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viernes, 24 de febrero de 2012

La presa de Ixtacuixtla podría ser una “Narcofosa Marina”



Buzos realizan minuciosa investigación en esta presa tlaxcalteca. Presumen varios cadáveres

por ROBERTO ZETINA/Cinco Radio
Todo inició cuando hace dos años una menor de 6 años de nombre Itzel M., quien vivía en la capital de Tlaxcala en la colonia centro, salió a comprar las tortillas, en ese momento fue interceptada por un sujeto no identificado, a partir de entonces el presunto responsable mantuvo comunicación con la familia durante un mes a fin de establecer una negociación, después de 2 meses este tipo es asegurado por elementos de la policía Estatal por el delito de secuestro y homicidio calificado, en su declaración reconoció que abusó de la menor y que posteriormente le quito la vida para colocar el cuerpo en un costal amarrándolo con alambre y piedras  en el interior para después arrojarlo a la “Presa Mariano Matamoros” del municipio de San Felipe Ixtacuixtla.
   Las labores para el rescate del cuerpo iniciaron en el mes de julio de 2011 con la participación de buzos de la Cruz Roja de San Martin Texmelucan y Tlaxcala, así mismo se contó con la presencia de elementos de la policía Estatal y Municipal, sin embargo las maniobras para la recuperación del cuerpo se suspendieron  debido a la falta de equipo necesario para este tipo de búsquedas.
   La familia de la menor giro oficios al gobierno federal a fin solicitar el apoyo del Ejército y la Marina para iniciar la búsqueda del cuerpo, acción que podría iniciar este fin de semana con la participación de 11 buzos de la marina y con una barcaza de nombre “Neptuno” y estarán presentes la policía Estatal y policía Municipal.
   Se presume que podría haber más cuerpos al interior de la presa, ya que a inicio del año 2011 se dio el hallazgo del cuerpo de un comerciante ganadero,  el cual floto a pesar de haber sido arrojado con cadenas, de este modo la presa podría ser utilizada como una fosa clandestina.

Hallan Dos Cuerpos Ejecutados en Azumbilla


Se trata de dos masculinos que permanecen en calidad de desconocidos

por CINTHYA CANTE GONZÁLEZ/Cinco Radio
Hallan dos cuerpos de dos hombres en avanzado estado de putrefacción en el kilómetro 24+700 de la carretera federal a Orizaba, a ala altura de Azumbilla, los cadáveres fueron localizados a 80 kilómetros a orilla de la cinta asfáltica y se presume pudiesen haber sido ejecutados ya que presentaban ambos exposición de masa encefálica.
   Sin embargo, el avanzado estado de putrefacción aproximado de cuatro días no permitió a simple vista identificar si se trataba de impactos de bala o golpes contundentes en la cabeza, lo que si es que ambos cuerpos tenían huellas de tortura.
   El macabro hallazgo lo hicieron pobladores de Azumbilla ayer por la noche; sin embargo, el reporte que se emitió a las autoridades es que se trataba del hallazgo de dos personas del sexo masculino ejecutadas y en avanzado estado de putrefacción.
   Se calculan sus edades entre los 30 y 3 años de edad ambos hombres permanecen en calidad de desconocidos y sus cuerpos fueron remitidos al anfiteatro municipal para que se les practique la necropsia de ley.
   Estos dos sujetos que fueron brutalmente asesinados un vestía short, playera y calcetines negros y el segundo pantalón de mezclilla color azul, playera blanca y encima otra amarilla y calcetines blancos, se presume pudieran ser originarios del estado de Veracruz.

SCJN, el cinismo de la impunidad ante la Masacre de Acteal

Difusión Cencos México D.F., 24 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Frayba

SCJN ordena liberación de seis personas más, señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal

Niega la SCJN, por la vía de los hechos, que la Masacre de Acteal haya ocurrido

Ante las recientes excarcelaciones de seis autores materiales de la Masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) confirma la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proteger a quienes han protagonizado en nuestro país crímenes de lesa humanidad.

De tal manera, los fallos que ha resuelto la SCJN abordan requisitos de forma sin indagar el fondo del caso, perpetuando impunidad para los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado ocurrido el 22 de diciembre de 1997.

Las seis personas que obtuvieron su libertad, el pasado 1° de febrero, bajo el reconocimiento de inocencia recurrieron a amparos que la SCJN otorgó sin cuestionar ni valorar que las personas habían sido señaladas como autores materiales de la masacre, hechos por los cuales estaban sentenciados a 36 años de prisión, según el expediente penal No. 224/1997, por los delitos de Homicidio Calificado, Lesiones Calificadas, Portación de Armas de Fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; de tal forma quienes fueron liberados son: Juan Sántiz Vázquez, Lorenzo Gómez Jiménez, Mariano Pérez Jiménez, Agustín Pérez Gómez, José Ruiz Tzucut y Bartolo Luna Pérez. Con esta acción, de los 87 procesados como autores materiales, hasta el momento, la SCJN ha ordenado la liberación de 50 responsables, quedando únicamente 28 personas encarceladas ya que otras seis habían sido absueltas desde el inicio de los procesos por jueces federales, dos liberadas por razones de humanidad y una fallecida durante el proceso.

