PGJ asegura la casa de ex funcionario marinista por enriquecimiento

Reforma
La casa de Javier García Ramírez, ex Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Puebla en la Administración de Mario Marín, quedó asegurada luego de que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la catearan esta tarde.

Los ministeriales catearon el domicilio ubicado en Violeta 61 del Fraccionamiento Jardines de Zavaleta donde se encontraban la esposa y tres hijos del ex funcionario, uno de ellos menor de edad.

Personal del despacho de abogados que lleva el caso comentó que las autoridades interrogaron a los familiares del ex funcionario para indagar su paradero, a quienes se les limitó su comunicación.

Hasta el momento los abogados desconocen el paradero de los familiares del ex Secretario, por lo que interpusieron un acta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por privación de la libertad y desaparición de personas.

"Acabó el cateo y los abogados entraron a buscar a la familia y ya no está, hasta el momento se desconoce el paradero de ellos", especificó una fuente.

La PGJE informó que en el operativo participaron en total nueve vehículos de la Policía Federal y de la Ministerial del Estado.

A García Ramírez ya se le habían incautado bienes por 5 millones de pesos a mediados de enero de este año, luego de que fuera acusado por la PGJE de enriquecimiento ilícito.

Entre los bienes idecomisados se encontraban 5 automóviles de lujo, 81 bolígrafos finos, 32 juegos de mancuernillas, varios relojes de colección y algunos cinturones de marcas reconocidas.

El ex funcionario marinista se encuentra prófugo de la justicia después de que tras girarse una orden de aprehensión en su contra se le perdió el rastro y presumen que salió del territorio nacional.


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En Ixtacuixtla detienen a ex funcionaria de Secte de Tlaxcala

Una ex funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala (Secte) fue detenida hoy en el Municipio de Ixtacuixtla, acusada del delito de fraude, cohecho y falsificación de documentos oficiales.

Se trata de Fabiola Delgado García, de 37 años de edad, quien se desempeñó como funcionaria de segundo nivel en la Administración Pública del Estado, dentro de la Secte, dependencia que encabeza Gisela Santacruz Santacruz.

Ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cinco personas presentaron una denuncia en contra de Delgado García por el delito de fraude, luego de que les ofreció concesiones para transporte público y después descubrieran que eran falsas.

En tres casos, la inculpada ofreció placas de circulación para taxis que operarían en el sitio del Municipio de Tenancingo, y a cambio recibió pagos de entre 42 mil y 60 mil pesos.

Mientras que a otros dos de los agraviados, oriundos del Municipio de Panotla, les ofreció concesiones para la ruta Acatitla-Tlaxcala, por las que cobró 80 mil pesos en dos exhibiciones, por cada una.

El delito que cometió la ex funcionaria de la Secte fue descubierto cuando los beneficiarios de las concesiones se percataron de que eran falsas, luego de que fueron detenidos por personal de la dependencia en mención por ofrecer el servicio de transporte público con permisos falsos.

Así que los afectados presentaron la denuncia correspondiente ante la PGJE por el delito de fraude. La dependencia realizó las indagatorias correspondientes, a través de las que detectó que la presunta estafadora falsificó documentos y sellos oficiales, así como las firmas de los funcionarios de la Secte.

Fabiola Delgado está relacionada con las averiguaciones previas 192/2012/TLAX-2 por el delito de falsificación de sellos, firmas y documentación en general, 191/2012/TLAX-1 por fraude y 102/2012/MPDS-1 por cohecho.

Derivado de ello, este viernes agentes de la Policía Ministerial aseguraron a la presunta responsable, cuando pretendía huir del Estado.

Fue aprehendida en su domicilio ubicado en la comunidad de San Antonio Tizostoc, del Municipio de Ixtacuixtla, y en ese lugar ofreció a los ministeriales la cantidad de 200 pesos con la promesa de entregarles después cinco mil pesos, a cambio de que la dejaran libre.

De ahí que se consolidó el delito de cohecho, mismo que se sumó a las acusaciones por el fraude y falsificación de documentos.

