Aprobará el Pleno dictamen de la Ley General contra la Trata de Personas para proteger a 20 mil menores que son víctimas: Rosi Orozco

Notilegis.-
Esta semana se presentará ante el Pleno la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, con la que se podrá proteger a cerca de 20 mil niños y niñas que son explotados sexualmente, al castigar con penas más severas a toda la cadena involucrada en estos delitos.
   Así lo afirmó, la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, Rosi Orozco, quien mencionó que el dictamen será presentado durante la sesión ordinaria, y se prevé que se dispensen trámites, a fin de que sea aprobado ese mismo día, “ya que cuenta con el consenso necesario una vez que ya fue votado a favor en las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos”.
   “Tenemos diagnósticos muy preocupantes, como hablar de 16 a 20 mil niños explotados sexualmente, o de ser el segundo país que tiene más páginas de Internet de pornografía infantil, y esto revela la impunidad que hay, por lo que es urgente que aprobemos esta ley “, apuntó.
   En entrevista, la diputada explicó que esta Ley tipifica delitos como la esclavitud, la explotación, la corrupción de menores, pornografía infantil y el encubrimiento. Asimismo, subrayó que la norma obligará al resarcimiento y reparación del daño, la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos de trata de personas.
   Uno de los principales objetivos –dijo- es que las entidades federativas cuenten con leyes en la materia para abatir los ilícitos de explotación sexual, turismo sexual, tráfico de órganos y esclavitud laboral.
   “El objetivo de la ley es que México esté acorde con tratados internacionales y que sea un ejemplo en la erradicación de la esclavitud y trata de personas, y que lo que está plasmado en el artículo primero de la Constitución sea una realidad.”
   Señaló que datos de la Unicef y del DIF revelan que en 2000 se registraron hasta 20 mil menores de edad explotados sexualmente, por lo que se requiere evitar que existan elementos subjetivos, difíciles de probar y acreditar, en la detención de bandas delictivas dedicadas a la explotación sexual y laboral, sobre todo de mujeres y menores de edad.
   Detalló que el dictamen es una ley general que permitirá evitar la impunidad no sólo contra las bandas de traficantes y tratantes de personas, sino también a quienes faciliten la realización de estos delitos como empresas y medios de comunicación que realizan publicidad que promueve la explotación sexual, explicó.
   “Ahora se castigará con penas más duras cuando las víctimas sean menores de edad, y cuando las autoridades cometan o conozcan del delito y no hagan nada al respecto”, expresó.
   Abundó que la prevé el resarcimiento y reparación del daño, la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas, así como la creación de un fondo para su atención, y un programa de protección a las víctimas y testigos.
   En ese sentido, la diputada confió en que sea en esta semana cuando el dictamen quede avalado por los diputados y enviado al Senado para su ratificación.

Porfirio López, Edil Represor contra director de Comunicador de Nayarit

*MANDÓ RETENER A DIRECTOR DE “COMUNICADOR DE NAYARIT” Y LO AMENAZÓ SI SIGUE PUBLICANDO EN SU CONTRA

*EL ALCALDE SANBLASENSE COARTA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

REDACCIÓN

San Blas, Nay.-  El Presidente Municipal de San Blas, Porfirio López Lugo, contraviniendo la Carta Magna y tratados internacionales, coarta la libertad de expresión, al mandar retener al Director del Informativo Comunicador de Nayarit, quien se encontraba en la cabecera municipal sanblasense, ya que no le agradó lo que el medio de comunicación publicó sobre el mandatario municipal.

Los hechos tuvieron lugar ayer miércoles al mediodía, en este histórico puerto, mismo que es presidido por Porfirio López Lugo, quien sin pensar en las consecuencias de sus actos, en cuanto supo que en el Informativo Comunicador de Nayarit se publicaba un gráfico intitulado “Aventuras de Porfirio López ‘Luego’”, apercibió a su jefe de prensa, Edgar Martínez, y posteriormente, mediante la fuerza fue llevado junto con un voceador del mismo medio de comunicación, contra su  voluntad por un par de sujetos armados al edificio de la alcaldía, indicándole que querían platicar con él, al tiempo que le arrebataron su teléfono celular indicándoles que no podían hacer llamadas telefónicas, con el afán de intimidarlos para que dieran a conocer el nombre de su fuente informativa.

Los encerraron en una oficina aledaña a la Presidencia Municipal donde los esperaban otros dos sujetos y en tono amenazante les impidieron la salida del edificio argumentando que sólo querían platicar con ellos, pero que no podían irse ni hablar con nadie.  Luego de insistir, los individuos comandados por quien dijo ser el Secretario del Presidente Municipal López Lugo, le reiteraron que delatara a la fuente y al dueño del periódico, a lo que el Director de “Comunicador de Nayarit” se vio obligado a identificarse como tal, fue hasta entonces que decidieron llevarlo a ‘comparecer’ ante el alcalde sanblasense, quien aceptó ser el responsable directo de que Director y Voceador de “Comunicador de Nayarit” fueran amenazados y retenidos contra su voluntad, como si se tratara de peligrosos delincuentes.

Ahí, el Presidente Municipal textualmente dijo que se había comunicado con el Subprocurador de Justicia, Edgar Veytia (llamada telefónica que ellos no escucharon pero que Porfirio aseguró haberla hecho), y que fue él –el subprocurador- precisamente, quien le aconsejó que los detuviera para ver qué les sacaban.

Luego de un intercambio de diálogos entre los comunicadores y el alcalde los dejaron ir, no sin antes advertirle al Director que debía presentarse ayer mismo, y sin falta, a las oficinas del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, SPAUAN, ante el tipo que los llevó contra su voluntad a las instalaciones de la Presidencia Municipal para que respondieran a la incesante pregunta sobre la fuente informativa. 

Claramente en esta serie de actos, los únicos delincuentes son Porfirio y sus secuaces; primero por el atentado al Derecho Universal de la Libertad de Expresión, por la violación a la Ley General de Imprenta, el delito de la privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, así como el delito federal en el sentido de haberle retenido al voceador su credencial de elector, y quitarle su derecho constitucional de impedirle hacer una llamada telefónica, argumentando que estaban sujetos a una investigación, así como arrebatarle su teléfono celular.

Ya anteriormente, trascendió que de la Presidencia Municipal de este histórico puerto se han vertido ese mismo tipo de amenazas en contra de un Locutor de Radio en Santiago Ixcuintla, quien en repetidas ocasiones ha cuestionado el trabajo de la administración municipal sanblasense, así como la constante ausencia de quien encabeza el H. XXXIX Ayuntamiento, Porfirio López Lugo.

Derivado de esta serie de eventos desafortunados y ante la latente amenaza de represalias por parte de los energúmenos escoltas, colaboradores o guardaespaldas de López Lugo, se hace pública la denuncia en el sentido de que si ambos comunicadores llegaran a sufrir agresiones o les pase algo a ellos y/o a sus familias, quede constancia que fueron amenazados por los hombres armados que trabajan para el alcalde de San Blas.

