Normalista de Ayotzinapa formaliza denuncia por tortura

Difusión Cencos México D.F.

Gerardo Torres Pérez, estudiante de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", formalizó el día de hoy 19 de enero de2011, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en la capital del Estado, su denuncia por la tortura perpetrada en su contra después de los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero. Se trata de la séptima denuncia presentada por los estudiantes de Ayotzinapa en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, a raíz de los hechos ocurridos.

El 12 de diciembre de 2011, Gerardo fue torturado física y psicológicamente por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, quienes con ello intentaron imputarle la portación de un arma de grueso calibre, llegando al extremo de hacerle disparar dicha arma para responsabilizarlo por la balacera que desembocó en la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Cabe señalar que, en su Informe Preliminar sobre la investigación de los hechos, la CNDH concluyó que efectivamente Gerardo fue víctima de tortura, con base en el dictamen médico - psicológico aplicable en dichos casos conocido como "Protocolo de Estambul". Por ende, establecida la existencia de la tortura por el Ombudsman Nacional, con la denuncia se pretende que existan sanciones penales para los responsables.  

Teniendo en cuenta que la denuncia involucra al personal de la Procuraduría que tendrá a su cargo la investigación y considerando la gravedad de la acusación, Amnistía Internacional emitió al mismo tiempo una acción urgente que será distribuida por todo el mundo para que las y los miembros de esa organización internacional demanden al Secretario de Gobernación Alejandro Poire, al Gobernador del Estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y a la Procuradora General de la República Marisela Morales, justicia por las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre, y garantías de seguridad para las víctimas denunciantes, especialmente en lo tocante a Gerardo.

Esta acción se suma al envío de información sobre los hechos ocurridos al Relator sobre la Tortura de la Organización de la Tortura, así como al Comité contra la Tortura, ambos de la Organización de las Naciones Unidas, lo que garantiza el seguimiento internacional a la búsqueda de justicia.

La investigación de los hechos denunciados por Gerardo y la sanción de los responsables conforme a derecho no sólo significará el acceso a la justicia para el joven estudiante, sino que también podrá sentar un importante precedente para la erradicación de la recurrente práctica, arraigada no sólo en Guerrero sino en la mayor parte de las procuradurías del país, de recurrir a la tortura para confeccionar imputaciones falsas.  

Chilpancingo, Guerrero, 19 de enero de 2012.

Consulta la acción urgente emitida por Amnistía Internacional.

Para mayor información y gestión de entrevistas:
Román Hernández
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Pronunciamiento por la recomendación emitida por de la CDHDF ante operativos de limpieza social en contra de poblaciones callejeras

Difusión Cencos México D.F., 20 de enero de 2011

• "Recomendación  13/2011  Los  Elegidos  de  dios" 

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito  Federal  documentó  violaciones  al  derecho  a  la  libertad e integridad  personal,  igualdad  y  no  discriminación,  debido  proceso,  derechos  de  niños  y  niñas,  y a no  ser  sometido  a  trata  de  personas  en  la  Recomendación  13/2011.  Desde  la  sociedad  civil  saludamos  su  emisión  e  invitamos  a  las  instituciones  de  gobierno  responsables  a  su  aceptación,  estando  seguras  que  esto contribuirá  a  construir  una  ciudad  más  democrática  e  incluyente. 

En  diciembre  de  2009  se  presentó  una  queja  ante  la  CDHDF  por  el  caso  de  poblaciones  callejeras  que  fueron  objeto  de  trata,  al  ser  integrados  en  contra  de  su  voluntad  en  una  supuesta  institución  de  asistencia  y  rehabilitación  para  las adicciones  llamada  "Los  Elegidos  de  Dios"  que  no  fue  supervisada  por  parte  de  la  autoridad.  Además  de  ser  traslados  a dicha  institución  con  aquiescencia  de  diversas  autoridades  con  motivo  de  operativos  de  limpieza  social.  

A  partir  de  la  queja  presentada  ante  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito  Federal,  en  donde  personas pertenecientes  a  las  poblaciones  callejeras  relataron  cómo  es  que  fueron  retiradas  de  la  vía  pública  en  contra  de  su voluntad,  y  en  la  presencia  de  servidores  públicos  pertenecientes  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  del  DF  y  las delegaciones  Cuauhtemoc  y  Venustiano  Carranza,  se  realizó  una  investigación  que  acreditó  la  violación  de  derechos  por parte  de  servidores  públicos  hacia  las  poblaciones  callejeras,  desembocando  en  la  Recomendación  13/2011. 

Reconocemos  el  compromiso  de  la  CDHDF  con  las  poblaciones  callejeras  expresado  en  el  trabajo  que  realizó  en  la investigación  y  análisis  del  caso  mencionado,  los  cuales  evidenciaron  los  vacíos  que  existen  en  la  atención  de  las poblaciones  callejeras  en  la  Ciudad  de  México,  así  como  el  desarrollo  de  propuestas  vinculadas  al  cumplimiento  del 
Programa  de  Derechos  Humanos  del  DF  (PDHDF).

Los  entes  públicos  mencionados  en  la  recomendación  son,  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  del  DF,  Procuraduría General  de  Justicia  del  Distrito  Federal,  Secretaría  de  Desarrollo  Social,  Secretaría  de  Desarrollo  Económico  y  a  las delegaciones  Cuauhtémoc  y  Venustiano  Carranza.  La  centralidad  de  los  puntos  recomendatorios  se  basa  en:  el  cese  de acciones  de  limpieza  social,  la  investigación  sobre  servidores  públicos  involucrados,  capacitación  a  servidores  públicos en  materia  de  derechos  de  las  poblaciones  callejeras,  reformulación  de  programas  destinados  a  la  atención  de  esta población,  entre  otros.

Los  organismos  de  la  sociedad  civil  estamos  seguros  que  la  aceptación  e  incorporación  de  los  puntos  recomendatorios, así  como  el  cumplimiento  del  PDHDF,  contribuirá  a  encontrar  alternativas  que  aporten  al  cambio  de  condiciones  que viven  las  poblaciones  callejeras,  facilitando  de  esta  forma  su  inclusión  social.  Así,  la  posibilidad  de  construir  una  ciudad más  democrática  e  incluyente  podrá  consolidarse. 

Atentamente 

Alianza  Mexicana  de  Poblaciones  Callejeras, Centro  de  Derechos  Humanos  "Fray  Francisco  de  Vitoria  O.P".  A.C., Colectivo  Pro  Derechos  de  la  Niñez  A.C, Centro  Interdisciplinario  para  el  Desarrollo  Social  I.A.P., Matraca  AC, Red  por  los  Derechos  de  la  Infancia  en  México, El  Caracol  A.C.
18 de enero de 2011

Más del 70% de agresiones a defensoras de Derechos Humanos tienen componentes de violencia de género

• Presentación del libro: "Defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico 2010-2011

México D.F.,

El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Asociadas por lo Justo (JASS), en conjunto con La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentaron el libro "Defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones de riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo".

