Enfrentamiento entre policías y ambulantes en el zócalo de Texmelucan

Autoridades Municipales Podrían Enfrentar Proceso Penal por Caso Agua Santa

Raúl Guerra acusa a funcionarios del Ayuntamiento de haber violado sus garantías individuales

por ODILON LARIOS

Algunos funcionarios municipales relacionados con el operativo de "reordenamiento comercial", realizado el jueves pasado en Agua Santa, podrían enfrentar una denuncia penal por la detención del presidente de la Mesa Directiva de esa Unidad Habitacional, Raúl Guerra Ramírez, que señala fue privado de su libertad de forma ilegal, razón por la que también interpondrá una queja ante organismos de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.

Guerra Ramírez, señaló que no había motivos para su detención, además de que dijo, se violaron sus garantías individuales al ser privado de su libertad, ya que no le permitieron rendir su declaración en tiempo y forma, y acusa que las personas que se presentaron a declarar en su contra rindieron falso testimonio. Así mismo afirma no haber sido él quien solicitó al ayuntamiento la remoción de las casetas que fueron demolidas.

Señala que fue detenido el pasado jueves alrededor de las 11:30 horas, y que fue llevado a Rancho Colorado – ello pese a que la autoridad municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, negó dicha detención en todo momento – y luego llevado ante el agente del Ministerio Público en la "quinta delegación", donde no le permitieron rendir su declaración. Afirma que lo tuvieron sin comer y sin contacto con sus familiares y abogados.

Luego el viernes 10 de agosto lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde le fincaron una fianza de 150 mil pesos para obtener su libertad caucional, y así quedó en libertad el pasado sábado. Por ello al decirse inocente de los cargos de "desobediencia y resistencia a particulares y ataques a las vías de comunicación y a la seguridad a los medios de transporte" interpuso el amparo 1299/2012 ante el Juez Sexto de Distrito.

En caso de que el amparo le sea favorable evalúa actuar legalmente en contra de "Eduardo Alcántara Montiel, Miguel Méndez, Rubén Mantilla de la Llave y un sujeto de nombre Jorge Sosa Pérez", por lo que consideró una violación a las garantías individuales y arbitrariedades.

Entorno a las acusaciones hechas por Jorge Sosa Pérez, quien dice ser Presidente el Consejo Ciudadano de Agua Santa, y quien el día del operativo señaló a Raúl Rodríguez como el responsable de la demolición de cinco casetas o estanquillos, y el "reordenamiento comercial", el Presidente de la Mesa Directiva, señaló que éste fue resultado del oficio SR/CDUOP/173/2012, presentado por un particular.

Entre otras cosas Raúl Guerra, señaló que hay un "complot" en su contra por parte de las autoridades municipales y Jorge Sosa, para intentar destituirlo. Afirmó que él nunca solicitó la demolición de las casetas, ya que estas fueron colocadas por los comerciantes con el consentimiento de vecinos, contando con las "siete cartas de no inconveniente" que las mismas autoridades municipales ponen como requisito.

Además negó cobrar por los espacios para venta, señala que todos los comerciantes del lugar ya estaban cuando él llegó a la presidencia de la Mesa Directiva, y que lo único que recibe semanalmente es una cooperación voluntaria de 30 pesos, por parte de 40 comerciantes ambulantes – de un total de 360 que hay en la Unidad Habitacional – y que el dinero es utilizado para hacer reparaciones o mejoras en Agua Santa.

Por todo ello señaló que buscarán una audiencia con el Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, ya que no confían en las autoridades municipales. Además afirmó que las 23 Unidades Habitacionales, han sufrido abusos por parte de las autoridades municipales.

© Cinco Radio

En Puebla investigan a funcionarios por robo a finanzas

Reforma/Puebla, Pue.-
La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJE) investiga la probable responsabilidad de funcionarios de la extinta Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en el robo a la dependencia por 37 millones de pesos y dejó un policía muerto.
Al comparecer ante los diputados locales, Patricia Leal Islas, titular de la dependencia, refirió que a partir de un exhorto que llegó del Poder Legislativo revisaron ese caso y encontraron que la empresa de traslado de valores Look no contaba con contrato vigente.
La funcionaria dijo que ese hecho generó sospecha en la revisión del asunto, se indagó, encontraron elementos y se turnó un expediente a la PGJE.
"Debido a que somos respetuosos de esta Soberanía, se investigó y encontramos que la Secretaría de Finanzas y Administración no tenía reportado contrato (con la firma de traslado de valores) y se encontraron elementos para dar conocimiento al Ministerio Público", explicó.
"En este momento ya se encuentra en la etapa de integración de la averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia", añadió Leal Islas.
En abril de 2010 una camioneta de la compañía Look entró al estacionamiento de la SFA y un comando se llevó 37 millones de pesos, y en el intento por frustrar el delito, un agente estatal perdió la vida.
La PGJE, detuvo, en el sexenio de Mario Marín, a empleados de esa empresa a quienes responsabilizó del atraco.
La Contraloría, sin embargo, consideró que si hay elementos para iniciar proceso penal en contra de funcionarios presuntamente cómplices, aunque no ofreció más detalles.

32 ex funcionarios públicos inhabilitados en Tlaxcala

Reforma movil

Treinta y dos ex funcionarios públicos que prestaron sus servicios en la Administración del ex Gobernador Héctor Ortiz Ortiz fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública del Estado (SFPE), tras detectar que no presentaron sus declaraciones patrimoniales e incurrieron en otras conductas irregulares.

   Así lo informó el titular de la dependencia, Hugo Temoltzin Carreto, quien señaló que en próximos días serán notificadas las diversas instituciones de Gobierno sobre la baja de la administración pública de los ex burócratas.

   Dijo que los sancionados no tienen derecho a solicitar algún procedimiento para presentar argumentos en su defensa, porque así lo establece un acuerdo que promulgó Ortiz Ortiz y que público en el Diario Oficial del Estado, mediante el cual emitió para conocimiento de todos los servidores públicos, los lineamientos que rigen los conductas en la administración pública.

   "Hay un acuerdo que se emitió en 2005 y ese acuerdo señala una sanción, no se requiere ni siquiera de un procedimiento administrativo", apuntó.

   Temoltzin Carreto precisó que la Procuraduría local, las secretarías de Salud (Sesa), de Gobierno (Segob), de Obras (Secoduvi) y Finanzas (Sefin), son las dependencias donde más personal fue inhabilitado.

   "En la Procuraduría hay muchos agentes ministeriales que nunca presentaron su declaración patrimonial, entonces por eso, van para afuera", mencionó.

   Precisó que las declaraciones patrimoniales deben presentarse a más tardar en mayo, pero hubo quienes no lo hicieron y la consecuencia es que tendrán que ser destituidos de sus cargos e inhabilitados.

   El funcionario explicó que la presentación de declaraciones, se hace mediante un sistema digital en el que cada servidor público solicita una clave para cumplir con su obligación en tiempo y forma.

   "Algunos sacaron la clave para presentar su declaración pero nunca la presentaron, muchos mañosamente lo que pretenden ahorita es que se meten al sistema con su misma clave y empiezan a presentar su declaración, pero eso ya no tiene caso, serán dados de baja", acotó.

Empleados toman la Presidencia Municipal de Tlatlauquitepec

“Únicamente los elementos de seguridad publica y del departamento de limpia publica recibieron el pago de la primera quincena de febrero”

Por HILARION ARRIOLA BERNAVE/Cinco Radio
Policías municipales, personal de limpia publica y administrativos, a partir de la una de la tarde de ayer viernes bloquearon por espacio de 2 horas los principales accesos de circulación hacia el interior de la población de Tlatlauquitepec.
   El motivo central de esta manifestación se debió porque los trabajadores hasta ese momento no habían recibido el pago de la segunda quincena del mes de enero y la primera quincena del mes de febrero así como la segunda parte del aguinaldo del pasado mes de diciembre, debido a esta situación los regidores dialogaron con los manifestantes, pidiéndole a los empleados municipales que permitieran el paso de vehículos de manera normal a la circulación, esto con la promesa de que a las cinco de la tarde a mas tardar se les pagaría a todos.
   Las autoridades municipales cumplieron de manera parcial con lo acordado ya que únicamente les pagaron al resto de los policías que faltaban y a los trabajadores de limpia publica, no así al personal administrativo y jubilados quienes se quedaron esperando hasta las nueve de la noche de ayer viernes.
   En entrevista para este medio el personal administrativo, considero una burla el que les hubiese prometido que también a ellos les pagarían y no lo hicieron, por lo que para el día de hoy sábado con el apoyo de diversos sectores de la población de Tlatlauquitepec les van a facilitar sus vehículos para bloquear todos los accesos que comunican a esa población incluyendo el libramiento.
   A lo único que no han accedido los manifestantes es a la liberación de las instalaciones del Palacio Municipal  las cuales siguen en poder de los empleados municipales, aseguraron que así se mantendrán mientras no reciban el pago que les adeuda la administración de Macario Vázquez Báez, quien a decir de los empleados durante su administración derrocho grandes cantidades de dinero del erario publico para beneficio personal, realizando constantemente fiestas privadas para su familia.