A tres años de la desaparición forzada de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, continúa la persecución de defensores de DH

Difusión Cencos México D.F., 23 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan / Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

• A tres años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, continúa la persecución de las y los defensores de derechos humanos indígenas
• Impune el crimen contra dirigentes Na Savi de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco
• Persiste hostigamiento contra integrantes de la OFPM prueba de ello: El encarcelamiento injusto  y falsa acusación contra de Maximino García Catarino

Ayer en una ceremonia familiar y con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos y representantes comunitarios, se conmemoró en Ayutla de los Libres, Guerrero el tercer aniversario luctuoso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores del pueblo Na Savi (mixteco), cuya desaparición y posterior ejecución continúa aun hoy en la impunidad.

Como es de conocimiento público, el 13 de febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron detenidos arbitrariamente por personas que dijeron ser policías, cuando se encontraban en un evento público convocado por el Ayuntamiento del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero en presencia de varios servidores públicos. A su detención prosiguió un lapso de tiempo en el que permanecieron en calidad de desaparecidos, que culminó el 22 de febrero de ese mismo año, cuando los cuerpos de ambos defensores fueron encontrados con huellas de tortura en un predio ubicado en el municipio de Tecoanapa, Guerrero.

Tras confirmarse la ejecución extrajudicial de ambos defensores Na Savi, la exigencia de justicia creció tanto en el ámbito local, como en las esferas nacional e internacional. Los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas exigieron el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, coadyuvando activamente para el avance de las investigaciones, que desde agosto de 2009 comenzó a ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).

A la demanda de justicia se sumaron instancias y diversas organizaciones como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas; la Presidencia de la Unión Europea; Human Rights Watch; Amnistía Internacional; la Oficina en Washington para América Latina; Amnistía Internacional; Centro de Análisis e Investigación, Fundar; el Congreso de la Unión; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, a tres años del crimen que privó de la vida a los defensores Na Savi sólo la impunidad ha prevalecido. Los hechos no han sido esclarecidos, los responsables no han sido llevados ante la justicia y las investigaciones iniciadas por la PGR carecen de resultados eficaces hasta el día de hoy.

La impunidad prevaleciente en los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas sin duda ha repercutido en la imposibilidad de superar el clima de adversidad en el que realizan su labor las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos en Ayutla de los Libres, Guerrero. Cabe recordar, en este sentido, que después de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la adopción de medidas provisionales a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero; pese a ello, el riesgo no aminoró y Tlachinollan debió cerrar su oficina  ubicada en Ayutla por más de dos años.

En el presente, las circunstancias en que realizan su labor las y los defensores indígenas de derechos humanos en Ayutla no han dejado de ser riesgosas y hechos recientes actualizan la preocupación de que éstas se deterioren. Así lo pone de manifiesto la detención arbitraria de Maximino García Catarino, ocurrida apenas el 21 de enero de 2012, quien desde entonces, se encuentra privado de su libertad acusado falsamente por un delito que no cometió.

Maximino García Catarino forma parte de la OFPM, de la cual eran dirigentes Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, un esfuerzo de base que logró articular varias comunidades de la región de Ayutla de los Libres para luchar por la garantía de sus derechos colectivos. En esa medida, su reciente encarcelamiento comprueba la persistencia del mismo entorno en el que fueron desaparecidos y ejecutados Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía. Por ello, numerosas organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional se han sumado a la campaña para demandar su inmediata liberación.

A tres años del crimen cometido en contra de ambos defensores Na Savi, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reitera que la demanda de justicia permanecerá vigente hasta en tanto no se investiguen a fondo los hechos para identificar y sancionar a los responsables, obligación irrenunciable del Estado.           

Para mayor información y entrevistas

Román Hernández
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Ayutla de los Libres, Guerrero, a 22 de febrero de 2012.

Traslados y violencia institucional, no solucionan la crisis del sistema penitenciario de Nuevo León

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Boletín de prensa
CADHAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.  (CADHAC) se encuentra extremadamente preocupada y en estado de máxima alerta por los nuevos hechos violentos en el centro penitenciario en Apodaca, Estado de Nuevo León.

Los hechos de esta noche son una muestra más de la fragilidad del sistema penitenciario en el Estado que no puede garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El sistema se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las recientes explosiones de violencia, pero que si recordamos, son recurrentes en la entidad. Cada año hay más motines, más asesinatos, más quejas y menos intervención preventiva o correctiva del Estado. Así, la actual situación hace imperante, en un marco de derechos humanos los siguientes puntos.

1. Las autoridades ahora no pueden pretender solucionar esta delicadísima situación con fuerza bruta, por ello exigimos se realice una intervención inteligente, transparente y acompañada en todo momento del sistema ombudsman (Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, en uso de sus facultades constitucionales), así como  de organizaciones civiles de derechos humanos que participen como observadoras del proceso. Es fundamental que las medidas de las autoridades no produzcan más violencia. Medidas como traslados irracionales y poco fundamentados de personas privadas de libertad, a otros centros penitenciarios no hacen más que alterar los ánimos de los internos que ya han sido testigos de múltiples brutalidades y muertes y no saben a qué destino los envían. No es necesario un mensaje de fuerza bruta del estado sino un mensaje contundente de su autoridad moral. En estos momentos es imprescindible que se restablezca la legalidad -lo que implica que las autoridades no cometan más abusos- y que se garantice la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, sus familias y seres queridos, así como de todas las funcionarias y funcionarios públicos que laboran en el sistema penitenciario.

