Consigna PGJ a delincuentes que asaltaron joyería y mataron a 2 mujeres en Texmelucan

Ambos sujetos son originarios del Estado de México y DFRedaccion

Puebla, Pue.-
En torno a los hechos registrados la noche del pasado viernes en San Martín Texmelucan, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que con base en las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público, hace unas horas se ejercitó acción penal contra los presuntos asaltantes Hugo Razo Peimberte y Juan Carlos Escamilla Vilchis.
   Razo Peimberte y Escamilla Vilchis, originarios y vecinos del Estado de México y Distrito Federal, respectivamente, quedaron a disposición de la autoridad judicial bajo la averiguación previa 1364/2011/SMT como probables responsables de homicidio y robo calificados, lesiones, daño en propiedad ajena y portación de arma de fuego sin licencia.
   En cuanto a las víctimas, las mujeres que lamentablemente perdieron la vida fueron identificadas como María Susana García de los Santos, de 34 años de edad, y su hija Margarita de los Santos Zárate, de 13 años; en tanto que dos personas más continúan hospitalizadas; de acuerdo con el parte médico se encuentran fuera de peligro.
   La PGJ, a través de la Policía Ministerial del Estado, realiza la respectiva investigación a fin de ubicar y detener a los demás integrantes de esta banda delictiva proveniente de la capital del país. 

Gobierno de Yucatán, responsable de feminicidio en San José Tzal

Cencos/México D.F
La violencia feminicida de fatales consecuencias para integrantes de una familia en San José Tzal, colonia de Mérida, Yucatán, exhibe, en medio del horror, la persistencia de agresiones de género y obliga a investigar la negligencia, incumplimiento e impericia de autoridades e instituciones de Yucatán cuyas omisiones hubiesen desprotegido y causado la muerte de 4 integrantes de una familia, incluyendo al agresor que se suicidó, y lesiones graves a tres niñas.
   El 31 de julio del presente año, Gregorio Hidalgo Magaña, ex militar de 40 años, asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.
   El presente caso ilustra cuando menos en dos aspectos graves cuya responsabilidad es atribuible al Estado.
   a) La situación de violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres yucatecas al interior del hogar. Al respecto es preciso destacar la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el Estado.
   Dicha información permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.
   b) La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del estado.
   Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez, ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido Salazar Pérez a manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.
   Al respecto, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia.
   Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas.
   La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo. El presente caso, exhibe que la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es letra muerta en la entidad.
   Indignación ha documentado la práctica imposibilidad de las mujeres de  Yucatán de acceder a la justicia en casos de violencia de género: los  juzgados de paz que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y   otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito.
   Incluso el Tribunal Superior de Justicia que al carecer de formación en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.
   Otros dos casos que Indignación acompaña y que ilustran el informe “Náach Yano’on (Qué lejos estamos) presentado en 2009 continúan sin sentencia contra los agresores. Dicho informe, sobre acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán, señala el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual está obligado el Ministerio Público y que propician la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.
   Este grave caso feminicida, multihomicida, que puede también presentar elementos de lesbofobia no está concluido, como sostiene el procurador aduciendo que  “el agresor se suicidó”, pues resulta indispensable determinar si existe responsabilidad de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y proteger  la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamente peligroso.
   Este caso también exhibe que en Yucatán las condiciones que permiten la violencia de género no han sido erradicadas por la falta de políticas públicas efectivas que prevengan y combatan este fenómeno, de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

PGR ofrece recompensa para localizar desaparecidos Buenaventura, Chihuahua

Reforma Móvil
La PGR ofreció una recompensa de hasta 3 millones de pesos por información que lleve a la localización de José Ángel Alvarado Herrera, Nitzia Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, a quienes un comando secuestró el 29 de diciembre de 2009 en Buenaventura, Chihuahua.
   En un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la institución también ofreció hasta un millón de pesos por datos permitan la detención los responsables, quienes en un principio se dijo que podían ser elementos de las Fuerzas Armadas.
   "Se considera que el asunto es trascendente pues se encuentra en revisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace indispensable el agotar todos los medios necesarios para allegar de elementos al Ministerio Público de la Federación, a fin de integrar una debida investigación", indica el documento.
   De acuerdo con organizaciones civiles, 10 hombres que vestían uniformes militares y portaban rifles de alto poder se presentaron en los domicilios de las víctimas y, sin mediar palabra, las levantaron. A la fecha se desconoce su paradero.
   La averiguación previa del caso es integrada por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la PGR.

Nacer tras las rejas en México

Las mujeres que purgan sus condenas en los reclusorios femeninos de la Ciudad de México se enfrentan a todo para sobrevivir. En el de Santa Martha Acatitla, el problema de la maternidad es oprobioso. Ahí, alrededor de 100 menores cohabitan con sus madres en un sórdido espacio, sin ninguna garantía. Lo grave es que algunas de ellas admiten que deciden embarazarse para evitar que las transfieran a un penal de alta seguridad, y se muestran dispuestas a correr todos los riesgos que ello implica. En este reportaje, a fin de proteger a los menores y a sus madres,  se mantienen en reserva sus nombres, sustituyéndolos por seudónimos.

Proceso/México, D.F.-

El mundo de Martín mide 7.7 hectáreas, es gris y con forma octagonal. Más allá, sólo el limbo de un hábitat ruidoso y desconocido para él.Y si bien las crayolas de los niños tienen colores vistosos, como el azul, beige y negro, en el caso de Martín y los casi 100 infantes que, como él, viven en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla al lado de sus madres, estos tonos tienen un significado distinto

   En el código penitenciario, el azul corresponde al vestido por las internas más antiguas y aguerridas, las que mejor defienden su territorio: las sentenciadas. El beige es para las melancólicas, las confundidas, las que prefieren no dar problemas, toda vez que su proceso aún no concluye. Pero es el negro el que cubre los cuerpos de las más temidas, las dueñas de la vida carcelaria: las custodias.

   Según la ley, los bebés que nacen mientras su madre purga una condena en Santa Martha tienen derecho a permanecer con ellas los primeros cinco años 11 meses. Al cumplir los seis, son enviados con algún familiar o a un hospicio. Sólo entonces descubren el mundo extramuros.

   En este espacio, las reclusas de Santa Martha conviven con sus hijos durante los primeros años, inmersas en un ambiente sórdido en el cual la drogadicción, las riñas –provocadas por un litro de leche, por obtener un chocho o por un pedazo de jabón–, el lesbianismo y los abusos de autoridad son cotidianos.

Los “juzgadazos”

   De 2008 a finales de 2010, el número de menores en Santa Martha aumentó 61.2%, al pasar de 60 a 98. La cifra es exponencial, si se considera que el crecimiento poblacional oscila en 10% en el reclusorio.

   Muchas de las madres de Santa Martha aseguran que su primera opción es tener a sus hijos con ellas, pues consideran que enviarlos a una institución o con sus familiares no garantiza a los menores una vida más placentera. “Si a mí no me cuidaban, ¿qué le van a hacer a mi hijo?”, reflexiona Celia, quien purga una condena por el delito de daños contra la salud.

   Otras dicen que si sus hijos permanecen en el reclusorio ellas tendrán algunos beneficios, como celdas mejor ubicadas, así como una mejor ración de comida diaria y otras canonjías; unas más confiesan que en la maternidad encuentran el ancla para impedir que las trasladen a penales de máxima seguridad, donde la presencia de niños no está permitida.

   Hay internas que han dado a luz en dos ocasiones y tienen a sus hijos en sus celdas. “Son los juzgadazos”, comenta una empleada del penal femenil, y relata, mientras señala a una de ellas: “Esa interna tiene dos hijos, su esposo está en otro penal. Cuando va al juzgado y se encuentra con él aprovecha para tener sus encuentros”.

   Hoy, ante el disparo de nacimientos, en Santa Martha cunde un rumor: están preparando una villa para que las internas y sus hijos sean trasladados a las Islas Marías.