Las víctimas y sobrevivientes, de la Masacre de Acteal, han denunciado reiteradamente que las personas beneficiadas por la decisión de la SCJN -cuyos amparos son impulsados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)- han retornado paulatinamente a sus lugares de origen causando tensión, incertidumbre comunitaria y revictimización de las personas afectadas como visible realidad, que contrasta con las acciones publicitadas por parte del gobierno del estado de Chiapas en torno a prevenir actos de posible repetición.

Por otra parte, se confirma que los gobernantes en México han procurado y profundizado la impunidad ante los hechos de la Masacre de Acteal, ya que han impedido señalar a los responsables intelectuales de la masacre, entre los que figuran, el ex Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León que por sus funciones en ese sexenio, como Comandante Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,1 tuvo bajo su responsabilidad organizar, equipar, adiestrar y administrar a las Fuerzas Armadas según lo establece la legislación respectiva. Esto además significa que la SCJN niega y encubre, por la vía de los hechos, que la Masacre de Acteal haya ocurrido como parte de la estrategia amplia de contrainsurgencia2 que, desde 1994, desarrolla acciones en Chiapas.

Ernesto Zedillo, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, presidió la cadena de mando y bajo sus órdenes actuaron las demás autoridades implicadas, por lo tanto insistimos que, siendo la ejecución de una estrategia de guerra, es innegable que tuvo conocimiento y responsabilidad en las diferentes operaciones militares en contra de la población civil.

Durante estos años, las personas sobrevivientes de la Masacre de Acteal, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y este Centro de Derechos Humanos hemos demandado investigación y castigo a los autores materiales e intelectuales, sin embargo, a 14 años y dos meses de ocurrido este crimen de lesa humanidad, es contundente el encubrimiento por parte de los diferentes poderes del Estado mexicano que tergiversan y obstaculizan el esclarecimiento de los hechos para que se conozca la verdad histórica y sean efectivos los principios éticos de justicia en este país.

Finalmente, el Frayba confirma su compromiso de continuar acompañando a los pueblos y organizaciones que construyen en la memoria histórica alternativas de justicia y reparación, que reconstituyen el tejido social de las comunidades que han sido violentadas por las políticas de Estado.

Celebramos el ejemplo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal por el camino que han recorrido para permitir que la verdad, justicia y paz sean posibles y construidas permanentemente desde y para los pueblos contra la complicidad estructural del Estado mexicano en esta estrategia de guerra contra la población civil organizada, hoy generalizada.

1 Art. 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 11, 13 y 17 Ley Orgánica del
Ejército y Fuerzas Aéreas del Ejército Mexicano.
2 Manual de contrainsurgencia Plan de Campaña Chiapas '94 de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO. TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396 www.frayba.org.mx
frayba@frayba.org.mx San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 22 de febrero de 2012

Sale libre bajo fianza la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez

Difusión Cencos México D.F., 24 de febrero de 2012

Boletín de prensa
ProDESC / CRPEUH / APIITDTT / Poder

El 24 de febrero de 2012, a las 00:30, salió libre bajo fianza la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez, quien había permanecido recluida en el Reclusorio Regional de Tehuantepec.

A las 17:40 se desahogó la audiencia para que saliera del Juzgado 6° de Distrito de Oaxaca. Sin embargo, la defensora debió esperar siete horas para recibir su boleta de salida. Ella es acusada de delitos contra la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad. ​

La Procuraduría General de la República detuvo ayer a la Sra. Cruz Velázquez en cumplimiento de una orden de aprensión emitida el 12 de septiembre de 2011 por el Juzgado 6° de Distrito, luego de una denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ​La Sra. Cruz Velázquez es una reconocida defensora del derecho a la tierra y al territorio y co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

La Asamblea ha acompañado a una serie de campañas para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellas la organización comunitaria de los pueblos zapotecos e ikoots en resistencia a los proyectos eólicos de la región y al pueblo zapoteco de Xadani en contra de la alza de las tarifas eléctricas impuestas por la CFE.

​A lo largo del día de hoy multitud de organizaciones civiles de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Red Nacional de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos", expresaron su solidaridad y mostraron su preocupación por la potencial violación del derecho al debido proceso de la Sra. Cruz Velázquez. Desde el 14 de noviembre de 2011 ella goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. ​El 28 de octubre de 2011 la Sra. Cruz Velázquez y integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo fueronatacados por caciques golpeadores y policías municipales. Por estos hechos de violencia, la Defensoría de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad física de la Sra. Cruz Velázquez y demás integrantes. ​Desde el año pasado la Asamblea acompaña al Comité, conformado por pequeños propietarios de Unión Hidalgo que se oponen al proyecto eólico Piedra Larga.

