viernes, 18 de enero de 2013
Pareja suicida tienen su Luna de Miel al Más Allá
En Puebla Hombre Intenta Suicidarse en Buffet Jurídico de La Paz
Se hizo varios cortes en el cuerpo con un cristal; ingresó por la madrugada pero no intentó robar nada
por ODILÓN LARIOS NAVA
En Puebla Detienen a 4 por Robo de Medicamentos en el IMSS
La PGR realizó operativo para asegurarlos en clínicas de San José y La Margarita
por REDACCIÓN
Chiapas-Edomex, ruta de explotación sexual
Elizabeth Muñoz Vásquez / CIMAC
prensaycomunicacioncimac@gmail.com
Tlaxcala, Tlaxcala. Los municipios de Tapachula, en Chiapas, y Ecatepec, en el estado de México, ofrecen a mujeres migrantes centroamericanas empleos en condiciones de explotación extrema “y con frecuencia muy cercanos a la esclavitud”, debido a que son estigmatizadas como extranjeras pobres, ignorantes, indígenas y “mujeres de la calle”.
Lo anterior se revela en la investigación Mujeres transmigrantes, realizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
Se desprende también que a las mujeres se les concentra en los segmentos del mercado del trabajo segregado por sexo más marginales y estigmatizados.
“Las mujeres centroamericanas en Chiapas están concentradas en los centros nocturnos-bares, cantinas, table-dance, en el trabajo doméstico o en el agrícola, y sobre todo en el comercio informal”, reporta el estudio.
De acuerdo con la investigación, en esos dos municipios las mujeres transmigrantes (que están de paso por México en su trayecto hacia Estados Unidos) tienen “mayores oportunidades de realizar actividades remuneradas, eventuales o con cierto grado de estabilidad”, pero el trabajo es “totalmente denigrante y no hay políticas, ni programas gubernamentales dirigidos a protegerlas”.
Esa oferta de trabajo aparentemente atractiva se ha convertido en un factor llamativo para mujeres que practican una migración de sobrevivencia, y como resultado de ello es que cada vez más mujeres de origen centroamericano se van quedando a vivir en la zona fronteriza, y a lo largo de la ruta del Soconusco (Chiapas) hasta el centro del país.
En el estudio se destaca que precisamente en esa ruta una gran cantidad de mujeres son obligadas a prostituirse, o están “atrapadas (sic) en situaciones de trata con fines de servidumbre doméstica, explotación sexual o el trabajo forzoso”.
Asimismo se indica que además de la explotación laboral, tanto en Chiapas como en el estado de México, se registra un gran número de mujeres jefas de familia, que se han establecido en las zonas metropolitanas debido a que se están casando con un mexicano o bien un centroamericano, aunque eso les implique seguir ejerciendo el rol de trabajadora o cuidadora.
La investigación concluye que el “efecto de la transmigración es de dos caras”, pues por una parte pareciera que fortalece a las centroamericanas, quienes al trabajar y percibir un ingreso adquieren más confianza en sí mismas y llegan a tener el reconocimiento de sus familiares al considerarlas mujeres independientes.
Sin embargo, se agrega, el reconocimiento que pagan por lo anterior es muy alto y en algunas ocasiones muy traumático, pues las mujeres que son objeto de trata con fines de explotación sexual “por lo que ven y lo que viven cambian totalmente su manera de concebir la sexualidad y la moral sexual, y no alcanzan a distinguir lo que está permitido y lo que no, lo que está bien y lo que está mal”.
Finalmente se demanda a las autoridades de todos los niveles revisar los criterios con los que actúan, pues evidentemente no hay un reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres migrantes.
jueves, 17 de enero de 2013
Arranca campaña nacional para prevenir la tortura en los sistemas de seguridad y justicia
Boletin de Prensa
Insyde
La misión del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) es promover el libre ejercicio del derecho humano a la seguridad. Parte de esta misión incluye promover el apego del comportamiento de las autoridades involucradas en los sistemas de seguridad y justicia a los estándares democráticos que garantizan no sólo la plena vigencia de los derechos humanos, sino que también comprometen su profesionalismo y eficacia. Sin embargo, actualmente, pese a los avances que registran algunas instituciones policiales y de investigación criminal en el país, la práctica de la tortura y otros malos tratos se mantiene presente en estas instituciones que tienen como misión principal garantizar el derecho humano a la seguridad, que debe ser indivisible e interdependiente, entre otros, de los derechos al debido proceso y la integridad física y mental.