   La socióloga Claudia, quien imparte clases a nivel universitario a los presos de los diferentes centros penitenciarios del Distrito Federal, gracias a un programa de la Universidad de la Ciudad de México, relata que en Santa Martha una de sus alumnas faltaba a sus clases con frecuencia y no cumplía con sus tareas. Cuando asistía a clase, dice, llevaba a su bebé de un año, que tenía un semblante enfermizo.

   Dice que eso le preocupó, por lo que comenzó a apoyarla con dinero. Dejó de hacerlo cuando descubrió que la propia madre drogaba al bebé para evitar que llorara. “Cuando sus compañeros me lo dijeron, no lo podía creer. ¿Cómo pude haber sido tan pendeja y no haberme dado cuenta?”, se pregunta la profesora.

  Ese tipo de maltrato infantil ha dado lugar a “madres sustitutas”: internas que, aún sin haber engendrado al niño, los cuidan. Esta modalidad se da, principalmente, cuando las madres biológicas son adictas a alguna sustancia.

  “Hay niños que sólo están con su madre, nomás cuando se van a dormir, el resto del tiempo lo traen otras internas”, asevera Guadalupe, una de las internas.

  Elena Azaola Garrido, especialista en temas de género y reclusorios del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), considera que más allá de la aplicación de una regla general, cada caso debería ser analizado de forma individual, para así evaluar si mantener al menor al lado de su madre presa es en su mejor beneficio.

  “Cada caso –dice– debe ser valorado y debe tomarse la mejor decisión, la que mejor cumpla con los derechos de los niños. No se pueden poner metas generales y decir, ‘ningún caso’ o ‘en todos los casos’”.

  Sobre el uso de la maternidad como vehículo para obtener beneficios y evitar traslados a otros penales, Azaola Garrido señala que, pese a que pueden existir estos casos, no se pueden violentar los derechos reproductivos de las reclusas y, por el contrario, se debe apoyarlas con asesoría e información:

   “Es posible que algunas lo intenten (embarazarse para evitar su traslado u obtener beneficios), aunque de todas formas tienen sus derechos a salvo, inclusive el de ser madres.

  “No por ello se desvirtúan los derechos de los menores. Claro, lo más conveniente es que ellas pudieran contar con todo el apoyo y toda la asesoría de lo que implica traer un hijo al mundo y que ellas pudieran tomar una decisión estando perfectamente informadas, asesoradas, no presionadas o negándoles su derecho.”

El Cendi

   La mayoría de los menores acuden al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) que existe al interior del reclusorio. Aunque llevar los menores a sus instalaciones no es obligatorio, sí es una condicionante para que las internas reciban pañales y leche para sus hijos. “A mí eso es lo único que no me gusta. Que si no los mandas, no te dan nada”, asegura Celia.

   Las educadoras visten batas a cuadros, como en cualquier kínder. En el patio trasero están los juegos, recientemente donados. En ese espacio los pequeños interactúan y se divierten hasta que, a las tres de la tarde, sus madres pasan a recogerlos.

   En el Cendi Amalia Solórzano de Cárdenas laboran una directora, una psicóloga, una trabajadora social, cuatro asistentes educativos y dos auxiliares  administrativas. Algunas internas prestan eventualmente sus servicios, lo que ha generado el descontento de algunas madres, quienes se quejan porque, arguyen, algunas de las cuidadoras consumen drogas.

   Y aun cuando la mayoría de las madres de los menores que asisten al Cendi tienen una buena impresión de su funcionamiento, dicen que les gustaría que no fueran internas las encargadas de apoyar a las profesoras.

   Sagrario, quien está en la cárcel por fraude, es una de esas internas que cuidan a los infantes. Dice que ella también es madre, aunque sus hijos, de 10 y 12 años, ya no están en el reclusorio. Comenta que aunque pudiera tenerlos ahí, no lo haría, pues considera que es probable que una larga estancia de los pequeños en el penal afecta su personalidad.