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La presa de Ixtacuixtla podría ser una “Narcofosa Marina”

Buzos realizan minuciosa investigación en esta presa tlaxcalteca. Presumen varios cadáveres

por ROBERTO ZETINA/Cinco Radio
Todo inició cuando hace dos años una menor de 6 años de nombre Itzel M., quien vivía en la capital de Tlaxcala en la colonia centro, salió a comprar las tortillas, en ese momento fue interceptada por un sujeto no identificado, a partir de entonces el presunto responsable mantuvo comunicación con la familia durante un mes a fin de establecer una negociación, después de 2 meses este tipo es asegurado por elementos de la policía Estatal por el delito de secuestro y homicidio calificado, en su declaración reconoció que abusó de la menor y que posteriormente le quito la vida para colocar el cuerpo en un costal amarrándolo con alambre y piedras  en el interior para después arrojarlo a la “Presa Mariano Matamoros” del municipio de San Felipe Ixtacuixtla.
   Las labores para el rescate del cuerpo iniciaron en el mes de julio de 2011 con la participación de buzos de la Cruz Roja de San Martin Texmelucan y Tlaxcala, así mismo se contó con la presencia de elementos de la policía Estatal y Municipal, sin embargo las maniobras para la recuperación del cuerpo se suspendieron  debido a la falta de equipo necesario para este tipo de búsquedas.
   La familia de la menor giro oficios al gobierno federal a fin solicitar el apoyo del Ejército y la Marina para iniciar la búsqueda del cuerpo, acción que podría iniciar este fin de semana con la participación de 11 buzos de la marina y con una barcaza de nombre “Neptuno” y estarán presentes la policía Estatal y policía Municipal.
   Se presume que podría haber más cuerpos al interior de la presa, ya que a inicio del año 2011 se dio el hallazgo del cuerpo de un comerciante ganadero,  el cual floto a pesar de haber sido arrojado con cadenas, de este modo la presa podría ser utilizada como una fosa clandestina.

Hallan Dos Cuerpos Ejecutados en Azumbilla

Se trata de dos masculinos que permanecen en calidad de desconocidos

por CINTHYA CANTE GONZÁLEZ/Cinco Radio
Hallan dos cuerpos de dos hombres en avanzado estado de putrefacción en el kilómetro 24+700 de la carretera federal a Orizaba, a ala altura de Azumbilla, los cadáveres fueron localizados a 80 kilómetros a orilla de la cinta asfáltica y se presume pudiesen haber sido ejecutados ya que presentaban ambos exposición de masa encefálica.
   Sin embargo, el avanzado estado de putrefacción aproximado de cuatro días no permitió a simple vista identificar si se trataba de impactos de bala o golpes contundentes en la cabeza, lo que si es que ambos cuerpos tenían huellas de tortura.
   El macabro hallazgo lo hicieron pobladores de Azumbilla ayer por la noche; sin embargo, el reporte que se emitió a las autoridades es que se trataba del hallazgo de dos personas del sexo masculino ejecutadas y en avanzado estado de putrefacción.
   Se calculan sus edades entre los 30 y 3 años de edad ambos hombres permanecen en calidad de desconocidos y sus cuerpos fueron remitidos al anfiteatro municipal para que se les practique la necropsia de ley.
   Estos dos sujetos que fueron brutalmente asesinados un vestía short, playera y calcetines negros y el segundo pantalón de mezclilla color azul, playera blanca y encima otra amarilla y calcetines blancos, se presume pudieran ser originarios del estado de Veracruz.

SCJN, el cinismo de la impunidad ante la Masacre de Acteal

Difusión Cencos México D.F., 24 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Frayba

SCJN ordena liberación de seis personas más, señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal

Niega la SCJN, por la vía de los hechos, que la Masacre de Acteal haya ocurrido

Ante las recientes excarcelaciones de seis autores materiales de la Masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) confirma la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proteger a quienes han protagonizado en nuestro país crímenes de lesa humanidad.

