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jueves, 25 de agosto de 2011

El piloto de Aeromexico burlo la seguridad del AICM

Reforma Móvil
La captura en España de un copiloto de Aeroméxico que transportaba en su equipaje 42 kilos de cocaína puso en evidencia una vez más el descontrol y las fallas de seguridad que existen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Las primeras indagatorias señalan que el copiloto Rubén García García actuó con la complicidad de elementos de seguridad.
Se presume que ingresó la droga a través del área de plataforma y que su equipaje fue llevado directo al avión sin haber sido inspeccionado.
Y no es la primera vez que esto sucede.
En diciembre, la Policía Nacional de España detuvo en el aeropuerto de Barajas a tres sobrecargos de la misma aerolínea que pretendían introducir 140 kilos de cocaína.
La investigación en México llevó a la captura de cinco empleados de la empresa de seguridad privada Eulen, que apoya la seguridad del AICM.
También se involucró a un mando de la Policía Federal, aún prófugo, con una banda de narcotraficantes que operaba en la terminal aérea.
Entonces, las autoridades del aeropuerto y de las corporaciones policiacas anunciaron el reforzamiento de las medidas de seguridad y de inspección de las tripulaciones.
Ocho meses después, la captura de García García en España, ocurrida la semana pasada, vuelve a dejar al descubierto las fallas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Al copiloto Rubén García García, quien llevaba 11 años trabajando para la empresa, le fue suspendida la licencia.
Indagan en AICM red de narcotráfico
Autoridades aeroportuarias y de la Policía Federal aseguraron que se investiga una red de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que incluye a elementos de dos empresas de seguridad privada, y personal de la terminal y de las aerolíneas.
Y es que según fuentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil y del AICM, el copiloto de Aeroméxico que fue capturado en España por transportar 42 kilos de cocaína, Rubén García, actuó con la complicidad de elementos de seguridad privada y se presume que ingresó la droga a través del área de plataforma.
De acuerdo con personal que labora en el aeropuerto, la maleta fue traslada desde esa zona directo al avión, sin haber sido inspeccionada.
Ante ello, las fuentes confirmaron que al menos 10 personas son investigadas, debido a que violaron procedimientos de la terminal aérea. Además, se investigan los procedimientos de Aeroméxico, que pudieron haber permitido el acceso de la droga directamente al avión.
También se indaga por qué los elementos de la Policía Federal no detectaron el equipaje, cuando son los encargados de coordinar en esa zona.
Aunque el copiloto declaró que no estaba en activo, personal en el AICM confirmó que no ingresó por filtros de acceso de pasajeros, sino por el filtro K de acceso a la tripulación.
Señalaron que la maleta con la que viajaba no era de las que les otorga Aeroméxico.
Por ello, se presume que este mecanismo utilizado por el piloto es distinto al que siguieron los sobrecargos y el piloto detenidos en diciembre pasado, también en España, por trasladar 140 kilogramos de cocaína.
A diferencia de esta ocasión, los sobrecargos entraron con uniforme y se cambiaron de ropa en las salas de última espera. Además, el equipaje sí ingresó por filtros de acceso.
En tanto, Rubén García sí utilizó su identificación de piloto para ingresar, aunque no vestía el uniforme, además que su equipaje no ingresó por estos filtros y pasó más de una inspección.
Cuando una maleta es documentada, pasa por un proceso automatizado de revisión que incluye rayos X y detección de explosivos y es supervisado por cámaras de seguridad monitoreadas por personal de empresas privadas.
Una vez documentada también es revisada por la aerolínea y el traslado realizado por otra empresa es incluso monitoreado por Policía Federal.
Las autoridades de la DGAC confirmaron que ya entregaron el video del ingreso del copiloto a la Procuraduría General de la República y que coadyuvarán con las autoridades en lo que así les solicite.
