Reporteros agredidos por la Alcaldesa Alejandra del Moral Vela

Tlalnepantla de Baz, a 5 de Agosto de 2011.

Compañeros de los Medios Informativos:

¡De nueva cuenta atentan contra la Libertad de Expresión!

   Hoy mientras la Alcaldesa, Alejandra del Moral Vela rendía su Segundo Informe de la presente Administración ante el Gobernador del Estado de México Lic. Enrique Peña Nieto

e Izcallenses ahí reunidos.

   Fueron acosados, agredidos física y verbalmente; el Director del medio informativo: “FACTOR N”: Fernando  Rangel Yescas, El columnista de Tintes Políticos: Felipe  Morlán Paredes y un Colaborador.

   Por parte de unos sujetos vestidos de civiles que argumentaron ser policías de Cuautitlán Izcalli  los cuales a toda costa impidieron la distribución del tabloide antes mencionado, haciendo gala de sus finísimos modales, forcejearon, insultaron con palabras altisonantes y a empujones les arrebataron los periódicos y por si fuera poco pretendían quitarle la cámara y con este acto impedir que los reporteros llevaran a cabo su labor de informar lo que hasta esta redacción ah llegado desde hace meses, de parte de Izcallenses que ya están cansados  del Nepotismo, Arbitrariedades , Negligencia y Promesas Incumplidas por la Alcaldesa , Alejandra del Moral Vela.

   ¡Lamentamos y Repudiamos! Este y como tantos otros casos de compañeros  de  medios informativos que han sido humillados, agredidos  y otros más que han perdido la vida sin que se haga justicia.

   Sirva pues está circular para informar, ya que ninguno de los M. P. a los que se presentaron los cargos, se pudo dar solución, ¡Hacemos responsables a dichos sujetos y demás personas de las que se hace mención en los artículos escritos en “Factor N”! Ya que como están las circunstancias se temen represalias en contra de, Director Gral. Fernando Rangel Yescas, Felipe Morlán Paredes, Colaboradores y Familiares.

¡¡NO  A LA REPRESIÓN!!

¡¡SI A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!!

La exposición "La Gran Fuerza de México" en Puebla

Agencias/Puebla, Pue.-
La exposición "La Gran Fuerza de México" fue inaugurada en el Centro Expositor con la finalidad de mostrar a los poblanos la historia, armamento y equipo que utiliza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

   Marco Antonio Barrón Ávila, Comandante de la 25 Zona Militar, señaló que el objetivo es fortalecer los lazos con la ciudadanía para que los conozcan y sepan quiénes son.

   "La exposición es para que sepan quiénes somos y no nos vean como un ente ajeno, sino que sepan que somos las personas que damos la vida aun sin conocer su nombre", subrayó el mando.

   La muestra, que es gratuita y estará abierta hasta el 8 de septiembre, está divida en 12 secciones donde se pueden observar más de 180 armas, 15 vehículos e interactuar con personal del Ejército.

Tras dos casos de suicidio en Tehuacán e Izúcar, suman 133 en Puebla

Por Diana Jiménez/e-consulta
Tras la muerte de su hijo, una quincuagenaria cayó en depresión y decidió quitarse la vida en el interior de su domicilio del municipio de Tehuacán, donde su esposo la encontró muerta y colgada del techo.
   La fallecida se llamó Juana García Pacheco, de 57 años de edad, quien habitaba en la calle 25 Poniente número 412 de la colonia América, donde ocurrieron los hechos.
   El esposo de la mujer, Santiago Ramírez Soto, solicitó ayuda a las autoridades luego que al llegar a su casa encontrara a su mujer suspendida de un clavo en el techo.
   El hombre procedió a bajarla de inmediato, pero, a pesar que pidió auxilio, ya nada se pudo hacer, debido a que la señora había dejado de existir.
   Ante el agente del Ministerio Público, Santiago Ramírez manifestó que su esposa no pudo superar la muerte de su hijo Vicente Ramírez García, quien pereció el pasado 22 de marzo, en un accidente de trabajo, cuando cayó de una altura de ocho metros, en un edificio en construcción.
   Desde entonces, refirió, la mujer se encontraba sumida en la depresión, lo cual al parecer fue el motivo que la orilló a ponerle fin a sus días.

Se ahorca en la recámara
   En un caso similar, las autoridades del municipio de Izúcar de Matamoros se trasladaron al domicilio marcado con el número 3 de la calle Abasolo, en la colonia Centro, donde un hombre de 35 años de edad se ahorcó.
   El hermano del interfecto fue quien lo halló en esas condiciones, cuando al buscarlo ingresó a su recámara y lo vio suspendido en la ventana, con una soga atada al cuello.
   El consanguíneo lo identificó con el nombre de Antonio Gallardo Mejía y refirió desconocer los motivos que tuvo su hermano para suicidarse. Con estos dos casos, el índice de suicidios ha sumado 133 muertes de enero a la fecha. 

