Boletín de prensa
El pasado 27 de Julio del presente año el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Espinosa Rueda, calificó como “un peligro para Puebla” al Centro de Atención al Trabajador (CAT) y su líder, Blanca Velázquez, afirmando que “esta agrupación solamente busca desestabilizar a las empresas, sobretodo aquellas de procedencia estadounidense”. En el marco de las nuevas reformas a la Constitución política mexicana en materia de derechos humanos y del Acuerdo[1] para Mecanismo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos (Mecanismo), las organizaciones integrantes a la Red de Defensoras de derechos humanos señalamos lo siguiente.
El Centro de Apoyo al trabajador es una organización dedicada desde hace mas de 10 años a la defensa y promoción de los derechos de los y las trabajadoras. Su labor como defensoras ha permitido visibilizar la enorme injusticia en la que los y las trabajadoras realizan diariamente su trabajo, las violaciones a sus derechos laborales establecidos en las leyes mexicanas, así como la violencia en la precarización en sus centros laborales. La mayoría de estas violaciones documentadas por el CAT han sido cometidas en Puebla por empresas transnacionales. Las denuncias realizadas por el CAT han traído como consecuencia severas amenazas, actos de intimidación y violencia contra sus integrantes. Además, desde el año 2008 se ha registrado una campaña de desprestigio al CAT, sus integrantes y redes de apoyo.
Las afirmaciones realizadas por el presidente de la Canacintra son una muestra más de esa campaña de descrédito y descalificación, que es una forma generalizada de ataque contra las defensoras de derechos humanos. Muy en particular, las defensoras de los derechos humanos laborales enfrentan no solo la negligencia de las instancias de gobierno, sino también el poder económico de empresas transnacionales. La falta de protección y garantías por parte del gobierno para que las defensoras de derechos humanos laborales realicen su trabajo contrasta con el silencio y permisividad con la que se permite que algunas empresas transnacionales desarrollen sus actividades en franca violación de las leyes mexicanas.
En su reporte del 2010 la señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos menciona que: “las personas más expuestas al riesgo son las sindicalistas y las activistas de los derechos laborales, así como las defensoras de derechos indígenas y derechos a la tierra”.[2] De igual forma identificó que sus familiares y las personas que se asocian con ellas están expuestas al mismo riesgo.
Las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos que abajo suscriben condenamos enérgicamente las afirmaciones realizadas por el señor Luis Espinosa presidente de la Canacintra. Condenamos también la impunidad en la que se mantienen los ataques contra el CAT y también la gran mayoría de los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos en México.
Exigimos claridad y coherencia con el Acuerdo para la implementación del Mecanismo que el Presidente Felipe Calderón emitió hace apenas unas semanas, en el marco de la visita la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su declaración pública ha quedado hasta ahora en una mera simulación, pues en la misma semana en que organizaciones de derechos humanos planeaban sentarse a discutir dicho Mecanismo, el Secretario de Marina emitió una serie de declaraciones de descrédito hacia los y las defensoras de este país. El silencio del gobierno federal ante tales declaraciones, tanto de funcionarios como de empresarios, muestra una política de derechos humanos sólo de palabras hacia las instituciones internacionales y no de un compromiso real y efectivo hacia la población mexicana.
El riesgo por las amenazas sufridas por el Centro de Apoyo al Trabajador en los últimos años se incrementa con lo expresado públicamente por los funcionarios y empresarios citados. De manera alarmante incrementa el riesgo de un daño contra la integridad de Blanca Velazquez Díaz, directora del mismo. Ante los hechos de violencia e impunidad que significan esta clase de declaraciones exigimos enérgicamente al Gobierno Federal así como al Gobierno del estado de Puebla, siempre en colaboración con las organizaciones civiles involucradas en los hechos:
El pasado 27 de Julio del presente año el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Espinosa Rueda, calificó como “un peligro para Puebla” al Centro de Atención al Trabajador (CAT) y su líder, Blanca Velázquez, afirmando que “esta agrupación solamente busca desestabilizar a las empresas, sobretodo aquellas de procedencia estadounidense”. En el marco de las nuevas reformas a la Constitución política mexicana en materia de derechos humanos y del Acuerdo[1] para Mecanismo para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos (Mecanismo), las organizaciones integrantes a la Red de Defensoras de derechos humanos señalamos lo siguiente.