El  propósito del diagnosticó, que hace un análisis cualitativo sobre la violencia que viven las defensoras de Derechos Humanos al realizar su trabajo, es dar visibilidad al riesgo que corren por su labor, las condiciones en las que trabajan e identificar aquellas estrategias que resultan útiles para autoprotegerse y fortalecer su activismo.

Algunos datos del diagnóstico señalan que las defensoras que son más vulnerables a sufrir agresiones son indígenas, jóvenes, y de escasos recursos económicos. Asimismo, el 76 % de las defensoras reconocen especificidades de género en la violencia que viven al enfrentar su trabajo, siendo la violencia sexual la principal forma de violencia específica.

Las organizaciones responsables de la publicación consorcio para al diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca A.C., la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., y Asociadas por lo Justo puntualizaron que con el diagnóstico presentado se busca "reconocer, visibilizar  y generar solidaridad y una cultura de protección social a las defensoras de derechos humanos por su importancia en la construcción de un Estado de derecho democrático".

El diagnóstico fue elaborado a través de la sistematización de las respuestas de cincuenta defensoras de derechos humanos mexicanas durante el 1er Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y las Memorias de los Encuentros Nacionales de defensoras. 

La presentación contó con la presencia del Luis González Placencia, presidente de la CDHDF,  que durante la bienvenida señaló que el año 2011, especialmente los últimos meses, fue difícil para los defensores y defensoras de derechos humanos y recordó el caso de Norma Andrade, fundadora de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa que fue agredida el 2 de diciembre, afirmando que el clima de las agresiones a los defensores y en especial a las defensoras hace que publicación del diagnóstico tenga especial relevancia.

Durante la presentación se mostró un video en el cual defensoras de diferentes estados de la República Mexicana cuentan su experiencia, las razones por las que decidieron ser defensoras, los riesgos a los que se enfrentan en su labor y las características de las agresiones por su condición de género.

Asimismo, se contó con la participación de seis defensoras de derechos humanos: Graciela Ramos de Mujeres por México en Chihuahua, Felicitas Martínez de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Valeria Scorza de Prodesc A.C., Blanca Velásquez Díaz del Centro de Apoyo al Trabajador A.C., Ana Karén López de Tamaulipas Diversidad Viihvida Trans A.C. y Yunuhen Rangél Medina de Comunicación e Información de la Mujer A.C. Las defensoras hablaron sobre los retos y obstáculos que enfrentan durante su labor al defender diferentes tipos de derechos.

Comunicado tras la reunión de PBI con el gobernador del estado de Guerrero

Difusión Cencos México D.F.

Peace Brigades International (Brigadas Internacionales de Paz, PBI), organización internacional no gubernamental con más de once años de presencia permanente en el estado de Guerrero y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunió el 16 de enero con el gobernador de esta entidad, el Licenciado Ángel Aguirre Rivero. Dicha reunión se sostuvo en el marco de los encuentros regulares de PBI con autoridades federales, estatales y municipales dentro del mandato de la organización, esto es, la protección del espacio político de las personas y organizaciones que sufren agresiones y/o amenazas por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos y la justicia social mediante el acompañamiento internacional.

PBI mantuvo un diálogo sobre los siguientes asuntos con el gobernador Ángel Aguirre:

a) la necesidad del reconocimiento público de la importancia del trabajo de las personas y organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos en el estado de Guerrero;

b) la implementación, de acuerdo a sus competencias, de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la familia de Rosendo Radilla, y en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y que estos se implemente en constante colaboración con las víctimas. Se destacó la importancia de la participación de altos niveles del gobierno, federal y estatal, en presencia de las víctimas en los momentos simbólicos de la implementación de las sentencias;

c) el cumplimiento de las medidas provisionales otorgadas por la propia Corte Interamericana a 107 defensores y defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero;

d) y la necesidad de una debida protección y la garantía del acceso a la justicia a los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) para poner fin a las agresiones y a la carencia de investigaciones.

Se habló igualmente de la falta de condiciones de seguridad que dificultan el trabajo de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), ubicada en la Costa Grande de Guerrero; sobre la situación de riesgo enfrentada por los defensores en el municipio de Ayutla, y sobre los resultados del reciente informe presentado por el Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña de Guerrero (Mocipol), Desde la mirada ciudadana, acerca de las vulneraciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la Montaña de Guerrero, así como sobre la importancia de este tipo de iniciativas
ciudadanas. Finalmente, PBI manifestó al gobernador del estado la preocupación y la repercusión internacional alcanzada tras por los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre en relación a los estudiantes de la Escuel Normal Rural Ayotzinapa (Guerrero).

Como resultado de esta reunión, destacaron algunos compromisos como el de mantener una periodicidad en los encuentros entre PBI y el gobernador del estado de Guerrero para dar seguimiento a los acuerdos y preocupaciones de PBI en materia de derechos humanos en esta entidad.

Para más información, referirse a la Oficina de Coordinación de PBI en el Distrito Federal.

PBI México | Oficina del Distrito Federal
Medellin 33 | Colonia Roma | 06700 México DF
Tel / Fax: 01 55 55 14 28 55
pbidf(at)pbi-mexico.org | www.pbi-mexico.org

PBI México | Oficina Internacional
56-64 Leonard Street | London, EC2A 4LT
Reino Unido | Tel: +44 (0)20 7065 0775
coordinacion.pbi-mexico.org | www.pbi-mexico.org

16 de enero de 2012

AU: Se pide una Ley para Prohibir la Desaparición Forzada

Difusión Cencos México D.F.-

Desde el 19 de enero, el gobierno estatal y la asamblea legislativa de Nuevo León, en el norte de México, examinarán un proyecto de ley para tipificar como delito la desaparición forzada. Con 50.000 personas muertas y miles desaparecidas en México desde 2006, esta es una oportunidad crucial para aumentar las probabilidades de que se haga justicia para las personas que son secuestradas y desaparecen.

Esta semana, la asamblea legislativa del estado de Nuevo León, en el norte de México, examinará un proyecto de ley para tipificar como delito en el código penal del estado la desaparición forzada.

Es fundamental que el delito de desaparición forzada se codifique de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos con el fin de garantizar que se cuenta con medios legales efectivos para combatir este grave delito de derechos humanos. En los últimos años, los informes sobre casos de desaparición forzada en los que han estado implicados funcionarios públicos han aumentado considerablemente, pero la impunidad para los implicados sigue siendo la norma.

La ausencia de un delito por el cual investigar adecuadamente y enjuiciar a los funcionarios públicos implicados en la detención o el secuestro de personas, y la negativa a proporcionar información sobre el paradero o la suerte de dichas personas, constituyen un importante obstáculo para llevar a los responsables ante la justicia, determinar el paradero de los desaparecidos y garantizar plena reparación a las víctimas.

