SCJN, el cinismo de la impunidad ante la Masacre de Acteal

Difusión Cencos México D.F., 24 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Frayba

SCJN ordena liberación de seis personas más, señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal

Niega la SCJN, por la vía de los hechos, que la Masacre de Acteal haya ocurrido

Ante las recientes excarcelaciones de seis autores materiales de la Masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) confirma la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proteger a quienes han protagonizado en nuestro país crímenes de lesa humanidad.

De tal manera, los fallos que ha resuelto la SCJN abordan requisitos de forma sin indagar el fondo del caso, perpetuando impunidad para los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado ocurrido el 22 de diciembre de 1997.

Las seis personas que obtuvieron su libertad, el pasado 1° de febrero, bajo el reconocimiento de inocencia recurrieron a amparos que la SCJN otorgó sin cuestionar ni valorar que las personas habían sido señaladas como autores materiales de la masacre, hechos por los cuales estaban sentenciados a 36 años de prisión, según el expediente penal No. 224/1997, por los delitos de Homicidio Calificado, Lesiones Calificadas, Portación de Armas de Fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; de tal forma quienes fueron liberados son: Juan Sántiz Vázquez, Lorenzo Gómez Jiménez, Mariano Pérez Jiménez, Agustín Pérez Gómez, José Ruiz Tzucut y Bartolo Luna Pérez. Con esta acción, de los 87 procesados como autores materiales, hasta el momento, la SCJN ha ordenado la liberación de 50 responsables, quedando únicamente 28 personas encarceladas ya que otras seis habían sido absueltas desde el inicio de los procesos por jueces federales, dos liberadas por razones de humanidad y una fallecida durante el proceso.

Las víctimas y sobrevivientes, de la Masacre de Acteal, han denunciado reiteradamente que las personas beneficiadas por la decisión de la SCJN -cuyos amparos son impulsados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)- han retornado paulatinamente a sus lugares de origen causando tensión, incertidumbre comunitaria y revictimización de las personas afectadas como visible realidad, que contrasta con las acciones publicitadas por parte del gobierno del estado de Chiapas en torno a prevenir actos de posible repetición.

Por otra parte, se confirma que los gobernantes en México han procurado y profundizado la impunidad ante los hechos de la Masacre de Acteal, ya que han impedido señalar a los responsables intelectuales de la masacre, entre los que figuran, el ex Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León que por sus funciones en ese sexenio, como Comandante Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,1 tuvo bajo su responsabilidad organizar, equipar, adiestrar y administrar a las Fuerzas Armadas según lo establece la legislación respectiva. Esto además significa que la SCJN niega y encubre, por la vía de los hechos, que la Masacre de Acteal haya ocurrido como parte de la estrategia amplia de contrainsurgencia2 que, desde 1994, desarrolla acciones en Chiapas.

Ernesto Zedillo, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, presidió la cadena de mando y bajo sus órdenes actuaron las demás autoridades implicadas, por lo tanto insistimos que, siendo la ejecución de una estrategia de guerra, es innegable que tuvo conocimiento y responsabilidad en las diferentes operaciones militares en contra de la población civil.

Durante estos años, las personas sobrevivientes de la Masacre de Acteal, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y este Centro de Derechos Humanos hemos demandado investigación y castigo a los autores materiales e intelectuales, sin embargo, a 14 años y dos meses de ocurrido este crimen de lesa humanidad, es contundente el encubrimiento por parte de los diferentes poderes del Estado mexicano que tergiversan y obstaculizan el esclarecimiento de los hechos para que se conozca la verdad histórica y sean efectivos los principios éticos de justicia en este país.

Finalmente, el Frayba confirma su compromiso de continuar acompañando a los pueblos y organizaciones que construyen en la memoria histórica alternativas de justicia y reparación, que reconstituyen el tejido social de las comunidades que han sido violentadas por las políticas de Estado.

Celebramos el ejemplo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal por el camino que han recorrido para permitir que la verdad, justicia y paz sean posibles y construidas permanentemente desde y para los pueblos contra la complicidad estructural del Estado mexicano en esta estrategia de guerra contra la población civil organizada, hoy generalizada.

1 Art. 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 11, 13 y 17 Ley Orgánica del
Ejército y Fuerzas Aéreas del Ejército Mexicano.
2 Manual de contrainsurgencia Plan de Campaña Chiapas '94 de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO. TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396 www.frayba.org.mx
frayba@frayba.org.mx San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 22 de febrero de 2012

Sale libre bajo fianza la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez

Difusión Cencos México D.F., 24 de febrero de 2012

Boletín de prensa
ProDESC / CRPEUH / APIITDTT / Poder

El 24 de febrero de 2012, a las 00:30, salió libre bajo fianza la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez, quien había permanecido recluida en el Reclusorio Regional de Tehuantepec.

A las 17:40 se desahogó la audiencia para que saliera del Juzgado 6° de Distrito de Oaxaca. Sin embargo, la defensora debió esperar siete horas para recibir su boleta de salida. Ella es acusada de delitos contra la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad. ​

La Procuraduría General de la República detuvo ayer a la Sra. Cruz Velázquez en cumplimiento de una orden de aprensión emitida el 12 de septiembre de 2011 por el Juzgado 6° de Distrito, luego de una denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ​La Sra. Cruz Velázquez es una reconocida defensora del derecho a la tierra y al territorio y co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

La Asamblea ha acompañado a una serie de campañas para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellas la organización comunitaria de los pueblos zapotecos e ikoots en resistencia a los proyectos eólicos de la región y al pueblo zapoteco de Xadani en contra de la alza de las tarifas eléctricas impuestas por la CFE.

​A lo largo del día de hoy multitud de organizaciones civiles de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Red Nacional de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos", expresaron su solidaridad y mostraron su preocupación por la potencial violación del derecho al debido proceso de la Sra. Cruz Velázquez. Desde el 14 de noviembre de 2011 ella goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. ​El 28 de octubre de 2011 la Sra. Cruz Velázquez y integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo fueronatacados por caciques golpeadores y policías municipales. Por estos hechos de violencia, la Defensoría de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad física de la Sra. Cruz Velázquez y demás integrantes. ​Desde el año pasado la Asamblea acompaña al Comité, conformado por pequeños propietarios de Unión Hidalgo que se oponen al proyecto eólico Piedra Larga.

En mayo de 2011 el Comité solicitó una mesa de diálogo mediada por el gobierno estatal con la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V. (DEMEX),subsidiaria de la empresa española Renovalia Energy, para tratar las violaciones a la tierra y al territorio y solucionar pacíficamente la problemática creada a partir de la falta de consentimiento previo, libre e informado. ​El 8 de febrero de 2012 se logró la mesa de diálogo para exigir la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento en Unión Hidalgo firmados con DEMEX. Ese día se acordó que habría una segunda reunión este sábado 25 de febrero en la Ciudad Administrativa de Oaxaca para recibir la respuesta formal de la empresa a la petición de terminar anticipadamente los contratos. ​No deja de ser alarmante que días antes de la segunda reunión para tratar la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento en Unión Hidalgo una de las líderes de la Asamblea sea injustamente arrestada. ​El proyecto eólico de Piedra Larga está siendo desarrollado por DEMEX para suministrar energía limpia principalmente a Grupo Bimbo por medio de un contrato de autoabastecimiento. Para construirlo Renovalia Energy obtuvo un crédito de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano (Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa) y tres bancos privados (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España).

Exhorto:

Las organizaciones firmantes exhortamos al Secretario de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

• Que se garantice el derecho al debido proceso de la Sra. Cruz Velázquez;
• Que ella sea exonerada de todo delito y su nombre quede libre de toda sospecha; y
• Que se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física tanto de la Sra. Cruz Velázquez como de los demás integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Organizaciones firmantes:

• Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)
• Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo (CRPEUH)
• Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) • Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

México, D.F.

Sufren doble discriminación las mujeres reclusas, señala el CEAMEG

Boletín/México.-

Las mujeres privadas de su libertad representan uno de los grupos sociales más marginados porque sufren doble discriminación: por su condición de género y, a diario, violencia y segregación, señaló el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.

A través de un documento publicado en la revista Cámara, en su edición de febrero, denominado "Mujeres en la cárcel, doble discriminación", el CEAMEG indicó que los espacios en donde compurgan sus penas no son suficientes ni adecuados, ya que es un sistema penitenciario creado por hombres y que responde a sus necesidades e intereses.

Detalló que la excesiva población penitenciaria masculina ha provocado que ellas tengan que estar en lugares inadecuados y violatorios de sus derechos humanos, pues el porcentaje de hombres privados de su libertad ha fluctuado desde hace varios años alrededor del 90 por ciento, en comparación con el de las mujeres, que ha variado en 5 por ciento.

Esta situación ha tenido repercusiones delicadas para las mujeres, en virtud de que han sido tratadas con los parámetros masculinos y no desde su condición y posición de género. "Estas circunstancias se traducen en un trato discriminatorio e inequitativo", citó la revista.

El CEAMEG puntualizó que esta condición motiva discriminación hacia la persona y el trato que reciben, ya que en lugar de tener un espacio propio, "son agrupadas y aisladas en secciones de centros para hombres, con un espacio sumamente reducido".

Refirió que en el caso de las visitas íntimas se registra un proceso de discriminación hacia ese derecho, ya que la mayoría de las veces se les exige comprobar su relación sentimental con la persona que va a visitarlas, cuando no es así en el caso de los varones.

Diversas reclusas han denunciado golpes, humillaciones, presiones para tener relaciones sexuales y acoso sexual por parte del personal del centro penitenciario. "Se ha detectado que existen custodios que permanecen muchas horas dentro de la estancia de algunas internas y que, a cambio de favores sexuales, les permiten ciertos privilegios", abundó.

El Centro argumentó que las mujeres privadas de su libertad se enfrentan a legislaciones androcéntricas e inequitativas, así como sistemáticas violaciones a sus derechos, aun cuando existe normatividad internacional que las protege.

Muchas no tuvieron una defensa adecuada y oportuna, en condiciones de igualdad y sin discriminación, por lo que es importante que el Poder Legislativo contribuya a romper con la estigmatización social que recae sobre ellas y defienda sus derechos humanos, afirmó.

En el documento, Nuria Gabriela Hernández Abarca, Lesley Alexia Ramírez Medina y María Isabel de León Carmona, colaboradoras del CEAMEG, plantean establecer desde la Carta Magna el respeto a la dignidad de las mujeres privadas de su libertad, en un entorno de no discriminación, igualdad y acceso real a la justicia.

Respecto a los códigos penales, proponen mecanismos que permitan la igualdad en el proceso al que se ven sujetas. Además, establecer en la legislación en la materia un apartado dedicado a las mujeres privadas de su libertad, donde se indique que deben estar en un espacio adecuado, con instalaciones funcionales, y mejores servicios de salud.

