humanos, afirman que no hay pruebas de que exista un adeudo y tampoco un delito. Sin embargo, insistieron en que pese a ello no lo liberan, pero tampoco lo setencian.
Estela Anzaldua, detalló que iniciará su protesta indefinida a las 10 de la mañana de este lunes 17 de enero, pues afirmó “de todos los medios ya no hay qué hacer, es una injusticia tonta, pero la hay”, abundó que es la única manera de demostrarle a las autoridades cuánto han sufrido y a la sociedad la “injusticia tan bárbara de la que han sido objeto” puntualizó.
lunes, 17 de enero de 2011
Con navaja atracaba a taxistas; lo relacionan con por lo menos 4 a tracos
Esta madrugada taxistas de la Capu y policías municipales lograron capturar a un sujeto luego de que atracara a uno de sus compañeros del volante. El ladrón portaba una navaja y una pistola de juguete, instrumentos con los cuales sometía a sus víctimas. Aunque él dijo haber sólo cometido del robo de este día, los taxistas dicen relacionarlo con por lo menos cuatro atracos y exhortan a todos aquellos conductores de otras centrales que hayan sido asaltados por el mismo sujeto a que acudan a denunciarlo.
El ratero responde al nombre de Rosendo Zerón Bolaños, de 34 años de edad. Este ladrón hizo la parada a un taxista y pidió que lo llevara a la colonia Independencia, ya en el camino pidió que lo llevara a un OXXO, y en el camino pica con la navaja al conductor en el hombro y en la pierna.
Luego de lo anterior Zerón Bolaños, huyó del lugar con 500 pesos en efectivo, sin embargo vía radio, el conductor dio aviso a sus compañeros, quienes dieron a su vez aviso al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) 066, así mismo acudieron al lugar.
Tras una búsqueda por las calles de la colonia Amor, lograron ubicar al presunto responsable en la 33 Norte y 4 Poniente de la misma colonia. Procediendo los policías municipales de la unidad 490 a capturarlo.
El ladrón puso resistencia a ser aprehendido, por lo que los taxistas apoyaron en la detención, y ante los amagos de lesionarlos con la daga, respondieron golpeándolo en varias ocasiones, hasta que los uniformados lograron someterlo.
Intentó justificarse diciendo que atraca porque “no estoy con mis hijos, tengo problemas con mi esposa y con mis hijos”, además aceptó que es guardia de seguridad y que trabajaba en diversos bares.
Los taxistas dijeron que este sujeto operaba desde hace algunos meses, pidiendo servicio en la colonia amor, de 4 a 5 de la mañana, en el Boulevard Norte y la 18 Poniente. Pedía servicios a la colonia Independencia, Amalucan, Bosques de San Sebastián, Villa Olimpica, Viveros.
Compañeros del agraviado exhortan a todos aquellos conductores que hayan sido víctimas de este sujeto, a que en caso de que lo reconozcan acudan a denunciarlo, para que de esta manera le sea más difícil salir de la cárcel.
Hallan a sexagenario ejecutado en Nealtican
Por Odilón Larios/Nealtican, Pue.-
Hayan el cuerpo de un hombre ejecutado en el camino a Nealtican, a cien metros de la entrada a la comunidad de Tepanicuan. El cadáver se encontraba amordazado de pies y manos, con una bolsa de plástico en la cabeza.
Hasta el momento se desconoce la identidad de este hombre así como las causas que originaron su deceso. De primera instancia las autoridades estimaron que la edad de este hombre se encuentra entre los 60 años.
El cadáver fue encontrado por el mayordomo de la iglesia en una obra en construcción, la cual se ubica a orilla de la carretera a Nealtican.
Quien hizo el hallazgo se encontró con el cuerpo de un hombre en uno de los cuartos en obra negra, tendido boca abajo, se encontraba con las manos en la espalda, atadas con cinta canela, los pies también estaban sujetados de la misma forma.
En el cuerpo del hombre de complexión robusta, tez morena, no se observaban a simple vista lesiones, que pudieran haberle causado el deceso.
Al momento de ser encontrado el cuerpo vestía pantalón azul marino, cinturón negro, tenis blancos, calcetines oscuros, chaleco azul marino y camisa blanca, el rollo de cinta canela colgaba sobre el costado izquierdo del cuerpo, porque al o los homicidas se les olvidó cortarlo.