2. La crisis debe ser superada de forma pacífica, y posterior a ello, dar paso a un proceso auténtico de investigación en el que se trabaje de forma pronta, imparcial y profesional, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de sistemas penitenciarios y de derechos humanos. La investigación debe garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño para todas las personas involucradas y no limitarse a aspectos penales o administrativos sino dar con las causas profundas de las arbitrariedades y de la pavorosa corrupción que permea todo el sistema penitenciario.

Todas las personas involucradas en faltas y delitos deben ser llevadas a tribunales imparciales y ser juzgadas con el más estricto respeto a todos sus derechos procesales, incluida la presunción de inocencia, el respeto a su integridad, y la no aplicación del arraigo.

3. Finalmente, se deben abordar las graves fallas estructurales que han permitido que la situación llegue a este punto. El Estado debe replantearse sus estrategias para hacer frente a la corrupción y para manejar espacios tan delicados como los centros de privación de la libertad. También deben abordarse las políticas que han multiplicado el número de personas detenidas, muchos por delitos menores, o que aún no tienen una condena. Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación penitenciaria deben inscribirse en un proceso de construcción de paz y de comunidad, y deben alejarse de los estándares de venganza social y de la violencia estereotipada y discriminatoria en contra de la población sujeta de sanciones penales. Toda acción debe estar puntualmente acompañada por la sociedad civil y enmarcarse en un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y de justicia.

CADHAC exige a las autoridades que cumplan con su función de garantizar la seguridad ciudadana a través de un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Resulta inadmisible que las autoridades hayan desoído las múltiples alertas sobre la inminencia de un estallido violento en las cárceles del Estado de Nuevo León. Es tiempo de que nuestros gobernantes cumplan con lo ordenado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; garantizando la integridad física y emocional de todas las personas privadas de su libertad recluidas en los penales estatales del Estado de Nuevo León.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.

Comunicado no. 1202/05

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.

Carta abierta al secretario de Gobernación por la grave situación que enfrentan las y los defensores de DH en México

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Carta Abierta
Amnistía Internacional

El 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía, y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es de su conocimiento, ellos eran, respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me'phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos). Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad y paralelo a ello nos encontramos estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes de esta misma organización.

Amnistía Internacional considera positiva la reciente declaración pública de Ud. en la que reitera el compromiso de su Gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes los defienden. Sin embargo, me dirijo a Usted en esta ocasión para expresarle la profunda preocupación de nuestra organización en relación a la grave situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México y para reiterar nuestro urgente  llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos.

Los abusos que hoy siguen enfrentando las y los defensores de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinatos o intentos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y  actos de criminalización. Ejemplo de ello son los casos a los que me refiero continuación.

Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado de diciembre. La protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades.

Desde el 7 de diciembre de 2011 se desconoce el paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), quienes fueron victimas de desaparición forzada. Sus hijos continúan en la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones.

El líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, misma organización de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, se encuentra detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero desde el 20 de enero de 2012. Permanece allí bajo cargos de homicidio. AI considera que su caso tiene grandes similaridades con el proceso infundado contra otro defensor de la región, Raúl Hernández quien fue encarcelado durante dos años y adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

También están encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, José Ramón Aniceto Gómez,  Pascual Agustín Cruz de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido sentenciados a casi siete años de prisión y actualmente esta decisión esta siendo revisada a través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban ejerciendo los cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de Paz tras haber sido elegidos como tales por su comunidad. Uno de sus principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda la comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y tomas de agua en cada casa.

Amnistía Internacional está también analizando los casos de Maximino García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en cuanto que observamos en ellos una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales que hemos documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensoras y defensores de derechos humanos en México. Ello y los detalles mismos de cada caso permiten pensar que el verdadero motivo por el cual estos tres líderes indígenas se encuentran detenidos es por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades indígenas. Por lo tanto, de confirmar esta situación, Amnistía internacional los reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional.

Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado Mexicano establecida en la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.

Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos humanos. Así mismo es necesario que las autoridades federales y estatales garanticen que se ponga fin al mal uso del sistema de administración de justicia que sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos.

Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Señor Secretario de Gobernación,
México
México D.F.

Le agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Javier Zúñiga Mejía Borja
Asesor Especial en Programas Regionales

Londres, 21 de febrero de 2012

CIDH deplora muertes violentas en cárcel de México

Difusión Cencos México D.F.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la muerte violenta de 44 reclusos del Centro Penal de Apodaca, estado de Nuevo León, México. La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con información oficial, el 20 de febrero de 2012 fueron asesinados 44 internos del Penal de Apodaca con armas punzo cortantes y otros objetos contundentes en una riña; en forma simultánea, otros 30 reclusos se fugaron del mismo penal. La información recibida indica que las personas fallecidas estaban recluidas en el ambulatorio y fueron atacados por internos de otro pabellón.

Asimismo, la CIDH recibió información según la cual el 4 de enero de 2012 hubo una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, estado de Tamaulipas, en la cual más de 30 internos fueron asesinados y otros 13 resultaron heridos con armas blancas. La riña se habría iniciado cuando internos del módulo 11 irrumpieron en el módulo 12 del centro penitenciario.

La CIDH reitera que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los reclusos. En este sentido, los Estados tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente. El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Asimismo, los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

22 de febrero de 2012
Washington, D.C.

Más muertes en las cárceles del estado de Nuevo León

Difusión Cencos México D.F., 21 de febrero de 2012

Boletín de prensa
CADHAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda indignación y preocupación por nuevas muertes sucedidas en el sistema penitenciario del Estado de Nuevo León. El día de hoy fallecieron tres personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en la Ciudad de Monterrey.

