Muy buenos día a todos.
Estimado señor Anthony Wayne, Embajador de los Estados Unidos de América.
Licenciado Felipe Borrego Estrada, Secretario Técnico para la implementación de la Reforma.
Apreciados Invitados Especiales de la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Señor Donald Sharp, Fiscal de los Estados Unidos de América.
Señor Arzobispo Antonio Chedraui, representante del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República.
Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República.
Amigos de los medios de comunicación.
Amable publico que nos honra con su presencia:
El gobierno federal encabezado por el licenciado Felipe calderón Hinojosa, asumió como prioridad de su gobierno la transformación de la Nación mexicana en un país más seguro, más justo y más próspero.
Por ello, desde el inicio de su administración, implementó una Estrategia de Seguridad Integral, cuyos ejes de esfuerzo se orientan a:
+Combatir y someter a los criminales;
+Trabajar en la consolidación de las instituciones de seguridad y justicia para que tengan la confianza de la sociedad; y
+Reconstruir el tejido social.
Los mexicanos somos estrictos en cumplir y hacer cumplir el mandato de la norma, por ello estamos convencidos que nuestra sociedad mexicana avanza en el camino correcto y será más segura en la medida que nos respetemos y hagamos respetar el cumplimiento de la ley.
Una sociedad más justa es aquella en donde hay solidaridad con quienes son víctimas de los delitos y en donde se fortifican los vínculos con quienes más nos necesitan.
La prosperidad de la sociedad sólo es posible en un ambiente donde se disfruta de forma plena los derechos y oportunidades con vasta libertad, tranquilidad, justicia y paz.
La seguridad, la justicia y la prosperidad son aspiraciones primarias del pueblo de México y es un compromiso ineludible del gobierno de la República.
Para ello, se requiere construir instituciones de seguridad y justicia con cimientos sólidos y confiables, que garanticen su eficiencia en su actuar y la eficacia en sus resultados a favor de la ciudadanía.
Es por eso que emprendimos un proceso de transformación institucional, depurando y profesionalizando a la Procuraduría General de la República.
En este proceso de transformación, hemos estrechado la colaboración bilateral en el combate a la criminalidad, con el intercambio de información, la cooperación técnica y compartiendo experiencias y conocimientos.
En las épocas actuales, donde la delincuencia organizada no respeta fronteras y se vale de las garantías que protegen a la sociedad para desarrollar sus actividades criminales al margen de la ley, no se puede entender un combate frontal y decidido a la actividad criminal, sin la voluntad firme de los gobiernos de las naciones en hacer converger sus esfuerzos y acciones, siempre con respeto pleno a la soberanía de cada uno de los estados.
En este marco, la Iniciativa Mérida, ha sido una herramienta y ejemplo claro de cooperación bilateral para combatir a la delincuencia transnacional que afecta a ambas naciones.
Los pilares de colaboración que contempla la Iniciativa Mérida, son los siguientes:
+La desarticulación de la capacidad de las organizaciones delictivas que actúan en ambos países;
+El fortalecimiento de las instituciones públicas responsables del combate a la delincuencia organizada de nuestras naciones;
+El desarrollo de una frontera segura y competitiva para el siglo XXI; y
+El fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades de los dos países.
De aquí nacen 23 proyectos. Uno de ellos, es el que hoy presentamos, el denominado Proyecto Diamante, compuesto por un grupo de acciones de capacitación, que de manera exhaustiva desarrolla la Procuraduría General de la República.
El objetivo, es consolidar un sistema uniforme de criterios que maximicen las capacidades del personal de la policía ministerial, ministerios públicos y peritos, a través de protocolos de actuación homogéneos
Nuestra prioridad es mejorar la calidad del capital humano, porque aquí es precisamente donde se concentran las grandes capacidades y fortalezas de la Institución.
Como el resultado de la trascendente reforma propuesta por el Ejecutivo Federal y aprobada por el constituyente permanente en 2008, este Proyecto de capacitación versa sobre el proceso penal acusatorio y el proyecto de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.
Quisiera hacer algunas reflexiones respecto del cambio del sistema de justicia penal que tendremos que implementar consecuencia de la citada reforma.
En el sistema tradicional mexicano, antes de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, los planteamientos relativos a los hechos, aunque no con el nombre de "Teoría del Caso" ni con la habilidad que requiere la exposición oral, el Ministerio Público los ha elaborado en dos etapas del procedimiento penal:
+Primero, cuando ejercita acción penal ante un tribunal; y
+En el escrito de conclusiones acusatorias una vez que en el proceso penal se desahoguen las pruebas.
Por su parte la defensa puede presentar por escrito ante el juez un alegato en la pre instrucción, en sus conclusiones y ocasionalmente en diverso escrito que presenta en la audiencia final de primera instancia.
Ahora bien, se trata de un sistema procesal penal mixto preponderantemente acusatorio donde impera la oralidad, como el devenido de la reforma constitucional de junio de 2008, en este caso, la teoría del caso como tal adquiere mucha mayor relevancia que la que pudo haber tenido como exposición de los hechos y de los puntos de derecho en los escritos que he referido.