Atacan al periodista Antonio Heras en Mexicali, BC

Víctor ISLAS PARRA / EL MEXICANO
MEXICALI.- El periodista Antonio Heras Sánchez, corresponsal en Baja California de La Jornada y columnista del Gran Diario Regional El Mexicano, fue atacado brutalmente ayer a golpes por sujetos que lo hicieron primero objeto de una persecución.
La agresión ocurrió poco antes de las cinco de la tarde sobre la calzada L. Montejano, entre Independencia y Lázaro Cárdenas, cuando el tránsito vehicular era muy intenso.
   Heras Sánchez acababa de salir del restaurante La Muralla China, en el Centro Cívico, en donde había comido con Luis Gallego, coordinador de Asesores del alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla.
   Manejaba su automóvil cuando por el retrovisor se percató que lo seguía una camioneta Gran Cheroke Blanca, la cual finalmente interceptó su unidad.
   Creyendo que se trataba de algún incidente de tránsito, Heras Sánchez se apeó y en cuanto lo hizo, los individuos lo atacaron arteramente con manos y pies.
   "Me patearon hasta desmayarme", dijo Heras a EL MEXICANO. 
   Expresó haber tomado la matrícula de las placas de la Gran Cheroke y haber pedido auxilio al C-4 de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, de donde no le mandaron ningún apoyo, según expresó.
   Tambaleante y derramando sangre, tuvo fuerzas para abordar su unidad y trasladarse al hospital Santa Lucía, en donde lo atendieron de contusiones en todo el cuerpo.
   "Me hirieron en el rostro, en el cráneo, en el tórax, en la espalda, en la cadera, en las costillas", manifestó el periodista de 53 años de edad a EL MEXICANO.
   Heras Sánchez, originario del Distrito Federal, con 31 años en el oficio periodístico, 21 de ellos en Baja California, teme que la agresión se trate de una venganza por su labor informativa.
   "Ojalá que esto fuera un ataque meramente por cuestiones personales y no tenga su origen en lo que escribo", expresó el autor de la columna "Lindero Norte".
   Informó que si su estado de salud mejora hoy presentará una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia y solicitará formalmente la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.
   Asimismo, no descartó retirarse temporal o definitivamente del periodismo. "Por lo pronto, me iré de Baja California, no se si por un tiempo o para siempre", reveló.
   Mientras tanto, ha estado recibiendo expresiones solidarias de dirigentes de asociaciones de periodistas de toda la entidad y de reporteros en lo particul

La Policía Federal detuvo a dos miembros de Los Zetas por secuestro en Veracruz

Elementos de la Policía Federal detuvieron este 22 de febrero en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz, a Carlos Mallard Hernández, alias "El Mallard" y Carlos Uriel Soto Olan, presuntos plagiarios al servicio de la organización criminal "Los Zetas".
   Resultado de los trabajos de investigación realizados tras la privación ilegal de la libertad de un agricultor ocurrido en mayo de 2011, los efectivos federales identificaron el modo de operar de estos sujetos que consistía en vigilar e investigar a sus víctimas con el fin de obtener información para que estas fueran plagiadas.
   Se tiene conocimiento que los presuntos delincuentes interceptaban a sus víctimas en caminos poco transitados donde se presentaban fuertemente armados, con equipo táctico y a bordo de camionetas para privarlas de su libertad y posteriormente trasladarlas a casas de seguridad donde eran agredidas físicamente.
   Como medida de presión, estos sujetos se comunicaban vía telefónica con los familiares de los plagiados para exigir dinero y vehículos a cambio de su libertad.
   Por lo anterior elementos de la Policía Federal implementaron un operativo en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles, en el municipio de Cosamaloapan, donde mediante vigilancias fijas y móviles fueron ubicados y detenidos Carlos Mallard Hernández, alias "El Mallard", de 22 años y Carlos Uriel Soto Olan de 21 años, quienes eran los encargados de vigilar e interceptar a las víctimas.

En esta acción se aseguró lo siguiente:
Un vehículo marca Volkswagen, Jetta, color blanco, con placas de circulación TWZ-3153 del estado de Puebla
Un fusil de asalto AR15, con un cargador abastecido con 69 cartuchos útiles
Un arma corta calibre .380, con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles
Dos teléfonos celulares y un chip
Un envoltorio que contenía hierba verde
   Para continuar con las investigaciones correspondientes, los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
   Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública federal refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad por lo que pone a su disposición el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal para realizar cualquier denuncia o queja a través del 01800440 3690 lada sin costo para todo el país, 088 para el Distrito Federal y el área metropolitana, y el correo electrónico: denuncia@ssp.gob.mx.