Juez dicta 114 años a policías de Lara Grajales que secuestraban migrantes

Por Diana Jiménez/e-consulta
Tres policías municipales de Lara Grajales, presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Zetas”, que mantuvieron privado de su libertad a un grupo de migrantes centroamericanos en octubre de 2008, fueron sentenciados a 144 años de prisión por los delitos de secuestro calificado y delincuencia organizada calificada.
   La Procuraduría General de la República (PGR) relató este caso ante el Comité de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios, en una reunión celebrada en Ginebra, Suiza, el pasado 4 de abril.

   Un reporte sintetizado sobre el caso que fue llevado en el Juzgado Octavo de Distrito bajo el proceso 77/2008, revela que -además de la condena de 144 años en prisión- cada uno de los policías, quienes son Juan Carlos Jiménez Guerra, Higinio Bravo Daza y Ramón Calvo López, deberá pagar una multa de 696 mil 564 pesos por los delitos antes mencionados.
   “Estos son los sujetos que acordaron organizarse para realizar en forma reiterada los días 9, 11 y 12 de octubre de 2008, la privación de la libertad de personas internadas ilegalmente en el país. Lo anterior mediante la violencia física y con el ánimo de obtener rescates por las cantidades de 3 mil 500 dólares”, explica parte del informe.

Detalla juez las penas para los agentes y sus cómplices
   El juez determinó que las pruebas que los acusaban eran reales y por ello estableció las siguientes penas a los policías:
   -Por secuestro calificado, primero pagarán 45 años de prisión y una multa de 74 mil 250 pesos, por secuestros perpetrados el 9 de octubre de 2008.
   -Posteriormente, deberán purgar otros 45 años de prisión y una multa de 74 mil 250 pesos, por secuestros perpetrados el 11 de octubre de 2008.
   -Finalmente, deberán purgar otros 45 años de prisión y una multa de 74 mil 250 pesos, por secuestros perpetrados el 11 de octubre de 2008.
   -Además, por el delito de delincuencia organizada calificada pasarán otros nueve años en la cárcel y pagarán una multa de 473 mil 814 pesos.
   Aparte de los tres uniformados, son cinco sujetos más –entre ellos dos mujeres- los que se encuentran relacionados en el caso, ya que a ellos los agentes les entregaban a los extranjeros para que los retuvieran.
   Se trata de: Heriberto Rodríguez Meza y Carlos Alvarado Espinoza, Tomás del Ángel Hernández, María Cristina Galán Alanís o María Cristina Galván Alanís y Jacqueline López Córdova, a quienes se les fincaron los delitos de delincuencia organizada simple y secuestro simple.
   Los varones fueron sentenciados a seis años de prisión y multa de 315 mil 562 pesos, mientras que las mujeres, quienes vigilaban y alimentaban a los indocumentados, tendrán que pagar una condena de cuatro años en prisión y una multa de 12 mil 375 pesos.

Los migrantes fueron mutilados
   El pasado 12 de octubre de 2008, los centroamericanos, procedentes de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, decidieron liberarse de sus plagiarios, pues eran torturados mediante cortadas profundas, cortaduras y quemaduras de cigarro en los genitales, mutilaciones de dedos, pezones, entre otros.
   Ese día, aproximadamente a las 12:00 horas, huyeron de la casa de seguridad en la que estaban cautivos. Los pobladores de Lara Grajales los vieron correr a algunos desnudos y a otros semidesnudos, pero heridos, por lo que decidieron auxiliarlos.
   Una vez a salvo, los migrantes dijeron haber sido secuestrados por personas fuertemente armadas que se habían identificado como “Zetas”. De hecho, reconocieron que elementos de la Policía Municipal a bordo de la patrulla 13701 eran los que los capturaban en las vías del tren, para después llevarlos a la casa de seguridad donde eran entregados a los secuestradores a cambio de mil dólares por cada uno de ellos.
   “…los mismos extranjeros se rebelaron contra sus secuestradores, quienes exigían a sus familiares el depósito de cantidades de mil a 3 mil 500 dólares bajo la falsa creencia de que sería para trasladar a otro país al familiar que tenían cautivo, lo que desde luego los depositantes ignoraban…”, refiere la síntesis del proceso.
   Fue entonces que con la ayuda de los habitantes, se logró la detención de los siete plagiarios. Sin embargo lo último que se informó sobre el caso fue el 14 de enero de 2009, cuando el Juez Octavo de Distrito dictó auto de formal prisión a estas personas y recientemente fueron sentenciados

Se ahorca joven de 19 años en Teziutlán

Olda Rodríguez Olán/Municipios Puebla
La noche de este jueves fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 19 años de edad al interior de su domicilio.
   De acuerdo con reportes del 066 a cargo de Miguel Octavio Salazar Oropeza, el joven se suicidó, hechos que se registraron en la calle Jr. Gavilán S/n en la sección segunda de la junta auxiliar de San Diego de Teziutlán.
   Según versiones de los testigos el fue hallado colgado de una viga con ayuda de sabanas.
   Aunque se desconoce las causas que lo orillaron a quitarse la vida, suponen que fue por cuestiones amorosas.
   La madre del occiso reportó los hechos al número de emergencias 066, cuyos paramédicos acudieron al lugar y posteriormente el levantamiento de cadáver lo realizó el agente del ministerio publico.

TSJ cambia de adscripción a Jueces de Chiautla de Tapia y Atlixco

Por acuerdo del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, cambiaron de adscripción los jueces Marco Antonio Mendoza Benítez, quien era el titular del Juzgado Mixto de Chiautla de Tapia y ahora es el titular del Juzgado Penal de Atlixco.
En tanto que el Juez Miguel Ángel Chávez Castañeda, quien estaba en el Juzgado Penal de Atlixco pasó al Juzgado Mixto de Chiautla de Tapia.
     Asimismo, durante la última sesión de Pleno, hubo permutas de diligenciarios, Gabriela Rocha Cote, del Juzgado Segundo Familiar al Juzgado Penal de Tepeaca, en sustitución de la diligenciaria Sonia Vázquez Ascencio, quien prestará sus servicio en el Segundo Juzgado Familiar.

Asaltan a mano armada cinco hampones un modesto restaurante

Pilar Carolina M. Ruiz/Puebla sin Fronteras
Para robar cinco mil pesos en efectivo de un restaurante ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, cinco sujetos con armas de fuego ingresaron la noche del miércoles a dicho establecimiento, sometieron al personal y huyeron con el dinero en efectivo. Aproximadamente a las 23:00 horas.
   Los asaltantes llegaron a la pizzería “El Paraíso”, ubicada en la diagonal Defensores de la República y calle Niño Artillero, poco antes de que el personal del lugar concluyera sus labores y sembraron el terror al intimidar a las personas que se encontraban para que les dieran sus pertenencias de valor. Tras apoderarse del botín, los cinco responsables abordaron un taxi en el cual se dieron a la fuga. Policías municipales a bordo de la patrulla P-156, acudieron al lugar, hicieron recorridos por la zona pero no se reportaron detenidos.
   Este caso nos demuestra que se está elevando el índice de violencia en la ciudad capital, que si bien Blanca Alcalá de manera irresponsable dejó crecer y prefirió jugar de manera “olímpica” al “Tío Lolo con su tibieza y mediocridad que le caracterizó, el actual alcalde pretende con fotos y discursos combatir algo que se tiene que hacer con voluntad, capacidad y en mi pueblo dirían con algo más, que no puedo escribir por respeto a nuestros lectores, pero que todos los días las gallinas los ponen, lo que parece simplemente no tener.

Patricia Vara confía que la justicia se apegara a derecho contra Claudia Rivadeneira

*Afirma ganar el juicio tarde o temprano ya que asegura le asiste la razón.

Marco Antonio Juárez García/Puebla, Pue.-

La abogada Patricia Vara Gutiérrez, quien en el sexenio pasado demandó  ante las autoridades de Conciliación y Arbitraje a Claudia Rivadeneira,  en ese tiempo titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Puebla, dio un voto de confianza en rueda de prensa,  al gobernador Rafael Moreno Valle,  para que su caso, en donde asegura le asiste la razón, sea dirimido apegado a derecho.

    Como se recordará, la abogada Vara Gutiérrez, se manifestó públicamente en una sesión en el Congreso del Estado, para provocar que las autoridades atendieran su caso, toda vez que intempestivamente fue echada  por  la titular Claudia Rivadeneira Torija, de la Consejería Jurídica del gobierno de la pasada administración, en donde ocupaba el cargo de  Subdirectora de Enlace.

    Ante esto, la abogada procedió a demandar ante las autoridades competentes y ante los medios de comunicación al departamento encargado de ventilar los asuntos jurídicos del gobierno del estado y a la licenciada Rivadeneira Torija, exigiendo su reinstalación y el pago de salarios caídos del tiempo que dure el juicio.

    “Yo soy abogada, se lo que hago, se que voy a ganar, siempre y cuando mi caso se lleve con pulcritud, sin mano negra ni corrupciones y quiero decir, en esta reunión con los medios, que tengo plena confianza en el doctor Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del estado, en que nadie enturbie el proceso que jurídicamente emprendí,  reclamando justicia en contra de dicha dependencia”, aseguró Patricia Vara.

   Recordó que trabajó ininterrumpida y eficazmente, duran te los tres primeros años del pasado gobierno estatal, y reveló que hasta el momento, solamente de salarios caídos, la Consejería Jurídica del estado de Puebla,  hoy bajo la dirección de Juan Pablo Piña Cursain, le adeuda por lo mínimo 800 mil pesos, más los gastos y costas de su equipo de abogados, reiterando su confianza en que este nuevo gobierno sea transparente e invitando a las decenas de trabajadores que han sido víctimas de injusticias, que no se queden callados y levanten la voz, teniendo como soporte que hoy en Puebla impera la justicia y se deshecha la corrupción.