Esta es una muestra más de la impunidad con la que algunos gobernantes, políticos y funcionarios actúan cuando sienten que tienen todo el poder, atentando incluso contra periodistas que lo único que hacen es cumplir con el quehacer de informar a la sociedad, aún a sabiendas de que en ello se corre el riesgo de hasta perder la vida, como pudo haber sido este caso, puesto que los ayudantes del alcalde estaban armados.

Apelan auto de formal prisión contra el defensor indígena Maximino García Catarino; exige su liberación

Difusión Cencos México D.F., 21 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan

• Actualización de información de la detención del indígena, defensor de derechos humanos Maximino García Catarino, integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, ocurrida el 21 de enero del 2012.

Como es de su conocimiento, el 21 de enero de 2012, Maximino García Catarino, beneficiario de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y actual dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixtecto (OFPM), fue detenido arbitrariamente e injustamente encarcelado. Actualmente Maximino enfrenta privado de su libertad un proceso penal en el que se le acusa de un delito que no cometió.

Por tal motivo la información que a continuación se presenta cobra especial relevancia en virtud de que el próximo 22 de febrero se llevará a cabo en coordinación con familiares e integrantes de la OFPM el acto en memoria de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron detenidos, desaparecidos, torturados y ejecutados en febrero del 2009 durante un acto público en Ayutla de los Libres por hombres que se ostentaron como policías estatales. A la fecha nadie ha comparecido ante la justicia por su asesinato.

En este sentido los hechos cometidos en contra de Maximino García dan cuenta de la persecución contra indígenas defensoras y  defensores de derechos humanos, que desde hace unos años prevalece en Ayutla de los Libres y la persistencia en el estado de Guerrero del uso desviado e ilegítimo de las instituciones de procuración de justicia para perseguir y criminalizar a las y los defensores de derechos humanos.

El modo irregular en que fue hecha la detención de Maximino García Catarino y la falta de fundamento suficiente que caracterizó la acusación en su contra causan nuestra más alta preocupación. Lo anterior, lo podemos confirmar en virtud de las diversas irregularidades que se presentaron al momento de la detención de Maximino García Catarino, ya que la policía no mostró ninguna orden judicial y realizó varios allanamientos ilegales. Igualmente, Maximino García fue interrogado sobre el paradero de dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixtecto (OFPM) a la que pertenece. Cuando Maximino García Catarino se negó a contestar, los policías le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo.

Aunado a lo anterior, a pesar de los elementos de prueba presentados por Tlachinollan que acreditan que el día en que se cometió el crimen que falsamente se le imputa a Maximino García Catarino, éste se encontraba en la ciudad de Ayutla realizando gestiones para su comunidad; el día 27 de enero el Lic. Inocente Orduño Magallón, Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, de Ayutla de los Libres, Guerrero, dictó auto de formal prisión con base en las declaraciones de dos supuestos testigos presenciales, cuyas declaraciones presentan claros visos de aleccionamiento e inverosimilitud.Consideramos que la decisión del Juez Orduño es en sí misma violatoria de derechos humanos, pues se tradujo en la imposición de la prisión preventiva motivada por pruebas insuficientes y falsas, lo que atenta contra el derecho a la presunción de inocencia.

En este sentido, hacemos de su conocimiento que el próximo jueves 23 de febrero se llevará a cabo la audiencia de vista, dentro del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión. La audiencia se realizará en una de las Salas Penales del Tribunal de Justicia. En dicha audiencia, la defensa a cargo de Tlachi presentará alegatos y argumentaciones que muestren que el Juez desestimó las pruebas ofrecidas de manera arbitraria y sin sustento legal y que en consecuencia el auto de formal prisión que emitió debe ser revocado.

Por lo anterior, solicitamos su apoyo para continuar enviando durante los próximos días. las acciones urgentes emitidas por Amnistía Internacional y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Uno de los ladrones de gasolinera de Tlalancaleca responsable de agresión contra normalistas de Teteles

Tlalancaleca/Pedro Alonso

Tras la persecución de unos presuntos delincuentes que asaltaron una gasolinera a la altura del paraje de Palmillas, dentro del municipio de San Matías Tlalancaleca, mismos que fueron detenidos en San Cristóbal Tepatlaxco, con armas largas, y tras el interrogatorio, se dio con el responsable de quien ultrajó y disparó a una normalista de Teteles.

Luego de recibir una llamada de auxilio, que reportaba un robo en la gasolinera sobre la Carretera Federal México-Puebla, a la altura del paraje conocido como Palmillas, se montó un operativo policíaco,  logrando la detención de los sospechosos a la altura de San Cristóbal Tepatlaxco, del municipio de San Martín Texmelucan.

Mismos que fueron más tarde entregados a la Policía Municipal de San Matías Tlalancaleca, quienes los trasladaron al Ministerio Publico de Huejotzingo, junto con las armas largas que portaban durante la detención.

Tras el interrogatorio por parte del Ministerio Publico, los detenidos revelaron que Enrique Solano, de la colonia El Arenal, de 24 años de edad y de oficio campesino, fue quien ultrajó a cinco estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, en el entronque del Arco Norte con la Autopista México-Puebla, en el paraje conocido como El Molinito.

De acuerdo a lo acontecido ahora se sabe que “El Belsebú”, como se le conoce al agresor, amagó a las normalistas con una pistola calibre 380, para llevarlas a los terrenos de cultivo de la zona, ahí las desnudó, las tocó, a una de ellas la obligó a practicarle sexo oral; pero cuando intentaba violar a Yanet, esta luchó con su agresor, al cual, se le salió un tiro hiriendo a la estudiante en el maxilar.

El sujeto se asustó y salió huyendo dejando el arma en el lugar de los hechos, esto de acuerdo a la constancia de hechos 287/2012/SMT, por probable violación, robo, lesiones y ataques al pudor, en contra de Victoria “N” originaria de Tlapacoyan, Veracruz; Liliana “N” de Tepeji de Rodríguez, Puebla, ambas de 22 años de edad; Ana Laura “N” de Ixcaquistla, Puebla, Lucila N, de Zacapoaxtla, Puebla; y Yanet N todas ellas de 21 años de edad, viajaban pidiendo un aventón hacia la ciudad de México.

Un comando armado le balea su casa y deja mensaje a ganadero de Capultitlan, Huejotzingo

Por Diana Jiménez/e-consulta

Un comando baleó la casa de ganadero de San Mateo Capultitlán, localidad del municipio de Huejotzingo. El grupo hizo más de 20 tiros contra el domicilio localizado a sólo dos cuadras del zócalo de la comunidad, sin registrarse muertos, ni heridos.

   Los hechos se registraron esta noche. Jesús Arroyo y su esposa Guillermina Ramírez Flores, de 72 y 58 años de edad, respectivamente, estaban en su vivienda ubicada en la calle Siempreviva sin número de San Mateo, cuando de súbito cuatro sujetos llegaron en una camioneta marca Ford, tipo Explorer y de color verde.

