Acusado por un delito que no cometió.
Cencos/México D.F.
Será determinado el martes 5 de julio si se le dicta auto de formal prisión o libertad.La acusación surge del mismo expediente viciado que generó el encarcelamiento injusto de 5 prisioneros de conciencia, entre ellos Raúl Hernández Abundio.
Caso Rafael: prueba de fuego para el nuevo gobierno de Guerrero
El pasado 29 de junio de 2011, el defensor indígena de los derechos humanos Rafael Rodríguez Dircio, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y beneficiario de Medidas Provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue detenido en un retén ilegal por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y llevado a una prisión de Ayutla de los Libres, Guerrero, acusado falsamente de un delito que no cometió. El defensor de derechos humanos Me’phaa se encuentra actualmente a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla, Licenciado Inocente Garduño Magallón, quien deberá resolver su situación jurídica a más tardar el martes 5 de julio.
Rafael Rodríguez Dircio enfrenta la misma acusación infundada por la que fueron detenidos el 17 de abril de 2008 cinco integrantes de la OPIM, entre los cuales se encontraba Raúl Hernández Abundio, prisionero de conciencia defendido por Amnistía Internacional que permaneció privado de su libertad hasta agosto de 2010; frente a la cual otros cinco integrantes de la OPIM obtuvieron el amparo de la justicia federal respecto de las órdenes de aprehensión libradas en su contra en 2009. Es decir, la acusación que hoy enfrenta Rafael Rodríguez Dircio se basa en pruebas que han sido consideradas ilegales e inconsistentes al menos diez casos más. Los principales testigos que sostienen la causa penal fueron destruidos en el proceso anterior que se le siguió a Raúl Hernández Abundio, evidenciando que sus declaraciones son totalmente falsas. Por ello a la fecha las acusaciones contra Rafael Rodrìguez Dircio resultan insostenibles y el Juez debe dejarlo en absoluta libertad.
La detención de Rafael Rodríguez Dircio muestra claramente que la persecución contra los defensores indígenas no ha cesado pues ocurre a escasos tres días que tuvo lugar la audiencia de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte de Interamericana de Derechos Humanos a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero.
El caso de Rafael Rodríguez Dircio pone a prueba el compromiso del nuevo gobierno de Guerrero con el respeto del trabajo que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos. Si bien la acusación fue gestada dolosamente durante la anterior administración, serán las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero y del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia las que en el presente decidan si excarcelan o mantienen en prisión al defensor Me’phaa. En ese sentido, la resolución de su situación jurídica constituye un examen para medir si durante el sexenio que apenas inicia continuará o no la criminalización de defensoras, defensores y luchadores sociales que caracterizó a la anterior administración.
Es por lo anterior que el Centro de Derechos Humanos de la Monaña Tlachinollan exige:
1. La excarcelación inmediata de Rafael Rodríguez Dircio durante el plazo constitucional, dado que las pruebas que sustentan el expediente que se le instruye son falsas e inconsistentes.
2. Que el ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero reconozcan la labor fundamental de los defensores de derechos humanos en una sociedad democrática y en consecuencia busquen mecanismos jurídicos que conlleven a poner en libertad al defensor indígena Rafael Rodrìguez Dircio.
3.- Que el poder judicial se apegue a los principios de imparcialidad e independencia y sobre todo tome en consideración que los testimonios y demás probanzas que sirvieron de base para sustentar la acusación han quedado totalmente desvanecidas en el proceso que se le instruyó al preso de conciencia Raúl Hernández Abundio.
4.- A que no se siga criminalizando a las defensoras, defensores y luchadores sociales en el Estado de Guerrero.
Será determinado el martes 5 de julio si se le dicta auto de formal prisión o libertad.La acusación surge del mismo expediente viciado que generó el encarcelamiento injusto de 5 prisioneros de conciencia, entre ellos Raúl Hernández Abundio.
Caso Rafael: prueba de fuego para el nuevo gobierno de Guerrero
El pasado 29 de junio de 2011, el defensor indígena de los derechos humanos Rafael Rodríguez Dircio, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y beneficiario de Medidas Provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue detenido en un retén ilegal por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y llevado a una prisión de Ayutla de los Libres, Guerrero, acusado falsamente de un delito que no cometió. El defensor de derechos humanos Me’phaa se encuentra actualmente a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla, Licenciado Inocente Garduño Magallón, quien deberá resolver su situación jurídica a más tardar el martes 5 de julio.
Rafael Rodríguez Dircio enfrenta la misma acusación infundada por la que fueron detenidos el 17 de abril de 2008 cinco integrantes de la OPIM, entre los cuales se encontraba Raúl Hernández Abundio, prisionero de conciencia defendido por Amnistía Internacional que permaneció privado de su libertad hasta agosto de 2010; frente a la cual otros cinco integrantes de la OPIM obtuvieron el amparo de la justicia federal respecto de las órdenes de aprehensión libradas en su contra en 2009. Es decir, la acusación que hoy enfrenta Rafael Rodríguez Dircio se basa en pruebas que han sido consideradas ilegales e inconsistentes al menos diez casos más. Los principales testigos que sostienen la causa penal fueron destruidos en el proceso anterior que se le siguió a Raúl Hernández Abundio, evidenciando que sus declaraciones son totalmente falsas. Por ello a la fecha las acusaciones contra Rafael Rodrìguez Dircio resultan insostenibles y el Juez debe dejarlo en absoluta libertad.
La detención de Rafael Rodríguez Dircio muestra claramente que la persecución contra los defensores indígenas no ha cesado pues ocurre a escasos tres días que tuvo lugar la audiencia de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte de Interamericana de Derechos Humanos a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero.
El caso de Rafael Rodríguez Dircio pone a prueba el compromiso del nuevo gobierno de Guerrero con el respeto del trabajo que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos. Si bien la acusación fue gestada dolosamente durante la anterior administración, serán las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero y del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia las que en el presente decidan si excarcelan o mantienen en prisión al defensor Me’phaa. En ese sentido, la resolución de su situación jurídica constituye un examen para medir si durante el sexenio que apenas inicia continuará o no la criminalización de defensoras, defensores y luchadores sociales que caracterizó a la anterior administración.
Es por lo anterior que el Centro de Derechos Humanos de la Monaña Tlachinollan exige:
1. La excarcelación inmediata de Rafael Rodríguez Dircio durante el plazo constitucional, dado que las pruebas que sustentan el expediente que se le instruye son falsas e inconsistentes.
2. Que el ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero reconozcan la labor fundamental de los defensores de derechos humanos en una sociedad democrática y en consecuencia busquen mecanismos jurídicos que conlleven a poner en libertad al defensor indígena Rafael Rodrìguez Dircio.
3.- Que el poder judicial se apegue a los principios de imparcialidad e independencia y sobre todo tome en consideración que los testimonios y demás probanzas que sirvieron de base para sustentar la acusación han quedado totalmente desvanecidas en el proceso que se le instruyó al preso de conciencia Raúl Hernández Abundio.
4.- A que no se siga criminalizando a las defensoras, defensores y luchadores sociales en el Estado de Guerrero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario