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miércoles, 4 de enero de 2012

Se localizan tomas clandestinas en los municipios de Acatzingo y Huejotzingo

Boletin/Puebla, Pue.-
La Secretaría General de Gobierno (SGG) informa que durante la madrugada de hoy esta la Dirección de Protección Civil Estatal recibió reportes de dos tomas clandestinas; la primera, en el municipio de Acatzingo, y la segunda, cerca de la fábrica Santa Julia, ubicada en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo.
  Los reportes se recibieron a través del número de emergencias 066. El primero se registró alrededor de las 12:00 horas para el municipio de Acatzingo, y el segundo, a las 6:00 horas.
   A los dos lugares acudió personal de Protección Civil del Estado, en coordinación con personal de la Policía Estatal y Municipal, así como personal de Seguridad Física de Pemex.
   En la comunidad de Xalmimilulco se aseguró un vehículo Torton que transportaba combustóleo, por lo que en este momento el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes.
   Tras la revisión física de ambas tomas, el personal de Protección Civil estatal determinó que no hay riesgo de derrame o fuga.
   Con estas acciones, la Secretaría General de Gobierno actúa de manera oportuna ante situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad física de los poblanos y su patrimonio.

CNDH emite recomendación sobre detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 25 personas y amenazas a 2 defensoras de DH

Difusión Cencos México D.F., 4 de enero de 2012
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 87/2011 sobre la retención ilegal, incomunicación y tortura de 25 personas en la ciudad de Tijuana y sobre las amenazas y atentados en contra de las defensoras Silvia Vázquez y Blanca Mesina.
   La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. presentaron una queja ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el arraigo, detención arbitraria, retención ilegal y tortura en agravio de 25 personas en Tijuana, así como el hostigamiento, amenazas y daño en propiedad ajena de dos defensoras de derechos humanos. Como resultado, el miércoles 21 de diciembre de 2011 la CNDH emitió la Recomendación 87/2011, la cual está dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Procuradora General de la República (PGR), al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California y al Ayuntamiento de Tijuana.
  La Recomendación de la CNDH recoge en su contenido el patrón de detenciones arbitrarias y tortura que la CMDPDH ha venido denunciando y documentando ante diversas instancias tanto nacionales como internacionales. Cabe destacar que la CNDH recomendó a la SEDENA que las personas detenidas por elementos castrenses sean trasladadas inmediatamente ante autoridades competentes y que dichos elementos se abstengan de interrogar a los detenidos. Asimismo, se recomienda a la PGR que sus funcionarios se abstengan de pedir que el arraigo se ejecute en instalaciones militares.
   En su Recomendación, la CNDH señala que existen elementos para que este organismo presente queja administrativa ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana,  la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, así como formal denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia Militar, con la finalidad de que se inicien los procedimientos sancionatorios respectivos en contra de los servidores públicos que violaron los derechos humanos de las víctimas.
   Sin embargo, consideramos que tanto la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Área Mexicana, por lo que respecta a los procedimientos administrativos sancionatorios, como la Procuraduría General de Justicia Militar, por lo que se refiere al procedimiento penal, son incompetentes, pues el caso motivo de la Recomendación 87/2011 de la CNDH versa sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas en contra de civiles. En estos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son las autoridades civiles las que deben de determinar la responsabilidad de los elementos castrenses.
   Finalmente, la CNDH recomendó a las autoridades que las líneas de investigacion sobre las denuncias presentadas por las defensoras Silvia Vázquez y Blanca Mesina sean claras, así como que sean implementadas a cabalidad las medidas que garanticen la vida e integridad de ambas defensoras. Es importante destacar que Silvia Vázquez a la fecha no ha regresado a su lugar de origen debido a la incapacidad del Estado para garantizar que la defensora pueda realizar en su ciudad las tareas de defensa y promoción de derechos humanos, por lo que esperamos que esta Recomendación sirva para que las autoridades tomen las medidas necesarias para que tanto la defensora como sus familiares sean protegidos.
   La CMDPDH reitera que el combate al crimen organizado, por parte tanto del Gobierno Federal como por parte de los Gobiernos locales, debe hacerse respetando irrestrictamente los derechos humanos de las personas y protegiendo la labor de los y las defensoras de derechos humanos, a partir de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, hace un llamado al Gobierno Federal para que en el presente caso, las violaciones a los derechos humanos de las víctimas sean investigadas, así como los responsables sancionados, en el ámbito de las procuradurías y tribunales civiles, sin la intervención de los órganos de procuración e impartición de justicia militares.