De tal manera, los fallos que ha resuelto la SCJN abordan requisitos de forma sin indagar el fondo del caso, perpetuando impunidad para los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado ocurrido el 22 de diciembre de 1997.

Las seis personas que obtuvieron su libertad, el pasado 1° de febrero, bajo el reconocimiento de inocencia recurrieron a amparos que la SCJN otorgó sin cuestionar ni valorar que las personas habían sido señaladas como autores materiales de la masacre, hechos por los cuales estaban sentenciados a 36 años de prisión, según el expediente penal No. 224/1997, por los delitos de Homicidio Calificado, Lesiones Calificadas, Portación de Armas de Fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; de tal forma quienes fueron liberados son: Juan Sántiz Vázquez, Lorenzo Gómez Jiménez, Mariano Pérez Jiménez, Agustín Pérez Gómez, José Ruiz Tzucut y Bartolo Luna Pérez. Con esta acción, de los 87 procesados como autores materiales, hasta el momento, la SCJN ha ordenado la liberación de 50 responsables, quedando únicamente 28 personas encarceladas ya que otras seis habían sido absueltas desde el inicio de los procesos por jueces federales, dos liberadas por razones de humanidad y una fallecida durante el proceso.

Las víctimas y sobrevivientes, de la Masacre de Acteal, han denunciado reiteradamente que las personas beneficiadas por la decisión de la SCJN -cuyos amparos son impulsados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)- han retornado paulatinamente a sus lugares de origen causando tensión, incertidumbre comunitaria y revictimización de las personas afectadas como visible realidad, que contrasta con las acciones publicitadas por parte del gobierno del estado de Chiapas en torno a prevenir actos de posible repetición.

Por otra parte, se confirma que los gobernantes en México han procurado y profundizado la impunidad ante los hechos de la Masacre de Acteal, ya que han impedido señalar a los responsables intelectuales de la masacre, entre los que figuran, el ex Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León que por sus funciones en ese sexenio, como Comandante Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,1 tuvo bajo su responsabilidad organizar, equipar, adiestrar y administrar a las Fuerzas Armadas según lo establece la legislación respectiva. Esto además significa que la SCJN niega y encubre, por la vía de los hechos, que la Masacre de Acteal haya ocurrido como parte de la estrategia amplia de contrainsurgencia2 que, desde 1994, desarrolla acciones en Chiapas.

Ernesto Zedillo, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, presidió la cadena de mando y bajo sus órdenes actuaron las demás autoridades implicadas, por lo tanto insistimos que, siendo la ejecución de una estrategia de guerra, es innegable que tuvo conocimiento y responsabilidad en las diferentes operaciones militares en contra de la población civil.

Durante estos años, las personas sobrevivientes de la Masacre de Acteal, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y este Centro de Derechos Humanos hemos demandado investigación y castigo a los autores materiales e intelectuales, sin embargo, a 14 años y dos meses de ocurrido este crimen de lesa humanidad, es contundente el encubrimiento por parte de los diferentes poderes del Estado mexicano que tergiversan y obstaculizan el esclarecimiento de los hechos para que se conozca la verdad histórica y sean efectivos los principios éticos de justicia en este país.

Finalmente, el Frayba confirma su compromiso de continuar acompañando a los pueblos y organizaciones que construyen en la memoria histórica alternativas de justicia y reparación, que reconstituyen el tejido social de las comunidades que han sido violentadas por las políticas de Estado.

Celebramos el ejemplo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal por el camino que han recorrido para permitir que la verdad, justicia y paz sean posibles y construidas permanentemente desde y para los pueblos contra la complicidad estructural del Estado mexicano en esta estrategia de guerra contra la población civil organizada, hoy generalizada.

1 Art. 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 11, 13 y 17 Ley Orgánica del
Ejército y Fuerzas Aéreas del Ejército Mexicano.
2 Manual de contrainsurgencia Plan de Campaña Chiapas '94 de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO. TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396 www.frayba.org.mx
frayba@frayba.org.mx San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 22 de febrero de 2012