En Puebla Detienen a 4 por Robo de Medicamentos en el IMSS

La PGR realizó operativo para asegurarlos en clínicas de San José y La Margarita

por REDACCIÓN

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Francisco Fraile García confirmó la detención de Emmanuel Bermúdez Flores, empleado de la clínica 55, y Javier Montiel, de Especialidades por presunto robo  de medicamentos

Estos solo son 2 de los 4 detenidos que aseguró este jueves por la mañana  la Procuraduría General  de la República tanto en la clínica 55 así como en el hospital de especialidades en San José

En Buenos Días de Cinco Radio la madre de uno de los asegurados detallaba el momento en que, según testigos de los hechos, una camioneta azul “secuestraba”  a este auxiliar de farmacia en el IMSS.

Horas después Fraile García confirmó que en total fueron 4 las detenciones por presunto robo de medicamentos. La denuncia en contra de los asegurados se interpuso desde hace cuatro años pero se ampararon e incluso podrían ser defendidos nuevamente por el área jurídica de su sindicato

Chiapas-Edomex, ruta de explotación sexual

Elizabeth Muñoz Vásquez / CIMAC
prensaycomunicacioncimac@gmail.com

Tlaxcala,  Tlaxcala. Los municipios de Tapachula, en Chiapas, y Ecatepec, en el estado de México, ofrecen a mujeres migrantes centroamericanas empleos en condiciones de explotación extrema “y con frecuencia muy cercanos a la esclavitud”, debido a que son estigmatizadas como extranjeras pobres, ignorantes, indígenas  y “mujeres de la calle”.
Lo anterior se revela en la investigación Mujeres transmigrantes, realizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
Se desprende también que a las mujeres se les concentra en los segmentos del mercado del trabajo segregado por sexo más marginales y estigmatizados.
“Las mujeres centroamericanas en Chiapas están concentradas en los centros nocturnos-bares, cantinas, table-dance, en el trabajo doméstico o en el agrícola, y sobre todo en el comercio informal”, reporta el estudio.
De acuerdo con la investigación, en esos dos municipios las mujeres transmigrantes (que están de paso por México en su trayecto hacia Estados Unidos) tienen “mayores oportunidades de realizar actividades remuneradas, eventuales o con cierto grado de estabilidad”, pero el trabajo es “totalmente denigrante y no hay políticas, ni programas gubernamentales dirigidos a protegerlas”.
Esa oferta de trabajo aparentemente atractiva se ha convertido en un factor llamativo para mujeres que practican una migración de sobrevivencia, y como resultado de ello es que cada vez más mujeres de origen centroamericano se van quedando a vivir en la zona fronteriza, y a lo largo de la ruta del Soconusco (Chiapas) hasta el centro del país.
En el estudio se destaca que precisamente en esa ruta una gran cantidad de mujeres son obligadas a prostituirse, o están “atrapadas (sic) en situaciones de trata con fines de servidumbre doméstica, explotación sexual o el trabajo forzoso”.
Asimismo se indica que además de la explotación laboral, tanto en Chiapas como en el estado de México, se registra un gran número de mujeres jefas de familia, que se han establecido en las zonas metropolitanas debido a que se están casando con un mexicano o bien un centroamericano, aunque eso les implique seguir ejerciendo el rol de trabajadora o cuidadora.
La investigación concluye que el “efecto de la transmigración es de dos caras”, pues por una parte pareciera que fortalece a las centroamericanas, quienes al trabajar y percibir un ingreso adquieren más confianza en sí mismas y llegan a tener el reconocimiento de sus familiares al considerarlas mujeres independientes.
Sin embargo, se agrega, el reconocimiento que pagan por lo anterior es muy alto y en algunas ocasiones muy traumático, pues las mujeres que son objeto de trata con fines de explotación sexual “por lo que ven y lo que viven cambian totalmente su manera de concebir la sexualidad y la moral sexual, y no alcanzan a distinguir lo que está permitido y lo que no, lo que está bien y lo que está mal”.
Finalmente se demanda a las autoridades de todos los niveles revisar los criterios con los que actúan, pues evidentemente no hay un reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres migrantes.

Arranca campaña nacional para prevenir la tortura en los sistemas de seguridad y justicia

Difusión Cencos México D.F., 17 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Insyde

La misión del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) es promover el libre ejercicio del derecho humano a la seguridad. Parte de esta misión incluye promover el apego del comportamiento de las autoridades involucradas en los sistemas de seguridad y justicia a los estándares democráticos que garantizan no sólo la plena vigencia de los derechos humanos, sino que también comprometen su profesionalismo y eficacia. Sin embargo, actualmente, pese a los avances que registran algunas instituciones policiales y de investigación criminal en el país, la práctica de la tortura y otros malos tratos se mantiene presente en estas instituciones que tienen como misión principal garantizar el derecho humano a la seguridad, que debe ser indivisible e interdependiente, entre otros, de los derechos al debido proceso y la integridad física y mental.

En años recientes, las procuradurías del país y los organismos de protección de los derechos humanos han registrado un incremento alarmante en el número de denuncias de hechos posiblemente constitutivos de tortura, que incluyen testimonios sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzada, tortura sexual, presuntos homicidios por lesiones producidas bajo tortura y otros actos de violencia en la que se han señalado a elementos de corporaciones de seguridad o de procuración de justicia como responsables. A pesar de que tanto a nivel federal como local existen informes oficiales que registran la existencia no sólo de denuncias, sino también de dictámenes médicos que acreditan la tortura en cientos de casos, el número de sentencias condenatorias es, en contraste, de cero en el fuero federal y de 1 a nivel local (DF) durante la última década. La tortura queda impune técnicamente en el 100% de los casos.

Ante este escenario preocupante, Insyde ha iniciado un proceso de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, expertos y expertas en diversas disciplinas y sectores, así como un diálogo con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, para erradicar estas prácticas sucedidas de manera previa y posterior a la presentación ante el Ministerio Público de personas detenidas por agentes de seguridad del Estado. El esfuerzo conjunto se aglutina en la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, que en su primera etapa contempla dos años de ejecución.

Nuestra meta para 2013 es impulsar la actualización del marco normativo sobre tortura y que ninguna autoridad relacionada a los sistemas de seguridad pública y justicia penal desconozca cuáles son sus obligaciones en la materia.

La Campaña Nacional para Prevenir la Tortura considera que la causa de este flagelo deriva principalmente de un marco jurídico incongruente con las normas de derechos humanos reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, que permita aplicar procedimientos efectivos y sujetos a control, para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño de las personas afectadas por la tortura u otros malos tratos. Esta incongruencia dificulta los procedimientos judiciales para probar los hechos durante el proceso penal, lo que alienta la impunidad y la discriminación ante la ley.

De igual manera, la ausencia de procedimientos efectivos de control y rendición de cuentas al interior de las instituciones policiales y las agencias del Ministerio Público se convierte en un incentivo para cometer actos constitutivos de tortura, en circunstancias tan diversas como la detención, la prisión preventiva o el arraigo.

Para prevenir y erradicar estas conductas, la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura impulsará diferentes estrategias que impacten tanto en lo jurídico como en lo operativo, en la capacitación, y apoyadas en una amplia difusión de información dirigida a las víctimas directas o indirectas (familiares, abogados, etc.), a la población interesada, a la sociedad civil y a las instituciones competentes.

Entre las estrategias que se impulsarán en este proceso se encuentran las siguientes:

1. Fortalecer el marco jurídico: Armonizar el marco jurídico actual para que sea totalmente compatible con las normas internacionales contra la tortura, tanto a nivel federal como en las entidades federativas;
2. Fortalecer el control interno. Impulsar el establecimiento de diversas medidas judiciales de control interno y rendición de cuentas en la operación de las policías y los Ministerios Públicos, para eliminar los incentivos que los llevan a cometer este delito;
3. Mejorar la capacitación y formación profesional. Capacitar a los responsables de aplicar la ley, y promover el diálogo e intercambio de experiencias con personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a fin de mejorar los procesos de investigación y sanción, reducir la impunidad en este delito e impulsar mejores herramientas y metodologías para la documentación y denuncia de la tortura; de igual modo, este componente de la campaña prevé fortalecer los programas de formación profesional de policías y agentes del Ministerio Público en materia de prevención de la tortura y derechos humanos;
4. Promover la difusión y acceso a, información sobre la tortura. Informar a la ciudadanía y a las víctimas de tortura sobre los recursos que tienen disponibles, para garantizar el ejercicio de sus derechos y prevenir estos hechos y, especialmente, es necesario sensibilizar a las autoridades de procuración de justicia para que adopten medidas efectivas de combate a la tortura en México y erradicar la impunidad.

Hacemos un atento llamado a todas las personas e instituciones sensibles a la problemática que plantea la persistencia de la tortura a que se sumen a la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura; si queremos gozar de un sistema de justicia moderno y un modelo de seguridad ciudadana, requerimos cerrarle la puerta a la tortura cuanto antes.

Contacto:

Sergio Leñero Reveles Coordinación de Comunicación Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) Tel. 91 16 53 04 ext. 122 Cel. 55 24 21 83 51 www.insyde.org.mx Twitter: @InsydeMx Fb: Insyde MX #VsTorturaMx

Boletín informativo 01-011613
Campaña Nacional para Prevenir la Tortura

México D.F., 16 de enero de 2013

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

SEP está obligada a realizar profundas reformas para garantizar la seguridad física y prevenir el abuso sexual de niños y niñas al interior de las escuelas públicas del país

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Redim / ODI

• El caso del pre-escolar de Iztapalapa donde al menos 15 niñas y niños pequeños fueron abusados sexualmente por siete trabajadores de la SEP mostró los graves vacíos en el sistema educativo
• Sin una profunda reforma estructural y normativa en la Secretaría de Educación Pública no existen garantías para evitar nuevos casos de violencia sexual en las escuelas
• ODI y REDIM saludan la Recomendación de la CNDH a la SEP, pero destacan que es insuficiente frente a la gravedad del caso paradigmático

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) expresaron su preocupación por que las respuestas institucionales del Estado Mexicano son insuficientes frente al grave suceso que representa el abuso sexual de por lo menos 15 niñas y niños pequeños en el preescolar "Andrés Oscoy Rodríguez", ubicado en la Delegación Iztapalapa, donde siete funcionarios públicos aprovecharon los vacíos institucionales para agredir sexualmente a las y los infantes bajo su cuidado.

Saludaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciara por oficio la investigación y derivara en la recomendación 76/2012 a la Secretaría de Educación Pública (SEP) pero la calificaron de insuficiente frente a la gravedad del caso paradigmático que dejó en evidencia los grandes vacíos que existen en el sistema educativo mexicano para prevenir, identificar y reparar el daño a niñas y niños víctimas de violencia sexual en todo el país.

Lamentaron que la Recomendación 76/2012 de la CNDH a la SEP se auto-limitara a temas administrativos, de capacitación y servicios psicológicos sin tocar los aspectos normativos, diseño institucional, controles de confianza del personal, entre otros vacíos. Además de sólo considerar 15 de las 30 víctimas de agresión sexual, dejando a varias de ellas en indefensión. "Las nueve recomendaciones resultarán pasajeras si no se realiza una profunda reforma estructural y normativa que garantice la seguridad de los niños y niñas bajo cuidado de la Secretaría de Educación Pública" establecieron ambos organismos.

La ODI lleva la defensa jurídica de los 30 niños y niñas víctimas de agresión sexual por siete trabajadores de la escuela pública mencionada. El proceso penal iniciado en el 2011 aún continúa, y dependiendo de los alcances en la jurisdicción local se podrá llevar el caso a instancias internacionales. REDIM y ODI urgieron a las autoridades a               localizar inmediatamente a la maestra que sigue prófuga y especialmente llamaron a reconocer que en las escuelas públicas del país "todo sigue igual", por lo que es posible que se presenten nuevas agresiones sexuales dentro de las escuelas públicas del país.

Las organizaciones presentes consideraron que los cambios indispensables deben darse en las tres áreas que toca la recomendación de la CNDH: capacitación, selección de personal y ambiente físico de la escuela; pero es urgente atender las omisiones de esta recomendación. Todos estos cambios deben ser estructurales y normativos, es decir, de carácter obligatorio y permanentes.

De manera resumida los cambios imperativos son:

Procedimientos y protocolos institucionales.- Hoy en día la SEP no cuenta con un solo protocolo institucional sobre cómo intervenir en casos en los que la seguridad de los niños y niñas se ha puesto en riesgo. Es indispensable que la SEP institucionalice procedimientos formales sobre cómo detectar y proteger a niños y niñas víctimas de violencia.

Selección y supervisión de personal.- Los procedimientos y criterios para la selección y evaluación constante del personal exigen reforma inmediata. Todo personal que entra en contacto con un niño o niña debe ser contratado con base en un perfil adecuado. Las cuotas de designación de personal por parte del sindicato deben ser eliminados. Todo el personal escolar debe ser seleccionado y evaluado bajo estándares y procedimientos públicos por la única autoridad responsable de la educación de los niños y niñas: la SEP.
Capacitación.- La capacitación en derechos de la infancia, prevención y detección de la violencia sexual, entre otros temas; es un elemento fundamental para el correcto               desempeño de personal escolar. La capacitación debe ser obligatoria, constante y condición necesaria para la permanencia en el puesto.

Infraestructura para la protección de niños y niñas.- La infraestructura escolar debe ser adecuada para la protección de niños y niñas. Modelos de 'escuelas transparentes' y otras medidas ambientales son fundamentales para evitar la violencia física y sexual en contra de niños y niñas en las escuelas.

Empoderamiento de las familias para la protección de niños y niñas.- Las familias deben contar con información adecuada para la detección y protección de sus hijos ante una posible victimización. Para ello la escuela debe contar con mecanismos de denuncia de posibles violaciones a los derechos de los niños y niñas, y adecuados recursos de apelación cuando la respuesta institucional no es debidamente atendida.

Empoderamiento de los niños y niñas.- Es fundamental que sean los propios niños y niñas quienes cuenten con la mayor información sobre sus derechos y cómo proceder cuando necesitan protección. La participación infantil es un derecho humano y un excelente recurso educativo que ha demostrado eficacia en la prevención y protección de todo tipo de agresiones.

Órganos de contraloría ciudadana en las escuelas. Es indispensable que las escuelas estén obligadas a contar con órganos revisores accesibles y locales con participación de padres, docentes y sociedad civil quienes desarrollen acciones diagnósticas sistemáticas y adecuadas a la edad de los niños y niñas para activar sistemas integrales de protección cuando sea necesario.

REDIM y ODI llaman al Poder Legislativo a realizar estos cambios urgentes y necesarios en la Ley General de Educación y en las leyes relativas. Todos ellos deben incorporarse formalmente en la legislación y normatividad de la Secretaría de Educación Pública para que la escuela sea capaz de garantizar la seguridad física y sexual de los niños y niñas.

Más información: Verónica Morales, Comunicación Estratégica, REDIM comunicacion@derechosinfancia.org.mx 56 04 24 66 Ext 118 / Cel: 044 55 19647408

Exhortan a la autoridad judicial, garantizar el acceso a la justicia a niñas y niños abusados en kínder de Iztapalapa

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Identifican los restos de otra joven encontrada en el Valle de Juárez, demora la fiscalía de Chihuahua un año en confirmar su identidad

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Justicia para Nuestras Hijas

Beatriz Alejandra, de 20 años, desapareció en Ciudad Juárez el 27 de abril de 2010. A pesar de que sus restos fueron encontrados en enero de 2012 –junto con varias osamentas femeninas más- estos fueron entregados a la familia, hasta un año después, en enero de 2013.

El pasado sábado 12 de enero, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Zona Norte,  confirmó a la familia de Beatriz Alejandra Hernández Trejo y a Justicia para Nuestras Hijas, que los restos encontrados hacía un año, corresponden a la joven de 20 años.

El primer cuerpo encontrado en la zona del Valle de Juárez, fue el de Adriana Sarmiento, el 5 de noviembre de 2009. La Fiscalía de Chihuahua mostró un retraso injustificable en el cotejo de ADN con la familia de Adriana. Y una vez realizado, escondió durante meses los resultados de las pruebas. Fue hasta dos años después, en noviembre de 2011, que notificaron a la familia que se trataba de Adriana.

Entre 2009 y 2011, grupos del crimen organizado habrían utilizado la zona del Valle de Juárez para depositar los cuerpos de jovencitas. Las familias con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez, exigieron a la Fiscalía Zona Norte, realizar rastreos en la zona. Entre enero y febrero de 2012, se encontraron múltiples restos óseos, de los cuales han sido identificadas 11  jovencitas que contaban con reporte de desaparición en distintas fechas, entre ellas Jessica Leticia Peña García y Perla Ivonne  Aguirre González. Un número indeterminado de restos de mujeres continúa sin ser identificados.

Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas sostiene: "Es preocupante la situación que se está viviendo en Ciudad Juárez, pues las familias no saben en qué momento la Fiscalía les llamará para informarles que algún ADN salió positivo, significando esto, que sus hijas ahí han estado en el SEMEFO, mientras ellas las seguían buscando con la esperanza de encontrarlas con vida. Más preocupante es aún que mientras la Fiscalía simula estar avanzando en las investigaciones, los tratantes y asesinos continúan libres".

Así mismo dice, "el día de hoy serán inhumados los restos de Beatriz Alejandra en el panteón San Rafael, para las autoridades es solo un caso más que pasa de la Unidad de Desapariciones a la Unidad de feminicidios, pero para la familia es un cambio radical, ya no la esperan más. Ahora su madre se pregunta ¿Qué paso con Beatriz? ¿Cuánto tipo estuvo viva?, preguntas, que las autoridades no ha sido capaces de responder".

Justicia para Nuestras Hijas reitera que la línea de investigación para sancionar a los culpables debe estar orientada al crimen organizado y la trata, y la complicidad con funcionarios. Sin embargo, la Fiscalía ha sido indiferente ante esta hipótesis, y se ha negado a realizar la investigación correspondiente con efectividad. Los recientes crímenes de las 12 jovencitas permanecen impunes. 

Para mayor información comunicarse a: +52 (614) 1 64 55 46.

Chihuahua, Chih. 15 de enero de 2013

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos