Boletín/México.-
Las mujeres privadas de su libertad representan uno de los grupos sociales más marginados porque sufren doble discriminación: por su condición de género y, a diario, violencia y segregación, señaló el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.
A través de un documento publicado en la revista Cámara, en su edición de febrero, denominado "Mujeres en la cárcel, doble discriminación", el CEAMEG indicó que los espacios en donde compurgan sus penas no son suficientes ni adecuados, ya que es un sistema penitenciario creado por hombres y que responde a sus necesidades e intereses.
Detalló que la excesiva población penitenciaria masculina ha provocado que ellas tengan que estar en lugares inadecuados y violatorios de sus derechos humanos, pues el porcentaje de hombres privados de su libertad ha fluctuado desde hace varios años alrededor del 90 por ciento, en comparación con el de las mujeres, que ha variado en 5 por ciento.
Esta situación ha tenido repercusiones delicadas para las mujeres, en virtud de que han sido tratadas con los parámetros masculinos y no desde su condición y posición de género. "Estas circunstancias se traducen en un trato discriminatorio e inequitativo", citó la revista.
El CEAMEG puntualizó que esta condición motiva discriminación hacia la persona y el trato que reciben, ya que en lugar de tener un espacio propio, "son agrupadas y aisladas en secciones de centros para hombres, con un espacio sumamente reducido".
Refirió que en el caso de las visitas íntimas se registra un proceso de discriminación hacia ese derecho, ya que la mayoría de las veces se les exige comprobar su relación sentimental con la persona que va a visitarlas, cuando no es así en el caso de los varones.
Diversas reclusas han denunciado golpes, humillaciones, presiones para tener relaciones sexuales y acoso sexual por parte del personal del centro penitenciario. "Se ha detectado que existen custodios que permanecen muchas horas dentro de la estancia de algunas internas y que, a cambio de favores sexuales, les permiten ciertos privilegios", abundó.
El Centro argumentó que las mujeres privadas de su libertad se enfrentan a legislaciones androcéntricas e inequitativas, así como sistemáticas violaciones a sus derechos, aun cuando existe normatividad internacional que las protege.
Muchas no tuvieron una defensa adecuada y oportuna, en condiciones de igualdad y sin discriminación, por lo que es importante que el Poder Legislativo contribuya a romper con la estigmatización social que recae sobre ellas y defienda sus derechos humanos, afirmó.
En el documento, Nuria Gabriela Hernández Abarca, Lesley Alexia Ramírez Medina y María Isabel de León Carmona, colaboradoras del CEAMEG, plantean establecer desde la Carta Magna el respeto a la dignidad de las mujeres privadas de su libertad, en un entorno de no discriminación, igualdad y acceso real a la justicia.
Respecto a los códigos penales, proponen mecanismos que permitan la igualdad en el proceso al que se ven sujetas. Además, establecer en la legislación en la materia un apartado dedicado a las mujeres privadas de su libertad, donde se indique que deben estar en un espacio adecuado, con instalaciones funcionales, y mejores servicios de salud.
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