Según la información recibida, las tres personas asesinadas acababan de llegar el  día de ayer, 20 de febrero, a la prisión. Estas personas estaban recluidas en espacios "protegidos" para su observación, esperando su ubicación, a pesar de ello, fueron asesinadas a puñaladas con objetos punzo cortantes, además de no haber recibido asistencia de las autoridades penitenciarias. Nos resulta preocupante que la autoridad pueda creer la versión que ha difundido, de que fueron 2 internos del fuero común quienes les asesinaron, sin valorar el entorno de corrupción e impunidad que impera en todos los centros penitenciarios, el cual vuelve mucho más vulnerable a toda la población penitenciaria, que bien puede estar siendo "obligada" a cometer hechos delictivos.

Las muertes en el sistema penitenciario del Estado son una constante afrenta a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El Estado de Nuevo León ha fallado en garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal, y no ha enfrentado esta situación de crisis con las medidas correctivas y preventivas que resultan urgentes.

Es importante recordar que las autoridades estatales tienen una responsabilidad legal de garantizar todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La resolución judicial que limita la libertad ambulatoria de los internos no elimina su dignidad humana ni limita otros derechos, por lo que el Estado debe garantizarlos.

Exigimos una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables, incluyendo a funcionarios que tenían la responsabilidad inmediata de proteger a las personas asesinadas, así como a altos funcionarios que no están cumpliendo con las obligaciones mínimas de seguirdad que marca el Sistema Penitenciario Mexicano y el Sistema Internacional de Protección a personas privadas de su libertad. Asimismo, exigimos la reparación del daño a las familias de las personas fallecidas y que el Gobierno del Estado de Nuevo León asuma sus obligaciones legales e intervenga inmediatamente en esta situación, asegurando siempre el más irrestricto respeto a los derechos humanos.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.

ONU-DH condena la nueva agresión contra Norma Andrade, activista de derechos humanos

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la agresión por la que resultó herida la Sra. Norma Andrade, co-presidenta de la organización de derechos humanos "Nuestras Hijas de Regreso a Casa".

De acuerdo a la información recibida, el día de hoy por la mañana la Sra. Norma Andrade fue agredida en su domicilio por una persona desconocida con un objeto punzocortante. Luego de un breve forcejeo, el agresor huyó del lugar.

Esta agresión se suma al atentado que sufrió la Sra. Norma Andrade el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. A raíz de dicha atentado, la activista de derechos humanos se vio obligada a cambiar su lugar de residencia al centro del país, donde fue visitada por el Representante en México de la ONU-DH, el Sr. Javier Hernández Valencia.

Desde el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en febrero de 2001, la Sra. Norma Andrade inició su labor como defensora de derechos humanos de las mujeres, en particular, exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio en el Estado de Chihuahua. La organización que copreside, "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", y algunas de sus integrantes han recibido múltiples amenazas y actos de hostigamiento.

La ONU–DH insta a las autoridades a desarrollar investigaciones serias, expeditas y  diligentes sobre estos hechos como una medida eficaz para prevenir los riesgos y disuadir las agresiones que padecen las y los defensores de derechos humanos en el país. 

De conformidad con el Acuerdo Presidencial de julio del 2011 y en atención a una de las siete líneas de acción anunciadas por el Presidente de la República el pasado 9 de diciembre en las que se destaca la importante labor de las y los defensores de los derechos humanos y se reconoce la necesidad de protegerles, la ONU-DH hace un llamado respetuoso al Estado mexicano para acelerar la creación, junto con la sociedad civil, de una respuesta institucional que brinde seguridad a todas las personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Felipe Madrigal golpeado y detenido tras desalojo de artesanos indígenas de El Jardin de Analco, Puebla

INFORMAMOS A LA OPINICÓN PÚBLICA los hechos ocurridos hace unos minutos en el zócalo de esta ciudad de Puebla, El Ayuntamiento de Puebla en uno de sus mayores muestras de intolerancia y crueldad ha enviado al Jefe del Departamento de Vía Pública Ruben Mantilla González de la Llave quien escudandose en sus empleados malandros y en la obscuridad de la madrugada ha golpeado a los artezanos indígenas que se encontraban en el zócalo en huelga de hambre, además de detenerlos sin contemplación pues dijo: Eduardo Rivera, Presidente de este municipio esta arto de ellos y que en el zócalo no esta permitido manifestarse. Después de esta golpiza los llevaron detenidos. Nuestro compañero reportero independiente Felipe Madrigal Jiménez tambien ha sido aprehendido, le despojaron de cámaras (de las cuales este medio de comunicación debido a los actos delincuenciales en los que incurre la policía poblana no esperamos que las devuelva) y lo golpearon, se pudo comunicar mediante el celular del agente visitador de Derechos Humanos quien ya se encuentra en Rancho Colorado.
Seguiremos informando. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:30 a.m. en el zócalo de la ciudad de Puebla, Pue. Mex.
Ayer por la tarde informaban los artesanos indígenas quienes defienden su derecho al trabajo en el mercado temporal de Jardín de Analco, que habian sido citados en la Secretaría General de Gobierno (Casa Aguayo) pues les comentaron el Gobernado Rafael Moreno Valle ocuparía el espacio del zócalo para ciertos eventos por venir...

