Por Gerardo Rojas González/Puebla, Pue.-
En Puebla 8 de cada 10 asesinatos quedan impunes y una de cada dos órdenes de aprensión jamás se ejecuta, lo que ubica a la entidad entre los cuatro estados con menor efectividad en sanciones por homicidio intencional y con el porcentaje más bajo en detenciones.
Según el Índice de desempeño del Sistema Penal, elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, sólo una de cada 10 investigaciones realizadas por los ministerios públicos es desahogada de inicio a fin.
El homicidio es evaluado en primer término por considerarse uno de los delitos más graves entre la población, sin embargo en la entidad el nivel de efectividad para sancionarlo apenas alcanza el 24 por ciento, cuando entidades como Yucatán y Querétaro promedian un 80 por ciento.
Debido a que un proceso penal por homicidio puede durar en promedio más de un año, el estudio se realizó promediando la relación de al menos un par de años (2007-2008).
El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa señala que no sorprende que estados con alto porcentaje de efectividad en la sanción de los homicidios tengan baja incidencia de este delito.
Sin embargo debe reconocerse también un efecto en sentido contrario: en los estados con pocos homicidios, las autoridades pueden emplearse a fondo en su investigación, esclarecimiento y persecución.
Un estado como Yucatán con 30 homicidios intencionales en 2007, alcanzó al año siguiente 23 sentencias condenatorias por este ilícito; en el otro periodo analizado dicho estado presento 19 condenas respecto de 22 homicidios intencionales.
Por el contrario, en Sinaloa, a pesar de lograr 223 condenas en 2008, estas se diluyen frente a los 751 homicidios intencionales del año anterior. Este estado presenta las mismas tendencias que Chihuahua, Durango y Baja California.
La entidad también presenta uno de los peores indicadores en el porcentaje de órdenes de aprehensión cumplidas, respecto de las órdenes recibidas en la competencia local. En Puebla sólo se ejecutan el 45 por ciento de las órdenes judiciales de aprehensión, mientras que Las policías ministeriales de Sonora, Baja California Sur, Colima, Nuevo León, Tabasco presentan las más altas tasas de cumplimiento -entre 57 y 69 por ciento-.
Este indicador aumenta considerablemente el nivel de impunidad criminal en la entidad ya que si son una minoría los casos esclarecidos por la investigación, su complemento para que el caso no quede impune es localizar y capturar al probable responsable, es decir, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, cita el documento.
En Puebla el Ministerio Público sólo desahoga el 13 por ciento de investigaciones derivadas de las denuncias de competencia local. El indicador de efectividad de gestión de denuncias es encabezado por Chihuahua donde el porcentaje de efectividad es del 42 por ciento.
En Puebla, al igual que en otras 24 entidades, se sigue manejando la averiguación previa; en tanto que Oaxaca, Chihuahua, Zacatecas, Morelos, Estado de México, Durango y Baja California han incorporado el nuevo sistema procesal penal en el que ya no existe la figura del expediente de averiguación previa, sino una carpeta de investigación.
Los estados como Puebla que presentan baja tasa de resolución de investigaciones están abrumados por el ingreso de denuncias que colman la capacidad de indagatoria de los organismos ministeriales, concluye el estudio.
En Puebla 8 de cada 10 asesinatos quedan impunes y una de cada dos órdenes de aprensión jamás se ejecuta, lo que ubica a la entidad entre los cuatro estados con menor efectividad en sanciones por homicidio intencional y con el porcentaje más bajo en detenciones.
Según el Índice de desempeño del Sistema Penal, elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, sólo una de cada 10 investigaciones realizadas por los ministerios públicos es desahogada de inicio a fin.
El homicidio es evaluado en primer término por considerarse uno de los delitos más graves entre la población, sin embargo en la entidad el nivel de efectividad para sancionarlo apenas alcanza el 24 por ciento, cuando entidades como Yucatán y Querétaro promedian un 80 por ciento.
Debido a que un proceso penal por homicidio puede durar en promedio más de un año, el estudio se realizó promediando la relación de al menos un par de años (2007-2008).
El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa señala que no sorprende que estados con alto porcentaje de efectividad en la sanción de los homicidios tengan baja incidencia de este delito.
Sin embargo debe reconocerse también un efecto en sentido contrario: en los estados con pocos homicidios, las autoridades pueden emplearse a fondo en su investigación, esclarecimiento y persecución.
Un estado como Yucatán con 30 homicidios intencionales en 2007, alcanzó al año siguiente 23 sentencias condenatorias por este ilícito; en el otro periodo analizado dicho estado presento 19 condenas respecto de 22 homicidios intencionales.
Por el contrario, en Sinaloa, a pesar de lograr 223 condenas en 2008, estas se diluyen frente a los 751 homicidios intencionales del año anterior. Este estado presenta las mismas tendencias que Chihuahua, Durango y Baja California.
La entidad también presenta uno de los peores indicadores en el porcentaje de órdenes de aprehensión cumplidas, respecto de las órdenes recibidas en la competencia local. En Puebla sólo se ejecutan el 45 por ciento de las órdenes judiciales de aprehensión, mientras que Las policías ministeriales de Sonora, Baja California Sur, Colima, Nuevo León, Tabasco presentan las más altas tasas de cumplimiento -entre 57 y 69 por ciento-.
Este indicador aumenta considerablemente el nivel de impunidad criminal en la entidad ya que si son una minoría los casos esclarecidos por la investigación, su complemento para que el caso no quede impune es localizar y capturar al probable responsable, es decir, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, cita el documento.
En Puebla el Ministerio Público sólo desahoga el 13 por ciento de investigaciones derivadas de las denuncias de competencia local. El indicador de efectividad de gestión de denuncias es encabezado por Chihuahua donde el porcentaje de efectividad es del 42 por ciento.
En Puebla, al igual que en otras 24 entidades, se sigue manejando la averiguación previa; en tanto que Oaxaca, Chihuahua, Zacatecas, Morelos, Estado de México, Durango y Baja California han incorporado el nuevo sistema procesal penal en el que ya no existe la figura del expediente de averiguación previa, sino una carpeta de investigación.
Los estados como Puebla que presentan baja tasa de resolución de investigaciones están abrumados por el ingreso de denuncias que colman la capacidad de indagatoria de los organismos ministeriales, concluye el estudio.
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