Hasta ayer, las autoridades no habían llamado a los tripulantes del avión para someterlos a interrogatorio.
Tanto Aeroméxico como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y autoridades aeroportuarias rechazaron dar a conocer los nombres de la tripulación, debido a que existe un proceso abierto sobre los hechos y podría afectar las investigaciones.
Revisan video de caso de sobrecargos
Un juzgado federal comenzó a revisar los videos del aeropuerto capitalino que filmaron a los empleados de la empresa de seguridad privada Eulen, acusados de supuestamente proteger a los sobrecargos de Aeroméxico, detenidos en diciembre en Madrid con 135 kilos de cocaína.
Durante 4 horas de diligencia, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Reclusorio Norte verificó tres videos correspondientes al filtro M, de la sala 2 del AICM, los cuales contienen imágenes del ingreso de los pasajeros y la llegada de los empleados.
En total, serán revisados seis videos y en los próximos días el juez federal Fernando Córdova del Valle fijará las fechas para analizar los tres restantes.
Esta prueba fue solicitada en el juicio por los procesados Fernando David Hernández Mireles, Adrián Rafael Duarte Sánchez y Jaime César Valencia Martínez, empleados de Eulen Seguridad Privada, así como el ex sobrecargo Gabriel Pérez Ávalos y Arturo Isaac Balcázar Martínez.
Los cinco inculpados están sujetos a juicio por delitos contra la salud en la modalidad de fomento, aunque les dictaron libertad por el cargo de delincuencia organizada, por falta de elementos. Todos están presos en el Penal Federal de "Oriente" en Villa Aldama, Veracruz.
En la audiencia de ayer, se dio a conocer que las imágenes fueron proporcionadas por la autoridad aeroportuaria, con el objeto de que el juzgado establezca si los procesados estaban ubicados en los puestos y funciones que la PGR afirma que tenían el día de los hechos.
El interés de los defensores era dejar constancia en el juicio de que algunos de los indiciados no sólo no estaban en el lugar donde la Procuraduría los ubica, sino que algunos de ellos incluso fueron confundidos con otros coacusados.
Por ejemplo, quienes defienden a Duarte Sánchez sostienen que, en su pliego de consignación, la PGR describe los movimientos de Hernández Mireles y Valencia Martínez, pero los atribuyen erróneamente a su cliente.
Una de las imágenes observadas ayer en la pantalla de una computadora del juzgado, capta a Jaime César Valencia, al llegar a laborar a las 16:22 horas.
De los tres videos estudiados, Valencia es el único de los sospechosos que aparece a cuadro. Ningún otro procesado está a la vista.
Sugiere ASPA revisar filtros aeroportuarios
El líder de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Fernando Perfecto, pidió que se realice una revisión a los procedimientos para detectar droga en todos los aeropuertos del País, a fin de detectar si son funcionales.
"Las autoridades competentes en el ámbito federal están obligadas a investigar no sólo al ámbito aeroportuario, sino todo lo que se pueda derivar del mismo no sólo en el AICM", destacó en entrevista, tras la detención del piloto Rubén García, por transportar 42 kilos de cocaína.
Reconoció que ese hecho evidencia que existe un problema en el ámbito de la seguridad aeroportuaria.
Asimismo, confirmó que el piloto Rubén García es miembro de ASPA, y tiene una experiencia de al menos 15 años; sin embargo, descartó que la vayan a defender, porque no se "defiende lo indefendible".
No obstante, a través de una misiva, Fernando Perfecto informó a su gremio que buscará que no se violente el principio jurídico y legal de presunción de inocencia de García.
También exhortó a los pilotos afiliados a su organización a conducirse con profesionalismo y ética, y rechazó cualquier acto delictivo.
"Los pilotos de ASPA de México nos conducimos y exhortamos a nuestros agremiados a conducirse con el profesionalismo y la ética que un piloto de línea aérea debe tener", dice la misiva de la que REFORMA tiene copia.

Subastan narcobienes a precio de ganga


- Remata gobierno federal vehículos de lujo, joyas e inmuebles

Por Agencia el Universal 
Vehículos, bienes inmuebles y objetos en general decomisados al crimen organizado se venden en subastas a precios casi simbólicos.
Según datos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, obtenidos mediante la ley de información, condominios en Lomas de Chapultepec se vendieron en 4.5 millones de pesos, a pesar de que valen 10 millones en el mercado.
En 2010, el valor promedio de los inmuebles fue de unos 200 mil pesos. Este año una camioneta de lujo Jeep Cherokee se remató en 10 mil pesos.
En una de las 60 bodegas que almacenan el producto de los decomisos hay más de 900 vehículos, entre autos, camionetas y tráileres, varios de ellos blindados y con impactos de bala.
El director general del Servicio de Enajenación, Sergio Hidalgo Monroy, explicó que enfrentan problemas para colocar los bienes que estuvieron involucrados en algún delito federal. “Si se da a conocer a los compradores, hay varios que desisten de participar”, asegura.

miércoles, 24 de agosto de 2011

Congreso de la Union exige información sobre inmunidad de El Chapo en EUA

Reforma Móvil
El Congreso de la Unión dio un plazo de cinco días hábiles a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Cancillería mexicana para que informen qué han hecho para investigar las operaciones clandestinas de agentes de Estados Unidos, que ofrecen inmunidad a cárteles de la droga.
   "El Congreso solicita a Marisela Morales Ibañez, titular de la Procuraduría General de la República, y a Patricia Espinosa Cantellano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que envíen por separado a esta representación nacional, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles, un informe sobre sus gestiones oficiales para investigar las presuntas operaciones clandestinas de agentes extranjeros que ofrecen pactos de inmunidad a carteles de la droga, enviando armas desde Estados Unidos hacia México", indica el punto de acuerdo.
   El 2 de agosto REFORMA publicó que Estados Unidos otorgó inmunidad a los líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, a cambio de que éstos suministraran información sobre las bandas rivales, según testimonio escrito presentado por Vicente "El Vicentillo" Zambada ante una Corte federal de Illinois.
   En el dictamen avalado por mayoría, los legisladores afirman que esa acción es muy preocupante, pues las instituciones a cargo han guardado silencio, por lo que es necesario fijarles un plazo para que informen al Poder Legislativo que están haciendo al respecto y el papel que han asumido ante el Gobierno estadounidense.
   "Resulta de la mayor importancia que esta Representación Nacional reciba un informe con análisis pormenorizado, sobre el alcance de estos hechos criminales, que llegan al extremo de constituirse en una fuente de desestabilización del País y una amenaza real para su seguridad nacional.
   "Congresistas y senadores estadounidenses están haciendo acopio de pruebas y testimonios sobre el tráfico tolerado de armas de Estados Unidos a México, que ahora se entiende como parte de una operación mayor con negociaciones secretas entre agentes estadounidenses y carteles de narcotraficantes", añade.
   Dicho plazo vence el próximo miércoles o jueves, pues el Congreso hará llegar la notificación esta misma tarde o mañana temprano a los funcionarios mencionados.

La Trata de personas es un negocio rentable que va en aumento:PGR

Reforma Móvil
La práctica de la trata de personas es un negocio rentable para quienes la ejercen que se ha multiplicado en los años recientes en nuestro País, reconoció Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República.
   "Los tratantes operan redes transnacionales y han refinado sus métodos de atracción y sometimiento utilizando la seducción y el engaño, ya no sólo de manera personal, sino incluso a distancia a través de medios electrónicos como Internet.
   "La trata de personas es una delito que lastima profundamente a quienes la padecen, ya que ofende a sus familias y a la comunidad porque transgrede uno de los bienes jurídicos más preciados del individuo: la libertad. Es una actividad criminal que no respeta fronteras geográficas ni morales", mencionó.
   Al participar en el ciclo de conferencias sobre el combate y sanción de la trata de personas en México, la funcionaria sostuvo que es necesario poner al día las estrategias para acotar este delito, así como estrechar la colaboración interinstitucional y compartir las experiencias de éxito.
   Reconoció que los jueces y magistrados federales han demostrado una nueva comprensión del ilícito, lo que ha permitido, dijo, un incremento notable en el número de órdenes de aprehensiones y de cateo giradas recientemente, pues hace dos años eran prácticamente nulas.
   "Han tomado muy en cuenta los factores sociales y sicológicos propios de la trata de personas que no se presentan en otras conductas delictivas; por ejemplo, el hecho frecuente de que por la condición de vulnerabilidad de las víctimas ante sus victimarios se resisten a hacer imputaciones directas contra ellos.
   "Resulta muy estimulante y plausible los esfuerzos que efectúa el Poder Judicial de la Federación para atender este fenómeno social, ya que su comprensión redundará en abordarlo jurisdiccionalmente de manera integral", reiteró ante la Ministra Olga Sánchez Cordero y el Procurador del DF, Miguel Ángel Mancera.
   En la sede alterna de la Corte, ubicada sobre Avenida Revolución, Morales Ibáñez informó que la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la SIEDO, tiene en curso 39 procesos penales por esta conducta, cuando en 2009 había apenas 2.
   Tras aceptar que la trata es un delito lacerante para la sociedad y denigrante para cualquier ser humano, la Procuradora llamó a discutir el tema con razonamiento y analizarlo con objetividad para encontrar el equilibrio "perfecto" entre la aplicación de la ley y la impartición de la justicia.
   "Quienes se dedican a esta odiosa actividad limitan la libertad de las persona spara decidir sobre su cuerpo, su ocupación y sus movimientos. Las víctimas y sus familias resienten frecuentemente daños difíciles, muchas vece imposibles de reparar tanto en lo físico como en los emocional", agregó.

Descendiente de Huerta a la cárcel por estafa de mas de 300 millones de dólares

Reforma Móvil
Un descendiente del ex Presidente Victoriano Huerta fue condenado a siete años y siete meses de prisión, tras nueve años de presuntamente orquestar una de las mayores estafas financieras en México, la cual asciende a más de 300 millones de dólares.
El juez Décimo Cuarto de Distrito en el Reclusorio Sur, Rubén Darío Noguera, halló culpable a Hugo Enrique Pimienta Blanco, bisnieto de Victoriano Huerta, del delito de "banca paralela" o captación de capitales no autorizada por el Gobierno, previsto en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito.
De acuerdo con Rafael Díaz Chayeb, abogado denunciante, en la causa penal 124/2005 el juez también sentenció a Pimienta Blanco a que repare un daño mayor a 5 millones de dólares.
El monto es apenas una parte de los 300 millones de dólares del fraude que le atribuyen al descendiente de Huerta y que constituye una de las mayores estafas en "off shores" de la última década.
El 27 de mayo de 2003, los empresarios José Luis y Paulino Villar Conejos denunciaron ante la PGR al inculpado y a su hermano Fernando Pimienta Blanco, así como al padre y el tío de nombres Enrique y Alfredo Pimienta Huerta, estos últimos nietos de Victoriano Huerta.
Dos años después, en noviembre de 2005, la PGR solicitó las aprehensiones de los cuatro implicados, por una captación ilegal de 4.8 millones de dólares de los Villar, dinero aportado en partes y cuya primera entrega se registró con un contrato de enero de 2002 por 300 mil dólares, en favor del ahora sentenciado.
Hugo Pimienta Blanco fue detenido el 15 de abril de 2008 en Tijuana, luego de cruzar la frontera desde San Diego; enseguida fue internado en el penal de Cadereyta, Nuevo León, donde aún permanece y está a la espera de otra sentencia por un fraude de 10 millones de dólares.
De los sospechosos, en 2009 falleció Alfredo Pimienta Huerta, quien el 1 de diciembre de 2005 había sido detenido en el Estado de México, pero tres días después fue liberado del Reclusorio Sur, por una decisión judicial que después fue revocada.
Según informes de la PGR, a los dos indiciados que aún falta por detener se les ha detectado en Houston, Texas.