  Sin embargo, dice que cuidar a los hijos de sus compañeras “es un respiro. Me hago la idea de que son los míos. Muchas mamás sólo lo tienen aquí porque les conviene. Los cuidan mal y luego nos echan la culpa a nosotras”.

  Relata que a Israel, el bebé de Laura, lo tiraron en una ocasión en el Cendi. La madre no lo supo por voz de las empleadas del lugar, sino por el moretón que le descubrió en la frente: “Al principio me negaron todo y yo dejé de llevar a mi hijo al Cendi como dos meses, pero durante ese periodo me dejaron de dar pañales y leche, así que tuve que regresar”, dice.

  La ración diaria por bebé es de tres pañales y 10 onzas de fórmula de leche, aunque “si corro con suerte, alcanzo hasta un cuarto de bote”, agrega Laura, quien llegó a Santa Martha hace cuatro años acusada de ser cómplice en un secuestro.

   Azaola Garrido considera que las condiciones en que se desarrollan los menores dentro de los centros penitenciarios, no son los adecuados para su sano desarrollo: “Hay que insistir en que las prisiones que permitan tener ahí a los niños, deben tenerlos en las mejores condiciones y priorizar sus derechos”.

Los que vienen de afuera

   Eleuteria Román Cuevas, directora de Seguimiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Inmujeres, comenta que en la mayoría de los reclusorios estatales los hijos de las presas no son reconocidos en la normatividad.

   “Las políticas respecto a los niños quedan al criterio del funcionario en turno. Los niños y las niñas son invisibles en el sistema penitenciario. Son la deuda mayor”, explica.

   Por ello, dice, no hay un censo nacional actualizado sobre los niños que viven en las cárceles femeniles, ni cuántos años tienen. La edad máxima permitida para que los menores permanezcan con sus madres varía en cada entidad.

   “Muchas mujeres preferirían que los niños se los llevaran a los tres años, porque a los seis ya se dan cuenta de muchas cosas: empiezan a socializarse con el lenguaje que oyen en el reclusorio”, agrega Román Cuevas. Ella reconoce que los menores que crecen en ese ambiente son más proclives a delinquir, sobre todo cuando rebasan el límite de edad y su futuro en el exterior se torna incierto. Ello provoca que muchos de ellos terminen en las calles.

   Para evitar esa situación, es necesario regular el desarrollo de los menores en los presidios del país. “Los niños tienen reconocido el derecho de crecer en un ambiente libre de violencia, ahora el Estado tiene que hacer las reformas pertinentes para lograr que se les garantice ese derecho, así como el de la alimentación, a la satisfacción de sus necesidades, a la salud y a la educación”, puntualiza Román Cuevas.

   Diana lava la ropa de otras reclusas y hace mandados para sacar sus gastos, dice, en especial para conseguir los 100 pesos que la institución en donde se encuentra su hijo Juan, de 12 años, le exige cada mes. En similares condiciones se encuentran 49 menores (23 hombres y 26 mujeres) cuyas edades van de los dos a los 18 años.

   “Yo prefiero que (mi hijo) no esté conmigo. Aquí se ven muchas cosas que lo dejarían marcado”, asegura Diana. Y agrega: “Los otros están chiquitos, lo más probable es que se les olvide el lesbianismo y todo lo demás. Pero a un niño de 12 años, ¿cómo?”.

   La Tercera encuesta a la población en reclusión del DF, realizada por el Centro de Información y Docencia Económicas (CIDE), estima que 86% de las mujeres que purgan su condena en los penales de la Ciudad de México son madres.

   Elena Azaola y Marcelo Bergman, responsables del estudio, sostienen que “los hijos de las internas quedan expuestos a un nivel mayor de desestructuración familiar que los hijos de los varones presos”, toda vez que cuando son los padres quienes se ven inmersos en un proceso judicial, en 80% de los casos los menores quedan bajo la tutela de la madre.

   Cuando sucede lo contrario, agregan, sólo 21% de los padres varones asumen esa responsabilidad. La mayoría de las veces son los abuelos los que se hacen cargo de los menores (31%); o lo hacen otros familiares (26%). Según el estudio, en 14.7%  de los casos se desconoce el paradero de los menores; y existe un porcentaje mínimo (0.5%) de los que llegan a centros infantiles.

