Luego de 5 años de guerra contra el narcotráfico y de la obligación del Estado mexicano de crear una ley para resarcir las violaciones a derechos humanos, las víctimas-- un grupo en situación de vulnerabilidad- han colocado en el espacio público la necesidad de que sea reparado su daño y plantear posibles escenarios para la reconstrucción del tejido social.Cómo hacer llegar la justicia y la verdad a las víctimas, cómo reparar el daño y garantizar que este no volverá a suceder, son preguntas que Rodrigo Uprimny Yepes, jurista colombiano, expuso ayer por la tarde en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.Los derechos de las víctimas deberán quedar plasmados en una ley antes del 11 de junio de este año, debido a que lo obliga el segundo transitorio de la reforma constitucional de derechos humanos que tiene casi ocho meses en vigor. En paralelo al tema, corre el proceso electoral y la voz de las víctimas que exigen justicia.La reparación del daño causado a las víctimas "era un tema absolutamente marginal, y ahora pasa a ser un tema central de la filosofía política y del debate jurídico contemporáneo", explica Uprimny, quien también es consultor para la Corte Constitucional Colombiana.Uno de los temas principales del debate, dice, es a que víctimas debe corresponder el derecho a la reparación. Por un lado están las víctimas de delitos y por el otro las víctimas de violaciones a derechos humanos, es decir, aquellas personas que han visto violados sus derechos por el Estado mexicano.En el caso colombiano, la recién aprobada ley de víctimas está enfocada a reparar el daño por violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado colombiano o con la complicidad de este, por lo que busca atender principalmente a las víctimas del paramilitarismo; y esto ha provocado una discusión sobre la necesidad de reparar el daño proveniente de actores privados, como la guerrilla. Esta respuesta del Estado, podría ser ejemplificada, dice Rodrigo Uprimny, como una "reparación a modo de solidaridad"; como si en el caso español el Estado atendiera la reparación del daño a las víctimas de ETA.En México el panorama se complica, porque mientras las violaciones cometidas por funcionarios públicos y cuerpos de seguridad pública y militarizada son responsabilidad del Estado, las que son cometidas por el crimen organizado serían catalogadas como responsabilidad de actores privados, a menos que se comprobara la complicidad del Estado con grupos criminales en un contexto de altos márgenes de impunidad y corrupción.Una salida posible, según el jurista, es la creación de una Ley que contemple la reparación de ambos casos de víctimas. "No me parece para nada un mal esquema, reparar a todas las víctimas de gravedad sin importar si son víctimas de violaciones a los derechos humanos o víctimas del delito".Más allá de este debate, cualquier víctima tiene derecho a: saber la verdad de los hechos, acceder al aparato gubernamental de justicia, a que se repare la violación que sufrió y a que en consecuencia se tomen acciones para que no se vuelvan a generar las condiciones de la violación (garantías de no repetición).La reparación del daño que "es un avance civilizatorio, aunque no por ello deja de ser polémico", intenta buscar su cause hacia la justicia en un panorama político complicado. A decir de Uprimny, la apuesta es porque cada aspecto de la reparación vaya avanzando de forma integral, para que así uno se apoye y se fortalezca gracias a los otros.
Centro Nacional de Comunicación Social
viernes, 3 de febrero de 2012
Reparación a las víctimas, tema central del debate actual
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