La teoría del caso constituye el eje central del sistema procesal penal preponderantemente acusatorio y oral cuando se tiene frente al expositor a uno o varios jurisperitos, pues entonces la postulación que cada parte presente ante éstos, implícitamente deberá conllevar la finalidad ulterior de que sea asumida no sólo como verdad histórica sino también como verdad jurídica.
Así se debe entender la teoría del caso en el nuevo sistema de justicia penal mexicano.
Gabriel Elías Urquides explica claramente que el sistema acusatorio y oral presenta diversos momentos procesales donde las partes deberán exponer su teoría del caso:
+Primeramente dentro de la etapa preliminar o etapa de investigación, en la audiencia ante el juez de control o juez de garantías;
+Posteriormente, en la etapa intermedia, en la audiencia ante el juez de control;
+Al final, en la etapa de juicio oral, en la audiencia ante el juez o tribunal de juicio oral, en la formulación de alegatos de apertura y en los de clausura.
Como se puede apreciar de lo antes expuesto, cambiará radicalmente la intervención del ministerio público, de la policía federal ministerial y de los peritos en los procesos penales.
De ahí la importancia de capacitarnos anticipadamente a la entrada en vigor del mencionado sistema y, para ello resulta fundamental aprovechar la experiencia de la justicia norteamericana y de otros países que tienen una notable tradición en los juicios orales.
En efecto, el Proyecto no sólo tiene el auspicio del gobierno estadounidense, a través del Departamento de Justicia y su Embajada en México, además ellos amablemente han participado en el diseño y construcción del curso.
Curso que se impartirá de manera simultánea en las 32 Delegaciones de la Procuraduría, conformado por 12 módulos y 320 horas de capacitación para las ramas sustantivas de la PGR, que inicia el día de hoy con este acto de inauguración para concluir en agosto de este mismo año.
Se han seleccionado mediante un proceso de valoración a 128 servidores públicos para que funjan como facilitadores en 75 puntos o sedes de capacitación presencial y, asesorar en 26 puntos remotos, a través de capacitación a distancia.
Todo ello redundará en una serie de resultados muy favorables para la Institución en un tiempo razonable, pues se robustecen los instrumentos y las medidas de apoyo para las competencias de los servidores públicos que cumplen funciones en el ámbito de la procuración de justicia federal, promoviendo su profesionalización.
Lo que facilitará la identificación de las herramientas procesales entre ambos sistemas de justicia, así como su diferenciación específica, de manera que la transición operativa no se vea obstaculizada por falta de información práctica en el desempeño de las funciones y de la identificación de roles en el contexto del nuevo proceso penal acusatorio.
Se tendrá una cobertura de todo el personal sustantivo, con lo que se logrará incrementar la calidad en el desempeño institucional, sentando las bases para transitar al nuevo sistema de justicia penal.
Debemos aprovechar, como lo he mencionado, el gran aporte que el gobierno estadounidense nos está brindando, con el bagaje y la experiencia que ellos tienen respecto del modelo acusatorio y los juicios orales.
Como suele decirse, el factor esencial del aprendizaje es la voluntad de aprender y aquí en México, y en particular, en la Procuraduría General de la República tenemos ese deseo en el capital humano de primera, con aspiraciones genuinas de saber más para ser mejores funcionarios cada día.
Servidores Públicos que hoy inician su capacitación, tienen el privilegio y la gran oportunidad histórica ante la sociedad mexicana de realizar la tarea primaria y permanente del ser humano: aprender a aprender, para después trasmitir lo aprendido a las nuevas generaciones que se incorporen a esta loable institución de procuración de justicia.
Amigos Todos:
La transición en el modelo de justicia en México, requiere de servidores públicos bien preparados, actualizados y sobre todo con bases doctrinarias sólidas para brindar una justicia efectiva para todos.
Este importante esfuerzo de transformación, redundará en el impulso de esta reforma y su aplicación a la realidad nacional que impone nuevos desafíos para la impartición y procuración de justicia en nuestro país.
Tenemos el imperativo categórico de heredar un país con instituciones fuertes y confiables.
Por eso quiero agradecer de manera muy sincera al señor Embajador Wayne por su apoyo y el de su gobierno, para contribuir en este cometido de fortalecer a nuestra institución.
Su apoyo se suma a la labor que estamos haciendo para apuntalar la misión de procurar justicia efectiva para todos los mexicanos, en particular, y desde luego brindar seguridad a los ciudadanos de nuestras naciones.
Este proyecto conjunto de cooperación bilateral, es la muestra de la profunda colaboración y compromiso que ambos gobiernos tienen para combatir al crimen organizado que afecta a nuestros países.
Debemos tener claro que la criminalidad es un fenómeno global que concierne a todas las naciones en su atención, por eso seguiremos colaborando con base en los instrumentos internacionales suscritos por México, preservando el orden constitucional, nuestra soberanía y la independencia nacional.
Tenemos una responsabilidad compartida, trabajamos intercambiando información, asistencia técnica y operativa, lo hacemos con la reciprocidad de dos aliados que buscan lo mejor para sus ciudadanos.
Por su parte, México como un Estado democrático de derecho, luchará contra la amenaza del crimen organizado con herramientas basadas en la Ley, con el respeto a los derechos humanos y con el único objetivo de sembrar la semilla para el florecimiento de una Nación más segura, más justa y próspera para todos los mexicanos.
Muchas Gracias.
