Ejerce PGJ acción penal contra delegado de la Secretaría de Transportes acusado de cohecho.

Redacción/ Puebla, Pue.
Quienes cometan actos de corrupción tendrán consecuencias. La Procuraduría General de Justicia mantiene acciones  legales firmes a través de la Fiscalía de atención a delitos cometidos por servidores públicos.

Gracias a una denuncia ciudadana, en una acción conjunta entre la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de la Contraloría y la policía municipal de Acatlán se ejerció acción penal y procedimiento administrativo en contra de Sebastián Valdivia Toriz, delegado de la Secretaría de Transportes en Acatlán de Osorio quien fue detenido por su probable responsabilidad  en el delito de cohecho.

De acuerdo con la denuncia presentada a través del programa Ciudadano Encubierto, los hechos se suscitaron en el municipio de Piaxtla, cuando Valdivia Toriz detuvo una camioneta tipo Urban particular en la que viajaba una familia que llegó de visita a la mixteca poblana procedente del estado de Oaxaca.

Argumentando que en la unidad viajaban varias personas en calidad de pasajeros sin el permiso correspondiente, el servidor público exigió 28 mil pesos a cambio de no llevar la unidad al corralón por la supuesta falta, aunque posteriormente pidió que le fueran entregados 10 mil pesos para solucionar el asunto.

A raíz de estos hechos los afectados solicitaron la intervención de la policía municipal de Acatlán. En respuesta, los uniformados procedieron a la detención del delegado y el interior del vehículo asignado para sus labores fue encontrada la referida cantidad de dinero, por lo que de inmediato lo pusieron a disposición de la PGJ.

Con base en las diligencias practicadas por el representante social, Sebastián Valdivia Toriz fue ingresado al Centro de Readaptación Social de Acatlán de Osorio donde quedó a disposición del Juez Penal bajo la averiguación previa 819/2011/ACATL/ANTIC/M3.

Por su parte, la Contraloría inició procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades bajo el número 10/2011, cuya sanción podría llegar hasta la inhabilitación de 12 años.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla reitera que se actuará con mano dura ante cualquier acto de corrupción que afecte a la ciudadanía. Además se continuará trabajando en coordinación con autoridades como la Secretaría de Contraloría, fortaleciendo el programa Ciudadano Encubierto que permite ubicar y sancionar a funcionarios que actúan fuera de la ley.