A tres años de la desaparición forzada de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, continúa la persecución de defensores de DH

Difusión Cencos México D.F., 23 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan / Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

• A tres años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, continúa la persecución de las y los defensores de derechos humanos indígenas
• Impune el crimen contra dirigentes Na Savi de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco
• Persiste hostigamiento contra integrantes de la OFPM prueba de ello: El encarcelamiento injusto  y falsa acusación contra de Maximino García Catarino

Ayer en una ceremonia familiar y con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos y representantes comunitarios, se conmemoró en Ayutla de los Libres, Guerrero el tercer aniversario luctuoso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores del pueblo Na Savi (mixteco), cuya desaparición y posterior ejecución continúa aun hoy en la impunidad.

Como es de conocimiento público, el 13 de febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron detenidos arbitrariamente por personas que dijeron ser policías, cuando se encontraban en un evento público convocado por el Ayuntamiento del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero en presencia de varios servidores públicos. A su detención prosiguió un lapso de tiempo en el que permanecieron en calidad de desaparecidos, que culminó el 22 de febrero de ese mismo año, cuando los cuerpos de ambos defensores fueron encontrados con huellas de tortura en un predio ubicado en el municipio de Tecoanapa, Guerrero.

Tras confirmarse la ejecución extrajudicial de ambos defensores Na Savi, la exigencia de justicia creció tanto en el ámbito local, como en las esferas nacional e internacional. Los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas exigieron el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, coadyuvando activamente para el avance de las investigaciones, que desde agosto de 2009 comenzó a ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).

A la demanda de justicia se sumaron instancias y diversas organizaciones como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas; la Presidencia de la Unión Europea; Human Rights Watch; Amnistía Internacional; la Oficina en Washington para América Latina; Amnistía Internacional; Centro de Análisis e Investigación, Fundar; el Congreso de la Unión; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, a tres años del crimen que privó de la vida a los defensores Na Savi sólo la impunidad ha prevalecido. Los hechos no han sido esclarecidos, los responsables no han sido llevados ante la justicia y las investigaciones iniciadas por la PGR carecen de resultados eficaces hasta el día de hoy.

La impunidad prevaleciente en los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas sin duda ha repercutido en la imposibilidad de superar el clima de adversidad en el que realizan su labor las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos en Ayutla de los Libres, Guerrero. Cabe recordar, en este sentido, que después de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la adopción de medidas provisionales a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero; pese a ello, el riesgo no aminoró y Tlachinollan debió cerrar su oficina  ubicada en Ayutla por más de dos años.

En el presente, las circunstancias en que realizan su labor las y los defensores indígenas de derechos humanos en Ayutla no han dejado de ser riesgosas y hechos recientes actualizan la preocupación de que éstas se deterioren. Así lo pone de manifiesto la detención arbitraria de Maximino García Catarino, ocurrida apenas el 21 de enero de 2012, quien desde entonces, se encuentra privado de su libertad acusado falsamente por un delito que no cometió.

Maximino García Catarino forma parte de la OFPM, de la cual eran dirigentes Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, un esfuerzo de base que logró articular varias comunidades de la región de Ayutla de los Libres para luchar por la garantía de sus derechos colectivos. En esa medida, su reciente encarcelamiento comprueba la persistencia del mismo entorno en el que fueron desaparecidos y ejecutados Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía. Por ello, numerosas organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional se han sumado a la campaña para demandar su inmediata liberación.

A tres años del crimen cometido en contra de ambos defensores Na Savi, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reitera que la demanda de justicia permanecerá vigente hasta en tanto no se investiguen a fondo los hechos para identificar y sancionar a los responsables, obligación irrenunciable del Estado.           

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Román Hernández
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Ayutla de los Libres, Guerrero, a 22 de febrero de 2012.