Las organizaciones locales de derechos humanos de Nuevo León han documentado cientos de casos de personas que han sido secuestradas y han desaparecido en el contexto de la lucha entre los carteles de la droga por controlar las rutas de suministro en el estado, y de las medidas tomadas por las autoridades, que frecuentemente dan lugar a violaciones de derechos humanos. La policía municipal y estatal a menudo es cómplice de las bandas delictivas. Las organizaciones de derechos humanos calculan que, en el 40 por ciento de los secuestros perpetrados en el estado, hay funcionarios públicos implicados directa o indirectamente.

México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que el país debe tomar las medidas necesarias para garantizar que la desaparición forzada constituye delito en virtud de su legislación penal. Sin embargo, hasta el momento México no ha formulado declaraciones cruciales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con el fin de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas, o en favor de personas, que alegan haber sido víctimas de desaparición, y también comunicaciones de otros Estados a este respecto.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

Instando al gobierno y la cámara legislativa del estado a acordar y aprobar reformas que tipifiquen como delito la desaparición forzada, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos;

instando a las autoridades estatales a investigar y hacer rendir cuentas de sus actos a todos los funcionarios públicos implicados en desapariciones forzadas, de acuerdo con las obligaciones contraídas por México en materia de derechos humanos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Desde que el presidente Calderón ocupó su cargo en diciembre de 2006, casi 50.000 personas han muerto de forma violenta en el contexto de la lucha de los carteles de la droga por controlar el territorio, y de la respuesta de las fuerzas de seguridad pública. En los dos últimos años, la violencia se ha propagado dramáticamente al estado de Nuevo León, y especialmente a su capital, Monterrey. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de desaparición forzada y homicidio ilegítimo en los que estaban implicados funcionarios públicos. 

México es un Estado federal, en el que cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal cuentan con su propia jurisdicción y código penal. En la actualidad, la competencia para investigar y enjuiciar los delitos de desaparición forzada, detención ilegal o secuestro en los que están implicados funcionarios estatales o municipales recae en los estados, no en las autoridades federales.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2012, A:

C. Lic. Rodrigo Medina de la Cruz
Gobernador del Estado de Nuevo León
Correo-e.: gobernador@nuevoleon.gob.mx
Fax: +52 81 83 449877
Tratamiento: Sr. Gobernador

Prof. Jorge Santiago Alanís Almaguer
Presidente de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura del  Congreso del Estado de Nuevo León
Correo-e.: jorgesantiagoalanis@hotmail.com;
jorge.alanis@congreso-nl.gob.mx
Fax: +52 81 8150 9500 (ext. 1642)
Tratamiento: Sr. Congresista

Lic. César Garza Villarreal
Presidente de la Comisión de Justicia y
Seguridad Pública de la LXXII Legislatura del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.
Correo-e.: cesar.garza@congreso-nl.gob.mx
Fax: +52 81 8150 9500 (ext. 1642)
Tratamiento: Sr. Congresista

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

--
Arturo Ávila Salazar
Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México

Celular:  (55) 5180.9918 | Teléfono: +52 (55) 5687.6010 ext. 106

http://www.amnistia.org.mx
"Trabajamos para proteger los derechos humanos en el mundo"

Defensores comunitarios del agua cumplen 2 años injustamente presos

Difusión Cencos México D.F.-

• El 13 de enero de 2012  se cumplieron dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores nahuas del derecho al agua.
• Su caso está en espera del turno a magistrado para resolver su libertad en la última instancia judicial.

El 13 de enero de 2012 se cumplieron dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, exautoridades nahuas (Presidente Auxiliar y Juez de Paz, respectivamente), de la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, Puebla. Debido a su labor en defensa del agua potable para su comunidad, se les imputó falsamente el delito de robo violento de un vehículo automotor. Por este hecho fueron sentenciados en primera instancia, confirmándose en el recurso de apelación condenándolos a 6 años, 10 meses y 20 días de prisión.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, quienes hemos emprendido la defensa de José Ramón y Pascual tras un amplio y serio proceso de documentación, reafirmamos la inocencia de los Defensores Comunitarios del Agua, quienes se encuentran en prisión con base en la ilegalidad de las resoluciones del Juez de lo Penal de Huauchinango y de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Dichas autoridades los condenaron a pesar de las contradicciones de los testimonios acusatorios, de donde se desprende la inexistencia del delito.

El día 27 de octubre de 2011, el Centro Prodh, el Instituto Ignacio Ellacuría y las esposas y familiares de los Defensores Comunitarios del Agua, llevamos a cabo una rueda de prensa en la ciudad de Puebla para informar sobre la interposición del amparo directo, mismo que deberá conllevar a la inmediata liberación de José Ramón y Pascual. Dicho amparo fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del estado de Puebla, en donde actualmente se está a la espera de que se turne a uno de los tres magistrados de dicho tribunal federal.

A más de 730 días de su injusta encarcelación, instamos a las autoridades federales a que analicen con prontitud y con pleno apego a derecho el amparo directo interpuesto, a fin de que José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz recuperen su justa libertad. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del estado de Puebla tienen ante sí la oportunidad histórica de revertir una injusticia y marcar un precedente en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Video: ¡Agua y Libertad! Defensores Comunitarios del Agua

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.

México, D.F. a 12 de enero de 2012

Presos del Amate se manifiestan en contra de condiciones deplorables en prisión

Realizan Huelga de hambre de un día en ambiente pacífico
Demandan mejor calidad de alimentos, servicios médico y trato respetuoso a sus visitas

Boletin/Cencos

Los internos del Reclusorio número 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, llevaron a cabo una protesta pacífica al interior del reclusorio, para lo que se vistieron todos de playera blanca y se concentraron en la "cancha" del reclusorio y realizaron una huelga de hambre.

   Exigían la presencia de un notario público para que diera fe de los acuerdos que firmaría el director porque en anterior huelga éste se había comprometido a mejorar las condiciones de alimentación y salud a cambio que se levantara la huelga, pero una vez que la huelga se levantó no cumplió con los acuerdos.

   Las demandas en general son; mejorar las condiciones y la porción de los alimentos, tener acceso a una consulta médica, que les surtan la receta que el médico del penal les extiende y que se le dé un trato respetuoso a las visitas de los internos.

   En el Reclusorio se encontró presente el Licenciado Abenamar del Consejo Estatal de Derechos Humanos CEDH. Desconocemos si se le permitió entrevistarse con los presos.

   Presos de el amate entrevistados por miembros de la Limeddh reiteraron que se trataba de una protesta totalmente pacífica. De ahí que lo único que hicieran como medio de presión fuera ponerse una playera blanca y reunirse en la plaza para hacer la huelga de hambre.

   Esa es toda la información con que contamos por ahora. Recordemos que en comunicaciones previas la Limeddh ha urgido a las autoridades penitenciarias a tomar cartas en el asunto a fin de satisfacer las demandas, que consideramos legítimas, de los presos del Amate. Pues no es la primera vez que se realizan este tipo de protestas en el Amate. El Día 10 de enero del 2012 se solicito a la Comisión Nacional de los derechos humanos (CNDH) intercediera para verificar se respetaran los derechos de los presos a través de un comunicado que hemos hecho público.