En años recientes, las procuradurías del país y los organismos de protección de los derechos humanos han registrado un incremento alarmante en el número de denuncias de hechos posiblemente constitutivos de tortura, que incluyen testimonios sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzada, tortura sexual, presuntos homicidios por lesiones producidas bajo tortura y otros actos de violencia en la que se han señalado a elementos de corporaciones de seguridad o de procuración de justicia como responsables. A pesar de que tanto a nivel federal como local existen informes oficiales que registran la existencia no sólo de denuncias, sino también de dictámenes médicos que acreditan la tortura en cientos de casos, el número de sentencias condenatorias es, en contraste, de cero en el fuero federal y de 1 a nivel local (DF) durante la última década. La tortura queda impune técnicamente en el 100% de los casos.
Ante este escenario preocupante, Insyde ha iniciado un proceso de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, expertos y expertas en diversas disciplinas y sectores, así como un diálogo con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, para erradicar estas prácticas sucedidas de manera previa y posterior a la presentación ante el Ministerio Público de personas detenidas por agentes de seguridad del Estado. El esfuerzo conjunto se aglutina en la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, que en su primera etapa contempla dos años de ejecución.
Nuestra meta para 2013 es impulsar la actualización del marco normativo sobre tortura y que ninguna autoridad relacionada a los sistemas de seguridad pública y justicia penal desconozca cuáles son sus obligaciones en la materia.
La Campaña Nacional para Prevenir la Tortura considera que la causa de este flagelo deriva principalmente de un marco jurídico incongruente con las normas de derechos humanos reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, que permita aplicar procedimientos efectivos y sujetos a control, para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño de las personas afectadas por la tortura u otros malos tratos. Esta incongruencia dificulta los procedimientos judiciales para probar los hechos durante el proceso penal, lo que alienta la impunidad y la discriminación ante la ley.
De igual manera, la ausencia de procedimientos efectivos de control y rendición de cuentas al interior de las instituciones policiales y las agencias del Ministerio Público se convierte en un incentivo para cometer actos constitutivos de tortura, en circunstancias tan diversas como la detención, la prisión preventiva o el arraigo.
Para prevenir y erradicar estas conductas, la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura impulsará diferentes estrategias que impacten tanto en lo jurídico como en lo operativo, en la capacitación, y apoyadas en una amplia difusión de información dirigida a las víctimas directas o indirectas (familiares, abogados, etc.), a la población interesada, a la sociedad civil y a las instituciones competentes.
Entre las estrategias que se impulsarán en este proceso se encuentran las siguientes:
- Fortalecer el marco jurídico: Armonizar el marco jurídico actual para que sea totalmente compatible con las normas internacionales contra la tortura, tanto a nivel federal como en las entidades federativas;
- Fortalecer el control interno. Impulsar el establecimiento de diversas medidas judiciales de control interno y rendición de cuentas en la operación de las policías y los Ministerios Públicos, para eliminar los incentivos que los llevan a cometer este delito;
- Mejorar la capacitación y formación profesional. Capacitar a los responsables de aplicar la ley, y promover el diálogo e intercambio de experiencias con personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a fin de mejorar los procesos de investigación y sanción, reducir la impunidad en este delito e impulsar mejores herramientas y metodologías para la documentación y denuncia de la tortura; de igual modo, este componente de la campaña prevé fortalecer los programas de formación profesional de policías y agentes del Ministerio Público en materia de prevención de la tortura y derechos humanos;
- Promover la difusión y acceso a, información sobre la tortura. Informar a la ciudadanía y a las víctimas de tortura sobre los recursos que tienen disponibles, para garantizar el ejercicio de sus derechos y prevenir estos hechos y, especialmente, es necesario sensibilizar a las autoridades de procuración de justicia para que adopten medidas efectivas de combate a la tortura en México y erradicar la impunidad.
Hacemos un atento llamado a todas las personas e instituciones sensibles a la problemática que plantea la persistencia de la tortura a que se sumen a la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura; si queremos gozar de un sistema de justicia moderno y un modelo de seguridad ciudadana, requerimos cerrarle la puerta a la tortura cuanto antes.
Contacto:
Sergio Leñero Reveles Coordinación de Comunicación Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) Tel. 91 16 53 04 ext. 122 Cel. 55 24 21 83 51 www.insyde.org.mx Twitter: @InsydeMx Fb: Insyde MX #VsTorturaMx
Boletín informativo 01-011613
Campaña Nacional para Prevenir la Tortura
México D.F., 16 de enero de 2013
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos