Policías de Acatzingo portaban armas ilícitas

La PGJ encontró en la presidencia de ese municipio 15 armas que no se encuentran registradas como armamento oficial

por ODILÓN LARIOS/Cinco Radio

En la presidencia de Acatzingo, concretamente en la comisaría de policía, se encontraron 15 armas de fuego que no corresponden a las que están registradas ante el estado y la SEDENA, por lo que la Procuraduría General de la República podría investigar al alcalde Eliseo Zayas Jaen.

   De lo anterior tuvo conocimiento la Procuraduría General de Justicia en el Estado, luego de que asegurara esas instalaciones para realizar las diligencias e investigaciones de rigor en torno al homicidio de César Natanael Maceda Torres, a quien se presume dio muerte de un balazo en la cabeza el guardaespaldas del alcalde Eliseo Zayas Jaen.

   Víctor Antonio Carrancá Bourget, titular de la PGJ señaló que turnará a la PGR la investigación sobre las 15 armas encontradas en la presidencia, ya que estas no cuentan con los registros correspondientes ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que se presume una procedencia ilícita.

   De esta manera también confirmó que las instalaciones de la alcaldía de Acatzingo continúan resguardadas por la PGJ para llevar a cabo los peritajes y demás diligencias correspondientes al caso del homicidio de Maceda Torres.

   Después de desahogar todas las investigaciones se podrá determinar las responsabilidades de todos los implicados en ese homicidio, incluso si el edil incurrió en alguna responsabilidad directa o indirectamente como lo señalan los deudos del ahora finado.

   Cabe señalar que a casi un mes de ocurrido el homicidio, Eliseo Zayas Jaen sigue sin despachar en la alcaldía. Al saber los habitantes que se encontraba despachando en la Casa del Abue de Acatzingo, fueron a manifestarse en ese lugar.

Roban Rieles de las vías del tren en Tlacotepec

Los policías municipales de ese lugar recuperaron lo robado y aseguraron una camioneta. Los responsables escaparon

REDACCIÓN/Cinco Radio
Policías de Tlacotepec impidieron el robo de 11 rieles de las vías del tren perteneciente a la empresa Ferrosur, los cuales estaban siendo cargados en una camioneta, la cual quedó asegurada por los uniformados, sin embargo los responsables lograron escapar.
   Mientras realizaban labores de vigilancia, los uniformados se percataron de que en el paraje denominado Libertad, había sujetos que estaban muy sospechosos. Al acercarse notaron como cerca de seis hombres huían y se ocultaban entre las sombras de la noche.
   En el lugar los presuntos ladrones abandonaron una camioneta marca Chevrolet, modelo 2000, color blanco, con doble cabina, extra larga, con placas SJ-19-338 del estado de Puebla. En la batea se encontraron 11 rieles de una longitud de dos metros y medio.
   La camioneta y los rieles fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Tehuacán. En el interior del vehículo fue hallada una tarjeta de circulación a nombre de Amalio López García, por lo que ya forma parte de las investigaciones en contra de los ladrones.
   Reportes extraoficiales señalaron que esta banda es muy peligrosa, ya que se sabe sus integrantes y el presunto líder portan armas de fuego. Además a estos delincuentes se les vincula con otros robos a la empresa Ferrosur, inclusive con el descarrilamiento de un tren en la zona de Tehuacán en los meses pasados.

Acusan a Drogadicto de Matar a su tía Ancianita

Una mujer de 80 años de edad fue encontrada asesinada a golpes en el interior de su domicilio

por ODILÓN LARIOS/Cinco Radio

Muerta por los salvajes golpes que le fueron inferidos, apareció una ancianita en el interior de su domicilio ubicado en la población de San Miguel Papaxtla, de San Jerónimo Tecuanipan, se presume que el homicida pudo ser su propio sobrino adicto a las drogas.

   María Blandina Magdalena Ramos Capulín, de 80 años de edad, era el nombre de la ancianita brutalmente asesinada, quien tuvo su domicilio en la calle Francisco I. Madero sin número de la mencionada población.

   Sus familiares la encontraron sin vida en el interior de su domicilio, refirieron que la mujer era soltera, de ocupación comerciante y vivía sola en el domicilio referido.

   En su declaración contenida en la averiguación previa 410/2012 de San Andrés Cholula, los familiares dijeron que momentos antes vieron salir del domicilio a Carlos Romero Morales, sobrino de la finada.

   Se presume que el sobrino puede estar relacionado con este homicidio, es identificado como drogadicto por sus familiares y vecinos.

   La causa de muerte según la necropsia de ley fue Traumatismo cerrado profundo de tórax, secundario a múltiples contusiones.

Traslados y violencia institucional, no solucionan la crisis del sistema penitenciario de Nuevo León

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Boletín de prensa
CADHAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.  (CADHAC) se encuentra extremadamente preocupada y en estado de máxima alerta por los nuevos hechos violentos en el centro penitenciario en Apodaca, Estado de Nuevo León.

Los hechos de esta noche son una muestra más de la fragilidad del sistema penitenciario en el Estado que no puede garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El sistema se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las recientes explosiones de violencia, pero que si recordamos, son recurrentes en la entidad. Cada año hay más motines, más asesinatos, más quejas y menos intervención preventiva o correctiva del Estado. Así, la actual situación hace imperante, en un marco de derechos humanos los siguientes puntos.

1. Las autoridades ahora no pueden pretender solucionar esta delicadísima situación con fuerza bruta, por ello exigimos se realice una intervención inteligente, transparente y acompañada en todo momento del sistema ombudsman (Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, en uso de sus facultades constitucionales), así como  de organizaciones civiles de derechos humanos que participen como observadoras del proceso. Es fundamental que las medidas de las autoridades no produzcan más violencia. Medidas como traslados irracionales y poco fundamentados de personas privadas de libertad, a otros centros penitenciarios no hacen más que alterar los ánimos de los internos que ya han sido testigos de múltiples brutalidades y muertes y no saben a qué destino los envían. No es necesario un mensaje de fuerza bruta del estado sino un mensaje contundente de su autoridad moral. En estos momentos es imprescindible que se restablezca la legalidad -lo que implica que las autoridades no cometan más abusos- y que se garantice la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, sus familias y seres queridos, así como de todas las funcionarias y funcionarios públicos que laboran en el sistema penitenciario.

2. La crisis debe ser superada de forma pacífica, y posterior a ello, dar paso a un proceso auténtico de investigación en el que se trabaje de forma pronta, imparcial y profesional, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de sistemas penitenciarios y de derechos humanos. La investigación debe garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño para todas las personas involucradas y no limitarse a aspectos penales o administrativos sino dar con las causas profundas de las arbitrariedades y de la pavorosa corrupción que permea todo el sistema penitenciario.

Todas las personas involucradas en faltas y delitos deben ser llevadas a tribunales imparciales y ser juzgadas con el más estricto respeto a todos sus derechos procesales, incluida la presunción de inocencia, el respeto a su integridad, y la no aplicación del arraigo.

3. Finalmente, se deben abordar las graves fallas estructurales que han permitido que la situación llegue a este punto. El Estado debe replantearse sus estrategias para hacer frente a la corrupción y para manejar espacios tan delicados como los centros de privación de la libertad. También deben abordarse las políticas que han multiplicado el número de personas detenidas, muchos por delitos menores, o que aún no tienen una condena. Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación penitenciaria deben inscribirse en un proceso de construcción de paz y de comunidad, y deben alejarse de los estándares de venganza social y de la violencia estereotipada y discriminatoria en contra de la población sujeta de sanciones penales. Toda acción debe estar puntualmente acompañada por la sociedad civil y enmarcarse en un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y de justicia.

CADHAC exige a las autoridades que cumplan con su función de garantizar la seguridad ciudadana a través de un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Resulta inadmisible que las autoridades hayan desoído las múltiples alertas sobre la inminencia de un estallido violento en las cárceles del Estado de Nuevo León. Es tiempo de que nuestros gobernantes cumplan con lo ordenado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; garantizando la integridad física y emocional de todas las personas privadas de su libertad recluidas en los penales estatales del Estado de Nuevo León.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.

Comunicado no. 1202/05

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.

Carta abierta al secretario de Gobernación por la grave situación que enfrentan las y los defensores de DH en México

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Carta Abierta
Amnistía Internacional

El 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía, y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es de su conocimiento, ellos eran, respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me'phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos). Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad y paralelo a ello nos encontramos estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes de esta misma organización.

Amnistía Internacional considera positiva la reciente declaración pública de Ud. en la que reitera el compromiso de su Gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes los defienden. Sin embargo, me dirijo a Usted en esta ocasión para expresarle la profunda preocupación de nuestra organización en relación a la grave situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México y para reiterar nuestro urgente  llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos.

Los abusos que hoy siguen enfrentando las y los defensores de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinatos o intentos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y  actos de criminalización. Ejemplo de ello son los casos a los que me refiero continuación.

Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado de diciembre. La protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades.

Desde el 7 de diciembre de 2011 se desconoce el paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), quienes fueron victimas de desaparición forzada. Sus hijos continúan en la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones.

El líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, misma organización de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, se encuentra detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero desde el 20 de enero de 2012. Permanece allí bajo cargos de homicidio. AI considera que su caso tiene grandes similaridades con el proceso infundado contra otro defensor de la región, Raúl Hernández quien fue encarcelado durante dos años y adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

También están encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, José Ramón Aniceto Gómez,  Pascual Agustín Cruz de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido sentenciados a casi siete años de prisión y actualmente esta decisión esta siendo revisada a través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban ejerciendo los cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de Paz tras haber sido elegidos como tales por su comunidad. Uno de sus principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda la comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y tomas de agua en cada casa.

Amnistía Internacional está también analizando los casos de Maximino García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en cuanto que observamos en ellos una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales que hemos documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensoras y defensores de derechos humanos en México. Ello y los detalles mismos de cada caso permiten pensar que el verdadero motivo por el cual estos tres líderes indígenas se encuentran detenidos es por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades indígenas. Por lo tanto, de confirmar esta situación, Amnistía internacional los reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional.

Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado Mexicano establecida en la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.

Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos humanos. Así mismo es necesario que las autoridades federales y estatales garanticen que se ponga fin al mal uso del sistema de administración de justicia que sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos.

Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Señor Secretario de Gobernación,
México
México D.F.

Le agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Javier Zúñiga Mejía Borja
Asesor Especial en Programas Regionales

Londres, 21 de febrero de 2012