Explota polvorín en Neopopualco, junta auxiliar de Huejotzingo

Huejotzingo/Pedro Alonso

En la comunidad de Santa María Nepopualco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, se registró una explosión de un polvorín en la que solo se ha reportado daños materiales.

A las 0:10 horas la policía municipal registró una llamada de auxilio, tras un fuerte estruendo en la junta auxiliar de Nepopualco.

Por lo que, al acudir personal de seguridad pública, confirmaron la explosión de un polvorín, con domicilio Camino Real a Amecameca, sin número, del cuarto barrio de la comunidad citada.

Cabe señalar que de acuerdo al director de Seguridad Publica de Huejotzingo, Raúl Moreno, solo se reportaron daños materiales en una construcción de dos por dos metros.

Finalmente,  cabe señalar que este lugar no contaba con permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para poder trabajar con pólvora.

En Teolocholco retienen inconformes a trece unidades de la línea Flecha Azul

Por Luis Castillo
Transportistas inconformes con la operación de la línea Flecha Azul detuvieron junto con elementos de vialidad municipal de Teolocholco trece unidades, las cuales fueron concentradas en la presidencia de ese municipio.
   Ante la negativa de la secretaria de Comunicación y Transportes del estado, Gisela Santacruz Santacruz, por impedir la circulación de las unidades de la empresa Flecha Azul, permisionarios de diferentes agrupaciones que laboran en el sur de la entidad optaron por retener esos vehículos.
   Los afectados exigieron la intervención de las autoridades estatales, pues desde junio del año pasado que denunciaron la invasión de rutas y la operación irregular de dicha línea, hasta el momento el gobierno de Mariano González Zarur sólo ha dado evasivas al problema.
   La situación, agregaron, ya no se puede permitir porque la afectación a los concesionarios del sur del estado llega hasta el 80%, situación que impide tener ganancias para seguir operando y ofreciendo el servicio público de pasajeros.
   Los permisionarios afectados son los que circulan por la vía corta de Puebla a Santa Ana Chiautempan, así como los que operan por Zacatelco, San Pablo del Monte y Panotla.
   La decisión de retener a las trece unidades de la línea Flecha Azul se dio tras conocerse que las autoridades no actuarán en contra de dicha empresa por estar amparada, según lo confirmó la propia Gisela Santacruz.
   Se espera que este día a las 9 de la mañana se establezca una mesa de negociación entre las partes involucradas en el conflicto, la cual se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Gobierno

Exigen al Estado mexicano la libertad de los presos políticos en Chiapas

A los medios de comunicación
A los medios de comunicación alternativos
A las organizaciones sociales democráticas
A los organismos defensores de los derechos humanos

En el marco de la liberación de 16 reos en el estado de Chiapas, producto de los trabajos de una supuesta mesa de reconciliación, hoy el gobernador del estado de Chiapas pretende hacer creer al pueblo de México que nuestro estado es ejemplo de democracia y justicia.
   El Señor Juan Sabines aseguró el día martes 28 de diciembre que no existen presos políticos en Chiapas que solo hay delincuentes en las cárceles cuando se ha demostrado clara y específicamente que nuestros compañeros hoy están presos de manera injusta. El caso del compañero Erik Bautista Gómez recibió un llamamiento por la Organización Mundial Contra la Tortura por su detención arbitraria (Caso Mex 080409), así como una carta al procurador de Chiapas de Amnistía Internacional donde ha manifestado todas las irregularidades en su caso, con fecha 14 de julio de 2011 desde la ciudad de Londres Inglaterra. Y sin embargo el gobierno democrático y justiciero del Señor Sabines persiste en mantener prisionero a nuestro compañero en la cárcel de Tapachula, Chiapas, a donde fue llevado de manera forzada después de una huelga de hambre de 54 días en el año 2010. Mientras que el caso Francisco Jiménez Pablo recluido de manera ilegal e inhumana en el estado de Nayarit cuenta con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos No 64/2011 sobre su detención ilegal. Y es clara la consigna del gobernador para que de ninguna manera se permita la salida de nuestro compañero detenido en una reunión convocada para dialogar, en abril de 2010.
   Sin embargo la falta de una verdadera voluntad política mantiene secuestrados a nuestros compañeros y perseguidos a varios más, y muy a pesar de los continuos esfuerzos de nuestra organización no se han logrado acuerdos respetuosos con el gobierno del estado.
   Hemos de manifestar también, el caso de nuestro compañero Alberto Patishtan Gómez con quien el gobernador se tomo la foto y se comprometió a su libertad, y que hoy se encuentra recluido en el estado de Sinaloa lugar al que fue trasladado violentamente mientras mantenía una manifestación en el penal de San Cristóbal de las casas.
   Por otra parte para nosotros está claro que un represor como Pablo Salazar Mendiguchia, debe de ser sometido a la justicia por todos sus actos de represión y persecución contra el movimiento social. Sin embargo entendemos también que hoy su encarcelamiento no responde a esta verdadera necesidad y si lo hace por un evidente revanchismo político del actual gobernador.
   El MOCRI CNPA MN es testigo de los actos represivos del actual gobernador contra las organizaciones y comunidades, si recordamos los casos de los muertos de Miguel Hidalgo en Chincultik; homicidio y atentado en Rómulo Calzada en la zona del Tapón del Grijalva; los operativos en San Sebastián Bachajon en Agua azul o los prisioneros de Ciudades Rurales. Por otra parte, un sector de la prensa fue corrompida mientras los independientes fueron amedrentados y son amenazados constantemente; El gobierno mantiene una nomina de seudolideres operando dentro de las organizaciones sociales campesinas y sindicales, y hasta los partidos políticos manifiestan discrepancias marcadas producto de los desacuerdos provocador por los intereses del gobernador dentro de los mismos. Pero todo esto pretende ser ocultado con campañas constantes y agresivas de propaganda en medios locales y nacionales que realzan acciones de supuesta justicia y democracia mientras ocultan la campaña constante de agresión, tortura, sometimiento persecución y encarcelamiento de diferentes actores sociales y políticos de nuestro estado.
   Ratificamos nuestra exigencia de libertad de los presos políticos de MOCRI CNPA MN, declaramos su existencia en Chiapas y el país, y necesidad de una verdadera justicia y democracia en nuestro estado.