Denuncia ciudadana promueve detención de agente de seguridad vial en Chiautla


Boletín/Puebla, Pue.-
Denuncia ciudadana ante la Contraloría del Estado, permite que la PGJ detenga a agente vial por presuntos actos de corrupción. El día de ayer, se llevó a cabo la detención de un agente estatal de vialidad adscrito al municipio de Chiautla de Tapia, por presunto acto de corrupción.
   La detención se realizó gracias a una denuncia que interpuso una persona a través de la línea telefónica 01800 HONESTO, misma que está a cargo de la Contraloría del Estado. Se coordino un operativo a través del Programa Ciudadano Encubierto, con el apoyo de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Estatal Preventiva.
   El ciudadano manifestó ser víctima del agente vial quien le solicitó la cantidad de 3 mil 500 pesos a cambio de devolverle documentación tras un accidente vial, sin levantar infracción alguna.
   El afectado decidió denunciarlo ante la Dirección General para la atención de los Delitos Relacionados con los Servidores Públicos de la PGJ quedando bajo la A.P. 369/11 y dando pie al operativo en el que el agente vial, presunto culpable de cohecho, fue detenido cuando recibía la cantidad de 3 mil 600 pesos.
   De igual manera, la Contraloría del Estado, realizó el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades para proceder a la suspensión inmediata del agente vial.
   Con esta acción, ya son catorce los servidores públicos detenidos, gracias a la denuncia ciudadana.
   De esta manera se reitera el compromiso hecho por el Gobernador Moreno Valle de instrumentar acciones firmes contra la corrupción y de construir un gobierno honesto en el que nadie está por encima de la Ley.

Localizan la primera toma clandestina de Pemex en Xalmimilulco


Huejotzingo/Pedro Alonso
Policía Municipal de Huejotzingo localiza y reguarda la primera toma clandestina del año, esto en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco; así mismo quedó asegurado un vehículo que contenía un tanque donde transportarían el petróleo.
Raúl Moreno Sánchez, director de Seguridad Publica de Huejotzingo, señaló que fue alrededor de las dos de la mañana de este miércoles, cuando a través de un operativo de vigilancia se localizó una toma clandestina en la Junta Auxiliar del municipio.
En este sentido, explicó que fue en el paraje conocido como La Posta, de la población de Santa Ana Xalmimilulco, a la altura del aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.
Así mismo, se tiene bajo el resguardo un vehiculo tipo torton, que contenía un tanque donde se estaría depositando el petróleo que estarían sustrayendo de uno de los ductos de Petróleos Mexicanos.
Finalmente, Moreno Sánchez comentó que están en espera de que llegue personal de PEMEX, para el cierre de dicha toma clandestina.
Cabe señalar que de acuerdo a los reportes policiales de esta dependencia en el 2011 se se localizaron y aseguraron 5 tomas, donde se encontraron tres pipas cargadas de combustóleo.

martes, 3 de enero de 2012

Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas

• Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá, adherentes a La Otra Campaña.
• Funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, junto a integrantes príistas responsables de  violaciones a los derechos humanos.

Difusión Cencos México D.F.-
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos  como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de varias familias tseltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.
 De acuerdo a la información recibida por el Centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el pasado 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 hrs., cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores quienes la amenazaban con violarla sexualmente.
 Posteriormente Elías manifiesta que lo llevaron a una montaña en donde lo seguían golpeando, luego lo llevaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá, lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía del estado de Chiapas y refiere que: ?Cuando llegué a la carretera había más gente, ahí me dijeron todos van a ir a la cárcel, les decía porque me hacen esto, si sólo estoy trabajando; ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre: Herlindo del ejido Cintalapa, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá y Domingo comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda?.
 Acto seguido a Elías lo llevaron a dos lugares distintos en Palenque; un de los lugares que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración, al negarse, fue golpeado con puños y patadas: ?En el ministerio publico de Palenque hay un cuartito, ahí me llevaron y me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, esto mientras el Ministerio Público hacía los documentos, los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí, fueron los policías los que me golpearon, empezaron a dar patadas, preguntando ?¿dónde está tu papá??, me sacaron y no di declaración?.
 Ante la negativa de Elías de dar su declaración desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, (CERSS No. 17) donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de ?los precisos? que mantienen un estado de ?control? al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.
 Este Centro ha documentado que la esposa de Elías durante el evento del 7 de diciembre de 2011,  fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona en un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente.  Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de ?cosas? y le cerraban el camino.
 En este mismo evento, el 7 de diciembre de 2011, una familiar de Elías, fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de Elias, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales quienes  durante la agresión Manuel le decía, ?no llores porque te lo mereces, eres mujer?, y Benjamín ?háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela?.
 El mismo 7 de diciembre de 2011, integrantes del PRI acompañados por cinco elementos de la policía estatal allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.
 Anteriormente, en otro evento relacionado, el pasado el 17 de julio de 2011, a las 1:00 hrs., en el ejido Busiljá, Ocosingo los Sres. Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales Gutiérrez llevándose a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad, por lo cual presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo, éste hasta el momento, no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña a su familia.
 El 7 de diciembre Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a veinte minutos de su casa. Avisado al Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso ?invitando? a los familiares para que ellos como familiares fueran a rescatar de manera personal su hija ?mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en donde está la niña vayan a quitárselos porque nosotros no tenemos autorización?.
 En otro evento Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.
 En los eventos citados, las víctimas han identificado plenamente la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco elementos de la policía estatal y un Ministerio Público.
 Por tal razón exigimos al Estado mexicano, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas:
 Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales hija de Elena Morales Gutiérrez.
 Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, del Ejido de Busiljá en los eventos denunciados.
 Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado  efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Génaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.
 Implementar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.
 Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
 La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo) que se encuentra injustamente detenido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, en tanto que se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a Elías Sánchez Gómez, recluidoen dicho penal.
 De acuerdo a lo aquí denunciado, este Centro de Derechos Humanos considera que la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso;  así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de  transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.
 Antecedentes
 Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad en el CERRS No. 17. Los familiares de Elías han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la organización Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este Centro de Derechos Humanos ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.