Difusión Cencos México D.F.-
Ni gobierno federal, ni local, ni legisladores, ni precandidatos a la presidencia tienen propuesta alguna para combatir el mayor problema de salud pública que enfrenta el país.
La falta de implementación de políticas preventivas para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, resultado del sometimiento de las autoridades federales y locales a los intereses de la industria alimentaria, han convertido a la diabetes en la causa mayor de hospitalizaciones, ceguera, mutilación de miembros y muerte en el país.
El crecimiento de la diabetes ha rebasado ya la capacidad del sector de salud pública y se advierte, pone en juego las finanzas nacionales y la viabilidad de la población mexicana. Actualmente, más de 150 mil personas requieren diálisis, un servicio que no está cubierto por el Seguro Popular. Calculamos que el 75% de quienes requieren diálisis no pueden cubrir su costo y, o están muriendo o poniendo en crisis financiera a sus familias. Esta situación se agudizará si se toma en cuenta que existen 10 millones de diabéticos actualmente y que para el 2020 se incrementará esta cifra a 20 millones. La propia Secretaría de Salud estima que para el 2017 el costo de las enfermedades asociadas a la obesidad, especialmente la diabetes, ascenderá a 170 mil millones de pesos, el total de su presupuesto actual.
“El gobierno no está enfrentando el mayor problema de salud pública que vive el país y, por lo tanto, está violando por omisión el derecho a la salud de los mexicanos que la Constitución le obliga a proteger. Tampoco ha escuchado los llamados internacionales que exigen que desarrolle políticas públicas efectivas para combatir la epidemia de obesidad. Y nos referimos tanto al gobierno federal como a los locales, como el del Distrito Federal, que no han implementado las políticas preventivas que se les demandan y que ya se han desarrollado en otras naciones y ciudades. Lo que han hecho es sucumbir a los intereses de las grandes corporaciones procesadoras de alimentos”, señaló Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurria, advirtió que las finanzas del país entrarán en quiebra si el gobierno no toma medidas enérgicas para combatir la epidemia de obesidad. Entre otras medidas llamó a establecer impuestos a los alimentos y bebidas no saludables, a la vez que denunció a los cabilderos de las empresas que venían actuando en contra de cualquier regulación. Por su parte, el relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schuter, llamó al gobierno a declarar “emergencia nacional” por la epidemia de obesidad que se vive en el país, recomendó desarrollar fuertes políticas para enfrentar esta situación y denunció, también, a las empresas que estaban interviniendo para oponerse a las regulaciones.
El gobierno se ha encontrado paralizado frente a la intervención de las grandes corporaciones alimentarias como Bimbo, Coca Cola, Pepsico, Nestlé y Kellog´s, entre otras. De los precandidatos de los partidos a la presidencia sólo dos han declarado que están dispuestos a enfrentar los intereses de estas corporaciones: Santiago Creel y Andrés M. López Obrador. Los demás, han dicho que trabajarían junto a las empresas para combatir la obesidad, demostrando así que permitirán el mantenimiento de su influencia sobre las políticas públicas.
Se han identificado como claves para combatir el llamado ambiente obesigénico cinco áreas: los alimentos y bebidas en las escuelas, la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, el etiquetado frontal de los alimentos, el acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos y un a verdadera orientación alimentaria. En todas ellas, o no se ha hecho nada o la intervención de los intereses empresariales se ha impuesto sobre los públicos.
Para mayor información comunicarse al 533854587 o al 044555559919520
Las corporaciones contra las regulaciones:
1. Alimentos y bebidas en escuelas. En este caso, la regulación original fue modificada por las empresas gracias a la intervención de COFEMER y la Secretaría de Economía. Al final quedó una regulación que permitió la permanencia de productos no recomendables para la dieta de los niños. Se permitió el uso de edulcorantes no calóricos que desarrollan, más fuertemente que el azúcar, el gusto y la adicción a lo dulce, la causa principal de la obesidad. La presencia de estos productos inhibe el desarrollo del gusto por los alimentos naturales (frutas, verduras, cereales integrales) y la hidratación a través de agua. Las empresas mantienen sus productos en las escuelas y los malos hábitos alimentarios continúan.
2. Publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. A pesar de los anuncios de Secretaría de Salud de que es necesario regular este tipo de publicidad por ser una de las principales causas de deterioro de los hábitos alimentarios de los niños y de que la Organización Mundial de la Salud ha llamado a los gobiernos a “proteger a los niños de este tipo de publicidad”, el gobierno mexicano cedió ante las presiones de las empresas. Estas elaboraron una autorregulación, el llamado código PABI, que no ha cambiado nada en esencia. La publicidad dirigida a los menores sigue deteriorando sus hábitos alimentarios.
3. Etiquetado frontal. Ante la intención del gobierno de presentar una propuesta de etiquetado voluntario frontal en los alimentos y bebidas que permita tener una mejor información a los consumidores sobre las cualidades de un producto, las empresas procesadoras de alimentos agrupadas en Conméxico, se adelantaron y desarrollaron su propio etiquetado frontal que confunde y engaña aún más a los consumidores, como lo han señalado estudios del Instituto Nacional de Salud Pública. El nuevo etiquetado desinforma y promueve hábitos que son causa de sobrepeso y obesidad.
4. Agua potable accesible en escuelas y espacios públicos. A pesar del reconocimiento en el Acuerdo Nacional por la Salud Pública de la necesidad de volver accesible el agua potable en las escuelas nada se ha hecho al respecto. Como consecuencia, México es el mayor consumidor de refrescos por persona en el mundo, bebida que se asocia al incremento de obesidad y diabetes. Las escuelas y espacios públicos no cuentan con acceso a bebederos de agua potable. En el Distrito Federal, a pesar de que se anunció que se instalarían bebederos en todas las escuelas y que el jefe de gobierno ha declarado que así lo hicieron, ni llegan ni al 7% las escuelas públicas que cuentan con bebederos.
5. Campañas de orientación alimentaria. Diversos estudios internacionales han demostrado que las campañas que promueven el consumo de frutas y verduras no tienen ningún efecto en la población. Que la medida efectiva es su presencia en escuelas, sin competir con la comida chatarra, y desarrollar programas para que estén disponibles en todos los barrios. Las campañas que tiene efecto son las que señalan los riesgos de ciertos alimentos y bebidas, como los son los refrescos. La ALDF y el GDF dejaron en bodega una campaña impresa en ese sentido.
Ni gobierno federal, ni local, ni legisladores, ni precandidatos a la presidencia tienen propuesta alguna para combatir el mayor problema de salud pública que enfrenta el país.
La falta de implementación de políticas preventivas para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, resultado del sometimiento de las autoridades federales y locales a los intereses de la industria alimentaria, han convertido a la diabetes en la causa mayor de hospitalizaciones, ceguera, mutilación de miembros y muerte en el país.
El crecimiento de la diabetes ha rebasado ya la capacidad del sector de salud pública y se advierte, pone en juego las finanzas nacionales y la viabilidad de la población mexicana. Actualmente, más de 150 mil personas requieren diálisis, un servicio que no está cubierto por el Seguro Popular. Calculamos que el 75% de quienes requieren diálisis no pueden cubrir su costo y, o están muriendo o poniendo en crisis financiera a sus familias. Esta situación se agudizará si se toma en cuenta que existen 10 millones de diabéticos actualmente y que para el 2020 se incrementará esta cifra a 20 millones. La propia Secretaría de Salud estima que para el 2017 el costo de las enfermedades asociadas a la obesidad, especialmente la diabetes, ascenderá a 170 mil millones de pesos, el total de su presupuesto actual.
“El gobierno no está enfrentando el mayor problema de salud pública que vive el país y, por lo tanto, está violando por omisión el derecho a la salud de los mexicanos que la Constitución le obliga a proteger. Tampoco ha escuchado los llamados internacionales que exigen que desarrolle políticas públicas efectivas para combatir la epidemia de obesidad. Y nos referimos tanto al gobierno federal como a los locales, como el del Distrito Federal, que no han implementado las políticas preventivas que se les demandan y que ya se han desarrollado en otras naciones y ciudades. Lo que han hecho es sucumbir a los intereses de las grandes corporaciones procesadoras de alimentos”, señaló Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurria, advirtió que las finanzas del país entrarán en quiebra si el gobierno no toma medidas enérgicas para combatir la epidemia de obesidad. Entre otras medidas llamó a establecer impuestos a los alimentos y bebidas no saludables, a la vez que denunció a los cabilderos de las empresas que venían actuando en contra de cualquier regulación. Por su parte, el relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schuter, llamó al gobierno a declarar “emergencia nacional” por la epidemia de obesidad que se vive en el país, recomendó desarrollar fuertes políticas para enfrentar esta situación y denunció, también, a las empresas que estaban interviniendo para oponerse a las regulaciones.