Por la libertad de nuestros presos políticos
Alto a la persecución política

Atentamente
Movimiento Campesino Regional Independiente
Coordinadora Nacional Plan de Ayala
Movimiento Nacional

Se localizan tomas clandestinas en los municipios de Acatzingo y Huejotzingo

Boletin/Puebla, Pue.-

La Secretaría General de Gobierno (SGG) informa que durante la madrugada de hoy esta la Dirección de Protección Civil Estatal recibió reportes de dos tomas clandestinas; la primera, en el municipio de Acatzingo, y la segunda, cerca de la fábrica Santa Julia, ubicada en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo.
  Los reportes se recibieron a través del número de emergencias 066. El primero se registró alrededor de las 12:00 horas para el municipio de Acatzingo, y el segundo, a las 6:00 horas.
   A los dos lugares acudió personal de Protección Civil del Estado, en coordinación con personal de la Policía Estatal y Municipal, así como personal de Seguridad Física de Pemex.
   En la comunidad de Xalmimilulco se aseguró un vehículo Torton que transportaba combustóleo, por lo que en este momento el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes.
   Tras la revisión física de ambas tomas, el personal de Protección Civil estatal determinó que no hay riesgo de derrame o fuga.
   Con estas acciones, la Secretaría General de Gobierno actúa de manera oportuna ante situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad física de los poblanos y su patrimonio.

CNDH emite recomendación sobre detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 25 personas y amenazas a 2 defensoras de DH

Difusión Cencos México D.F., 4 de enero de 2012
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 87/2011 sobre la retención ilegal, incomunicación y tortura de 25 personas en la ciudad de Tijuana y sobre las amenazas y atentados en contra de las defensoras Silvia Vázquez y Blanca Mesina.
   La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. presentaron una queja ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el arraigo, detención arbitraria, retención ilegal y tortura en agravio de 25 personas en Tijuana, así como el hostigamiento, amenazas y daño en propiedad ajena de dos defensoras de derechos humanos. Como resultado, el miércoles 21 de diciembre de 2011 la CNDH emitió la Recomendación 87/2011, la cual está dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Procuradora General de la República (PGR), al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California y al Ayuntamiento de Tijuana.
  La Recomendación de la CNDH recoge en su contenido el patrón de detenciones arbitrarias y tortura que la CMDPDH ha venido denunciando y documentando ante diversas instancias tanto nacionales como internacionales. Cabe destacar que la CNDH recomendó a la SEDENA que las personas detenidas por elementos castrenses sean trasladadas inmediatamente ante autoridades competentes y que dichos elementos se abstengan de interrogar a los detenidos. Asimismo, se recomienda a la PGR que sus funcionarios se abstengan de pedir que el arraigo se ejecute en instalaciones militares.
   En su Recomendación, la CNDH señala que existen elementos para que este organismo presente queja administrativa ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana,  la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, así como formal denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia Militar, con la finalidad de que se inicien los procedimientos sancionatorios respectivos en contra de los servidores públicos que violaron los derechos humanos de las víctimas.
   Sin embargo, consideramos que tanto la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Área Mexicana, por lo que respecta a los procedimientos administrativos sancionatorios, como la Procuraduría General de Justicia Militar, por lo que se refiere al procedimiento penal, son incompetentes, pues el caso motivo de la Recomendación 87/2011 de la CNDH versa sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas en contra de civiles. En estos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son las autoridades civiles las que deben de determinar la responsabilidad de los elementos castrenses.
   Finalmente, la CNDH recomendó a las autoridades que las líneas de investigacion sobre las denuncias presentadas por las defensoras Silvia Vázquez y Blanca Mesina sean claras, así como que sean implementadas a cabalidad las medidas que garanticen la vida e integridad de ambas defensoras. Es importante destacar que Silvia Vázquez a la fecha no ha regresado a su lugar de origen debido a la incapacidad del Estado para garantizar que la defensora pueda realizar en su ciudad las tareas de defensa y promoción de derechos humanos, por lo que esperamos que esta Recomendación sirva para que las autoridades tomen las medidas necesarias para que tanto la defensora como sus familiares sean protegidos.
   La CMDPDH reitera que el combate al crimen organizado, por parte tanto del Gobierno Federal como por parte de los Gobiernos locales, debe hacerse respetando irrestrictamente los derechos humanos de las personas y protegiendo la labor de los y las defensoras de derechos humanos, a partir de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, hace un llamado al Gobierno Federal para que en el presente caso, las violaciones a los derechos humanos de las víctimas sean investigadas, así como los responsables sancionados, en el ámbito de las procuradurías y tribunales civiles, sin la intervención de los órganos de procuración e impartición de justicia militares.