Crece en México la construcción de cuartos de pánico en casas-habitación

Reforma Móvil

En México, cada vez son más las familias que deciden instalar cuartos de pánico a causa de la violencia.

En los últimos 3 años se han blindado más viviendas y se han instalado más cuartos de pánico, de acuerdo con empresas del sector.

   Y es que de las 740 compañías de seguridad privada que operan en la capital del País, 90 se dedican a la "tecnología y al diseño", categoría que engloba a aquellas que blindan casas y adaptan habitaciones de seguridad, según José Vallejo, director ejecutivo de la Dirección General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF).

    La empresa Distribuciones e Importaciones del Pedregal, por ejemplo, ha visto, de 2008 a la fecha, un incremento del 50 por ciento en su negocio de blindaje e instalación de cuartos de pánico.

   Sus principales clientes radican en el DF, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

   En el caso de VIP Protection México, una firma con 9 años en el mercado, en el 2008 construyó una sola habitación segura, pero en lo que va del año ya ha instalado seis.

   De acuerdo con Víctor Aguirre, director general de la empresa, las personas que solicitan este tipo de instalaciones por lo general son políticos y empresarios.

   "Los cuartos seguros los piden personas que tienen mayor riesgo o ya estuvieron bajo una amenaza o pasaron un secuestro", comentó.

   El costo de un cuarto de pánico varía mucho dependiendo de sus especificaciones.

   Uno con equipamiento básico como cerradura de seguridad, lámpara sorda, reforzamiento de puerta, mirilla y celular cuesta 7 mil pesos, mientras que una con aire acondicionado independiente, teléfono satelital, pared antifuego y caja fuerte cuesta 2.5 millones de pesos.

   La mayoría de las cuartos de seguridad se adaptan a partir de una habitación existente.

   Las empresas que se dedican a este negocio en la Ciudad de México deben estar registradas ante la SSP-DF, explicó René Rivera, director general de Distribuciones e Importaciones del Pedregal.

   Sin embargo, es imposible saber con exactitud cuántos cuartos seguros existen en todo México, ya que no existe una ley que obligue a registrarlos, según Martha Manrique, de la asociación Advancing Security Worldwide Capítulo México.

Policía Estatal y autoridades de Profepa aseguraron madera clandestina en Tetela de Ocampo.

Redacción/ Puebla, Pue.-

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informa que mediante la coordinación con autoridades federales se realizan acciones coordinadas a favor de la legalidad.

Por lo anterior, uniformados de la Policía Estatal Preventiva en apoyo a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lograron asegurar madera presuntamente clandestina resguardada en un aserradero situado en Tetela de Ocampo.

Elementos policiacos y de la Profepa llegaron al aserradero con razón social "San Martín", ubicado en el kilometro 0.7 de la carretera estatal Tetela de Ocampo-Zacapoaxtla, en donde fueron aseguradas 180 piezas de madera de pino de aproximadamente 2.50 metros de largo, cuya procedencia se presume ilegal.

Además se aseguraron diversas herramientas encontradas en el lugar como: dos sierras de 2 y 2.5 pulgadas respectivamente, 3 máquinas de aserrío tableteras, un carro manual de empuje y un desorillador.

Cabe destacar que no se encontró al propietario del lugar, por lo que no hubo detenidos de estas acciones. La madera y los objetos encontrados en el aserradero fueron puestos a disposición de la delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene colaboración permanente con todos los niveles de gobierno, con la finalidad de garantizar operativos certeros en contra de delitos como la tala clandestina.

Detiene la Procuraduria General de Justicia a dos presuntos delincuentes relacionados con robo a casa habitación y comercio.

Redacción/ Puebla, Pue.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa de manera preliminar que la mañana de este miércoles la Policía Ministerial del estado realizó un operativo en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, acción que arrojó como resultado la detención de dos presuntos delincuentes relacionados con robo a casa habitación y comercio.

Al filo de las 07:20 de la mañana agentes ministeriales que llevaban a cabo una investigación en esa zona, detectaron una camioneta tipo Explorer en cuyo interior se encontraban tres masculinos quienes al percatarse de la presencia policíaca efectuaron disparos contra el personal y pusieron en marcha el vehículo.

