Boletín/México, D.F.-
La Procuraduría General de la República por conducto de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, informa:
Con motivo de la denuncia presentada el 19 de mayo del 2009, por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que hizo del conocimiento el robo de 4586 libretas de pasaportes, se radicó averiguación previa en la delegación de esta institución en el Distrito Federal.
De esa investigación derivó la diversa indagatoria A.P.SIEDO/UEITMIO/147/2011, que se siguió contra más de cinco involucrados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos: tráfico de indocumentados en tentativa; tres delitos de falsificación de documento público y delincuencia organizada.
En esa averiguación se logró su localización y presentación después de diversas investigaciones realizadas por parte de la Policía Federal Ministerial; así, el 10 de noviembre pasado, fue de una de las indiciadas y al día siguiente de tres personas más; contra todos el Ministerio Público de la Federación solicitó su arraigo y el 14 de noviembre último, obtuvo de juez federal penal especializado en medidas precautorias, la orden relativa por 80 días.
Durante el desarrollo de la investigación, el agente del Ministerio Público de la Federación logró comprobar que el grupo delictivo se integró con el objeto de introducir a territorio nacional a Saadi M. Gadhafi y su familia, pues aproximadamente desde julio del dos mil once, realizaron actos para introducirlos a México, puesto que rentaron un avión con el propósito de investigar las condiciones en las que se encontraba el país de Libia y con ello planear la forma en que se llevaría a cabo la extracción de esas personas, para traerlos a México, lo que no lograron, porque los pilotos no aceptaron aterrizar clandestinamente y sacarlos de esa nación; posteriormente decidieron organizar un segundo viaje con aeronaves más seguras con las que pudieran facilitar esa extracción para lo cual contrataron una empresa de aeronaves.
Desde ese momento y hasta la captura de los sujetos, el 10 y 11 de noviembre citado, se estuvieron organizando con miras a ese fin; por ello, en México falsificaron diversos documentos (pasaporte, credencial de elector con fotografía y acta de nacimiento a nombre de una de las implicadas); con los que obtuvieron un crédito, con el cual adquirieron una casa ubicada en Bahía de Banderas, Nayarit, México, donde pretendían ocultar a las personas indicadas. De igual manera, también intentaron comprar un apartamento en el hotel St. Regis, en el Distrito Federal, en donde inicialmente serían hospedados, lo que no se concluyó.
Las conductas ilícitas que desarrollaron fueron con el objetivo de obtener una suma cuantiosa de dinero.
Derivado de lo anterior, el 27 de enero, el agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada consignó a los arraigados.
De ese expediente tuvo conocimiento el juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, quien el 28 de enero pasado, libró orden de aprehensión en los términos siguientes:
a) Por los delitos de tráfico de indocumentados en tentativa y delincuencia organizada, contra 5 probables responsables.
b) Por la falsificación de tres documentos oficiales, contra 4 de esas personas.
Una vez que se levantó el arraigo respectivo, el 31 de enero, se dio cumplimiento a las órdenes de captura y fueron ingresadas, por cuanto hace a 2 mujeres, en un centro penitenciario federal en Chetumal, Quintana Roo; y, en lo que corresponde a 2 hombres, en Veracruz; para que los jueces federales correspondientes se pronuncien respecto de la formal prisión de esos sujetos.
Con acciones como las anteriores, la Procuraduría General de la República hace patente su compromiso de proteger a la sociedad con base en sus atribuciones legales y de llevar a la autoridad judicial a los involucrados en hechos ilícitos que atenten contra su seguridad.