El Centro de Apoyo al trabajador es una organización dedicada desde hace mas de 10 años a la defensa y promoción de los derechos de los y las trabajadoras. Su labor como defensoras ha permitido visibilizar la enorme injusticia en la que los y las trabajadoras realizan diariamente su trabajo, las violaciones a sus derechos laborales establecidos en las leyes mexicanas, así como la violencia en la precarización en sus centros laborales. La mayoría de estas violaciones documentadas por el CAT han sido cometidas en Puebla por empresas transnacionales. Las denuncias realizadas por el CAT han traído como consecuencia severas amenazas, actos de intimidación y violencia contra sus integrantes. Además, desde el año 2008 se ha registrado una campaña de desprestigio al CAT, sus integrantes y redes de apoyo.
Las afirmaciones realizadas por el presidente de la Canacintra son una muestra más de esa campaña de descrédito y descalificación, que es una forma generalizada de ataque contra las defensoras de derechos humanos. Muy en particular, las defensoras de los derechos humanos laborales enfrentan no solo la negligencia de las instancias de gobierno, sino también el poder económico de empresas transnacionales. La falta de protección y garantías por parte del gobierno para que las defensoras de derechos humanos laborales realicen su trabajo contrasta con el silencio y permisividad con la que se permite que algunas empresas transnacionales desarrollen sus actividades en franca violación de las leyes mexicanas.
En su reporte del 2010 la señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos menciona que: “las personas más expuestas al riesgo son las sindicalistas y las activistas de los derechos laborales, así como las defensoras de derechos indígenas y derechos a la tierra”.[2] De igual forma identificó que sus familiares y las personas que se asocian con ellas están expuestas al mismo riesgo.
Las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos que abajo suscriben condenamos enérgicamente las afirmaciones realizadas por el señor Luis Espinosa presidente de la Canacintra. Condenamos también la impunidad en la que se mantienen los ataques contra el CAT y también la gran mayoría de los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos en México.
Exigimos claridad y coherencia con el Acuerdo para la implementación del Mecanismo que el Presidente Felipe Calderón emitió hace apenas unas semanas, en el marco de la visita la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su declaración pública ha quedado hasta ahora en una mera simulación, pues en la misma semana en que organizaciones de derechos humanos planeaban sentarse a discutir dicho Mecanismo, el Secretario de Marina emitió una serie de declaraciones de descrédito hacia los y las defensoras de este país. El silencio del gobierno federal ante tales declaraciones, tanto de funcionarios como de empresarios, muestra una política de derechos humanos sólo de palabras hacia las instituciones internacionales y no de un compromiso real y efectivo hacia la población mexicana.
El riesgo por las amenazas sufridas por el Centro de Apoyo al Trabajador en los últimos años se incrementa con lo expresado públicamente por los funcionarios y empresarios citados. De manera alarmante incrementa el riesgo de un daño contra la integridad de Blanca Velazquez Díaz, directora del mismo. Ante los hechos de violencia e impunidad que significan esta clase de declaraciones exigimos enérgicamente al Gobierno Federal así como al Gobierno del estado de Puebla, siempre en colaboración con las organizaciones civiles involucradas en los hechos:
1. Emitan una comunicación exigiendo una aclaración pública al señor Luis Espinosa por tales declaraciones, así como el compromiso de realizar un proceso de formación y difusión al interior de la Canacintra sobre el marco legal y las obligaciones del gobierno y las empresas para garantizar el derecho a defender los derechos laborales en México.
2. Implementen una campaña masiva y constante –hasta que cesen los hostigamientos contra defensoras de derechos humanos en Puebla- en donde se ratifique la importancia del trabajo de las defensoras de derechos humanos.
3. Se defina con urgencia la manera de operar el Mecanismo, tanto en el ámbito federal como local, así como que se asigne el presupuesto adecuado para su efectiva implementación.
4. Finalmente, y de manera urgente, exigimos que las autoridades competentes realicen de manera efectiva su obligación de investigar y sancionar los ataques contra el CAT que ya se han denunciado, así como el conjunto de denuncias que están todavía sin resolver por ataques contra defensoras y defensores en México.
2. Implementen una campaña masiva y constante –hasta que cesen los hostigamientos contra defensoras de derechos humanos en Puebla- en donde se ratifique la importancia del trabajo de las defensoras de derechos humanos.
3. Se defina con urgencia la manera de operar el Mecanismo, tanto en el ámbito federal como local, así como que se asigne el presupuesto adecuado para su efectiva implementación.
4. Finalmente, y de manera urgente, exigimos que las autoridades competentes realicen de manera efectiva su obligación de investigar y sancionar los ataques contra el CAT que ya se han denunciado, así como el conjunto de denuncias que están todavía sin resolver por ataques contra defensoras y defensores en México.
Firman:
El Centro de Apoyo al Trabajador (CAT).
El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC).
El Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL).
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Brigadas de Paz Internacional-México.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ¨Todos los Derechos para Todas y Todos¨ y sus 72 organizaciones integrantes.
El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC).
El Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL).
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Brigadas de Paz Internacional-México.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ¨Todos los Derechos para Todas y Todos¨ y sus 72 organizaciones integrantes.
Firman por la Red de Defensoras México:
(Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristóbal), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.), Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Carmen Morales. Derechos de la Mujer y el Desarrollo, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos", CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Bartolomé CARRASCO BRISENO, AC, CIPA Americas, ACUDDEH.
Bartolomé CARRASCO BRISENO, AC, CIPA Americas, ACUDDEH.
Firman por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos:
Adelay Carias (Honduras, Feministas en Resistencia), Alejandra Nuño (Costa Rica, Centro por la Justicia y en Derecho Internacional-CEJIL), Aline Castellanos Jurado, Amandine Fulchiron (Guatemala, Actoras del Cambio), Ana Ixmucané Gatica (Guatemala, Comité de Unidad Campesina), Lucía Morán Vásquez (Guatemala, Mujeres Transformando el Mundo), Ana María Hernández Cárdenas (México, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.), Andrea Medina Rosas (México, Red Mesa de mujeres de Cd. Juárez), Carmela Curup Chajon (Guatemala, Asociación de abogadas Mayas), Carolina Cantú Morales (México, Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas), Claudia Hernández Cruz (Guatemala, Fundación Sobrevivientes), Cecilia Espinosa Martínez (México, Red Mesa de mujeres de Cd. Juárez), Claudia Acevedo (Guatemala, LESBIRADAS), Claudia Spellmant Medina (Honduras, Colectivo III/RedLacTrans), Claudia Samayoa (Guatemala, UDEFEGUA), Cristina Hardaga Fernández (México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan), Daysi Flores (Honduras, Jass Mesoamérica), Dolores González Saravia (México, Servicios y Asesoría para la Paz), Dora Ávila Betancourt (México, Centro para los derechos de la mujer Nääxwiin), Dora Ruano (Guatemala, Frente Nacional de Lucha -FNL), Emelia Ortíz García (México Campaña Si no están ellas no estamos todas. Triqui), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (México, Frente de Protección a Periodistas), Erika Guevara (USA, Global Fund For Women), Evelyn García (Guatemala, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), Evelyn Morales Pineda (Guatemala, Mujeres Tierra Viva), Gilda Rivera Sierra (Honduras, Centro de Derechos de Mujeres), Gladys Lanza Ochoa (Honduras, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”), Inmaculada Barcia (España, AWID), Jacqueline Nolley Echegaray (Católicas por el Derecho a Decidir), Lisa VeneKlasen (USA, Just Associates -JASS), Luisa Pérez Herrán (Nicaragua, Grupo Venancia), Aleyda Terán (Panamá, Alianza de Mujeres), Lydia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID), María Guadalupe López García (México, Lesbianas en Patlatonalli.A.C.), Mariana Moisa (El Salvador, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local), Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador, Asociación para el Desarrollo y Defensa de la Mujer-APDM), Marta Figueroa Mier (México, COLEM), Marta María Blandón (Nicaragua, IPAS), Marusia López Cruz (México, JASS-Mesoamérica), Mary Jane Real (Philippines, Women Human Rights Defenders International Coalition), Morena Herrera Argueta (El Salvador, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local), Nohelia Nuñez Licona (Honduras, Plataforma de DH de Honduras), Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala, Asociación de Mujeres de Petén Ixqik), Patricia Orozco Andrade (Nicaragua, Campaña 28 de Septiembre), Patricia Ardón (Guatemala, Sinergia Nój/ JASS), Patricia Guerrero Acevedo (Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas), Paz Arau Picado (Nicaragua, Grupo Venancia), Ruth Polanco (El Salvador, Las Dignas), Silvia Ivethe Juárez (El Salvador, ORMUSA), Tara Madden (Irlanda, Front Line), Theres Hoechli (Suiza, México, Consorcio Oaxaca A.C.) Verónica Cruz Sánchez (México, Centro las Libres de Información en Salud Sexual R.C. AC.), Yanira Argueta (El Salvador, Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas), Yanira Tobar Márquez (Guatemala, Mujeres en Superación/Red Trasex), Yesica Sánchez Maya (México, Consorcio Oaxaca A.C.)