México, Distrito Federal a 12 de Septiembre de 2011

A los medios de comunicación y público en general

Atentamente
Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana
Dr. Adrián Ramírez López
Presidente de la  Liga Mexicana por la Defenza de los Derechos Humanos (Limeddh)

CNDH emite recomendación sobre detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 25 personas y amenazas a 2 defensoras de DH

Difusión Cencos México D.F., 4 de enero de 2012
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 87/2011 sobre la retención ilegal, incomunicación y tortura de 25 personas en la ciudad de Tijuana y sobre las amenazas y atentados en contra de las defensoras Silvia Vázquez y Blanca Mesina.
   La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. presentaron una queja ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el arraigo, detención arbitraria, retención ilegal y tortura en agravio de 25 personas en Tijuana, así como el hostigamiento, amenazas y daño en propiedad ajena de dos defensoras de derechos humanos. Como resultado, el miércoles 21 de diciembre de 2011 la CNDH emitió la Recomendación 87/2011, la cual está dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Procuradora General de la República (PGR), al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California y al Ayuntamiento de Tijuana.
  La Recomendación de la CNDH recoge en su contenido el patrón de detenciones arbitrarias y tortura que la CMDPDH ha venido denunciando y documentando ante diversas instancias tanto nacionales como internacionales. Cabe destacar que la CNDH recomendó a la SEDENA que las personas detenidas por elementos castrenses sean trasladadas inmediatamente ante autoridades competentes y que dichos elementos se abstengan de interrogar a los detenidos. Asimismo, se recomienda a la PGR que sus funcionarios se abstengan de pedir que el arraigo se ejecute en instalaciones militares.
   En su Recomendación, la CNDH señala que existen elementos para que este organismo presente queja administrativa ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana,  la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, así como formal denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia Militar, con la finalidad de que se inicien los procedimientos sancionatorios respectivos en contra de los servidores públicos que violaron los derechos humanos de las víctimas.
   Sin embargo, consideramos que tanto la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Área Mexicana, por lo que respecta a los procedimientos administrativos sancionatorios, como la Procuraduría General de Justicia Militar, por lo que se refiere al procedimiento penal, son incompetentes, pues el caso motivo de la Recomendación 87/2011 de la CNDH versa sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas en contra de civiles. En estos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son las autoridades civiles las que deben de determinar la responsabilidad de los elementos castrenses.
   Finalmente, la CNDH recomendó a las autoridades que las líneas de investigacion sobre las denuncias presentadas por las defensoras Silvia Vázquez y Blanca Mesina sean claras, así como que sean implementadas a cabalidad las medidas que garanticen la vida e integridad de ambas defensoras. Es importante destacar que Silvia Vázquez a la fecha no ha regresado a su lugar de origen debido a la incapacidad del Estado para garantizar que la defensora pueda realizar en su ciudad las tareas de defensa y promoción de derechos humanos, por lo que esperamos que esta Recomendación sirva para que las autoridades tomen las medidas necesarias para que tanto la defensora como sus familiares sean protegidos.
   La CMDPDH reitera que el combate al crimen organizado, por parte tanto del Gobierno Federal como por parte de los Gobiernos locales, debe hacerse respetando irrestrictamente los derechos humanos de las personas y protegiendo la labor de los y las defensoras de derechos humanos, a partir de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, hace un llamado al Gobierno Federal para que en el presente caso, las violaciones a los derechos humanos de las víctimas sean investigadas, así como los responsables sancionados, en el ámbito de las procuradurías y tribunales civiles, sin la intervención de los órganos de procuración e impartición de justicia militares.

Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas

• Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá, adherentes a La Otra Campaña.
• Funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, junto a integrantes príistas responsables de  violaciones a los derechos humanos.

Difusión Cencos México D.F.-
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos  como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de varias familias tseltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.
 De acuerdo a la información recibida por el Centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el pasado 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 hrs., cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores quienes la amenazaban con violarla sexualmente.
 Posteriormente Elías manifiesta que lo llevaron a una montaña en donde lo seguían golpeando, luego lo llevaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá, lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía del estado de Chiapas y refiere que: ?Cuando llegué a la carretera había más gente, ahí me dijeron todos van a ir a la cárcel, les decía porque me hacen esto, si sólo estoy trabajando; ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre: Herlindo del ejido Cintalapa, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá y Domingo comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda?.
 Acto seguido a Elías lo llevaron a dos lugares distintos en Palenque; un de los lugares que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración, al negarse, fue golpeado con puños y patadas: ?En el ministerio publico de Palenque hay un cuartito, ahí me llevaron y me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, esto mientras el Ministerio Público hacía los documentos, los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí, fueron los policías los que me golpearon, empezaron a dar patadas, preguntando ?¿dónde está tu papá??, me sacaron y no di declaración?.
 Ante la negativa de Elías de dar su declaración desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, (CERSS No. 17) donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de ?los precisos? que mantienen un estado de ?control? al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.
 Este Centro ha documentado que la esposa de Elías durante el evento del 7 de diciembre de 2011,  fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona en un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente.  Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de ?cosas? y le cerraban el camino.
 En este mismo evento, el 7 de diciembre de 2011, una familiar de Elías, fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de Elias, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales quienes  durante la agresión Manuel le decía, ?no llores porque te lo mereces, eres mujer?, y Benjamín ?háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela?.
 El mismo 7 de diciembre de 2011, integrantes del PRI acompañados por cinco elementos de la policía estatal allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.
 Anteriormente, en otro evento relacionado, el pasado el 17 de julio de 2011, a las 1:00 hrs., en el ejido Busiljá, Ocosingo los Sres. Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales Gutiérrez llevándose a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad, por lo cual presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo, éste hasta el momento, no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña a su familia.
 El 7 de diciembre Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a veinte minutos de su casa. Avisado al Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso ?invitando? a los familiares para que ellos como familiares fueran a rescatar de manera personal su hija ?mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en donde está la niña vayan a quitárselos porque nosotros no tenemos autorización?.
 En otro evento Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.
 En los eventos citados, las víctimas han identificado plenamente la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco elementos de la policía estatal y un Ministerio Público.
 Por tal razón exigimos al Estado mexicano, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas:
 Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales hija de Elena Morales Gutiérrez.
 Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, del Ejido de Busiljá en los eventos denunciados.
 Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado  efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Génaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.
 Implementar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.
 Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
 La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo) que se encuentra injustamente detenido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, en tanto que se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a Elías Sánchez Gómez, recluidoen dicho penal.
 De acuerdo a lo aquí denunciado, este Centro de Derechos Humanos considera que la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso;  así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de  transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.

 Antecedentes

 Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad en el CERRS No. 17. Los familiares de Elías han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la organización Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este Centro de Derechos Humanos ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.

La SCJN ordena a la PGR entregar expediente del caso del Sr. Radilla Pacheco

La SCJN ordena a la PGR entregar expediente del caso del Sr. Radilla Pacheco; resuelve amparo interpuesto en octubre de 2009
Las averiguaciones previas relacionadas con hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos no son reservadas: SCJN


Boletín de prensa

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de Tita Radilla el amparo 168/201, con lo que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) la entrega del expediente del caso de la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla Pacheco.

   La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (AFADEM) celebran la sentencia de la Primera Sala de la SCJN, la cual sienta un precedente histórico en materia de transparencia relacionada con la defensa de los derechos humanos, pues el Máximo Tribunal determinó que las averiguaciones previas relacionadas con hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos no son reservadas, como ocurre con la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla por parte de elementos del Ejército Mexicano en 1974 en el marco de la "guerra sucia", la cual se llevó a cabo en un contexto de desapariciones forzadas masivas ejecutadas por agentes del Estado mexicano, en términos de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso dictada el 23 de noviembre de 2009.

  "El artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental debe ser interpretado en el sentido de que las averiguaciones previas sobre hechos que puedan constituir graves violaciones a derechos humanos, no se encuentran reservadas, razón por la cual son información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 constitucional", señala la SCJN.

   Con este argumento, la Suprema Corte determinó que la PGR está obligada a entregar las copias certificadas de la averiguación previa del caso Rosendo Radilla Pacheco a la señora Tita Radilla Martínez, según lo señala la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

   Cabe destacar que la PGR siempre se había negado a entregar las copias de la averiguación previa no sólo a la señora Tita Radilla sino inclusive a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

   La sentencia de la Suprema Corte es acorde con lo ordenado por la Corte Interamericana en la sentencia del caso, en el sentido de que el Estado mexicano está obligado a entregar las copias de la averiguación previa, así como por lo resuelto por el propio Tribunal Constitucional de nuestro país en la Consulta a Trámite del expediente Varios 912/2010, en la que el Pleno determinó la forma como el Poder Judicial de la Federación debía cumplir con la Sentencia del caso Radilla dictada por el Tribunal Interamericano.

   El 4 de marzo de 2009, el Pleno del IFAI emitió una resolución en la que obliga a la PGR a entregar a la CMDPDH, copias de la versión pública de dicha averiguación previa, por considerarla vinculada a la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad. En dicha resolución, el IFAI obligó a la PGR a cumplir la solicitud en un plazo de 10 días. A casi seis meses de su emisión, la PGR no ha acatado con lo establecido por el IFAI.

   La CMDPDH, con la ayuda de Luis Miguel Cano y Graciela Rodríguez, especialistas en litigio en defensa de derechos humanos, promovieron un juicio de amparo en contra de la negativa de la PGR a entregar las copias de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, relativa a la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla Pacheco y otras 121 desapariciones cometidas por integrantes del ejército mexicano dentro del período de julio a octubre de 1974 en el marco de la "guerra sucia", en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y en contra del supuesto juicio de nulidad interpuesto por la PGR para retrasar el cumplimiento de la resolución del IFAI que le ordena hacer pública esa información.

En Baja California amenazan de muerte contra el hermano de un testigo de homicidio

Difusión Cencos México D.F.-

El hermano de un testigo de una presunta ejecución extrajudicial cometida en la población de Puerto de San Felipe, en el estado de Baja California (norte de México), ha recibido una amenaza de muerte. Él y la familia de otro testigo, así como la familia de la víctima del homicidio, corren grave peligro.   

   El 13 de noviembre, fue entregada una nota en el domicilio de Alonso Ruíz Lara. En ella, alguien había dibujado tres cruces. En una figuraba el nombre de Guillermo Audelo Murrieta, asesinado el 20 de agosto de 2011, y en otra, el de Jesús Manuel Moreno, que murió el 13 de noviembre de 2011. En la tercera cruz estaba escrito el nombre de Alonso Ruíz Lara. Según la familia, después de que un soldado acosara sexualmente a la esposa de Guillermo Audelo, comenzó una campaña de hostigamiento, aparentemente instigada por miembros de la XIX Compañía de Infantería No Encuadrada del ejército mexicano, con base en San Felipe. La familia de Guillermo Audelo ha presentado una denuncia formal. No se ha adoptado aún ninguna medida para protegerles. Jesús Manuel Moreno, cuyo nombre estaba incluido en la amenaza de muerte, era el hermano de la esposa de Guillermo Audelo. Murió tras un incendio en su casa. Amnistía Internacional no tiene más información sobre las circunstancias de su fallecimiento.

   El 20 de agosto, Guillermo Audelo estaba en un hotel con dos amigos, Julio César Ruíz Lara y Lorenzo Antonio Ruíz Lara (hermanos de Alonso Ruíz Lara). Unos soldados asaltaron su habitación y mataron a Guillermo Audelo Murrieta. Aún no se han esclarecido los detalles de su muerte, que investigan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una autoridad militar. Los otros dos hombres fueron detenidos durante el asalto. Ambos han afirmado que Guillermo Audelo fue torturado y después ejecutado extrajudicialmente, y que a ellos los torturaron y les amenazaron de muerte si mencionaban lo que le había sucedido a Guillermo. Los hombres están actualmente detenidos, acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Ambos han presentado una queja oficial por el trato que recibieron. Al parecer, la amenaza de muerte contra Alonso Ruíz Lara es un intento de impedir que su familia y la de Guillermo Audelo Murrieta testifiquen contra personal militar o sigan adelante con su denuncia de hostigamiento.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

   Pidiendo a las autoridades que garanticen que Alonso Ruíz Lara, su familia y la familia de Guillermo Audelo Murrieta reciben toda la protección necesaria, de acuerdo con sus deseos;

   Pidiendo una investigación sobre la amenaza de muerte, así como garantías de que estos hombres y sus familias no son objeto de amenazas de muerte y enjuiciamientos maliciosos o infundados como represalia por sus denuncias contra oficiales del ejército;

Pidiendo una investigación completa, imparcial y sin dilación a cargo de las autoridades civiles sobre la aparente constante de hostigamiento y malos tratos y amenazas contra miembros de las familias Audelo Murrieta y Ruíz Lara, incluido el esclarecimiento del homicidio de Guillermo Audelo Murrieta y de las presuntas torturas de familiares suyos; que los resultados se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia.

AU: Nuevas amenazas y hostigamiento a defensoras y defensores en Tehuacán, Puebla

Difusión Cencos México D.F.-

Reciben nuevas  amenazas Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez, defensor y defensora de derechos humanos laborales del Colectivo Obreras Insumisas del Estado de Puebla

Hechos:

   El jueves 24 de noviembre la defensora y defensor de derechos humanos laborales Reyna Ramírez Sánchez y Rodrigo Santiago Herández, recibieron nuevamente una amenaza. A las 2:30 am, través de una ventana que daba a la calle y rompiendo un cristal, se les aventó una piedra grande a su domicilio. La piedra, de aproximadamente de 600 gramos de peso, estaba envuelta en una hoja que contenía el siguiente escrito: “VAN A VALER MADRES-SIGAN CHINGANDO - R.Y R.”.  Por la R.Y R.  presuntamente se refieren a Reyna Ramírez y a Rodrigo Santiago Hernández, ambos integrantes del Colectivo Obreras Insumisas. Reyna y Rodrigo llamaron al Ministerio Público de Puebla para presentar la denuncia penal, sin embargo, estos no contestaron el teléfono.

Antecedentes:

   Esta es la tercera amenaza y hostigamiento que reciben Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez en este año, vinculadas al acompañamiento que el Colectivo Obreras insumisas brinda a las trabajadoras de la costura de la empresa Exportadora de Pantalones S.A. de C.V. en Tehuacán, Puebla, lo que incrementa aumenta todavía más la vulnerabilidad de las y los integrantes de la organización.. La anterior amenaza fue el pasado 4 de octubre. Tanto Amnistía Internacional como el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para todos y todas” emitieron acciones urgentes.

   Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez han presentado denuncia penales por estas amenazas y hostigamiento ante el ministerio público de Tehuacán Puebla. Así mismo han solicitado medidas cautelares a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla sin que a la fecha las autoridades competentes hayan dado respuesta a dicha solicitud.

Ante esta nueva amenaza, las organizaciones firmantes exigimos que:

1. El Gobierno del Estado de Puebla tome  de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física de Rodrigo Santiago Hernández y de Reyna Ramírez Sánchez, así como de todas las integrantes del Colectivo Obreras Insumisas A.C.

2. Las autoridades del Estado de Puebla investiguen, identifiquen y sancionen a los probables responsables de las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez y demás integrantes del Colectivo Obreras Insumisas A.C.

3. El Gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno Federal aseguren la aplicación de lo dispuesto en la Declaración Sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU,  que establece, en su artículo 1°, que el  derecho  toda “persona individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” y que, en su artículo 12.2,  establece que se debe garantizar la protección “de toda persona individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenazas, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

4. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla dé seguimiento a la queja y a las medidas cautelares solicitadas al Gobierno de Puebla para garantizar la integridad física de Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez.

Les solicitamos que hagan sus llamamientos en este sentido a:

Presidente Constitucional de la República Mexicana
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52  55 50934900. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Secretario General de Gobernación
Dr. Alejandro Poiré Romero
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14. Email: secretario@segob.gob.mx

Procuradora General de la República
Lic. Maricela Morales
Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx

Gobernador del Estado de Puebla
Lic. Rafael Moreno Valle
Juan de Palafox y Mendoza, 204, Centro. C.P. 72000, Puebla, Pue. Teléfono:01 222 242 8118, 01222 242 4547, 01222 242 4597
email: rafael.morenovalle@puebla.gob.mx

Dr. Raúl Plasencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos Fax +52 (55) 5681 7199, correo@cndh.org.mx

Mtro. Adolfo López Badillo
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Av. 15 de mayo No. 2929 letra "A", Fraccionamiento las Hadas, C.P. 72070, Puebla, Puebla, Fax: (222) 2485451, Correo Electrónico:presidencia@cdhpuebla.org.mx

Encargado de la Delegación Regional Tehuacán
Lic. José Juventino Gabriel Tuxpan Espinoza
Encargado Regional de la Delegación en Tehuacán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Dirección: Calle Reforma No. 118 Int. 110 Colonia: Centro, Tehuacán, Puebla
Teléfono/Fax:(238) 3 84 63 23

Enviar copia a:

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
Representante de la Alta Comisionada en México
Fax +52 (55) 5061 6358; oacnudh@ohchr.org

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C.
Correo Electrónico: prodesc@prodesc.org.mx
Fax: +52-55-52122230

Justicia para las mujeres de Atenco, una obligación ineludible del Estado mexicano

La investigación sobre las graves violaciones cometidas en Atenco ha estado “inactiva” y ningún proceso ha sido iniciado por tortura, establece la CIDH al admitir el caso.

Boletín de prensa
En el Foro Atenco: Mujeres en resistencia convocado hoy para analizar la tortura sexual perpetrada por agentes del Estado, tanto mujeres víctimas de Atenco, como también expertas en violencia de género compartieron experiencias y estrategias para avanzar hacia la erradicación de este flagelo.
El día de hoy, durante el foro académico/vivencial contra la tortura sexual, Atenco. Mujeres en resistencia. Alto a la tortura sexual como estrategia de estado para desmovilizar y generar miedo, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG), las mujeres denunciantes de los actos de tortura sexual y privación ilegal y arbitraria de la libertad, cometidos por policías en mayo de 2006 en San Salvador Atenco compartieron con los asistentes lo que para ellas han significado los últimos cinco años de luchar por la justicia.
   En compañía de prestigiosas expertas en temas de violencia de género, otras mujeres sobrevivientes o que acompañan casos de tortura sexual, representantes de organizaciones internacionales y personas interesadas en el tema, las mujeres demandaron la oportuna y adecuada sanción a los responsables.
   Cabe destacar que recientemente se logró un avance importante cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso interpuesto por once mujeres con la representación del Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).  En el informe 158/11 de admisibilidad, la CIDH concluye que el examen internacional del mismo es pertinente, dada la demora injustificada de las investigaciones internas. En este sentido, el órgano interamericano “observa que han pasado cinco años desde que los hechos denunciados ocurrieron [sin que] el Estado haya presentado información concreta sobre las medidas dispuestas para el avance de las investigaciones.”  Establece que la averiguación ha permanecido “inactiva” por prolongados periodos y que de la información más reciente presentada por el Estado no se desprende que la investigación “esté tramitada oportunamente.”  Resulta particularmente grave para la CIDH que “sólo en 2 de las 11 denuncias presentadas en este caso, las autoridades han ejercido acción penal”, “ninguno de los procesos que se iniciaron fueron por el delito de ‘tortura’”, y que además ninguno terminó en sentencia condenatoria, dejando el caso en impunidad total.
   Los hechos del caso también han sido expuestos en informes alternativos presentados por el Centro Prodh y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) ante el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.   Ambos órganos exigieron hace cinco años que se hiciera justicia en el caso y en el transcurso del año 2012 los dos volverán a evaluar las acciones emprendidas por el Estado para ese fin.
   En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse este 25 de noviembre, recordamos que la tortura sexual constituye uno de los más graves actos de violencia y discriminación hacia las mujeres, considerándose aun más grave cuando es cometido por agentes del propio Estado, máxime cuando luego queda impune. Tal y como lo reconoce la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la violencia contra la mujer es en cualquier circunstancia “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; y se impone a todo Estado el deber de abstenerse de cualquier práctica de violencia contra la mujer, así como actuar con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla.
   Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes reiteramos nuestro repudio por la tortura sexual cometida por agentes estatales en Atenco y exigimos que el Estado tome de forma inmediata acciones efectivas para poner fin a la impunidad prevaleciente en el caso, con el fin de avanzar hacia la eliminación de este y todo tipo de violencia contra la mujer.

Amnistía Internacional
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG)

[1] Conclusiones y observaciones del Comité contra la Tortura (6/2/07), Doc. CAT/C/MEX/CO/4, párrs. 14, 16, 19-20; Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (25/8/06), Doc. CEDAW/C/MEX/CO/6, párrs. 14-15. Ver también www.omct.org/files/2010/12/20981/women_atenco__follow_up_report__dec_201....

Tita Radilla recibe premio en Londres por toda una vida en pro de los Derechos Humanos en México

Difusión Cencos México D.F.-
En el marco de la celebración de los 30 años de la organización de paz y derechos humanos, Brigadas Internacionales de Paz1 (PBI, por sus siglas en ingles), junto con la iniciativa de abogados y jueces británicos The Alliance for Lawyers at Risk2 (Alianza a favor de Abogados en Riesgo) , entregó el día de hoy (21 de noviembre) un premio a Tita Radilla Martínez en reconocimiento de su valentía y compromiso con la defensa de los derechos humanos en México, durante un evento de gala en el Middle Temple, sede de uno de los más prestigiosos colegios de abogados del Reino Unido.
   Para PBI y la Alianza a favor de Abogados en Riesgo es un honor otorgar este reconocimiento. Tita Radilla y otros familiares de personas desaparecidas, quienes conforman la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos3 (AFADEM) , han trabajado de forma valiente durante más de 30 años en México demandando justicia para las víctimas de desaparición forzada.
   En su trabajo la Sra. Radilla, ha sido objeto de diversas amenazas y hostigamientos, razón por la que, desde el año 2003, PBI le ha brindado acompañamiento, buscando minimizar el peligro que corre y ayudándole a mantener su espacio de actuación como defensora de derechos humanos.
   En este contexto, PBI quiere expresar su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana por parte de las autoridades mexicanas. En particular, la forma en que el pasado 17 de noviembre el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos derivadas del caso Radilla Pacheco sin la presencia de la familia Radilla ni los familiares de las personas desaparecidas. Al respecto, Tita Radilla ha declarado que "el Estado pierde la oportunidad de reconocer a las víctimas de la "guerra sucia", reconstruir el tejido social en Guerrero donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad que afectaron al municipio de Atoyac de Álvarez en su totalidad, donde se han documentado más de 630 casos de desaparición forzada".
   PBI hace un llamado a las autoridades mexicanas para que en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana se preste atención prioritaria al diálogo con las víctimas y sus familiares, como expresión del compromiso con los derechos humanos, particularmente con sus obligaciones adquiridas ante la Corte Interamericana.

PGR participa en Operativo Mochila en la secundaría de San Juan Huactzinco

Boletín/Tlaxcala, Tlax.-

Con el objetivo de que estudiantes del nivel secundaria puedan convivir en un ambiente sano, libre de adicciones y de violencia, la Procuraduría General de la República, a través del área de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en coordinación con personal de la Policía Federal, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como padres de familia, directivos de la escuela técnica número 42 y de la Telesecundaria "Domingo Arenas" en San Juan Huactzinco, llevaron a cabo el "Operativo Mochila". 

   En las dos acciones realizadas, en las que se revisaron 323 mochilas, los directores de ambas instituciones anunciaron a los alumnos que se les realizaría una inspección a sus mochilas, con la finalidad de detectar armas de fuego o punzocortantes, drogas, bebidas embriagantes y todo lo que pudiera poner en riesgo su integridad física, psicológica y moral. 

   Una vez que se procedió a la revisión, el área de Prevención del Delito dio a conocer a los estudiantes los teléfonos de la dependencia para que puedan realizar denuncias ciudadanas que tengan que ver con la venta de droga, portación de arma de fuego, o bien de alguien que sea víctima de trata de personas: 

089 y 066 para denuncia anónima 

46 5 22 02 Delegación PGR Tlaxcala 

46 5 22 33 Agencia Federal de Investigaciones 

   Se hizo hincapié en que estos números están abiertos a la población las 24 horas del día los 365 días del año. Cabe mencionar que en ambas escuelas el resultado fue negativo, ya que no se localizó droga u objeto extraño. 

   De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de reconstruir integralmente las instituciones y sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional. 

Se presenta denuncia ante PGR por los hechos de tortura por el Ejército en agravio de Arzate Meléndez

Difusión Cencos/México D.F.-

Las organizaciones exigimos se inicie de manera inmediata una investigación en el fuero ordinario para la debida investigación de la tortura y la eventual sanción de los responsables

   Ayer, en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR), Israel Arzate Meléndez, con la representación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el  Centro Juárez de Apoyo al Migrante, presentó una denuncia penal por la tortura que sufrió a manos de militares el 3 de febrero de 2010 y en diversos momentos posteriores.

   El escrito da cuenta de lo vivido por Israel Arzate como víctima de detención ilegal y arbitraria por parte de las Fuerzas Armadas el día 3 de febrero de 2010; la ilegal retención por casi tres días, en los cuales permaneció bajo custodia de los elementos castrenses en una guarnición militar de Ciudad Juárez, Chihuahua; y las torturas perpetradas con la finalidad de arrancarle una confesión falsa relacionada con la masacre de Villas de Salvárcar.

   Durante su retención ilegal en la guarnición militar, Israel fue brutalmente torturado mediante golpes, toques eléctricos y otros métodos, a pesar de lo cual se negaba a hacer una confesión falsa. No fue sino hasta que sus torturadores amenazaron con violar y asesinar a su esposa, que Israel se vio obligado a declarar lo que le exigían y a firmar unas hojas que le fueron proporcionadas sin saber de qué se trataban. Asimismo, sus torturadores le mostraron una narración de hechos y lo obligaron a repetirla mientras era videograbado en las mismas instalaciones militares. Esa misma confesión videograbada fue presentada por el ministerio público ante el juez para incriminar a Israel por el crimen de Villas de Salvárcar.

   No omitimos señalar que Israel Arzate denunció tortura desde su primera comparecencia ante la jueza de garantías el día 11 de febrero de 2010 en la audiencia de vinculación a proceso. Sin embargo, la jueza Anabel Chumacero no quiso hacer constar las lesiones que Israel le refirió e inclusive le mostró, pues ella se limitó a contestar que “no producía prueba” y no podía certificar. Dicha funcionaria judicial tampoco dio vista al Ministerio Público para su debida investigación. De igual forma, Israel insistió en preguntarle a la jueza que quién autorizaba que lo siguieran sacando del CERESO para torturarlo, a lo que ella sólo respondió que “esas cuestiones las debía ver con su defensor de oficio”.

   Ante las graves omisiones de la jueza, Israel Arzate optó por presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicho organismo, previa recopilación de pruebas, emitió la Recomendación 49/2011 el 30 de agosto de 2011, en la cual corroboró la tortura sufrida por Israel. Entre otras pruebas, el Protocolo de Estambul -pericia médica especializada para detectar tortura- que fue aplicado a Israel en el marco de la investigación de la CNDH, arrojó como resultado que presentaba amplias zonas de quemaduras eléctricas en el cuerpo así como diversas otras huellas de la tortura narrada. De acuerdo a la información recibida, es importante destacar que la SEDENA sí aceptó dicha recomendación.

