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lunes, 11 de abril de 2011

En Chipilo se suicida hombre bajo tratamiento psiquiátrico

Se ahorcó en el corral de ordeña de su familia

Por Odilón Larios/Cinco Radio
Joven chipileño con padecimientos mentales, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, se quitó la vida colgándose en el interior del corral de ordeña de su familia, en donde colocó una cuerda a una trabe y se arrebató la vida.
   Se trata de Pedro Galeazzi Estefanoni, de 27 años de edad, quien tuvo su domicilio en la Calle 6 Oriente número 8, de la Colonia Centro, en Chipilo.
   Su cuerpo fue encontrado por su madre en el interior de la sala de ordeña, colgando de una trabe, a la cual había atado una cuerda.
   Sus familiares comentaron en sus declaraciones contenidas en la constancia de hechos 733/2011 de San Andrés Cholula, que Pedro Galeazzi padecía de sus facultades mentales, y que se encontraba en tratamiento psiquiátrico.
   Cuando sus familiares lo encuentran, lo desatan y luego lo llevan a su recámara, sin que pudieran hacer nada para salvarle la vida.
   El fiscal de San Andrés señaló en la constancia de hechos que la causa del deceso fue asfixia mecánica por ahorcamiento. En el domicilio no se encontró nota póstuma, por lo que se desconocen las causas que lo llevaron a terminar con su vida.

viernes, 8 de abril de 2011

Familiares de tlaxcaltecas desaprecidos los buscan en las fosas de Tamaluipas

Los familiares de los desaparecidos viajaron al Tamaulipas la mañana del ocho de abril para identificar a esas dos personas, una del municipio de Nativitas y otra de la capital.
 
agendatlaxcala
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través del Fondo de Protección a Víctimas de los Delitos y Atención a Indigentes Procesados, dio todo el apoyo jurídico a los familiares de dos tlaxcaltecas desaparecidos que presuntamente fueron víctimas de la delincuencia organizada en Tamaulipas.
   De acuerdo con las primeras indagatorias de las Procuradurías de Tlaxcala y Tamaulipas, dos de los 72 cuerpos hallados por la Procuraduría General de la República (PGR) en las fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones del Ejido La Joya, en el municipio de San Fernando, podrían ser originarios de la entidad.
   Los familiares de los desaparecidos viajaron al Tamaulipas la mañana del ocho de abril para identificar a esas dos personas, una del municipio de Nativitas y otra de la capital.
   El primer caso involucra a Pablo de los Reyes Cote Hernández, de 55 años de edad, quien se ausentó desde la última semana de marzo, por lo que sus familiares presentaron una denuncia por desaparición y con ello se inició la averiguación previa 1036/2011/TLAX-1.
   Pablo de los Reyes Cote Hernández se dedicaba a comprar y vender camionetas norteamericanas,y constantemente viajaba a ese Estado para continuar su negocio. Según el reporte de su familia, salió del municipio de San Fernando Tamaulipas con dirección a Tampico, Tamaulipas, a bordo de una camioneta marca Ford, tipo Windstar, modelo 2001, color azul. Desde entonces sus familiares no volvieron a saber de él.
    La otra persona, de nombre Pedro Virgilio Mondragón Ortega, presuntamente viajaba hace unas semanas en un camión que fue interceptado por los delincuentes.
   Los familiares de ambos desaparecidos se reunieron con la procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, para pedir su apoyo, y quien de inmediato coordinó trabajos con el delegado de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, Rubén González Chapa, a fin de identificar lo más pronto posible a los ciudadanos tlaxcaltecas.

Congreso poblano propone modificar delito de espionaje y otras penas

Boletín/Puebla, Pue.-
os integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, que preside la Diputada Zenorina González Ortega (PRI) acordaron turnar la iniciativa de Decreto, misma que modifica los castigos para aquellos que realicen espionaje a las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de justicia con una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo, si el espionaje se realiza cuando se ejecutan operativos contra la delincuencia organizada, secuestro, o narcomenudeo, la pena será de 4 a 10 años de prisión y estas penas aumentarán hasta una mitad más, si el que efectúa esta conducta utiliza un vehículo del transporte público.
   Si el delito es cometido por algún servidor público o por quien haya pertenecido a las fuerzas armadas o Instituciones de Procuración de justicia, la penalización podría crecer hasta un tercio de lo establecido, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 10 años.
   Durante la sesión, el Secretario de la mesa, diputado Jesús Salvador Zaldívar Benavides (PAN) leyó el punto de acuerdo, presentado por el Diputado del Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres, por el que exhorta al Comité de Asuntos Editoriales y Crónica Parlamentaria, para que en la medida de sus posibilidades, inicie, los trabajos para que se publique nuevamente la revista “Curul”.
   En Asuntos Generales, el diputado Zeferino Martínez Rodríguez (PT), externo el posicionamiento de su fracción, con respecto a las Reformas a la Ley laboral, pues consideran que estas son agresivas y atentan contra los derechos de los trabajadores.
   Los diputados asistentes Felipe David Espinosa Rodríguez (PRI), José Antonio Gali López (PRD), Zeferino Martínez Rodríguez (PT) y Jesús Ricardo Morales Manzo (PVEM), acordaron junto con la presidenta de la Mesa y el Secretario, enviar 9 puntos a las Comisiones de Gobernación Justicia y Puntos Constitucionales, Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal, Inspectora del Órgano de Fiscalización, Educación Cultura y Deportes, la Comisión de Salud y a la de Migración y Asuntos Internacionales, mismos a los que se les dispensó la lectura. Se citó para el próximo lunes 11 de abril a las 17:00 hrs.

