Boletín/México, D.F.-
Por unanimidad de votos, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) absolvió a los periodistas Eduardo Rey Huchim May, Rubén Lara León y tres comunicadores más en una demanda por daño moral entablada en su contra por la expresidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Con este fallo ya son cuatro los casos en que la SCJN, máximo órgano de la justicia mexicana, resuelve en favor de la libertad de expresión, lo que significa que con uno más en el mismo sentido se lograrían los cinco requeridos para integrar una tesis de jurisprudencia sobre este tipo de demandas.
En su sesión del 28 de marzo, los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN resolvieron a favor de Huchim, Lara, Luis Pablo Soto Ortiz, Abel Eduardo Barajas Martínez y Víctor Fuentes Coello, quienes fueron demandados por daño moral por la expresidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), María del Consuelo Villalobos Ortiz.
Aunque fueron cinco los periodistas demandados por la magistrada que fue la máxima autoridad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el periodo 2004-2005, el caso fue conocido por la demanda contra Huchim y Lara.
Los periodistas habían sido sentenciados en junio de 2010 por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que los había encontrado responsables de dañar el honor de Villalobos Ortiz por los textos críticos que publicaron sobre su gestión al frente del TFJFA.
Los artículos de Huchim y Lara que provocaron la demanda de Villalobos Ortiz fueron publicados en la revista Emeequis y el diario Rumbo de México, y se refirieron a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la remodelación del edificio sede del TFJFA durante la gestión de la demandante.
Villalobos Ortiz, quien dejó de ser magistrada en enero de 2011, exigía en su demanda inicial el pago de seis millones de pesos. Por considerar “irrisoria” la sentencia fijada de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, que a su juicio crea un fuero especial para los periodistas porque contempla una sanción máxima de 350 días de salario mínimo, la exjueza fiscal promovió su propio amparo en la SCJN.
Ante el caso, los integrantes de la Primera Sala de la SCJN apoyaron la sentencia elaborada por la ministra Olga Sánchez Cordero, que entre otras cosas sostiene: "Para demostrar la responsabilidad de daño moral, era necesario que la funcionaria en cuestión acreditara la existencia de la malicia efectiva, esto es, que las opiniones expresadas tuvieron la intención de dañarla, lo cual no sucedió y, por otro, que los términos empleados en dichas notas periodísticas rebasaran los límites de la libertad de expresión".
En los artículos referidos por la exmagistrada, consideraron los ministros, no se advierten expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas o vejaciones innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión que deriven en un daño moral.
En la sentencia se indicó también que “la relevancia pública de las actividades de la funcionaria (Villalobos Ortiz) en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa constituyen la justificación, por la que se considera que debe tolerar un mayor escrutinio público”.
Tras la decisión de los ministros, Huchim declaró a los medios, que "hay que decir que con este juicio, el de Rubén Lara León y el mío, ya son cuatro los casos en que la Corte falla en favor de la libertad de expresión y esto acerca la posibilidad de que tengamos ya una tesis de jurisprudencia en ese sentido, lo cual es también una buena noticia".
El CEPET saluda el fallo de los ministros de la Primera Sala de la SCJN por su pronunciamiento en favor de la libertad de expresión e interpreta como signo alentador para el desempeño del periodismo crítico, veraz y objetivo el hecho de que ya está cercana una jurisprudencia en la materia.
Al mismo tiempo, lamenta que aún se presenten en México los ataques a la libertad de expresión a través de demandas judiciales contra periodistas, las cuales no tienen otro fin más que el de intimidarlos mediante prolongados juicios y censurarlos bajo la amenaza de perder su patrimonio.