   Los delincuentes bajaron del vehículo y comenzaron a vaciar sus armas de fuego. Las balas perforaron el portón de la casa, la tiendita que tienen como negocio y un auto tipo sedán que estaba estacionado frente a la casona.

    Posteriormente, los sujetos se dieron a la fuga y, al parecer, dejaron un mensaje en la fachada, el cual se desconoce hasta el momento ya que el afectado se ha mostrado renuente a dec larar.

   Luego de la balacera se montó un operativo de búsqueda por parte de las policías Ministerial, Estatal y municipales de Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Santa Ana Xalmimilulco, cuyos elementos recorrieron toda la región.

   Los agentes exhortaron al ganadero a presentar la denuncia ante el agente del Ministerio Público; sin embargo, se negó a hacerlo, bajo el argumento de que lo hará mañana. Debido a su hermetismo, las autoridades sospechan que la agresión fue una venganza de tipo personal.

Se manifiestan pobladores de Tlahuapan contra la tala clandestina frente a la Semarnat

Habitantes de Tlahuapan e Ixtapaluca llaman a las autoridades a frenar la deforestación en ese municipio

Abel Martínez

Personas procedentes de las comunidades de Santa Rita Tlahuapan y San Rafael Ixtapaluca, del municipio de Tlahuapan, adheridos a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), se manifestaron de manera pacífica este martes al exterior de las oficinas de la delegación poblana de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

   Fabián Tapia, uno de los manifestantes, hizo un llamado a las autoridades ambientales para detener la desenfrenada tala clandestina que se ejecuta en gran parte de los 298 kilómetros cuadrados con los que cuenta ese municipio, algunos de los cuales son considerados como reserva ecológica.

   “Queremos que nos escuchen y que resuelvan los inconvenientes ambientales; desde hace muchos años uno de los problemas de las 17 localidades del municipio es la tala clandestina, en la región hay comunidades indígenas que tratamos de proteger el ecosistema. También las autoridades deben hacer su trabajo, esperamos un respuesta o de lo contrario estaremos exigiéndoles por medio de la manifestación que nos volteen a ver”, explicó el demandante.

   Cabe mencionar que en abril de este año, policías y habitantes del municipio sorprendieron a un grupo de talamontes que lograron huir. En el mes de julio se plantaron 22 mil árboles de diferentes especies en la demarcación.

Atentado en contra de la Revista Luces del Siglo; falsifican edición

Cancún, Q. Roo, México.-

El semanario de política del estado de Quintana Roo, Luces del Siglo, vuelve a ser víctima de un ataque por parte de los poderes fácticos de esta entidad. Esta vez, el domingo 5 de febrero de 2012 comenzó a circular una revista apócrifa con información que se le adjudica a esta publicación, la cual es totalmente falsa. Colaboradores y reporteros se deslindan de las calumnias vertidas en la citada edición apócrifa que viola flagrantemente la ley de imprenta, derechos de autor, usurpación de los bienes materiales y los derechos de propiedad industrial que son sancionados por la ley.
    Hemos recibido información de que personal no autorizado por esta casa editorial distribuyó ilícitamente el falso número, suplantando el ejemplar correspondiente de la edición 438, con fecha de vigencia del 5 al 11 de febrero. El contenido que nosotros tenemos contemplado es una entrevista exclusiva con el señor Raúl Martins quien ha ocupado importantes espacios en los medios de comunicación a partir de una denuncia formulada en su contra en la Procuraduría General de la República.
    Los perpetradores de este atentado contaron con una infraestructura ajena a nuestra empresa. Dispusieron de un contingente inusitado de "repartidores" y vehículos motorizados, llegando a la desfachatez de "uniformar" con camisetas alusivas a nuestra revista al personal que participó en dichas maniobras que requirieron de una planeación y recursos ilícitos sospechosos, para llevar a cabo este crimen contra nuestra publicación, lo cual consideramos como un agravió a la libertad de expresión.
    Por lo que hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que este atentado no quede impune.
    Luces del Siglo alerta sobre la falsa publicación, que tiene en la portada un texto sobre Gregorio Sánchez Martínez, "Greg". Esto, con el fin de que no caigan en un engaño y rechazamos categóricamente la información difundida en esas páginas, pues además constituye varios delitos, como la suplantación de identidad, faltas contra derechos de autor, entre otros.
   Además, se utilizan deliberadamente las firmas de nuestros colaboradores y reporteros sin autorización y reafirmamos que ninguno de ellos tuvo participación alguna en el contenido de la misma.
   Es por ello que lanzamos una alerta a nuestros lectores, así como a los medios de comunicación, a las autoridades y a la sociedad en general para llamar la atención contra este acto cobarde y ruin. Luces del Siglo ratifica su compromiso con el periodismo veraz y objetivo, a la vez que lamentamos este atentado contra la libertad de expresión al tiempo que nos reservamos el derecho de actuar ante las instancias legales correspondientes para deslindar responsabilidades a las que tenga lugar en contra de los perpetradores de este atentado.

Atentamente

Los editores:
Norma Madero Jiménez, presidenta
Agustín Ambriz Hernández, director general

ONU-DH condena la nueva agresión contra Norma Andrade, activista de derechos humanos

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la agresión por la que resultó herida la Sra. Norma Andrade, co-presidenta de la organización de derechos humanos "Nuestras Hijas de Regreso a Casa".

De acuerdo a la información recibida, el día de hoy por la mañana la Sra. Norma Andrade fue agredida en su domicilio por una persona desconocida con un objeto punzocortante. Luego de un breve forcejeo, el agresor huyó del lugar.

Esta agresión se suma al atentado que sufrió la Sra. Norma Andrade el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. A raíz de dicha atentado, la activista de derechos humanos se vio obligada a cambiar su lugar de residencia al centro del país, donde fue visitada por el Representante en México de la ONU-DH, el Sr. Javier Hernández Valencia.

Desde el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en febrero de 2001, la Sra. Norma Andrade inició su labor como defensora de derechos humanos de las mujeres, en particular, exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio en el Estado de Chihuahua. La organización que copreside, "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", y algunas de sus integrantes han recibido múltiples amenazas y actos de hostigamiento.

La ONU–DH insta a las autoridades a desarrollar investigaciones serias, expeditas y  diligentes sobre estos hechos como una medida eficaz para prevenir los riesgos y disuadir las agresiones que padecen las y los defensores de derechos humanos en el país. 

De conformidad con el Acuerdo Presidencial de julio del 2011 y en atención a una de las siete líneas de acción anunciadas por el Presidente de la República el pasado 9 de diciembre en las que se destaca la importante labor de las y los defensores de los derechos humanos y se reconoce la necesidad de protegerles, la ONU-DH hace un llamado respetuoso al Estado mexicano para acelerar la creación, junto con la sociedad civil, de una respuesta institucional que brinde seguridad a todas las personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos.