Por resistirse a asalto los sujetos le prenden fuego a untaxista en Tlacotepec

Por Juan Carlos López Rojas/e-consulta
Sujetos desconocidos prendieron fuego al chofer de un taxi en Tlacotepec de Benito Juárez después de que la víctima se opuso a un asalto.
   Fuentes ministeriales confirmaron que la persona afectada se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Tecamachalco e incluso los médicos valoran trasladarlo a un nosocomio de Tehuacán.
   Los hechos se registraron a las 18:30 horas cuando los delincuentes abordaron la unidad Francisco Méndez y le pidieron que los trasladara a una zona conocida como Pericotepec.
   En una zona despoblada lo amagaron con arma de fuego y le pidieron el dinero de la cuenta a lo que se resistió.
   Los sujetos arremetieron contra la víctima al rociarlo con gasolina y prenderle fuego en dicho paraje. Posteriormente se dieron a la fuga pero policías municipales lograron la detención de dos personas que habrían participado en este ilícito.
   Los médicos reportaron su estado de salud como de gravedad en el hospital donde está inconsciente.

Juez dicta 114 años a policías de Lara Grajales que secuestraban migrantes

Por Diana Jiménez/e-consulta
Tres policías municipales de Lara Grajales, presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Zetas”, que mantuvieron privado de su libertad a un grupo de migrantes centroamericanos en octubre de 2008, fueron sentenciados a 144 años de prisión por los delitos de secuestro calificado y delincuencia organizada calificada.
   La Procuraduría General de la República (PGR) relató este caso ante el Comité de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios, en una reunión celebrada en Ginebra, Suiza, el pasado 4 de abril.

   Un reporte sintetizado sobre el caso que fue llevado en el Juzgado Octavo de Distrito bajo el proceso 77/2008, revela que -además de la condena de 144 años en prisión- cada uno de los policías, quienes son Juan Carlos Jiménez Guerra, Higinio Bravo Daza y Ramón Calvo López, deberá pagar una multa de 696 mil 564 pesos por los delitos antes mencionados.
   “Estos son los sujetos que acordaron organizarse para realizar en forma reiterada los días 9, 11 y 12 de octubre de 2008, la privación de la libertad de personas internadas ilegalmente en el país. Lo anterior mediante la violencia física y con el ánimo de obtener rescates por las cantidades de 3 mil 500 dólares”, explica parte del informe.
Detalla juez las penas para los agentes y sus cómplices
   El juez determinó que las pruebas que los acusaban eran reales y por ello estableció las siguientes penas a los policías:
   -Por secuestro calificado, primero pagarán 45 años de prisión y una multa de 74 mil 250 pesos, por secuestros perpetrados el 9 de octubre de 2008.
   -Posteriormente, deberán purgar otros 45 años de prisión y una multa de 74 mil 250 pesos, por secuestros perpetrados el 11 de octubre de 2008.
   -Finalmente, deberán purgar otros 45 años de prisión y una multa de 74 mil 250 pesos, por secuestros perpetrados el 11 de octubre de 2008.
   -Además, por el delito de delincuencia organizada calificada pasarán otros nueve años en la cárcel y pagarán una multa de 473 mil 814 pesos.
   Aparte de los tres uniformados, son cinco sujetos más –entre ellos dos mujeres- los que se encuentran relacionados en el caso, ya que a ellos los agentes les entregaban a los extranjeros para que los retuvieran.
   Se trata de: Heriberto Rodríguez Meza y Carlos Alvarado Espinoza, Tomás del Ángel Hernández, María Cristina Galán Alanís o María Cristina Galván Alanís y Jacqueline López Córdova, a quienes se les fincaron los delitos de delincuencia organizada simple y secuestro simple.
   Los varones fueron sentenciados a seis años de prisión y multa de 315 mil 562 pesos, mientras que las mujeres, quienes vigilaban y alimentaban a los indocumentados, tendrán que pagar una condena de cuatro años en prisión y una multa de 12 mil 375 pesos.
Los migrantes fueron mutilados
   El pasado 12 de octubre de 2008, los centroamericanos, procedentes de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, decidieron liberarse de sus plagiarios, pues eran torturados mediante cortadas profundas, cortaduras y quemaduras de cigarro en los genitales, mutilaciones de dedos, pezones, entre otros.
   Ese día, aproximadamente a las 12:00 horas, huyeron de la casa de seguridad en la que estaban cautivos. Los pobladores de Lara Grajales los vieron correr a algunos desnudos y a otros semidesnudos, pero heridos, por lo que decidieron auxiliarlos.
   Una vez a salvo, los migrantes dijeron haber sido secuestrados por personas fuertemente armadas que se habían identificado como “Zetas”. De hecho, reconocieron que elementos de la Policía Municipal a bordo de la patrulla 13701 eran los que los capturaban en las vías del tren, para después llevarlos a la casa de seguridad donde eran entregados a los secuestradores a cambio de mil dólares por cada uno de ellos.
   “…los mismos extranjeros se rebelaron contra sus secuestradores, quienes exigían a sus familiares el depósito de cantidades de mil a 3 mil 500 dólares bajo la falsa creencia de que sería para trasladar a otro país al familiar que tenían cautivo, lo que desde luego los depositantes ignoraban…”, refiere la síntesis del proceso.
   Fue entonces que con la ayuda de los habitantes, se logró la detención de los siete plagiarios. Sin embargo lo último que se informó sobre el caso fue el 14 de enero de 2009, cuando el Juez Octavo de Distrito dictó auto de formal prisión a estas personas y recientemente fueron sentenciados