Por la disposición del cuerpo las autoridades de forma inicial piensan que el lugar en donde se encontró el cuerpo sólo es el sitio de hallazgo, ya que no encontraron elementos para presuponer que allí mismo fue ejecutado.
Hasta el lugar acudieron elementos de la policía municipal de San Pedro Cholula, así como el agente del Ministerio Público de la misma jurisdicción. Este último auxiliado por su equipo de médicos legistas y forenses, fue el responsable de efectuar las diligencias del levantamiento del cuerpo.
Se espera que el fiscal dé a conocer el resultado de la necropsia de ley correspondiente, para saber cuál fue la causa del deceso de este hombre.
Retuvieron por más de siete horas en Chalchihuapan a Cuatro Trabajadores del Estado
Por Odilón Larios
Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, retuvieron privados de su libertad durante más de siete horas a cuatro trabajadores del gobierno del Estado, dos de ellos de la Secretaría de Gobernación y los otros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fueron liberados poco después de las 17:00 horas, previo compromiso de los representantes del gobierno del Estado de continuar con los trabajos necesarios para la instalación de un puente peatonal a la altura del kilómetro 16 de la carretera federal a Atlixco.
Este lunes por la mañana los trabajadores del Estado, Miguel Ángel Cerón Ojeda, José Obregón Guevara, José Benjamín Aguilar y Francisco Javier Tomatzi, acudieron a la población de San Bernardino Chalchihuapan, para dialogar con las autoridades de esa población, y así comenzar con los estudios del terreno para la colocación del puente peatonal que los pobladores demandaron la semana pasada por medio del cierre de las vialidades que comunican a Atlixco.
Los trabajadores acudieron por la mañana, y cuando los pobladores se dieron cuenta que este día no realizarían la colocación del puente, decidieron retener a los empleados del Gobierno del Estado. “Los tuvieron ahí en la presidencia, pero ya de manera amigable nos aceptaron la devolución de los mismos”, señaló uno de los funcionarios encargados de las negociaciones, de rescate de los trabajadores retenidos.
Al respecto de estos hechos Enrique Flores Melchor, Director Operativo de la SEGOB, señaló que este lunes por la mañana “previo convenio que se firmó la semana pasada se acordó que el día de hoy a las 11 de la mañana vino, personal de la SCT, para ver la validación en relación al proyecto que ellos tenían contemplado y que nos habían presentado”.
Y continuó diciendo: “orita lo que está SCT es que ya recibió el proyecto y en un momento dado el día de mañana (martes) ya se va a hacer todo el trabajo de acuerdo al proyecto que ellos presentaron” acotó.
Las autoridades mencionaron que los pobladores de esa comunidad (quienes se encontraban festejando al santo del pueblo) tenían la idea de que este lunes ya se iban a hacer los trabajos de construcción, y hubo que explicarles que lo que se hace primero es la supervisión del proyecto. En los próximos días acudirá maquinaría para hacer los estudios del impacto de suelo, para que en un momento dado el puente se pueda construir.
“Esto va encaminado a que se concrete la obra para esto la administración actual del gobierno del Estado, lo que va a hacer es dejar todo el expediente técnico completo para que en base a ello se haga la solicitud y en la próxima administración, el gobierno la pueda realizar”, finalizó.
Cabe señalar que aunque se movieron por lo menos 20 patrullas de la policía estatal con granaderos, la intervención de la fuerza pública no fue necesaria, ya que se logró rescatar a los funcionarios por medio de la vía pacífica.
Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, retuvieron privados de su libertad durante más de siete horas a cuatro trabajadores del gobierno del Estado, dos de ellos de la Secretaría de Gobernación y los otros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fueron liberados poco después de las 17:00 horas, previo compromiso de los representantes del gobierno del Estado de continuar con los trabajos necesarios para la instalación de un puente peatonal a la altura del kilómetro 16 de la carretera federal a Atlixco.
Este lunes por la mañana los trabajadores del Estado, Miguel Ángel Cerón Ojeda, José Obregón Guevara, José Benjamín Aguilar y Francisco Javier Tomatzi, acudieron a la población de San Bernardino Chalchihuapan, para dialogar con las autoridades de esa población, y así comenzar con los estudios del terreno para la colocación del puente peatonal que los pobladores demandaron la semana pasada por medio del cierre de las vialidades que comunican a Atlixco.
Los trabajadores acudieron por la mañana, y cuando los pobladores se dieron cuenta que este día no realizarían la colocación del puente, decidieron retener a los empleados del Gobierno del Estado. “Los tuvieron ahí en la presidencia, pero ya de manera amigable nos aceptaron la devolución de los mismos”, señaló uno de los funcionarios encargados de las negociaciones, de rescate de los trabajadores retenidos.
Al respecto de estos hechos Enrique Flores Melchor, Director Operativo de la SEGOB, señaló que este lunes por la mañana “previo convenio que se firmó la semana pasada se acordó que el día de hoy a las 11 de la mañana vino, personal de la SCT, para ver la validación en relación al proyecto que ellos tenían contemplado y que nos habían presentado”.
Y continuó diciendo: “orita lo que está SCT es que ya recibió el proyecto y en un momento dado el día de mañana (martes) ya se va a hacer todo el trabajo de acuerdo al proyecto que ellos presentaron” acotó.
Las autoridades mencionaron que los pobladores de esa comunidad (quienes se encontraban festejando al santo del pueblo) tenían la idea de que este lunes ya se iban a hacer los trabajos de construcción, y hubo que explicarles que lo que se hace primero es la supervisión del proyecto. En los próximos días acudirá maquinaría para hacer los estudios del impacto de suelo, para que en un momento dado el puente se pueda construir.
“Esto va encaminado a que se concrete la obra para esto la administración actual del gobierno del Estado, lo que va a hacer es dejar todo el expediente técnico completo para que en base a ello se haga la solicitud y en la próxima administración, el gobierno la pueda realizar”, finalizó.
Cabe señalar que aunque se movieron por lo menos 20 patrullas de la policía estatal con granaderos, la intervención de la fuerza pública no fue necesaria, ya que se logró rescatar a los funcionarios por medio de la vía pacífica.
Congelan por siete años orden de aprehensión contra líder antorchista
Fue girada en el 2003 contra Juan Manuel Celis, Lenin Campos, Armando Cruz y Armando Flores
Elvia Cruz López/Puebla, Pue.-
Desde hace siete años se liberó una orden de aprehensión contra el líder estatal de Antorcha Campesina (AC), Juan Manuel Celis Aguirre, así como contra Lenin Campos Córdova, –dirigente de la misma organización en San Luis Potosí y sobrino del líder nacional antorchista Aquiles Córdova-, Armando Cruz García y Armando Flores Cruz por el delito de invasión de predios en Lomas de Atoyac; sin embargo, hasta la fecha no ha sido ejecutada.
De acuerdo con el expediente al cual tuvo acceso El Columnista, el entonces Juez Segundo de lo Penal de esta capital, Oscar Alberto Castillo Aja, ordenó la detención de los cuatro antorchistas el 26 de diciembre de 2003 tras determinar bajo el proceso 558/2003 que los implicados son responsables del arrebato de un terreno de 13 mil 950 metros cuadrados en dicha colonia de esta capital.
Sin embargo, ni en el sexenio del ex gobernador Melquiades Morales Flores ni en el que está a punto de concluir, de Mario Marín Torres, se le dio cumplimiento. Según fuentes confidenciales, la organización de extracción priísta habría negociado con ambos para evitar a la ley a cambio de movilizar gente a favor del PRI en tiempos electorales; además de que habría funcionarios de primer nivel involucrados en la invasión de predios.
En el expediente de 54 hojas, cuyas copias se encuentran en poder de este rotativo, se revela que Castillo Aja fue quien elaboró la orden de captura y envió copias a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), misma que fue ratificada por el entonces Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Rodolfo Igor Archundia Sierra -hoy titular de la dependencia-, quien a su vez ordenó a Manuel Méndez Marín, en aquel entonces Director General de la Policía Judicial -hoy Policía Ministerial-, para que ejecutara la orden a sus elementos a través del oficio número 4867 el 13 de enero de 2004.
“Para los efectos del Artículo 24, Fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Institución remito a usted la documentación relacionada con el proceso número 558/2003 que se instruye en contra de Juan Celis Aguirre, Lenin Campos Córdova, Armando Flores Cruz y Armando Cruz García por el delito de despojo y daño en propiedad ajena”.
Según los documentos, los mencionados fueron quienes encabezaron el acto en agravio de Rosa Guzmán Cabrera, Citlali Acevedo Paredes, Luvia Ramírez Soto, Teresa Parera Ochoa, Guadalupe Benítez Paniagua, Javier Juárez Bedolla, Facundo Cuamani Flores, Víctor Hugo Vázquez Espinosa y Dolores Castro Hernández.
Desde hace siete años se liberó una orden de aprehensión contra el líder estatal de Antorcha Campesina (AC), Juan Manuel Celis Aguirre, así como contra Lenin Campos Córdova, –dirigente de la misma organización en San Luis Potosí y sobrino del líder nacional antorchista Aquiles Córdova-, Armando Cruz García y Armando Flores Cruz por el delito de invasión de predios en Lomas de Atoyac; sin embargo, hasta la fecha no ha sido ejecutada.
De acuerdo con el expediente al cual tuvo acceso El Columnista, el entonces Juez Segundo de lo Penal de esta capital, Oscar Alberto Castillo Aja, ordenó la detención de los cuatro antorchistas el 26 de diciembre de 2003 tras determinar bajo el proceso 558/2003 que los implicados son responsables del arrebato de un terreno de 13 mil 950 metros cuadrados en dicha colonia de esta capital.
Sin embargo, ni en el sexenio del ex gobernador Melquiades Morales Flores ni en el que está a punto de concluir, de Mario Marín Torres, se le dio cumplimiento. Según fuentes confidenciales, la organización de extracción priísta habría negociado con ambos para evitar a la ley a cambio de movilizar gente a favor del PRI en tiempos electorales; además de que habría funcionarios de primer nivel involucrados en la invasión de predios.
En el expediente de 54 hojas, cuyas copias se encuentran en poder de este rotativo, se revela que Castillo Aja fue quien elaboró la orden de captura y envió copias a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), misma que fue ratificada por el entonces Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Rodolfo Igor Archundia Sierra -hoy titular de la dependencia-, quien a su vez ordenó a Manuel Méndez Marín, en aquel entonces Director General de la Policía Judicial -hoy Policía Ministerial-, para que ejecutara la orden a sus elementos a través del oficio número 4867 el 13 de enero de 2004.
“Para los efectos del Artículo 24, Fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Institución remito a usted la documentación relacionada con el proceso número 558/2003 que se instruye en contra de Juan Celis Aguirre, Lenin Campos Córdova, Armando Flores Cruz y Armando Cruz García por el delito de despojo y daño en propiedad ajena”.
Según los documentos, los mencionados fueron quienes encabezaron el acto en agravio de Rosa Guzmán Cabrera, Citlali Acevedo Paredes, Luvia Ramírez Soto, Teresa Parera Ochoa, Guadalupe Benítez Paniagua, Javier Juárez Bedolla, Facundo Cuamani Flores, Víctor Hugo Vázquez Espinosa y Dolores Castro Hernández.
Violencia física y moral
La justificación que dio Castillo Aja en el documento para resolver a favor de los denunciantes fue que los antorchistas encabezados por sus líderes usaron violencia física y moral para apoderarse del predio, el cual actualmente está ocupado por casas que fueron edificadas por integrantes de la organización, mismas que fraccionaron en 120 partes.
En ese entonces se acreditó que el cuerpo del delito de despojo es sancionado por los artículos 408 fracción y 409 del Código de Defensa Social del estado.
Asimismo, en el documento se argumenta que la determinación contra los implicados también se basó en las investigaciones ministeriales de la Quinta Mesa de Trámite de la Agencia del Ministerio Público, de fechas 5 y 10 de diciembre de 2003.
“En consecuencia, con inserción de este auto gírese oficio al ciudadano procurador general de justicia del estado, para que ordene a elementos de la Policía Judicial del Estado, se avoquen a la Orden de Captura de referencia y una vez ejercida esta internen a la militancia incriminada en el Centro Penitenciario del estado de esta ciudad, dejándola a disposición de este Juzgado, para ser examinada en preparatoria y dentro del término constitucional se resuelva su situación jurídica”, cita uno de los párrafos.
La justificación que dio Castillo Aja en el documento para resolver a favor de los denunciantes fue que los antorchistas encabezados por sus líderes usaron violencia física y moral para apoderarse del predio, el cual actualmente está ocupado por casas que fueron edificadas por integrantes de la organización, mismas que fraccionaron en 120 partes.
En ese entonces se acreditó que el cuerpo del delito de despojo es sancionado por los artículos 408 fracción y 409 del Código de Defensa Social del estado.
Asimismo, en el documento se argumenta que la determinación contra los implicados también se basó en las investigaciones ministeriales de la Quinta Mesa de Trámite de la Agencia del Ministerio Público, de fechas 5 y 10 de diciembre de 2003.
“En consecuencia, con inserción de este auto gírese oficio al ciudadano procurador general de justicia del estado, para que ordene a elementos de la Policía Judicial del Estado, se avoquen a la Orden de Captura de referencia y una vez ejercida esta internen a la militancia incriminada en el Centro Penitenciario del estado de esta ciudad, dejándola a disposición de este Juzgado, para ser examinada en preparatoria y dentro del término constitucional se resuelva su situación jurídica”, cita uno de los párrafos.
Los hechos
De acuerdo con declaraciones ministeriales de los denunciantes asentadas en la averiguación previa 3530/03 del Ministerio Público Popular Tercer Turno, se enteraron en la mañana del 16 de noviembre de 2003, entre las 8:00 y 9:00 horas, que sus lotes habían sido invadidos por alrededor de 50 antorchistas comandados por sus líderes.
En ese documento, se señala que los lotes forman un predio ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta esquina con calle Lázaro Cárdenas de lo que hoy es la colonia Loma de Atoyac de la ciudad de Puebla, la cual fue segregada del rancho Cuextlacoapan.
Uno de los propietarios mencionó en esa averiguación lo siguiente: “acreditamos con escrituras y contratos de compraventa, cada uno de nosotros, que anexamos, formulamos denuncias por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena, robo, amenazas y los que resulten responsables en nuestro agravio, por personas plenamente identificadas como miembros de Antorcha Campesina”.
Los nueve que declararon en esa averiguación señalaron que los antorchistas tenían sus viviendas en las colonias aledañas y que con frecuencia invadían terrenos que no son de su propiedad.
“Tumbaron la cerca de malla ciclónica que colocamos por cooperación de todos los propietarios para hacer un conjunto habitacional privado, desde el mes de septiembre de 1998 metieron block con intención de construir”, manifestó otro de los afectados.
“Nos dijeron que nos iba a cargar la chingada, echando balazos al aire, y nos intimidaron con sus machetes, palos y nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos pues nos dijeron que ellos estaban bien palancas con el gobierno”, declaró otro de los agraviados.
De acuerdo con declaraciones ministeriales de los denunciantes asentadas en la averiguación previa 3530/03 del Ministerio Público Popular Tercer Turno, se enteraron en la mañana del 16 de noviembre de 2003, entre las 8:00 y 9:00 horas, que sus lotes habían sido invadidos por alrededor de 50 antorchistas comandados por sus líderes.
En ese documento, se señala que los lotes forman un predio ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta esquina con calle Lázaro Cárdenas de lo que hoy es la colonia Loma de Atoyac de la ciudad de Puebla, la cual fue segregada del rancho Cuextlacoapan.
Uno de los propietarios mencionó en esa averiguación lo siguiente: “acreditamos con escrituras y contratos de compraventa, cada uno de nosotros, que anexamos, formulamos denuncias por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena, robo, amenazas y los que resulten responsables en nuestro agravio, por personas plenamente identificadas como miembros de Antorcha Campesina”.
Los nueve que declararon en esa averiguación señalaron que los antorchistas tenían sus viviendas en las colonias aledañas y que con frecuencia invadían terrenos que no son de su propiedad.
“Tumbaron la cerca de malla ciclónica que colocamos por cooperación de todos los propietarios para hacer un conjunto habitacional privado, desde el mes de septiembre de 1998 metieron block con intención de construir”, manifestó otro de los afectados.
“Nos dijeron que nos iba a cargar la chingada, echando balazos al aire, y nos intimidaron con sus machetes, palos y nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos pues nos dijeron que ellos estaban bien palancas con el gobierno”, declaró otro de los agraviados.
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