A 2 años de la notificación de las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, la impunidad militar persiste

Difusión Cencos México D.F., 1 de octubre de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan

• Después de más de diez años de la agresión militar en contra de ambas mujeres Me'phaa, la impunidad castrense permanece intocada.
• Activistas de diversas regiones del mundo urgen al Presidente de la República a que garantice la cooperación de la SEDENA con la FEVIMTRA de PGR para que los responsables sean llevados ante un tribunal civil a la brevedad.

A dos años de que fueran notificadas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, continúa pendiente el cumplimiento de los fallos, principalmente en materia de justicia.

Como es sabido, en dichas resoluciones la CorIDH determinó que en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas del pueblo Me'phaa, habían padecido graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó "violencia institucional castrense". Las sentencias emitidas por la CorIDH en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo contienen 16 y 17 resolutivos respectivamente, con reparaciones de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.

Pese a que las sentencias tienen un carácter definitivo e inapelable, el Estado mexicano no ha dado pasos efectivos suficientes para el cumplimiento de la totalidad de las medidas de reparación. Esto es particularmente notable respecto de los nulos avances en las investigación de las violaciones sexuales cometidas por los elementos del Ejército Mexicano, atribuibles a la falta de cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Procuraduría General de la República.

En este sentido, la investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) se ha centrado en efectuar diligencias para subsanar las deficiencias generadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En esta labor, ha sido notoria la falta de cooperación de la SEDENA, que continúa sin subordinarse al poder civil. A la fecha, la FEVIMTRA no ha consignado los expedientes ante la Justicia Federal a pesar de que hay elementos de prueba suficientes para ello. Paradójicamente, a más de diez años de la agresión militar en contra de Inés y Valentina y a dos años de emitidas las sentencias, la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste.    

Al margen del rubro justicia, continúa pendiente el cumplimiento de varios extremos de las sentencias, tales como la creación de un fideicomiso público para asegurar la reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos al término de esta administración, mecanismo transexenal necesario para que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú –así como otras víctimas- accedan a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta necesidad de concretar medidas transexenales, cuyo seguimiento compete a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, es urgente también respecto de las medidas reparatorias, educativas, comunitarias y de salud.

Para Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como para el Centro de Derechos Humanos de la white; color: #2a2a2a; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; line-height: 17px; margin-bottom: 1.35em;"> En este marco, ante la persistencia de la impunidad castrense y frente al incumplimiento de varias medidas reparatorias, durante el mes de septiembre se lanzó la campaña "Contra la impunidad militar: Verdad, justicia y reparación para Inés Fernández y Valentina Rosendo". En dicha iniciativa, más de 1,300 personas de México, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Finlandia, Austria, Argentina, España, Italia, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Italia -entre otros países-, demandaron al Presidente Calderón que garantice la total cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con la PGR para que los responsables de los hechos sean consignados ante un juzgado federal a la brevedad, antes de que termine el sexenio. Por su parte, las organizaciones ACAT (Acción de los Cristianos  por la Abolición de la Tortura) y Amnistía Internacional lanzaron con sus activistas sendas campañas de apoyo para exigir al Presidente Felipe Calderón el cumplimiento de las sentencias.

Para Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es imprescindible señalar que en el segundo aniversario de la emisión de las sentencias y a más de diez años de la agresión militar, la impunidad permanece intocada. En ese sentido, pese al desgaste acumulado, ambas mujeres Me'phaa seguirán demandando justicia con la determinación y valentía que lo han hecho a lo largo de todos estos años.

Descarga la ficha informativa sobre proceso de Implementación de las Sentencia

Consulta información detallada en: http://www.tlachinollan.org/ines-y-valentina.html

Entrevistas y más información comunícate con:

Área de Comunicación
Tlachinollan - Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Román Hernández - Atziri Ávila
Teléfono:    01 757 476 37 04 /476 12 20
Fax: 01 (757) 476 12 00
Celular: (045) 757 106 6095
Skype: tlachinollan
Correos: tlachinollan.difusion@gmail.comcdhm@tlachinollan.org
www.tlachinollan.org

Tlapa de Comonfort, Guerrero, 30 de septiembre 2012

Más de las sentencias de la CoIDH a favor de Inés Fernández Ortega e Valentina Rosendo Cantú

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

PGR-FEVIMTRA arraiga a persona por el posible delito de pornografia infantil

Es la primera vez que FEVIMTRA obtiene un arraigo de la autoridad judicial y también que se le concede la medida por este delito.

Boletín/México, D.F.-

La Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) obtuvo de un Juez Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, arraigo por 40 días contra una persona del sexo masculino por su probable responsabilidad en el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad, en las modalidades de procurar, transmitir y almacenar imágenes y videos considerados pornografía infantil. 

   Derivado de una denuncia ciudadana en que se alertaba sobre la presencia de una persona que creaba pornografía infantil con niños de la zona donde vivía en el estado de San Luis Potosí, el agente del Ministerio Público Federal inició la averiguación previa correspondiente, y derivado de las investigaciones que realizó, obtuvo orden de cateo que se cumplimentó el 22 de noviembre pasado, en la cual se logró la detención del ahora arraigado en flagrancia al encontrarse almacenada imágenes de pornografía considerada infantil en su equipo de cómputo. 

   En razón de ello, el indiciado y equipo de cómputo fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial en FEVIMTRA, por elementos de la Policía Federal, decretando su legal retención, y ante la evidencia localizada en que se observaron imágenes del indiciado en interacción sexual con niños, se determinó solicitar su arraigo para continuar con las investigaciones por el delito de pornografía infantil en las conductas de procurar, transmitir y almacenar imágenes de menores de 18 años en actos sexuales, acciones que implican la creación de imágenes y videos; medida cautelar que fue autorizada por la autoridad judicial especializada. 

   Acciones como ésta, reiteran el compromiso de la Procuraduría General de la República, a través de la FEVIMTRA, para combatir con firmeza las conductas que afectan a niñas y niños, haciendo prevalecer en México el principio del interés superior de la niñez. 

PGR-FEVIMTRA lconsigó a tres personas por agresiones sexuales contra menores de edad

Boletín/México, DF.-

La Procuraduría General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) consignó ante el Juez Décimo Séptimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal a José Rosario Reyna Sandoval, María de la Luz Cano Martínez y Saúl Blancas Tamayo, por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada, violación agravada, abuso sexual y pederastía. 

   Las investigaciones realizadas en el marco de la averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA-C/078/2011 demostraron que Saúl Blancas Tamayo, que laboraba como Conserje, José Rosario Reyna Sandoval quien fungía como Portero, y María de la Luz Cano Martínez, Directora del Jardín de Niños "Maestro Andrés Oscoy", ubicado en la Delegación Iztapalapa, son probables responsables de atacar sexualmente a diversos menores de edad aprovechándose de la confianza y superioridad que tenían frente a los alumnos de ese centro escolar. 

   Cabe recordar que Saúl Blancas Tamayo también enfrenta proceso penal en su contra por el delito de Violación Equiparada Agravada en agravio de varios menores de edad alumnos del mencionado centro escolar, por lo que se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Sur de esta Ciudad, luego de que el 15 de junio pasado el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal libró orden de aprehensión en su contra bajo la causa penal 71/2011. 

   Por su parte, María de la Luz Cano Martínez también está siendo procesada por el delito de Encubrimiento (por favorecimiento) ante la Jueza Séptima de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, luego de que el 1 de julio pasado se ejercitó acción penal en su contra librándose la orden de aprehensión respectiva, misma que al ser cumplimentada, fue internada en Santa Martha Acatitla, en donde enfrenta su proceso judicial. 

   Mientras tanto, José Rosario Reyna Sandoval se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Norte también a disposición del Juez Décimo Séptimo de Procesos Penales Federales 

   A la fecha se tienen registradas 22 víctimas relacionadas con las indagatorias consignadas, por lo que se les ha brindando apoyo psicológico. 

   Con estas acciones, la Procuraduría General de la República refrenda su compromiso con la sociedad de combatir cualquier manifestación de la delincuencia, protegiendo los derechos y la dignidad de la niñez mexicana. 

PGR ofrece recompensa para localizar desaparecidos Buenaventura, Chihuahua

Reforma Móvil
La PGR ofreció una recompensa de hasta 3 millones de pesos por información que lleve a la localización de José Ángel Alvarado Herrera, Nitzia Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, a quienes un comando secuestró el 29 de diciembre de 2009 en Buenaventura, Chihuahua.
   En un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la institución también ofreció hasta un millón de pesos por datos permitan la detención los responsables, quienes en un principio se dijo que podían ser elementos de las Fuerzas Armadas.
   "Se considera que el asunto es trascendente pues se encuentra en revisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace indispensable el agotar todos los medios necesarios para allegar de elementos al Ministerio Público de la Federación, a fin de integrar una debida investigación", indica el documento.
   De acuerdo con organizaciones civiles, 10 hombres que vestían uniformes militares y portaban rifles de alto poder se presentaron en los domicilios de las víctimas y, sin mediar palabra, las levantaron. A la fecha se desconoce su paradero.
   La averiguación previa del caso es integrada por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la PGR.