Banda de Féminas Ladronas Atacan en Lomas del Sol

Intentaron robar en un domicilio de la colonia ubicada al Sur de la ciudad

Por Odilon Larios/Cinco Radio
Banda de mujeres ladrones intentaron asaltar un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Sol, fueron descubiertas por la parte afectada, por lo que le dieron un cachazo en la cabeza, provocándole una lesión. Mientras esto ocurría salieron el esposo e hijo de la ama de casa, por lo que las ladronas se espantaron y subieron a una camioneta, la cual era conducida por un hombre, en la que se dieron a la fuga.
   De acuerdo con los datos de la mujer, la banda estaba integrada por cinco mujeres, y por un hombre. La camioneta en donde huyeron es una Ford Explorer, con placas del Distrito Federal
   En sus primeras declaraciones la afectada señaló que al salir de su casa se percató de que dos mujeres armadas pretendían ingresar a su domicilio, ubicado en la calle 2 Sur número 11302.
   Al ser descubiertas las presuntas ladronas, golpearon a su víctima con las cachas de las pistolas que portaban. Fue en el ajetreo provocado que salieron sus familiares, al ver lo anterior las delincuentes se dieron a la fuga.
   La familia afectada se percató del tipo de camioneta en la que huían, y que eran cinco féminas y un hombre la banda que los pretendía atracar.
   Finalmente piden el apoyo de las autoridades, acudiendo al lugar elementos de la policía municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja y 066, quienes trasladaron a la mujer golpeada al Hospital de la Cruz Roja.

A golpes y en pleno centro comercial, dos mujeres dirimen sus diferencias

Puebla, Pue.-
Par de mujeres que arrastraban problemas personales se encontraron en un local de la Plaza de la Computación donde se liaron a golpes y se causaron lesiones de consideración, por lo que fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM).
   Alejandra Jacqueline Romero Machorro y Cecilia González Posadas se encontraron en el local 140 de la Plaza de la Computación empezando a discutir para luego pasar a los golpes, ya que al parecer tienen problemas personales.
   A pesar de los esfuerzos de los curiosos por evitar que continuaran agrediéndose las mujeres entre palabras altisonantes se tiraron al piso para pegarse entre sí.
   Cuando elementos de la patrulla P-590 fueron advertidos del incidente corrieron al interior de la plaza para separar a las mujeres. En ese instante Cecilia González Posadas le entregó a los uniformados un desarmador de 10 centímetros con el cual fue agredida por Alejandra Jacqueline Romero Machorro.
   No obstante, ambas mujeres se acusan mutuamente de iniciar la riña y causar lesiones con el desarmador, por lo que fueron trasladadas a las oficinas de la SSPTM.
   Ahí se les practicó un examen ocular presentando Alejandra Jacqueline Romero Machorro equimosis múltiple en extremidades superiores e inferiores y contusión facial, mientras Cecilia González Posadas presenta hematoma en la región frontal, herida punzante en región parietal izquierdo, escoriación lineal oblicua en labio inferior, mentón y cuello.
   Ambas fueron presentadas ante el Ministerio Público para las indagatorias correspondientes por la comisión del delito de lesiones en riña.

Se enfrentan a golpes feligreses en la iglesia de Totolac

Pobladores de la cabecera municipal de Totolac se inconformaron en la iglesia del municipio, en contra de las autoridades eclesiásticas.