Tras una persecución, los agentes dieron alcance a la camioneta en las inmediaciones de la colonia La Hacienda donde aseguraron a dos sujetos que serán puestos a disposición del Ministerio Público junto con las dos armas de fuego hechizas que hasta ahora han sido encontradas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la intervención de los ministeriales evitó que dichos individuos consumaran el asalto a una gasolinera que se encuentra ubicada en la zona, e incluso se sabe que días atrás planearon también robar en un domicilio de San Francisco Totimehuacán.

El operativo por parte de la Policía Ministerial continúa en la zona a fin de localizar al presunto asaltante que logró darse a la fuga, en tanto que en las próximas horas el representante social se hará cargo de las indagatorias cuyo avance se informará conforme las diligencias lo permitan.

EN RIESGO 200 FAMILIAS EN HUIXTLA; AUTORIDAD SIN INTERÉS PARA REUBICARLAS

GSE/ PUEBLA, PUE.

Unas 200 familias de la comunidad de Huixtla, se encuentran en riesgo  una vez que regresaron a su comunidad tras  abandonarla  por casi dos meses. La población fue devastada tras el paso de la  tormenta tropical Arlene.

Hasta el momento, la autoridad municipal no ha realizado trabajos  ni muestra intereses por reubicar a los  habitantes. Ello pese al dictamen  del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que lo considera como inhabitable y con incertidumbre sobre su posible reubicación, los  pobladores optaron por regresarse a sus viviendas, ya que no tienen otro lugar para vivir.

Para la mayor parte de las 200 familias que habitan esta pequeña población, no ha habido retorno  a su precaria cotidianidad, ya que a la pérdida de sus pertenencias y los daños a sus viviendas, se suma la falta de información precisa sobre el riesgo que representa la falla geológica que atraviesa el cerro donde están asentados y las medidas que tomarán las autoridades para prevenir una tragedia de mayores dimensiones, mientras las lluvia continúan en la región. 

Al respecto,  Alejandro Vázquez Nájera dirigente del Movimiento Antorchista en la región de Huauchinango precisó que los ciudadanos  "viven  con la angustia de que al siguiente día, ya no encuentren sus viviendas por las constantes precipitaciones pluviales. El cerro en cualquier momento puede derrumbarse y dejar una tragedia mayor que la del pasado 1 de julio". 

Agregó que hasta hace unos días en la  comunidad el presidente municipal de Tlaola, Victoriano Viveros Bobadilla  llego a  comunicarles  a la gente que "efectivamente hay una disposición para reubicarlos, les dijo que quienes acepten irse tienen que destruir su vivienda, es decir firmar un permiso para la demolición".

La información desconcertó a los damnificados porque no les explicó por qué es necesario tumbar las casas, tampoco les dijo cuándo se haría la reubicación, ni a dónde. "La gente dice que si se va, pero para qué la destrucción", agregó Vázquez Nájera.

Los pobladores de Huixtla tienen urgencia de normalizar sus actividades, hay incertidumbre -por ejemplo- en el inicio del ciclo escolar, pues aunque ya se hicieron las inscripciones, las autoridades educativas ordenaron que no haya clases por el riesgo que puede existir en los edificios escolares.

Finalmente, Vázquez Nájera  destacó que los damnificados de Huixtla, sigue siendo un problema que no está resuelto, aun cuando el ex presidente del concejo que gobernaba este municipio, Rubén Torres Bobadilla aseguró que la Sedesol federal, por gestión de la titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Ivonne Gutiérrez, se comprometió a construir 100 viviendas y ya se negociaba la compra de un terreno en la comunidad de La Gallera, sin embargo a la fecha no hay nada.