Unos minuto antes del desalojo Felipe Madrigal comentaba,
EN VISPERAS DE CELEBRARSE el aniversario por la promulgacion de la Constitucion General de la Republica de 1917, la que protege los derechos constitucionales de los mexicanos, en este momento el servidor publico del Ayuntamiento de Puebla, de nombre JOSE RUBEN MANTILLA GONZALEZ DE LA LLAVE, intenta desalojar con la fuerza publica [bruta] a los artesanos indigenas que se encuentran en el zocalo de la Cd de Puebla, mismos quienes desde el dieciseis de enero del año en curso estan en HUELGA DE HAMBRE por los espacios que injustificadaemente les quito el Ayuntamiento de Puebla en el mercado de Analco, Puebla, Mexico, violentando su derecho al trabajo.

SE REPORTA A LA COMUNIDAD mundial que aun cuando no han sido escuchados ni atendidos por el presidente municipal de Puebla, el panista, Eduardo Rivera Perez, este mismo dia pretende a punta de golpes desalojarlos del zocalo en donde realizan su manifestacion pacifica, se pide el apoyo y la solidaridad de la comunidad mundial para no permitir que los derechos de los ciudadanos mexicanos sean violentados de esta manera como hoy lo hacen servidores publicos del Ayuntamiento de Puebla, primero quitarles su fuente de trabajo y segundo, reprimiendo con la fuerza publica su derecho a la manifestacion pacifica.

Pero el proximo cinco de febrero en Mexico se celebra la promulgacion de la Constitucion General de la Republica, la de 1917, la que muchos servidores publicos como estos que hoy denuncian estas mujeres no conocen y mucho menos respetan. Solidaridad con las mujeres artesanas indigenas de Analco, Puebla, Mexico...!!!

CEPET-MÉXICO Policías ministeriales de Sinaloa golpearon a periodista

México, D.F.-

Policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa golpearon y quitaron el equipo al reportero Ararak Salomón Cuadros, del periódico Noroeste,  cuando tomaba fotografías por la detención de agentes de la Policía Municipal de Guasave.

   El lunes 30 de enero, alrededor de las 20:30 horas (horario del Pacífico), Salomón Cuadros, después de varios enfrentamientos a balazos en la ciudad de Guasave (noroeste de México), captó gráficas de agentes ministeriales cuando desarmaban y esposaban a policías municipales para aprehenderlos.

   Al advertir la presencia del reportero, de 31 años, los policías ministeriales lo agredieron verbal y físicamente para despojarlo de su cámara fotográfica.

   "Eran unos cuatro o cinco policías ministeriales con el rostro cubierto los que me rodearon. Primero me gritaron y luego me golpearon para quitarme la cámara. Afortunadamente no hubo lesiones que dejaran secuelas, y me devolvieron mi cámara después de que borraron las imágenes", relató al CEPET Salomón Cuadros, quien tiene nueve años de experiencia en el trabajo periodístico.

   No había duda, dijo, de que estaba en el lugar de los hechos realizando su labor profesional, pues se identificó ante los policías, traía su carnet de periodista colgado del cuello y vestía la camiseta que portan los reporteros del periódico.

   Por los hechos, Salomón Cuadros interpuso una denuncia formal el martes 31 de enero ante la agencia segunda del Ministerio Público con sede en Guasave, Sinaloa.

   Funcionarios estatales, entre ellos Gerardo Vargas Landeros, secretario General de Gobierno, y Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, ofrecieron una disculpa al comunicador y la promesa de que aplicarán un correctivo a los policías que lo agredieron.

   El secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, explicó que 35 agentes de la Policía Municipal de Guasave fueron detenidos por la Policía Ministerial para investigarlos por presuntamente  haberse negado a apoyar a efectivos del Ejército que el lunes sostuvieron varios enfrentamientos con pistoleros, en los que murieron tres militares.

   La Comisión Estatal de Derechos Humanos entabló comunicación con el periodista agredido por los policías ministeriales para formalizar una queja ante esta instancia.

   Sobre el caso, Nuria González, visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que si bien es cierto que las autoridades son las responsables de proporcionar justicia, tiene el deber ineludible de hacerlo con estricto respeto a los derechos humanos, particularmente a la libertad de expresión.

   Durante 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió en la zona norte de Sinaloa 201 quejas por fuerza excesiva de las corporaciones de seguridad pública. De ellas 46 corresponden a la Procuraduría General de Justica del Estado, órgano al que pertenece la Policía Ministerial.

   El CEPET lamenta los sucesos y se adhiere al criterio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que establece que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por motivo de su trabajo periodístico, representan un ataque en contra de la sociedad porque vulneran su derecho a estar informada.

   Al mismo tiempo, exhorta a las autoridades a que se realice una investigación a profundidad para que la agresión sufrida por el periodista Ararak Salomón Cuadros no quede impune.

Contacto:  
libex@cepet.org 
Tel. (+52) 55 8421 6060

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La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas.

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Reporta las Agresiones aquí 
Proyecto financiado por
National Endowment for Democracy (EU)

Ejército se opone a sentencia histórica en materia de derechos humanos, actuando en representación de Felipe Calderón

El recurso de revisión deberá ser atraído y resuelto por la SCJN

La presentación del recurso evidencia que el Gobierno Federal sigue defendiendo la extensión del fuero militar sobre casos de violaciones a derechos humanos

Difusión Cencos México D.F..

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en representación del Presidente de la República Felipe Calderón, impugnó mediante la presentación de un recurso de revisión, la histórica sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que en 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde impugnaron la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicha ejecución extrajudicial.