Tomás Baños y Leticia Espinosa/Totolac, Tlaxcala.-
Tres personas resultaron lesionadas, pero ninguna requirió hospitalización, en un enfrentamiento a golpes registrado la mañana de este jueves, en la parroquia de Totolac, entre allegados del párroco Gerardo Galán Coyotl y personas -principalmente mujeres- que, molestos, exigían que se llevaran a cabo los nuevos nombramientos de los fiscales y la tradicional visita de imágenes de los municipios aledaños, tradición añeja en esa demarcación y que fue prohibida por el presbítero.
  Los hechos ocurrieron al filo de las 10:00 horas frente al atrio de la iglesia cuando una mujer, que funge como secretaria de la parroquia, tomó fotografías a los tahoneros de la comunidad, quienes exigían en reunión -cara a cara- con el jerarca de la iglesia católica en esa demarcación, el respeto a sus tradiciones y costumbres religiosas, así como la reducción de los altos costos por misas y celebraciones, lo mismo que mayor sensibilidad en el trato a los fieles.
  De hecho, fue necesaria la intervención de la policía local, que arrojó gas lacrimógeno a los feligreses, quienes se liaban a golpes, lo que causó el malestar de los pobladores que calificaron de "excesivo" el uso de ese aditamento policial ante la presencia de niños y ancianos.
  Desde las ocho de la mañana, vecinos de San Juan hicieron sonar las campanas para que se congregara la comunidad. Ahí, liderados por el tahonero Abel Ramírez, exigieron la salida del sacerdote, pues alegaron que en el tiempo que tiene como sacerdote -cerca de un año- ha dividido a los feligreses a tal grado de suspender las costumbres y tradiciones.
  Mujeres voluntarias que pertenecen a la parroquia y que fueron nombradas con anterioridad, criticaron a los pobladores de no acudir a misa los domingos donde se llevan a cabo los acuerdos para las festividades que inician hoy viernes. Incluso, los tacharon de agitar al pueblo.
  Tomás Sánchez Juárez, inconforme con las decisiones del padre, advirtió: "Ningún padrecito va a imponernos sus malas acciones lo que desde hace muchos años realizamos en la fiesta a San Juan, mejor que no le busque, ya la gente no quiere al cura, para todo quiere cobrar, pero ya no nos vamos a prestar a chantajes y al menos este año no habrá diezmo... uno es pecador, pero los padres nos rebasan con sus malos actos y luego nos quieren agarrar de pendejos".
  Luego, lamentó que las autoridades eclesiásticas se opongan a recibir las imágenes de los santos que pertenecen a las poblaciones vecinas, como desde hace más de 70 años se realiza.
  "Podemos aceptar que una misa nos la cobren a como quieran, pero que no jueguen con nuestras fe, del evangelio no hablan, sólo vienen por el dinero, pero no les vamos a permitir que nos quiten las tradiciones que tenemos", señaló.
  Al filo del mediodía, quedó integrada la Comisión Eclesiástica a cargo de Abel Ramírez Santacruz como Merino y representante ante el párroco, quien confirmó que el sacerdote Gerardo Galán se someterá a las decisiones del pueblo.
  "Ya se aplacó un poco y, por eso, podremos celebrar los festejos el domingo con misas, moros, juegos artificiales y mecánicos", dijo.
  Las imágenes de los santos provenientes de Quiahuixtlán -donde permanecieron durante las festividades del Día de Reyes- llegarán a la parroquia este día en punto de las 18:00 horas. Abel Ramírez Santacruz, nuevo merino de la comunidad, será apoyado por Eloy Sánchez, Salomón Torres, Eleuterio Santacruz, Ricardo Cuapio, Marcial Romero, Dionisio e Israel Sánchez.

No se aprueba la solicitud de investigación sobre feminicidios en el Estado de México

México, D. F.
El día de hoy, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desechó el inicio de la investigación para determinar si procedía declarar una alerta de violencia de género en el Estado de México.
   Durante la IV Sesión Extraordinaria del Sistema, con 11 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones se decidió no investigar los datos contenidos en la solicitud presentada en diciembre del 2010, por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalando el incremento de homicidios dolosos en contra de las mujeres en el Estado de México.
   La declaratoria de alerta de violencia de género tiene por objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un agravio comparado a través de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, y en esta ocasión no procedió el inicio de la investigación.
   El Sistema Nacional se conforma por los 32 mecanismos  estatales para el adelanto de la  mujer, por las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Educación Pública, de Salud; el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Fuente: Dirección General de Comunicación Social, Secretaría de Gobernación, (SEGOB)