Raúl Guerra acusa a funcionarios del Ayuntamiento de haber violado sus garantías individuales
Algunos funcionarios municipales relacionados con el operativo de "reordenamiento comercial", realizado el jueves pasado en Agua Santa, podrían enfrentar una denuncia penal por la detención del presidente de la Mesa Directiva de esa Unidad Habitacional, Raúl Guerra Ramírez, que señala fue privado de su libertad de forma ilegal, razón por la que también interpondrá una queja ante organismos de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.
Guerra Ramírez, señaló que no había motivos para su detención, además de que dijo, se violaron sus garantías individuales al ser privado de su libertad, ya que no le permitieron rendir su declaración en tiempo y forma, y acusa que las personas que se presentaron a declarar en su contra rindieron falso testimonio. Así mismo afirma no haber sido él quien solicitó al ayuntamiento la remoción de las casetas que fueron demolidas.
Señala que fue detenido el pasado jueves alrededor de las 11:30 horas, y que fue llevado a Rancho Colorado – ello pese a que la autoridad municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, negó dicha detención en todo momento – y luego llevado ante el agente del Ministerio Público en la "quinta delegación", donde no le permitieron rendir su declaración. Afirma que lo tuvieron sin comer y sin contacto con sus familiares y abogados.
Luego el viernes 10 de agosto lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde le fincaron una fianza de 150 mil pesos para obtener su libertad caucional, y así quedó en libertad el pasado sábado. Por ello al decirse inocente de los cargos de "desobediencia y resistencia a particulares y ataques a las vías de comunicación y a la seguridad a los medios de transporte" interpuso el amparo 1299/2012 ante el Juez Sexto de Distrito.
En caso de que el amparo le sea favorable evalúa actuar legalmente en contra de "Eduardo Alcántara Montiel, Miguel Méndez, Rubén Mantilla de la Llave y un sujeto de nombre Jorge Sosa Pérez", por lo que consideró una violación a las garantías individuales y arbitrariedades.
Entorno a las acusaciones hechas por Jorge Sosa Pérez, quien dice ser Presidente el Consejo Ciudadano de Agua Santa, y quien el día del operativo señaló a Raúl Rodríguez como el responsable de la demolición de cinco casetas o estanquillos, y el "reordenamiento comercial", el Presidente de la Mesa Directiva, señaló que éste fue resultado del oficio SR/CDUOP/173/2012, presentado por un particular.
Entre otras cosas Raúl Guerra, señaló que hay un "complot" en su contra por parte de las autoridades municipales y Jorge Sosa, para intentar destituirlo. Afirmó que él nunca solicitó la demolición de las casetas, ya que estas fueron colocadas por los comerciantes con el consentimiento de vecinos, contando con las "siete cartas de no inconveniente" que las mismas autoridades municipales ponen como requisito.
Además negó cobrar por los espacios para venta, señala que todos los comerciantes del lugar ya estaban cuando él llegó a la presidencia de la Mesa Directiva, y que lo único que recibe semanalmente es una cooperación voluntaria de 30 pesos, por parte de 40 comerciantes ambulantes – de un total de 360 que hay en la Unidad Habitacional – y que el dinero es utilizado para hacer reparaciones o mejoras en Agua Santa.
Por todo ello señaló que buscarán una audiencia con el Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, ya que no confían en las autoridades municipales. Además afirmó que las 23 Unidades Habitacionales, han sufrido abusos por parte de las autoridades municipales.
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