PGR realiza diligencias a propiedades de Vicente Fox

Luego de años de no registrarse públicamente ninguna acción por la indagatoria por enriquecimiento ilícito contra Vicente Fox, la PGR realizó en días recientes diligencias en propiedades del ex Presidente en esta comunidad.

   Su esposa, Marta Sahagún, dijo que las pesquisas se llevaron a cabo hace una semana y que forman parte de la investigación abierta por la denuncia penal presentada por el senador Ricardo Monreal en septiembre de 2007.

   "Hubo una indagatoria para que la demanda siga su curso y se pueda desahogar", comentó la ex Primera Dama, quien acaba de regresar de China, a donde acompañó al ex Mandatario, que impartió allá varias conferencias.

   "No hubo cateo; solamente fue una diligencia", precisó.

   Según fuentes federales, agentes de la PGR realizaron la inspección en los ranchos La Estancia y San Cristóbal, el Centro Fox y un restaurante.

Presos del Amate se manifiestan en contra de condiciones deplorables en prisión

Realizan Huelga de hambre de un día en ambiente pacífico
Demandan mejor calidad de alimentos, servicios médico y trato respetuoso a sus visitas

Boletin/Cencos

Los internos del Reclusorio número 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, llevaron a cabo una protesta pacífica al interior del reclusorio, para lo que se vistieron todos de playera blanca y se concentraron en la "cancha" del reclusorio y realizaron una huelga de hambre.

   Exigían la presencia de un notario público para que diera fe de los acuerdos que firmaría el director porque en anterior huelga éste se había comprometido a mejorar las condiciones de alimentación y salud a cambio que se levantara la huelga, pero una vez que la huelga se levantó no cumplió con los acuerdos.

   Las demandas en general son; mejorar las condiciones y la porción de los alimentos, tener acceso a una consulta médica, que les surtan la receta que el médico del penal les extiende y que se le dé un trato respetuoso a las visitas de los internos.

   En el Reclusorio se encontró presente el Licenciado Abenamar del Consejo Estatal de Derechos Humanos CEDH. Desconocemos si se le permitió entrevistarse con los presos.

   Presos de el amate entrevistados por miembros de la Limeddh reiteraron que se trataba de una protesta totalmente pacífica. De ahí que lo único que hicieran como medio de presión fuera ponerse una playera blanca y reunirse en la plaza para hacer la huelga de hambre.

   Esa es toda la información con que contamos por ahora. Recordemos que en comunicaciones previas la Limeddh ha urgido a las autoridades penitenciarias a tomar cartas en el asunto a fin de satisfacer las demandas, que consideramos legítimas, de los presos del Amate. Pues no es la primera vez que se realizan este tipo de protestas en el Amate. El Día 10 de enero del 2012 se solicito a la Comisión Nacional de los derechos humanos (CNDH) intercediera para verificar se respetaran los derechos de los presos a través de un comunicado que hemos hecho público.

México, Distrito Federal a 12 de Septiembre de 2011

A los medios de comunicación y público en general

Atentamente
Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana
Dr. Adrián Ramírez López
Presidente de la  Liga Mexicana por la Defenza de los Derechos Humanos (Limeddh)

Exigen al Estado mexicano la libertad de los presos políticos en Chiapas

A los medios de comunicación
A los medios de comunicación alternativos
A las organizaciones sociales democráticas
A los organismos defensores de los derechos humanos

En el marco de la liberación de 16 reos en el estado de Chiapas, producto de los trabajos de una supuesta mesa de reconciliación, hoy el gobernador del estado de Chiapas pretende hacer creer al pueblo de México que nuestro estado es ejemplo de democracia y justicia.
   El Señor Juan Sabines aseguró el día martes 28 de diciembre que no existen presos políticos en Chiapas que solo hay delincuentes en las cárceles cuando se ha demostrado clara y específicamente que nuestros compañeros hoy están presos de manera injusta. El caso del compañero Erik Bautista Gómez recibió un llamamiento por la Organización Mundial Contra la Tortura por su detención arbitraria (Caso Mex 080409), así como una carta al procurador de Chiapas de Amnistía Internacional donde ha manifestado todas las irregularidades en su caso, con fecha 14 de julio de 2011 desde la ciudad de Londres Inglaterra. Y sin embargo el gobierno democrático y justiciero del Señor Sabines persiste en mantener prisionero a nuestro compañero en la cárcel de Tapachula, Chiapas, a donde fue llevado de manera forzada después de una huelga de hambre de 54 días en el año 2010. Mientras que el caso Francisco Jiménez Pablo recluido de manera ilegal e inhumana en el estado de Nayarit cuenta con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos No 64/2011 sobre su detención ilegal. Y es clara la consigna del gobernador para que de ninguna manera se permita la salida de nuestro compañero detenido en una reunión convocada para dialogar, en abril de 2010.
   Sin embargo la falta de una verdadera voluntad política mantiene secuestrados a nuestros compañeros y perseguidos a varios más, y muy a pesar de los continuos esfuerzos de nuestra organización no se han logrado acuerdos respetuosos con el gobierno del estado.
   Hemos de manifestar también, el caso de nuestro compañero Alberto Patishtan Gómez con quien el gobernador se tomo la foto y se comprometió a su libertad, y que hoy se encuentra recluido en el estado de Sinaloa lugar al que fue trasladado violentamente mientras mantenía una manifestación en el penal de San Cristóbal de las casas.
   Por otra parte para nosotros está claro que un represor como Pablo Salazar Mendiguchia, debe de ser sometido a la justicia por todos sus actos de represión y persecución contra el movimiento social. Sin embargo entendemos también que hoy su encarcelamiento no responde a esta verdadera necesidad y si lo hace por un evidente revanchismo político del actual gobernador.
   El MOCRI CNPA MN es testigo de los actos represivos del actual gobernador contra las organizaciones y comunidades, si recordamos los casos de los muertos de Miguel Hidalgo en Chincultik; homicidio y atentado en Rómulo Calzada en la zona del Tapón del Grijalva; los operativos en San Sebastián Bachajon en Agua azul o los prisioneros de Ciudades Rurales. Por otra parte, un sector de la prensa fue corrompida mientras los independientes fueron amedrentados y son amenazados constantemente; El gobierno mantiene una nomina de seudolideres operando dentro de las organizaciones sociales campesinas y sindicales, y hasta los partidos políticos manifiestan discrepancias marcadas producto de los desacuerdos provocador por los intereses del gobernador dentro de los mismos. Pero todo esto pretende ser ocultado con campañas constantes y agresivas de propaganda en medios locales y nacionales que realzan acciones de supuesta justicia y democracia mientras ocultan la campaña constante de agresión, tortura, sometimiento persecución y encarcelamiento de diferentes actores sociales y políticos de nuestro estado.
   Ratificamos nuestra exigencia de libertad de los presos políticos de MOCRI CNPA MN, declaramos su existencia en Chiapas y el país, y necesidad de una verdadera justicia y democracia en nuestro estado.

Por la libertad de nuestros presos políticos
Alto a la persecución política

Atentamente
Movimiento Campesino Regional Independiente
Coordinadora Nacional Plan de Ayala
Movimiento Nacional

Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas

• Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá, adherentes a La Otra Campaña.
• Funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, junto a integrantes príistas responsables de  violaciones a los derechos humanos.

Difusión Cencos México D.F.-
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos  como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de varias familias tseltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.
 De acuerdo a la información recibida por el Centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el pasado 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 hrs., cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores quienes la amenazaban con violarla sexualmente.
 Posteriormente Elías manifiesta que lo llevaron a una montaña en donde lo seguían golpeando, luego lo llevaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá, lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía del estado de Chiapas y refiere que: ?Cuando llegué a la carretera había más gente, ahí me dijeron todos van a ir a la cárcel, les decía porque me hacen esto, si sólo estoy trabajando; ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre: Herlindo del ejido Cintalapa, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá y Domingo comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda?.
 Acto seguido a Elías lo llevaron a dos lugares distintos en Palenque; un de los lugares que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración, al negarse, fue golpeado con puños y patadas: ?En el ministerio publico de Palenque hay un cuartito, ahí me llevaron y me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, esto mientras el Ministerio Público hacía los documentos, los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí, fueron los policías los que me golpearon, empezaron a dar patadas, preguntando ?¿dónde está tu papá??, me sacaron y no di declaración?.
 Ante la negativa de Elías de dar su declaración desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, (CERSS No. 17) donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de ?los precisos? que mantienen un estado de ?control? al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.
 Este Centro ha documentado que la esposa de Elías durante el evento del 7 de diciembre de 2011,  fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona en un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente.  Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de ?cosas? y le cerraban el camino.
 En este mismo evento, el 7 de diciembre de 2011, una familiar de Elías, fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de Elias, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales quienes  durante la agresión Manuel le decía, ?no llores porque te lo mereces, eres mujer?, y Benjamín ?háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela?.
 El mismo 7 de diciembre de 2011, integrantes del PRI acompañados por cinco elementos de la policía estatal allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.
 Anteriormente, en otro evento relacionado, el pasado el 17 de julio de 2011, a las 1:00 hrs., en el ejido Busiljá, Ocosingo los Sres. Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales Gutiérrez llevándose a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad, por lo cual presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo, éste hasta el momento, no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña a su familia.
 El 7 de diciembre Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a veinte minutos de su casa. Avisado al Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso ?invitando? a los familiares para que ellos como familiares fueran a rescatar de manera personal su hija ?mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en donde está la niña vayan a quitárselos porque nosotros no tenemos autorización?.
 En otro evento Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.
 En los eventos citados, las víctimas han identificado plenamente la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco elementos de la policía estatal y un Ministerio Público.
 Por tal razón exigimos al Estado mexicano, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas:
 Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales hija de Elena Morales Gutiérrez.
 Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, del Ejido de Busiljá en los eventos denunciados.
 Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado  efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Génaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.
 Implementar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.
 Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
 La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo) que se encuentra injustamente detenido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, en tanto que se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a Elías Sánchez Gómez, recluidoen dicho penal.
 De acuerdo a lo aquí denunciado, este Centro de Derechos Humanos considera que la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso;  así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de  transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.

 Antecedentes

 Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad en el CERRS No. 17. Los familiares de Elías han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la organización Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este Centro de Derechos Humanos ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.

En Puebla capital Implementa Ayuntamiento Operativo contra Comercio Informal

40 cadetes de la policíoa municipal evitarán instalación de ambulantes

por Redacción
Las secretarías de gobernación y de seguridad pública iniciaron operativos en el centro histórico para evitar la instalación del comercio informal, principalmente en la 18, 16 y 14 poniente cerca del mercado 5 de mayo.
    Para Buenos Días de Cinco Radio, el titular de gobernación del municipio de Puebla Pablo Montiel Solana, detalló que este operativo se ejecuta tras la reunión que esta misma semana sostuvo con líderes de organizaciones comerciales , en las que hubo un acuerdo para respetar los espacios públicos y evitar que sean usados para la venta de temporada.
    Por su parte el secretario de seguridad pública Amadeo Lara Terrón informó que en este operativo quedarán de guardia permanente 40 cadetes de la policía municipal que entraron en funciones esta misma semana.

La impunidad se prolonga por demoras en la investigación de torturas contra campesinos ecologistas

Sentencia de la CoIDH contra México ha cumplido un año
La SEDENA ha sido omisa en entregar las constancias requeridas
Con la presentación de las declaraciones de los dos campesinos ecologistas ante la PGR,  la institución cuenta con elementos suficientes para avanzar en las investigaciones

Difusión Cencos México D.F.-

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su preocupación por el retardo del Estado mexicano en la investigación sobre las torturas sufridas por los Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) ha avanzado con las pesquisas, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) no ha suministrado la información requerida por la PGR para que la investigación avance.

   El Estado mexicano está obligado a investigar las alegaciones de tortura según una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuyo primer aniversario se cumplió el pasado 26 de noviembre.

   Como parte del cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, en julio del año en curso empezaron las investigaciones en el fuero ordinario bajo el número de expediente 173/UEIDLAPE/12/2011 encomendadas a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR.

   Desde la apertura formal de la investigación, los señores Montiel y Cabrera han colaborado con la PGR presentando sus declaraciones sobre los hechos. Teodoro Cabrera presentó y ratificó su declaración en octubre, mientras que Rodolfo Montiel, quien tiene asilo político en Estados Unidos, presentó por escrito su declaración esta semana. Ambos ecologistas han indicado su disposición para que les sean practicados exámenes con base al Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) y para colaborar en cualquier otra diligencia necesaria.

   Sin embargo, la SEDENA ha sido omisa en cooperar con la justicia ordinaria. La PGR ha solicitado infructuosamente las investigaciones que en su momento realizó la Procuraduría de Justicia Militar. El Centro Prodh y CEJIL interpretan esta omisión como un desdén por los derechos humanos y como una falta de apertura ante las condenas internacionales.

   Esta inacción ha tenido repercusiones negativas en las víctimas, puesto que la aplicación de exámenes basados en el Protocolo de Estambul al señor Teodoro Cabrera fue cancelada de último momento  pese a que la víctima ya se había desplazado desde su hogar a otra ciudad para estos efectos. El perito médico consideró que si no contaba con los certificados médicos previos, incluidos los de la SEDENA, no debía realizar ese protocolo pericial médico-psicológico.

   Ante dichos obstáculos, la PGR ha girado diversos oficios requiriendo la información solicitada, sin que hasta la fecha haya respuesta. Si la SEDENA no entrega la información requerida, la PGR debe avanzar en la investigación con los elementos con los que cuenta y los ofrecidos por las víctimas y sus representantes, incluyendo diversas declaraciones, la sentencia de la propia Corte IDH, exámenes médicos independientes y otros.  Consideramos que dichos elementos de prueba son más que suficientes para llevar a cabo la investigación y que es inadmisible que la misma se congele por la falta de colaboración de la institución castrense señalada por la comisión de la tortura indagada en este caso.