   Los hechos datan del 20 de junio de 2009 cuando Bonfilio Rubio Villegas, fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, quienes minutos antes habían revisado la unidad en la que viajaba el joven naua, junto con otros 40 pasajeros. Luego de la revisión realizada por soldados que integraban un retén ubicado cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, Guerrero, el conductor del autobús reemprendió su marcha y desde el retén, los castrenses abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús de pasajeros provocando la muerte de Bonfilio.

   Tras los hechos, fueron iniciadas averiguaciones previas tanto en el fuero civil como en el fuero castrense. No obstante, a la postre prevaleció la justicia militar por lo que, al ser notificados, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas presentaron una demanda de amparo en la que impugnaron tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles, como la asunción de competencia de las instancias castrenses, señalando que se habían realizado mediante la aplicación de una norma inconstitucional como lo es el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

   La demanda dio inicio al Juicio de Amparo 818/2011, inicialmente radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que con posterioridad conoció el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, bajo el Número 614/2011. Este juicio derivó en la emisión de una sentencia inédita a favor de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, en la que por primera ocasión se protegió a las víctimas civiles de la inconstitucional expansión del fuero militar.

   Dada la trascendencia del fallo, el propio Consejo de la Judicatura Federal difundió en su momento la nota informativa 48/2011 . Por su parte, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas y sus representantes, a través de un Boletín difundido el 12 de diciembre de 2011, calificaron el fallo como "un hito sin precedentes" e instaron a la SEDENA a acatarlo, señalando expresamente que "es de esperarse que el compromiso asumido públicamente por el Presidente Calderón en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, con relación a que giró sus instrucciones para que casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por las instancias civiles, se traduzca en que el fallo no sea recurrido por las autoridades de la SEDENA" pues "de lo contrario, sería exhibida la insuficiencia de ese compromiso ante la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas".

   Pese a ello, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas han sido notificados recientemente de que la SEDENA ha interpuesto el recurso de revisión en contra de la inédita sentencia, actuando en representación legal del propio Presidente de la República.

   En el mencionado recurso, a nombre de Felipe Calderón, la SEDENA da claras muestras de no variar su defensa a ultranza del fuero militar y, además de incumplir con las obligaciones jurídicas emanadas del orden constitucional vigente, muestra que el Ejército no se sujeta ni se sujetará al control civil en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar, en abierta contravención a lo afirmado por el Presidente de la República el 9 de diciembre de 2011, cuando en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos afirmó: "Hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles".

   En efecto, la impugnación de la sentencia, favorable a los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, muestra que no sólo no sean explorado los mecanismos sino que incluso en aquellos casos donde existe una orden judicial sobre la remisión de un expediente del fuero civil, el cumplimiento de tales sentencias es eludido por la SEDENA, con la aprobación de la Presidencia de la República.

   Más aun, el recurso de revisión presentado por la SEDENA en representación de Felipe Calderón es elocuente sobre la posición del Instituto Castrense frente a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

   Así, por ejemplo la SEDENA sostiene que "a la fecha, no existe ninguna norma jurídica que establezca […] que cuando un militar cometa un delito en perjuicio de un civil la competencia para conocer del asunto radique en una autoridad judicial del orden común, sino por el contrario, el artículo 57 del Código de Justicia Militar, mismo que a la fecha no ha sido declarado inconstitucional, indica que la competencia en tal caso, radica en los tribunales militares, sin que ello sea antagónico con el artículo 13 Constitucional sino por el contrario, es armónico con la disposición de la Ley Suprema".

   En igual sentido, respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), el Ejército mexicano señala: "es también totalmente falso que la sentencia que se dictó por la CorIDH en el Caso Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano, sea jurisprudencia de dicha Corte, toda vez que se trata única y exclusivamente de una sentencia dictada en un caso específico enfocado a resarcir a los ofendidos en dicho juicio, se reitera, sin constituir jurisprudencia[…] Aunado a lo anterior, la sentencia dictada en dicho juicio, no impone reglas de competencia al Estado mexicano para juzgar a militares puesto que ello es únicamente facultad de éste y no de un Tribunal Externo".

   Asimismo, la SEDENA considera ilegal lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Máximo Tribunal del país, respecto del valor que le reconoce a la determinación de la SCJN en el asunto Varios 912/2010 relativo al Caso Radilla y es que en el recurso, la SEDENA afirma: "El mismo es ilegal, porque no derivó de un expediente en revisión que hubiere llegado al más Alto Tribunal del país o por un conflicto competencial, por lo que el mismo, carece de validez, máxime que ninguna norma jurídica faculta al Pleno de la SCJN, para que en un expediente de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, haga pronunciamientos de este tipo, a más de que tampoco constituye jurisprudencia ni es tesis de jurisprudencia por lo que su observancia, no es obligatoria".

   Adicionalmente, en su recurso la SEDENA sostiene que la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas no constituye una violación a derechos humanos refiriendo que: "no se trató de una violación a los derechos humanos, toda vez que en ningún momento el Estado ordenó directamente al tercero perjudicado Valentín Alejo Hilario, que privara de la vida al indígena naua. Es decir, como a juicio del Ejército no hubo una orden expresa de que se violaran los derechos de la víctima, no puede considerarse que en su perjuicio se hayan cometido violaciones a derechos humanos.

   Ante ello, para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero (MOCIPOL), con la presentación de este recurso queda en evidencia que la SEDENA no está dispuesta a tolerar la limitación del fuero militar ni en razón de las sentencias de la Corte Interamericana; ni en virtud de la resolución de la SCJN en el Caso Radilla; ni mucho menos a partir de las instrucciones que el Presidente de la República emitió el 9 de diciembre de 2011. Por lo que tal situación demuestra la urgente necesidad de que se reforme el Código de Justicia Militar conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana en los Casos Rosendo Radilla Pacheco; Inés Fernández Ortega; Valentina Rosendo Cantú; y Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabera García ("Campesinos Ecologistas").

   Finalmente, cabe mencionar que en la actualidad, el recurso de revisión se encuentra radicado en el Segundo Tribunal Colegiado especializado en las materias Penal y Administrativa, del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Acapulco, Guerrero, bajo el Número 39/2012, donde en breve dicho órgano judicial deberá pronunciarse sobre su admisibilidad y, en su caso, sobre la remisión del expediente a la SCJN. En este sentido, el caso de Bonfilio Rubio Villegas pondrá a prueba la aplicación, por parte del Poder Judicial, de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Consulta la Ficha Informativa del Caso de Bonfilio Rubio Villegas aquí.

Tlapa, Guerrero, México a 29 de enero de 2012.

Para mayor información y gestión de entrevistas:
Román Hernández
Área de Comunicación Tlachinollan

Tel:  01 (757) 476 37 04- 476 12 20
Fax: 01 (757) 476 1200
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Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Nuevas amenazas a Rubén Figueroa miembro del M3 y de la Casa del Migrante“La 72” en Tenosique

Difusión Cencos México D.F.-

El 29 de enero por la tarde cuando regresaba de una visita al Campamento de desplazados guatemaltecos de Nueva Esperanza, Rubén Figueroa, Defensor de Derechos Humanos, quien desde hace meses acompaña los trabajos de La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes, informó que había sido amenazado por una persona. Los hechos narrados por Rubén fueron así:

"El sábado le pedí a una persona que se retirara de La 72, pues según las normas que tenemos no podía continuar. Al siguiente día esa persona, montado en una bicicleta se acercó la casa y le dijo a Rubén: "Tu sabes como corre el agua, no debiste sacarme de ahí, más adelante en cualquier momento te va a pasar algo". Le dije que se retirara y que nuestra labor estaba expuesta a sus amenazas también".

Esta es una nueva muestra de lo expuestos que estamos las personas que nos dedicamos a hacerle el camino un poco más ligero a las personas migrantes en Tabasco y en todo el país. Avalamos la calidad del trabajo de Rubén Figueroa, las convicciones de su vida y la pasión que pone en la defensa de las y los migrantes.

A las organizaciones hermanas les solicitamos que circulen y/o emitan sus propios comunicados exigiendo a la autoridad respuesta inmediata y protección para el personal de la 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes.

A las autoridades correspondientes les exigimos el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CNDH para La 72, que hasta el momento

Inexplicablemente están, de facto, suspendidas.

A los medios de comunicación agradecemos la difusión de estás lamentables noticias.

Fray Tomas González, la, 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes, Movimiento Migrante Mesoamericano, Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Red Migrante.

Contacto: Marta Sánchez Soler

M3nonosvamos@aol.com
044 555 435 2637

Marta Sánchez Soler
Movimiento Migrante Mesoamericano

Cuando todo el sistema se preocupa tanto de los derechos humanos parece evidente que en ese caso, derecho no significa facultad o atributo o libre albedrío, sino diestro o anti-zurdo o flanco opuesto al corazón, lado derecho en fin. En consecuencia ¿no sería hora de que iniciáramos una amplia campaña internacional por los izquierdos humanos?

Benedetti

México, DF., lunes 30 de enero, 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

AU: Riesgo de que grupo paramilitar atente contra comunidad de Macho de Agua en Zitácuaro, Michoacán

Difusión Cencos México D.F.-

La Red de Defensa de los Derechos Humanos con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónico contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com y numero celular 044 22 21 27 68 39, solicita su intervención urgente ante las amenazas de muerte y el riesgo de que grupo armado atente contra comunidad de Macho de Agua perteneciente a la comunidad de Cresencio Morales del Municipio de Zitacuaro, Michoacan.

De acuerdo con información del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo los comuneros y habitantes en general de la localidad Macho de Agua, perteneciente a la Comunidad de Crescencio Morales del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, durante los últimos diez años han sido objeto de amenazas, agresiones físicas, destrucción de sus viviendas, hasta llegar a los asesinatos, hechos realizados por grupos de corte paramilitar que saquean la madera de los bosques, se adueñan de los yacimientos de agua y despojan de sus tierras a los comuneros.

Estas agresiones son encabezadas y dirigidas por José Gabriel Colín Camacho, que funge como Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Crescencio Morales, los demás integrantes de este grupo son: Blas Medina Dolores, Pelasio Esquivel Marín, Adrián Esquivel Álvarez, Javier Esquivel Álvarez, Joel Esquivel Marín, Eliseo Medina Dolores, Gerardo Medina Dolores, Juan de Dios Medina Estrada, Filomeno Medina Estrada, Octavio Medina Esquivel, Florentino Medina Vega, Oscar Esquivel Álvarez, Orlando Esquivel Álvarez, Benjamín Esquivel Marín, Gabriel Colín Camacho, Juan Mesa Mondragón, Miguel Mesa Mondragón, Leodegario Meza Tomás, Enrique Meza Mondragón, Abelardo Meza Mondragón, Rubén Meza Mondragón, José Meza Mercado, Humberto Meza Mercado, Heraclio Meza Mercado, Arturo Meza García, Rodolfo Álvarez Estrada, Ramiro Álvarez Mercado, Rubén meza Álvarez, y Rodolfo Meza Álvarez. Cabe destcar que es de dominio público que los agresores radican en la localidad de Macho Prieto.