En mayo de 2011 el Comité solicitó una mesa de diálogo mediada por el gobierno estatal con la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V. (DEMEX),subsidiaria de la empresa española Renovalia Energy, para tratar las violaciones a la tierra y al territorio y solucionar pacíficamente la problemática creada a partir de la falta de consentimiento previo, libre e informado. ​El 8 de febrero de 2012 se logró la mesa de diálogo para exigir la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento en Unión Hidalgo firmados con DEMEX. Ese día se acordó que habría una segunda reunión este sábado 25 de febrero en la Ciudad Administrativa de Oaxaca para recibir la respuesta formal de la empresa a la petición de terminar anticipadamente los contratos. ​No deja de ser alarmante que días antes de la segunda reunión para tratar la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento en Unión Hidalgo una de las líderes de la Asamblea sea injustamente arrestada. ​El proyecto eólico de Piedra Larga está siendo desarrollado por DEMEX para suministrar energía limpia principalmente a Grupo Bimbo por medio de un contrato de autoabastecimiento. Para construirlo Renovalia Energy obtuvo un crédito de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano (Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa) y tres bancos privados (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España).

Exhorto:

Las organizaciones firmantes exhortamos al Secretario de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

• Que se garantice el derecho al debido proceso de la Sra. Cruz Velázquez;
• Que ella sea exonerada de todo delito y su nombre quede libre de toda sospecha; y
• Que se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física tanto de la Sra. Cruz Velázquez como de los demás integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Organizaciones firmantes:

• Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)
• Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo (CRPEUH)
• Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) • Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

México, D.F.


Sufren doble discriminación las mujeres reclusas, señala el CEAMEG

Boletín/México.-
Las mujeres privadas de su libertad representan uno de los grupos sociales más marginados porque sufren doble discriminación: por su condición de género y, a diario, violencia y segregación, señaló el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.
A través de un documento publicado en la revista Cámara, en su edición de febrero, denominado "Mujeres en la cárcel, doble discriminación", el CEAMEG indicó que los espacios en donde compurgan sus penas no son suficientes ni adecuados, ya que es un sistema penitenciario creado por hombres y que responde a sus necesidades e intereses.
Detalló que la excesiva población penitenciaria masculina ha provocado que ellas tengan que estar en lugares inadecuados y violatorios de sus derechos humanos, pues el porcentaje de hombres privados de su libertad ha fluctuado desde hace varios años alrededor del 90 por ciento, en comparación con el de las mujeres, que ha variado en 5 por ciento.
Esta situación ha tenido repercusiones delicadas para las mujeres, en virtud de que han sido tratadas con los parámetros masculinos y no desde su condición y posición de género. "Estas circunstancias se traducen en un trato discriminatorio e inequitativo", citó la revista.
El CEAMEG puntualizó que esta condición motiva discriminación hacia la persona y el trato que reciben, ya que en lugar de tener un espacio propio, "son agrupadas y aisladas en secciones de centros para hombres, con un espacio sumamente reducido".
Refirió que en el caso de las visitas íntimas se registra un proceso de discriminación hacia ese derecho, ya que la mayoría de las veces se les exige comprobar su relación sentimental con la persona que va a visitarlas, cuando no es así en el caso de los varones.
Diversas reclusas han denunciado golpes, humillaciones, presiones para tener relaciones sexuales y acoso sexual por parte del personal del centro penitenciario. "Se ha detectado que existen custodios que permanecen muchas horas dentro de la estancia de algunas internas y que, a cambio de favores sexuales, les permiten ciertos privilegios", abundó.
El Centro argumentó que las mujeres privadas de su libertad se enfrentan a legislaciones androcéntricas e inequitativas, así como sistemáticas violaciones a sus derechos, aun cuando existe normatividad internacional que las protege.
Muchas no tuvieron una defensa adecuada y oportuna, en condiciones de igualdad y sin discriminación, por lo que es importante que el Poder Legislativo contribuya a romper con la estigmatización social que recae sobre ellas y defienda sus derechos humanos, afirmó.
En el documento, Nuria Gabriela Hernández Abarca, Lesley Alexia Ramírez Medina y María Isabel de León Carmona, colaboradoras del CEAMEG, plantean establecer desde la Carta Magna el respeto a la dignidad de las mujeres privadas de su libertad, en un entorno de no discriminación, igualdad y acceso real a la justicia.
Respecto a los códigos penales, proponen mecanismos que permitan la igualdad en el proceso al que se ven sujetas. Además, establecer en la legislación en la materia un apartado dedicado a las mujeres privadas de su libertad, donde se indique que deben estar en un espacio adecuado, con instalaciones funcionales, y mejores servicios de salud.