Por lo tanto, desde el Centro Prodh y CEJIL:

Exigimos a la PGR que lleve a cabo una investigación diligente, tomando en cuenta todas las líneas de investigación, y cuente con avances sustanciales.
Exigimos a la SEDENA que entregue las investigaciones que obran en su poder como muestra de su compromiso en materia de derechos humanos.
Manifestamos que las investigaciones por tortura y la sanción de los militares ha sido siempre la principal exigencia en términos de justicia por parte de los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Auto de formal prisión contra sujetos acusados por robo de vehículo calificado

Boletín/Puebla, PUe.-
Durante las últimas horas la autoridad judicial dictó auto de formal prisión en contra de Antonio Avelino Rojas y Sergio Ramírez Rivas por el delito de robo de vehículo calificado, dentro del proceso penal 134/2011.
   Ambos sujetos fueron consignados en días pasados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), tras haber permanecido arraigados 26 días durante los cuales el Ministerio Público logró documentar su vinculación con más de cuarenta averiguaciones previas.
   Cabe recordar que durante el periodo de arraigo, la Fiscalía General Regional de la PGJ obtuvo pruebas de que Antonio Avelino Rojas, propietario de la refaccionaria “Miravalle”,  encabezaba una banda que afectó a muchas familias poblanas mediante la supuesta venta de autopartes y vehículos, en tanto que Sergio Ramírez Rivas era uno de sus colaboradores más cercanos para las operaciones ilegales.
   Se estableció que simulaban las operaciones de compra de vehículos para de esa forma obtener información del propietario así como la ubicación del automóvil, para posteriormente robarlo.
   En ese sentido, cabe resaltar que a través del Ministerio Público y Policía Ministerial se amplían las investigaciones en torno a los procesados y también con el propósito de identificar a los copartícipes o personas que han coadyuvado en estos hechos delictivos.
   No obstante haberse dado a conocer que la medida cautelar se obtuvo dada la vinculación de estos sujetos con más de cuarenta averiguaciones previas, durante el periodo de arraigo la Procuraduría de Justicia recibió alrededor de treinta denuncias más por parte de poblanos que fueron objeto de actos ilícitos cometidos por estos sujetos
   Por tanto, la PGJ exhorta a otras personas que hayan resultado agraviadas para que presenten denuncia ya que todas y cada una de éstas serán debidamente atendidas e investigadas.
   Con lo anterior, la Procuraduría de Justicia refrenda el compromiso de trabajar con firmeza contra la delincuencia, a través de acciones que garanticen seguridad para la integridad y el patrimonio de los poblanos.

PGR-FEVIMTRA arraiga a persona por el posible delito de pornografia infantil

Es la primera vez que FEVIMTRA obtiene un arraigo de la autoridad judicial y también que se le concede la medida por este delito.

Boletín/México, D.F.-

La Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) obtuvo de un Juez Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, arraigo por 40 días contra una persona del sexo masculino por su probable responsabilidad en el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad, en las modalidades de procurar, transmitir y almacenar imágenes y videos considerados pornografía infantil. 

   Derivado de una denuncia ciudadana en que se alertaba sobre la presencia de una persona que creaba pornografía infantil con niños de la zona donde vivía en el estado de San Luis Potosí, el agente del Ministerio Público Federal inició la averiguación previa correspondiente, y derivado de las investigaciones que realizó, obtuvo orden de cateo que se cumplimentó el 22 de noviembre pasado, en la cual se logró la detención del ahora arraigado en flagrancia al encontrarse almacenada imágenes de pornografía considerada infantil en su equipo de cómputo. 

   En razón de ello, el indiciado y equipo de cómputo fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial en FEVIMTRA, por elementos de la Policía Federal, decretando su legal retención, y ante la evidencia localizada en que se observaron imágenes del indiciado en interacción sexual con niños, se determinó solicitar su arraigo para continuar con las investigaciones por el delito de pornografía infantil en las conductas de procurar, transmitir y almacenar imágenes de menores de 18 años en actos sexuales, acciones que implican la creación de imágenes y videos; medida cautelar que fue autorizada por la autoridad judicial especializada. 

   Acciones como ésta, reiteran el compromiso de la Procuraduría General de la República, a través de la FEVIMTRA, para combatir con firmeza las conductas que afectan a niñas y niños, haciendo prevalecer en México el principio del interés superior de la niñez. 

En Baja California amenazan de muerte contra el hermano de un testigo de homicidio

Difusión Cencos México D.F.-

El hermano de un testigo de una presunta ejecución extrajudicial cometida en la población de Puerto de San Felipe, en el estado de Baja California (norte de México), ha recibido una amenaza de muerte. Él y la familia de otro testigo, así como la familia de la víctima del homicidio, corren grave peligro.   

   El 13 de noviembre, fue entregada una nota en el domicilio de Alonso Ruíz Lara. En ella, alguien había dibujado tres cruces. En una figuraba el nombre de Guillermo Audelo Murrieta, asesinado el 20 de agosto de 2011, y en otra, el de Jesús Manuel Moreno, que murió el 13 de noviembre de 2011. En la tercera cruz estaba escrito el nombre de Alonso Ruíz Lara. Según la familia, después de que un soldado acosara sexualmente a la esposa de Guillermo Audelo, comenzó una campaña de hostigamiento, aparentemente instigada por miembros de la XIX Compañía de Infantería No Encuadrada del ejército mexicano, con base en San Felipe. La familia de Guillermo Audelo ha presentado una denuncia formal. No se ha adoptado aún ninguna medida para protegerles. Jesús Manuel Moreno, cuyo nombre estaba incluido en la amenaza de muerte, era el hermano de la esposa de Guillermo Audelo. Murió tras un incendio en su casa. Amnistía Internacional no tiene más información sobre las circunstancias de su fallecimiento.

   El 20 de agosto, Guillermo Audelo estaba en un hotel con dos amigos, Julio César Ruíz Lara y Lorenzo Antonio Ruíz Lara (hermanos de Alonso Ruíz Lara). Unos soldados asaltaron su habitación y mataron a Guillermo Audelo Murrieta. Aún no se han esclarecido los detalles de su muerte, que investigan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una autoridad militar. Los otros dos hombres fueron detenidos durante el asalto. Ambos han afirmado que Guillermo Audelo fue torturado y después ejecutado extrajudicialmente, y que a ellos los torturaron y les amenazaron de muerte si mencionaban lo que le había sucedido a Guillermo. Los hombres están actualmente detenidos, acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Ambos han presentado una queja oficial por el trato que recibieron. Al parecer, la amenaza de muerte contra Alonso Ruíz Lara es un intento de impedir que su familia y la de Guillermo Audelo Murrieta testifiquen contra personal militar o sigan adelante con su denuncia de hostigamiento.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

   Pidiendo a las autoridades que garanticen que Alonso Ruíz Lara, su familia y la familia de Guillermo Audelo Murrieta reciben toda la protección necesaria, de acuerdo con sus deseos;

   Pidiendo una investigación sobre la amenaza de muerte, así como garantías de que estos hombres y sus familias no son objeto de amenazas de muerte y enjuiciamientos maliciosos o infundados como represalia por sus denuncias contra oficiales del ejército;

Pidiendo una investigación completa, imparcial y sin dilación a cargo de las autoridades civiles sobre la aparente constante de hostigamiento y malos tratos y amenazas contra miembros de las familias Audelo Murrieta y Ruíz Lara, incluido el esclarecimiento del homicidio de Guillermo Audelo Murrieta y de las presuntas torturas de familiares suyos; que los resultados se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia.