A continuación los siguientes hechos más recientes:

El 30 de octubre de 2011 golpearon a 20 personas: mujeres, jóvenes y ancianos, dos meses antes aproximadamente asesinaron a dos jóvenes.

El 20 de enero del presente año, golpean a seis comuneros, dejándolos gravemente heridos y en peligro de muerte, a dos comuneros les dispararon con armas de fuego intentando asesinarlos, al no lograr su propósito quedaron los dos comuneros amenazados de muerte.

Han destruido 6 casas utilizando armas de fuego, objetos diversos y piedras.

Las agresiones antes mencionadas han sido denunciadas ante las autoridades correpondientes, tanto a nivel municipal, estatal y federal, sin embargo hasta el momento no habido acción alguna para que cesen estos hechos ilicitos encontra de los comuneros de Macho de Agua. Por el contrario, los comuneros refieren que las autoridades les piden dinero para "agilizar el tramite" contra los agresores e inmediatamente después les informan que no no preceden sus denuncias.

Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) solicita:

1. Urgir al Gobierno del Estado y autoridades correspondientes a tomar medidas cautelares para la protección de los de Macho de Agua perteneciente a la comunidad de Cresencio Morales del Municipio de Zitacuaro, Michoacan, así como también de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

2. El cese de hostigamientos, amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de los de Macho de Agua perteneciente a la comunidad de Cresencio Morales del Municipio de Zitacuaro, Michoacan, así como también de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

3. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, así como informar de manera oficial de los avances del proceso.

A los organismos de derechos humanos Nacional, Estatal, así como también a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, expresen su preocupación ante la gravedad de estos hechos.

Favor de enviar sus comunicaciones a:

felipe.calderon@presidencia.gob.mx, secretario@segob.gob.mx, contacto.cac@michoacan.gob.mx, mleven@michoacan.gob.mx, contacto.despacho@michoacan.gob.mx, afrias@michoacan.gob.mx, fcalderon@michoacan.gob.mx, contacto.pgje@michoacan.gob.mx, pgje@michoacan.gob.mx, dhumanos@michoacan.gob.mx, presidencia@cedhmichoacan.org.mx, correo@fmdh.cndh.org.mx, oacnudh@ohchr.org, tb-petitions@ohchr.org, urgent-action@ohchr.org, InfoDesk@ohchr.org , civilsocietyunit@ohchr.org, mission.mexico@ties.itu, omct@omct.org, appeals@fidh-omct.org, ahurt@amnesty.org, contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com, contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com

Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República

Lic. José Francisco Blacke Mora
Secretario de Gobernación

Mtro. Leonel Godoy Rangel
Gobernador del Estado de Michoacán

Mtro. Fidel Calderón Torreblanca
Secretario de Gobierno

Lic. J. Jesús Montejano Ramírez
PGJ de Michoacan

Lic. Víctor Manuel Serrato Lozano
Presidente de la CDH Morelia

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la CNDH

Navanethem Pillay
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU

Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo de la CIDH

Javier Esteban Hernández Valencia
Representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Souhayr Belhassen
Presidente de la FIDH

Atentamente

Israel Sampedro Morales

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
R E D D H
Web:  www.reddh.org
correo: contacto@reddh.org
Facebook: reddh dh
Skype: reddh.mex

Puebla, México a 27 de enero de 2012

Expediente: 6/OCIP-RFM-Mich.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Exigimos la inmediata presentación con vida de David Venegas Reyes

Difusión Cencos México D.F.-

Aproximadamente a las 15:50 horas de este domingo 29 de enero de 2012, nuestro compañero David Venegas Reyes fue arbitrariamente detenido por órdenes directas de Jesús Martínez Álvarez, Secretario General de Gobierno de Oaxaca; esto sucedió durante el acompañamiento que realizaba junto a otros y otras compañeras, de la caravana de retorno al Municipio Autónomo de San Juan Copala, encabezada por las mujeres desplazadas desde hace más de un año.

Las primeras informaciones de esta tarde señalan que fue detenido aproximadamente a 20 minutos de San Juan Copala, para luego ser llevado fuera de la zona donde permanece la Caravana de Desplazados, no sabiéndose el destino a donde fue llevado, por lo que hemos iniciado su búsqueda.

A las 17:50 minutos nos presentamos en la Procuraduría de Justicia del Estado, específicamente en la oficina denominada Sub Procuraduría de Averiguaciones Previas del Gobierno del estado de Oaxaca, lugar donde se nos negó la existencia de alguna información que aclare el paradero de nuestro compañero, a la vez se acudió en la Ciudad de Huajuapan de León, población cercana a la región triqui; posteriormente se acudió a la sede de la Procuraduría de Justicia del Estado ubicada en la colonia Experimental a las 19:30 horas y al Cuartel General de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca para saber del paradero de David Venegas Reyes lugares donde tampoco existió ninguna información.

Agregándose a estos hechos que se ha insistido ante diversas instancias de Derechos Humanos del Gobierno del estado para que realicen las gestiones correspondientes para su localización, petición que nos ha sido negada, por lo cual denunciamos la desaparición forzada de nuestro compañero David Venegas Reyes.

En este contexto alertamos acerca de la tensa situación que existe en la región en estos momentos, ya que aún es incierta la entrada de los y las compañeras de San Juan Copala a su población.

