Difusión Cencos México D.F.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la muerte violenta de al menos 24 personas en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 2 de la ciudad de Gómez Palacios, estado de Durango, México. La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares y para investigar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con información ampliamente difundida, en la tarde del pasado martes 18 de diciembre de 2012 al menos quince internos y nueve agentes de custodia murieron en un enfrentamiento con armas de fuego producido en el CERESO No. 2 de Gómez Palacios, de acuerdo con la versión de fuentes oficiales, a raíz de un intento masivo de fuga. Luego de estos hechos, más de quinientos reos habrían sido trasladados del referido centro penal, además aún habría varios heridos de gravedad.
En atención a estos hechos, la CIDH reitera que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles. El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Asimismo, los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.
La Comisión Interamericana manifiesta una vez más su profunda preocupación por los altos niveles de violencia en los centros penales del norte de México, en los que constantemente se registran motines, enfrentamientos entre miembros de bandas criminales, fugas y otros desórdenes e irregularidades. A este respecto, la CIDH en sus Comunicados de Prensa No. 21/2012, 79/2011 y 9/10, se ha manifestado respecto de hechos tales como: la muerte de 44 internos del Centro Penal de Apodaca, Nuevo León el 20 de febrero de 2012; la muerte de al menos 30 reclusos del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, Tamaulipas el 4 de enero de 2012; la muerte 17 reos del CERESO de Ciudad Juárez, Chihuahua el 25 de julio de 2011; y la muerte de 23 reclusos en el CERESO No. 1 de Durango ocurrida el 20 de enero de 2010 en tres riñas simultáneas producidas en ese establecimiento.
En este contexto, la Comisión Interamericana reitera su llamamiento urgente a las autoridades mexicanas, a fin de que adopten las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios. En este sentido, la CIDH subraya que el desarme de la población reclusa y los controles efectivos del ingreso de armas y otros objetos ilícitos en los centros penales, así como la prevención de las actividades de las organizaciones criminales presentes en las cárceles, son medidas concretas que el Estado debe adoptar para reducir los índices de violencia carcelaria y para evitar la repetición de hechos de violencia similares.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Washington, D.C. – 3 de enero de 2013
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