Improcedente discusión del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional

Cencos/México D.F.-

Aprobación de minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, viciada de forma y fondo
Improcedente, la discusión del dictamen; reiteramos rechazo a una reforma lesiva de los derechos humanos
Ante el rechazo externado por las organizaciones de derechos humanos frente a la aprobación en lo general de un dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, exigimos que se reponga el procedimiento legislativo, toda vez que al omitir la firma de las también comisiones dictaminadoras (Defensa Nacional y Derechos Humanos) dicha Comisión parlamentaria violó el artículo 174 del reglamento interior de la Cámara de Diputados, de la cual se desprende que esta minuta debió ser puesta a discusión y en su caso ser votada en Comisiones Unidas, por lo que es improcedente la discusión del dictamen.
   Estos errores, que vuelven a evidenciar que el procedimiento es irregular de forma y fondo, también ejemplifica la urgencia de los representantes de los partidos políticos, en particular del PRI y el PAN, de aprobar al vapor dictámenes que saben que han sido rechazadas por una mayoría de sectores académicos, especialistas y organizaciones de derechos humanos que participamos en las audiencias públicas y el foro de consulta sobre esta ley.
   Estos vicios procedimentales son la oportunidad para los senadores y diputados de desistirse en su propósito de continuar con la aprobación de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que ha sido reprobada por organismos internacionales como la ONU por ser lesiva de los derechos humanos, así como por numerosos sectores sociales debido a que responde a un modelo autoritario de relaciones cívico-militares, a la vez que se ha plasmado en un texto que desconoce las aportaciones de la sociedad civil, y que no cuenta con un mecanismo de participación ciudadana en su dictaminación.
   Por lo anterior, el dictamen presentado el pasado 2 de agosto es improcedente, por lo que solicitamos se replanteen los términos del debate sobre seguridad como se insistió en las audiencias convocadas por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a las que asistimos los firmantes, así como tomar en cuenta nuestras preocupaciones sobre las relaciones cívico – militares a la luz del nuevo bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, recién aprobado por los mismos legisladores que hoy buscan aprobar una “ley de la guerra contra delincuencia organizada”.
   Las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos el rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional debe dictaminarse en sentido negativo. Demandamos de las Fuerzas Armadas y las y los legisladores involucrados en la dictaminación de esta ley una actitud de apertura hacia la construcción de un modelo de seguridad que responda a los más altos estándares en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, como hemos insistido en numerosos foros y textos.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)
Clara Jusidman
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, A.C.
INCIDE Social, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Litiga Ole
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Concha Malo
Monitor Civil de la Montaña de Tlapa (MOCIPOL)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

Conformada por las siguientes 72 organizaciones: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Gobierno de Yucatán, responsable de feminicidio en San José Tzal

Cencos/México D.F
La violencia feminicida de fatales consecuencias para integrantes de una familia en San José Tzal, colonia de Mérida, Yucatán, exhibe, en medio del horror, la persistencia de agresiones de género y obliga a investigar la negligencia, incumplimiento e impericia de autoridades e instituciones de Yucatán cuyas omisiones hubiesen desprotegido y causado la muerte de 4 integrantes de una familia, incluyendo al agresor que se suicidó, y lesiones graves a tres niñas.
   El 31 de julio del presente año, Gregorio Hidalgo Magaña, ex militar de 40 años, asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.
   El presente caso ilustra cuando menos en dos aspectos graves cuya responsabilidad es atribuible al Estado.
   a) La situación de violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres yucatecas al interior del hogar. Al respecto es preciso destacar la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el Estado.
   Dicha información permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.
   b) La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del estado.
   Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez, ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia psicológica. A pesar del historial de violencia que había vivido Salazar Pérez a manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.
   Al respecto, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia.
   Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas.
   La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo. El presente caso, exhibe que la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es letra muerta en la entidad.
   Indignación ha documentado la práctica imposibilidad de las mujeres de  Yucatán de acceder a la justicia en casos de violencia de género: los  juzgados de paz que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y   otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito.
   Incluso el Tribunal Superior de Justicia que al carecer de formación en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.
   Otros dos casos que Indignación acompaña y que ilustran el informe “Náach Yano’on (Qué lejos estamos) presentado en 2009 continúan sin sentencia contra los agresores. Dicho informe, sobre acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán, señala el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual está obligado el Ministerio Público y que propician la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.
   Este grave caso feminicida, multihomicida, que puede también presentar elementos de lesbofobia no está concluido, como sostiene el procurador aduciendo que  “el agresor se suicidó”, pues resulta indispensable determinar si existe responsabilidad de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y proteger  la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamente peligroso.
   Este caso también exhibe que en Yucatán las condiciones que permiten la violencia de género no han sido erradicadas por la falta de políticas públicas efectivas que prevengan y combatan este fenómeno, de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos humanos.