El gobierno se ha encontrado paralizado frente a la intervención de las grandes corporaciones alimentarias como Bimbo, Coca Cola, Pepsico, Nestlé y Kellog´s, entre otras. De los precandidatos de los partidos a la presidencia sólo dos han declarado que están dispuestos a enfrentar los intereses de estas corporaciones: Santiago Creel y Andrés M. López Obrador. Los demás, han dicho que trabajarían junto a las empresas para combatir la obesidad, demostrando así que permitirán el mantenimiento de su influencia sobre las políticas públicas.
Se han identificado como claves para combatir el llamado ambiente obesigénico cinco áreas: los alimentos y bebidas en las escuelas, la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, el etiquetado frontal de los alimentos, el acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos y un a verdadera orientación alimentaria. En todas ellas, o no se ha hecho nada o la intervención de los intereses empresariales se ha impuesto sobre los públicos.
Para mayor información comunicarse al 533854587 o al 044555559919520
Las corporaciones contra las regulaciones:
1. Alimentos y bebidas en escuelas. En este caso, la regulación original fue modificada por las empresas gracias a la intervención de COFEMER y la Secretaría de Economía. Al final quedó una regulación que permitió la permanencia de productos no recomendables para la dieta de los niños. Se permitió el uso de edulcorantes no calóricos que desarrollan, más fuertemente que el azúcar, el gusto y la adicción a lo dulce, la causa principal de la obesidad. La presencia de estos productos inhibe el desarrollo del gusto por los alimentos naturales (frutas, verduras, cereales integrales) y la hidratación a través de agua. Las empresas mantienen sus productos en las escuelas y los malos hábitos alimentarios continúan.
2. Publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. A pesar de los anuncios de Secretaría de Salud de que es necesario regular este tipo de publicidad por ser una de las principales causas de deterioro de los hábitos alimentarios de los niños y de que la Organización Mundial de la Salud ha llamado a los gobiernos a “proteger a los niños de este tipo de publicidad”, el gobierno mexicano cedió ante las presiones de las empresas. Estas elaboraron una autorregulación, el llamado código PABI, que no ha cambiado nada en esencia. La publicidad dirigida a los menores sigue deteriorando sus hábitos alimentarios.
3. Etiquetado frontal. Ante la intención del gobierno de presentar una propuesta de etiquetado voluntario frontal en los alimentos y bebidas que permita tener una mejor información a los consumidores sobre las cualidades de un producto, las empresas procesadoras de alimentos agrupadas en Conméxico, se adelantaron y desarrollaron su propio etiquetado frontal que confunde y engaña aún más a los consumidores, como lo han señalado estudios del Instituto Nacional de Salud Pública. El nuevo etiquetado desinforma y promueve hábitos que son causa de sobrepeso y obesidad.
4. Agua potable accesible en escuelas y espacios públicos. A pesar del reconocimiento en el Acuerdo Nacional por la Salud Pública de la necesidad de volver accesible el agua potable en las escuelas nada se ha hecho al respecto. Como consecuencia, México es el mayor consumidor de refrescos por persona en el mundo, bebida que se asocia al incremento de obesidad y diabetes. Las escuelas y espacios públicos no cuentan con acceso a bebederos de agua potable. En el Distrito Federal, a pesar de que se anunció que se instalarían bebederos en todas las escuelas y que el jefe de gobierno ha declarado que así lo hicieron, ni llegan ni al 7% las escuelas públicas que cuentan con bebederos.
5. Campañas de orientación alimentaria. Diversos estudios internacionales han demostrado que las campañas que promueven el consumo de frutas y verduras no tienen ningún efecto en la población. Que la medida efectiva es su presencia en escuelas, sin competir con la comida chatarra, y desarrollar programas para que estén disponibles en todos los barrios. Las campañas que tiene efecto son las que señalan los riesgos de ciertos alimentos y bebidas, como los son los refrescos. La ALDF y el GDF dejaron en bodega una campaña impresa en ese sentido.
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