   Por su parte, el informe Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, presentado por la organización Human Rights Watch (HRW) la semana pasada, da cuenta de la práctica generalizada de la tortura con la finalidad principal de obtener declaraciones por la fuerza, donde además las personas suelen ser incomunicadas en bases militares o centros clandestinos. Indica el doble obstáculo en el que se enfrentan las personas inocentes torturadas y sujetas a un juicio injusto al tener que probar su inocencia y demostrar que sus derechos humanos fueron violados por funcionarios públicos. Dicho informe retoma el caso de Israel Arzate Meléndez como paradigmático de tortura.

   Por otro lado, los verdaderos responsables de crímenes reprochables a menudo siguen en libertad porque personas inocentes como Israel son encarceladas en su lugar con base en confesiones falsas. Así lo advierte la CNDH en su Recomendación sobre el caso de Israel: “[L]a ausencia de una investigación seria y científica y su sustitución por la tortura, puede provocar que se deje de castigar a personas que han realizado hechos delictivos, lo que puede llevar a una revictimización de los ofendidos y generación de impunidad y, como consecuencia, una vulneración a la debida procuración de justicia." 

   Recordando lo estipulado tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que las investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes militares sean investigadas y juzgadas en el fuero civil, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que, con motivo de la denuncia penal hoy presentada, inicie las investigaciones correspondientes de manera inmediata; estudie de forma exhaustiva las pruebas ya recabadas por diversas instancias; se allegue de mayor evidencia con la finalidad de sancionar a los militares y otros funcionarios públicos involucrados en la detención arbitraria y tortura de Israel Arzate Meléndez; y realice la investigación conforme a los más altos estándares de protección a los derechos humanos.

Estado mexicano pierde oportunidad histórica de reconocer a las víctimas de la "guerra sucia"

Realizará acto de reconocimiento de responsabilidad por desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, sin acuerdo ni presencia de los familiares

Boletín de Prensa

El día de hoy, la Secretaría de Gobernación comunicó a Tita Radilla, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) así como a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), que la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad por la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llevaría a cabo el día de mañana 17 de noviembre a las 11:00 hrs. en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con la presencia de altos funcionarios gubernamentales.

   Lamentamos que en razón de la premura y la manera unilateral con la que el gobierno pretende llevar a cabo el acto, la familia Radilla Martínez no pueda estar presente. En este sentido, Tita Radilla mencionó "el Estado pierde la oportunidad de reconocer a las víctimas de la ´guerra sucia´ y de reconstruir el tejido social en Guerrero donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad que afectaron al municipio de Atoyac de Álvarez en su totalidad, donde se han documentado más de 630 casos de desaparición forzada"

   Juan Carlos Gutiérrez, Director General de la CMDPDH consideró que "este tipo de eventos poseen un carácter fundamental para dignificar a las víctimas y sus familias, y un efecto de reparación que en este caso se nulifica al no contar con la presencia de las víctimas. La imposición del acto revictimiza a las familias que tienen más de 37 años esperando que el Estado reconozca lo sucedido durante los años 70. Ante la situación que viven actualmente las víctimas en el país, es lamentable que el gobierno tome este tipo de decisiones sin tomar en cuenta que se impide elaborar el duelo e impide la reconciliación, asimismo, no conduce a la paz en un momento en el que el país necesita llegar a acuerdos para alcanzar la reconciliación histórica."

   El gobierno acordó con la familia, a través de la Secretaría de Gobernación, que se determinaría una nueva fecha de realización del acto. Muestra de ello es que el secretario de Gobernación en funciones convocó a los familiares a una reunión para planificar dicho acto el próximo viernes 18 de noviembre.

   Cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte IDH ha puesto énfasis en la relevancia de este tipo de actos recalcando que "lo importante es que las víctimas sientan que se ha hecho justicia. Los pedidos de perdón deben contar con la participación en las ceremonias, de altas autoridades del Estado, la presencia de las víctimas y la difusión pública."

Familia Radilla Martínez
Asociación de Familiares de Detenidos –Desaparecidos
y Víctimas de Violaciones a los DerechosHumanos en México, A.C. (AFADEM)
Julio Mata Montiel
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción delos Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Amenazas de muerte a defensores de los derechos humanos y sus familias

Difusión Cencos México D.F.-
El 9 de noviembre de 2011, la organización de derechos humanos Comité Cerezo recibió un correo electrónico con amenazas de muerte contra sus integrantes. Seis miembros de la familia que fundó Comité Cerezo fueron nombrados específicamente en el correo electrónico.

Más información
   El Comité Cerezo trabaja en una amplia gama de cuestiones de derechos humanos, con un enfoque centrado en informar acerca de las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades mexicanas. Previamente, Front Line publicó un llamado urgente en relación con las amenazas de muerte contra integrantes del Comité Cerezo, el 25 de septiembre de 2006.
   El 9 de noviembre de 2011, a las 12:38, un correo electrónico amenazante fue recibido por el Comité Cerezo. A continuación se reproducen algunas partes: “(...) Que quede muy claro no habrá día, mes u año en que nosotros estaremos al pendiente de todo (...) Ojalá cambies francisco, nosotros te vamos a ayudar a cambiar. Como vez? Sabemos que no tendremos respuesta, sabemos que su silencio es su 'inteligencia', pero sabes francisco y compañía, que también el silencio mata.”
   El correo electrónico fue dirigido específicamente al Sr. Francisco Cerezo Contreras, miembro fundador y coordinador actual del Comité Cerezo; el Sr. Alejandro Cerezo Contreras, representante de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C (ACUDDEH) y coordinador del Protection Desk México; el Sr. Antonio Cerezo Contreras, coordinador del área internacional del Comité Cerezo; el hijo de Antonio Cerezo Contreras de dos años de edad; el Sr. Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo; y la Sra. Emiliana Cerezo Contreras, miembro fundador del Comité Cerezo. Presentaron una denuncia judicial ante las autoridades el día 10 de noviembre.
   Los miembros del Comité Cerezo han sido amenazado anteriormente, y algunos de los que fueron amenazados en ésta ocasión, Francisco Cerezo Contreras, Alejandro Cerezo Contreras, y Emiliana Cerezo Contreras son beneficiarios de las medidas cautelares MC 246-06 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de octubre de 2006.
   Front Line considera que las amenazas de muerte contra integrantes del Comité Cerezo y sus familias tienen relación directa con el trabajo legítimo en la defensa de los derechos humanos que está siendo llevado a cabo por este Comité, en particular al informar acerca de las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades mexicanas. Front Line manifiesta su grave preocupación por la integridad física y psicológica y por la seguridad de los defensores de derechos humanos y de sus familias.