Agresiones en contra de la casa del migrante San Juan Diego, se pide su reubicación

Boletín

Ante la falta de voluntad política del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas y del Presidente Municipal Marco Antonio Calzada, les pedimos una solución inmediata a la reubicación del albergue donde se pueda ofrecer una atención digna al migrante y no se ponga en riesgo su integridad.

   Solicitamos también que atiendan los graves problemas que se están presentando en el municipio de Tultitlan, donde la xenofobia, la participación y/o complicidad de las autoridades del municipio están generando un incremento de la violencia contra los migrantes. Que se investiguen los hechos y se castigue a los culpables.

   Nos solidarizamos con la Casa del Migrante San Juan Diego, ubicada en la colonia Lechería, que se dedica a brindar ayuda humanitaria a las personas migrantes en tránsito por México enfrentando situaciones de alto riesgo por su trabajo.

   Según reportó el diario El Universal el 3 de septiembre del 2010, el alcalde Marco Antonio Calzada Arroyo, se pronunció contra la permanencia en el municipio de la Casa del Migrante San Juan Diego, ubicada en la colonia Lechería, “debido a que los indocumentados centroamericanos generan inseguridad y no otorgan ningún beneficio a la localidad”. Agregó que diariamente llegan a Tultitlan entre 100 y 150 migrantes centroamericanos, todos ellos sin dinero, hambrientos y sedientos, por lo que algunos cometen delitos, como robar tanques de gas en domicilios particulares.  No sólo opinó acerca del municipio a su cargo, sino que se atrevió a manifestar que “no está de acuerdo con la llegada de migrantes a Lechería, por lo que pidió a las autoridades federales cerrar la frontera al paso de los indocumentados, con lo que llegarían en menor número al municipio”.

   El sábado 13 de agosto de 2011, activistas de la Caravana Paso a Paso Hacia la Paz y los encargados del albergue migrante Casa San Juan Diego, habíamos previsto iniciar a las 11:00 a.m. una procesión pacifica y una liturgia en memoria de Julio Fernando Cardona Agustín†, quien fuera asesinado en las vías del tren del Municipio de Tultitlan.

   Sin embargo, un grupo de alrededor de 30-50 personas extremadamente groseras y agresivas, con amenazas y gritos impidieron que se realizara el acto  por las amenazas de quemar el albergue, o entrar y sacar a los migrantes para cerrarlo definitivamente. Este plantón frente a la Casa  San Juan Diego, duró unas seis horas mientras los vecinos gritaban “fuera”, “que se vayan”.

   A partir de ese hecho, se han intensificado las solicitudes de dialogo con las autoridades civiles del municipio y del estado a fin de encontrar soluciones y reubicar la Casa San Juan Diego, en razón de la hostilidad y xenofobia de algunos vecinos –que no todos- y de policías municipales.

   Sin embargo, las autoridades del Estado de México no han cumplido con su compromiso institucional de ofrecer respuestas claras y contundentes a nuestras repetidas solicitudes de solucionar los graves problemas de vandalismo, criminalidad, violencia y corrupción policiaca que prevalecen en el corredor migrante Ecatepec-Tultitlan y que de ninguna manera son imputables a los migrantes ni a sus defensores. Los problemas de la zona, son históricos, datan de mucho antes de que se instalara el albergue migrante Casa San Juan Diego, que mas que generar problemas, los aminora al proporcionar ayuda humanitaria a la población en tránsito que forzosamente debe pasar por ahí al ser parte de la ruta del tren.

   Los problemas no son menores, el municipio tiene uno de los índices más altos de feminicidios en el Estado de México, un alto índice de criminalidad y una fama bien ganada de policías extorsionadores. A partir de agosto del presente la xenofobia, participación y complicidad de las autoridades del municipio, han desembocado en el incremento de la violencia.

   Son tres los  migrantes asesinados en Tultitlán, y estos son sólo los que se conocen. Muchos migrantes desaparecen sin dejar huella, o son sujetos a maltratos y extorsiones que no se atreven a denunciar. Estas condiciones de violencia exacerbada, de la pasividad de las autoridades por llevar hasta sus últimas consecuencias los procesos de investigación, de la colusión, connivencia y participación de funcionarios y servidores públicos, la impunidad en la que los casos se revuelcan y el silencio de algunos sectores de la sociedad, nos afectan a todos y todas por igual.

   Por todo lo anterior, estamos convocando a la autoridad municipal a que cumpla su promesa de proporcionar un predio adecuado para reubicar a la Casa del Migrante San Juan Diego y de proporcionar seguridad a los migrantes en tránsito y a los defensores de los derechos humanos de los migrantes que colaboran en dicho refugio, y que cumpla con lo que él mismo declaro: "No estoy de acuerdo con la Casa del Migrante, pero tengo que dar cumplimiento y funcionabilidad (a la misma)", afirmó.

   Exigimos, que se castigue a los culpables del asesinato y a los policías que inadecuadamente participaron en la detención que resultó en la muerte del migrante guatemalteco Julio Fernando Cardona y de la joven hondureña que inexplicablemente apareció muerta en las vías del tren tres días después de haber sido detenida por la policía en el vecino estado de Guanajuato.

   Exigimos soluciones reales y medidas cautelares para el albergue y para los migrantes albergados; Al gobernador Eruviel Ávila Villegas y al Presidente Municipal Marco Antonio Calzada (próximo a retirarse de su cargo para incorporarse a la campaña de Enrique Peña Nieto) les pedimos una solución inmediata a la reubicación del albergue donde se pueda ofrecer una atención digna al migrante y no se ponga en riesgo su integridad.

   Demandamos que las policías estatal y municipales de los municipios de la ruta del migrante en el Estado de México paren las agresiones, asaltos y violaciones a los derechos de los migrantes y se destituya a los policías que incurran en extorsión, abuso de autoridad, violaciones a sus derechos humanos y cualquier acción que atente en contra de la vida e integridad de los migrantes; Responsabilizamos a las autoridades del Estado de México de la violencia y xenofobia que se está creando en el Municipio de Tultitlan ya que han ignorado las peticiones de reubicación de la casa y atención del migrante, poniendo en riesgo la integridad y la vida tanto de migrantes como de voluntarios del albergue de Lechería, Casa San Juan Diego.