Queriamos asustar en Casino Royale, se nos paso la mano:Zetas

Reforma Móvil
Los cinco detenidos hasta ahora por el ataque al Casino Royale del pasado jueves, en el que murieron 52 personas, declararon a las autoridades que pretendían amedrentar al negocio, pero que el incendio que causaron se les salió de control.
Luis Carlos Carrazco, alias "El Chihuas", de 25 años; Javier Alonso Martínez, "El Javo", de 37 años, y Jonathan Jahir Reyna Gutiérrez, de 18 años, son tres de los detenidos que la Procuraduría estatal informó ayer haber capturado como responsables del atentado.
Con ellos cayeron Juan Ángel Leal, "El Casillas" o "El Cash", de 20 años, y Julio Tadeo Berrones, "El Julio Rayas", de 28.
Las autoridades dijeron que los inculpados, a quienes presentarán hoy, confesaron su participación en el atentado y que su captura se logró gracias a la toma de huellas dactilares y la revisión de videos que permitieron identificarlos.
Una fuente estatal reveló que, en su confesión, los sospechosos indicaron que el atentado habría sido por un "cobro de piso" para un grupo de Los Zetas, pero argumentaron que no querían asesinar a los clientes.
"Ellos iban a dar un escarmiento al del casino y se les pasó la mano", señaló una fuente del Gobierno del Estado citando a los detenidos. "No querían matar gente, pero no calcularon lo que hicieron, pues fue mucha gasolina la que usaron".
"En los videos se ve que le dicen a la gente que se salga, pero al verlos armados muchos clientes se fueron al fondo del casino y no a la salida", añadió.
El vocero estatal de Seguridad, Jorge Domene, reveló que hay otras cuatro personas que están siendo buscadas, incluyendo el autor intelectual del atentado, quien ya fue identificado.
Por separado, en una entrevista para Radio Fórmula, Domene reveló que los detenidos afirmaron haber sido regañados por sus sus jefes, luego de confirmarse que el ataque provocó la muerte de 52 personas.
La idea original del ataque, agregó, era desalojar el lugar y posteriormente quemar el centro de apuestas.
"Se sale de control (el atentado), es expresado por ellos mismos (los presuntos delincuentes)", indicó. "Inclusive después narran de que fueron regañados por parte de sus 'jefes' por el acto que se comete y la dimensión que esto toma".
En rueda de prensa, el Gobernador Rodrigo Medina detalló que los sospechosos confesaron pertenecer al grupo de los Zetas y también admitieron su participación en los hechos.
En las instalaciones de la Procuraduría, Medina presentó las fotos de los cinco hombres y también mostró un video donde aparecen los vehículos utilizados en la agresión.
Se observa en la grabación cuando llega una camioneta pick up azul a una gasolinería en la Colonia Valle Verde, en Monterrey, a unos 8 kilómetros del casino, ubicado la Avenida San Jerónimo.
Los delincuentes cargaron varios recipientes con combustible, minutos antes de perpetrar el atentado. También aparece una camioneta gris Equinox.
De acuerdo con Medina, todos los detenidos participaron en el ataque ya sea como autores intelectuales, coadyuvantes, vigilantes, autores materiales, y conductores de los vehículos.
Provocan incendio con $416
Provocar el incendio en el Casino Royale y acabar con la vida de 52 personas tuvo un costo de no más de 416 pesos para los sicarios que perpetraron el ataque.
De acuerdo con los videos mostrados por la Procuraduría de Justicia del Estado, los delincuentes llenaron con gasolina 4 contenedores de 10 litros cada uno para después rociarlos en el interior de la casa de apuestas.
La gasolina Magna tiene un costo de 9.40 pesos por litro, lo que supone un gasto de 376 pesos en 40 litros del combustible, mientras que la Premium tiene un precio de 10.42 pesos por litro, que equivale a un total de 416 pesos.
El jueves, un grupo armado irrumpió en el Casino Royale, ubicado en la Avenida San Jerónimo, y tras amagar a clientes y empleados derramó el combustible para después prender fuego en el lugar, donde presuntamente había unos 200 clientes.
El atentado se convirtió en el peor ataque del crimen organizado contra la población civil en México con un saldo de 52 personas muertas, incluyendo una mujer embarazada, además de 10 personas lesionadas, principalmente mujeres.
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