Este hecho se suma a la desbordada campaña por legitimar la impunidad en Oaxaca que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo ha montado desde los últimos días, para justificar las agresiones al Municipio Autónomo de San Juan Copala, esto demuestra que la paz no llegará a la región Triqui ni a Oaxaca, mientras sea el propio gobierno el que confronte y reprima a los pueblos es que solo luchan por su autodeterminación, impidiendo el regreso a sus hogares por la vía de la fuerza, difundiendo una paz inexistente cuando en los hechos es el propio gobierno del estado quien rompe las vías de diálogo y solución a la violencia cometida contra los habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Responsabilizamos de esta detención y de la desaparición de David Venegas Reyes directamente a Gabino Cué Monteagudo y a Jesús Martínez Álvarez.

Exigimos la inmediata presentación con vida de David Venegas Reyes

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero de 2012 20:00 horas.

Retienen al presidente estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Reforma/Tlaxcala, Tlax.-
Integrantes de organizaciones de la sociedad civil retuvieron hoy al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, para exigirle la reinstalación de un abogado en la visitaduría del Municipio de Tlaxco.
Encabezados por Iluzka Mejorada Palacios, presidenta de la organización Madres Solteras Tlaxcaltecas A.C., un grupo de al menos 15 personas arribó a la oficina para hablar con Mixcoatl Antonio.
El Ombudsman de Tlaxcala los recibió en su oficina, donde con gritos y manotazos le exigieron que reinstale en la visitaduría de Tlaxco, al abogado Joel Bernardino Ramírez Arroyo.
La explicación que recibieron, fue que no es posible su demanda, en virtud de que el litigante renunció a su cargo y ya está en proceso de liquidación.
Como la respuesta no fue favorable para los quejosos, éstos impidieron que Mixcoatl Antonio saliera de su oficina y ahí lo retuvieron.
"Aquí te quedas, aquí te quedas hasta que resuelvas esto", le gritaba uno de los quejosos entre manoteos y a punto de llegar a los golpes.
Incluso, Mejorada Palacios sacó un escrito y exigió al Ombudsman que lo firmara en calidad de renuncia a la Presidencia del organismo defensor de los derechos humanos, ya que a su decir incumple con el perfil para ocupar el cargo.
Tras más de cuatro horas de discusión y de la negativa del Ombudsman por reinstalar a Ramírez Arroyo, fue necesario el auxilio de la fuerza pública.
A la CEDH llegaron por lo menos 30 elementos de la Policía Estatal, quienes apoyaron a Mixcoatl Antonio para salir de la sede de la institución.
Los quejosos no quedaron conformes y advirtieron con regresar y continuar sus protestas hasta lograr la reinstalación del abogado al que defienden.
Y es que aseguraron que en la visitaduría de Tlaxco, Municipio del norte de Tlaxcala, se registran varias irregularidades como la parálisis de los casos de quienes han presentado quejas por violaciones a sus derechos humanos.
Manifestaron que el personal ahora responsable de esa visitaduría, nunca se encuentra en su lugar de trabajo, así sea horario laboral.
De ahí que exigieron que regrese el antiguo personal, de quien aseguraron, si recibían la atención correcta, en tiempo y forma.

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Normalista de Ayotzinapa formaliza denuncia por tortura

Difusión Cencos México D.F.

Gerardo Torres Pérez, estudiante de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", formalizó el día de hoy 19 de enero de2011, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en la capital del Estado, su denuncia por la tortura perpetrada en su contra después de los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero. Se trata de la séptima denuncia presentada por los estudiantes de Ayotzinapa en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, a raíz de los hechos ocurridos.

El 12 de diciembre de 2011, Gerardo fue torturado física y psicológicamente por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, quienes con ello intentaron imputarle la portación de un arma de grueso calibre, llegando al extremo de hacerle disparar dicha arma para responsabilizarlo por la balacera que desembocó en la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Cabe señalar que, en su Informe Preliminar sobre la investigación de los hechos, la CNDH concluyó que efectivamente Gerardo fue víctima de tortura, con base en el dictamen médico - psicológico aplicable en dichos casos conocido como "Protocolo de Estambul". Por ende, establecida la existencia de la tortura por el Ombudsman Nacional, con la denuncia se pretende que existan sanciones penales para los responsables.  

Teniendo en cuenta que la denuncia involucra al personal de la Procuraduría que tendrá a su cargo la investigación y considerando la gravedad de la acusación, Amnistía Internacional emitió al mismo tiempo una acción urgente que será distribuida por todo el mundo para que las y los miembros de esa organización internacional demanden al Secretario de Gobernación Alejandro Poire, al Gobernador del Estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y a la Procuradora General de la República Marisela Morales, justicia por las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre, y garantías de seguridad para las víctimas denunciantes, especialmente en lo tocante a Gerardo.

Esta acción se suma al envío de información sobre los hechos ocurridos al Relator sobre la Tortura de la Organización de la Tortura, así como al Comité contra la Tortura, ambos de la Organización de las Naciones Unidas, lo que garantiza el seguimiento internacional a la búsqueda de justicia.

La investigación de los hechos denunciados por Gerardo y la sanción de los responsables conforme a derecho no sólo significará el acceso a la justicia para el joven estudiante, sino que también podrá sentar un importante precedente para la erradicación de la recurrente práctica, arraigada no sólo en Guerrero sino en la mayor parte de las procuradurías del país, de recurrir a la tortura para confeccionar imputaciones falsas.  

Chilpancingo, Guerrero, 19 de enero de 2012.

Consulta la acción urgente emitida por Amnistía Internacional.

Para mayor información y gestión de entrevistas:
Román Hernández
Área de Comunicación Tlachinollan
Tel:  01 (757) 476 37 04- 476 12 20
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