FIRMAS:

Padre Heyman Vázquez Medina, Albergue "Hogar de la Misericordia," Arriaga, Chiapas; Fr. Tomas González, Albergue “la 72” Tenosique, Tabasco; Alejandro Solalinde, Hermanos en el Camino, Ixtepec, Oaxaca; José Jacques Medina, Red Migrante; FUNDAR, AC.; Casa del migrante de Saltillo (Frontera con Justicia AC); Incide Social, A.C.; Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); I(dh)eas Litigio estratégico en Derechos Humanos; Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM); Sin Fronteras, I.A.P.; Insyde; grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; Foro Migraciones; Cándida Gómez, Servicio Jesuita para Migrantes-Nicaragua; Angie M. Gonzales, ICCHRP Secretariat; Carlos López, Centro Pastoral de Atención a Migrantes y Casa del Migrante Guatemala; P. Ignacio Becerra Trigueros, Parroquia de la Sagrada Familia en Carichi, Chihuahua; Centro de Estudios Ecuménicos A.C; Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas; Migrantes y Refugiadas en Argentina AMUMRA y MIREDES Argentina; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Carlos Arturo Hernández Dávila, Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Blanca Villaseñor, Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Albergue Decanal Guadalupano, Tierra Blanca, Ver.; Gerardo Sánchez Montalbán, Confederación Solidaridad, Costa Rica – Nicaragua; Patricia Barba Ávila (Radio La Nueva República/TIC); Red de Mujeres del Bajío AC.; IMUMI, AC; Luis Lopezllera y Cristina Lavalle, Promoción del Desarrollo Popular, A.C.; Dra. Rosario Maríñez, académica, Universidad Iberoamericana, Tijuana, columnista del periódico Frontera de Tijuana, B.C.; James Cockcroft, Author, Canada; Leticia Calderón; Enrique Toledo; Cristian Darias; Amarela Varela; Fr. Luis Ángel Nieto, Nuestro Lazos de Sangre; Irineo Mujica, Rubén Figueroa, Elvira Arellano, Adriana Luna Parra, Marta Sánchez Soler, Rosa Martha Zarate, Movimiento Migrante Mesoamericano

Alerta LE: Segundo ataque armado contra El Siglo de Torreón en Coahuila

Cencos-Red de Periodistas de a Pie/México D.F.-

Alrededor de las 2:40 horas de la madrugada del pasado martes 14 de noviembre, las instalaciones del diario El Siglo de Torreón en el estado de Coahuila (norte) fueron atacadas por un grupo de hombres armados quienes llegaron al lugar en dos vehículos colocando uno, marca Volkswagen Bora, sobre la banqueta para incendiarlo frente a la puerta del diario. Posteriormente los agresores se dirigieron a la oficina de ventas ubicada sobre la calle Acuña, ahí rafaguearon la fachada con armas de alto calibre dañando equipo de cómputo sin resultar ninguna persona lesionada.

   Tiempo después acudieron al lugar agentes de la policía Federal, Estatal, Municipal y elementos del Ejército para dar cuenta del hecho. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) del departamento de Servicios Periciales comenzó la investigación, dentro de las primeras indagatorias se conoció que en el edificio de ventas se contabilizaron 20 impactos de bala.

   Personal del diario compartió en entrevista, que consideran el ataque como una intención de inhibir la labor informativa del medio, aunque aún no se tiene claridad sobre algún motivo en específico que originara la agresión.  Cabe mencionar que este es el segundo ataque armado contra El Siglo de Torreón, el primero de ellos ocurrió en agosto del año 2009 cuando las instalaciones fueron baleadas, de este acontecimiento la FGEC inició las investigaciones, sin embargo no han existido avances ni se conoce del paradero de los responsables de estos hechos.

   El reciente ataque se inscribe dentro del contexto de violencia contra los medios de comunicación en el estado norteño donde, según la documentación de Cencos, se han registrado trece agresiones a medios de comunicación y periodistas en el año 2009, siete en 2010 y  siete en lo que va de 2011, situación que constituye un grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía.

   El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que “la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

   En este sentido, Cencos y la Red de Periodistas de a Pie hacemos un llamado a que las instancias de impartición de justicia, en especial la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), a que lleven a cabo investigaciones prontas y efectivas de los casos de agresiones contra medios de comunicación y periodistas en Coahuila y se sancione de manera adecuada a los responsables, en especial del más reciente ataque contra El Siglo de Torreón y el que sufrió en agosto de 2009.

   Asimismo hacemos un atento llamado al gobierno de Coahuila a que implemente las medidas necesarias para frenar el clima de violencia contra los medios de comunicación y periodistas en el estado, acorde con los tratados internacionales que México ha ratificado en la materia.

PGJ detiene a madre y concubino por agresión sexual contra menor de 11 años de edad

Policía Ministerial detuvo a la madre y el padrastro de la víctima
En otras acciones, son detenidos dos presuntos violadores

Boletín/PUebla, Pue,.

La Procuraduría General de Justicia informa que durante las últimas horas, a través de labores conjuntas por parte de la Fiscalía General Jurídica y la Policía Ministerial del estado contra delitos de índole sexual, se confirmó la agresión sexual contra la menor de edad que dio a luz en el Hospital General de la Mujer, por lo que se procedió a la detención de su madre y su padrastro. Otros resultados de estas acciones son las detenciones de dos sujetos también por violación y corrupción de menores.

   El 22 de octubre del año en curso la menor de edad dio a luz a un producto de siete meses de gestación. Ante lo inusual del hecho y la presunción de una agresión sexual, la Procuraduría, a través de la Dirección de atención a delitos cometidos contra la mujer, inició la averiguación previa 1917/2011 a fin de esclarecer los hechos.

   Con base en una minuciosa investigación en la que se realizaron diversas indagatorias, testimoniales y pruebas periciales, el representante social confirmó lo anterior, por lo que de inmediato ordenó a la Policía Ministerial la detención de Ernestina Hernández Rodríguez, de 48 años de edad y madre de la víctima, así como de su amasio Alberto Hernández Loeza, de 28 años.

   Ahora se sabe que desde principios de este año, Alberto Hernández Loeza abusó sexualmente de la niña de 11 años e incluso de su hermana de 10 años en diferentes ocasiones; agresiones que algunas veces atestiguó e incluso participó la propia madre de ambas menores pero lo ocultó ya que dijo “querer mucho a su concubino y tener temor de que éste la abandonara”.

   La PGJ actuará de manera enérgica contra la madre de las menores y su amasio, por lo que en las próximas horas ambos serán consignados a la autoridad judicial bajo cargos por violación equiparada y abandono de personas.

   Cabe subrayar que tanto la menor de once años como su hermana, reciben todo el apoyo por parte de la Dirección de atención integral a la mujer, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. Además los tres menores están ya bajo custodia del Sistema estatal DIF estatal, las dos menores viven actualmente en Casa de la Niñez, en tanto que el bebé permanece en recibiendo atención médica en el Hospital de la Mujer bajo custodia administrativa del Sistema estatal DIF.