AU: Se pide una Ley para Prohibir la Desaparición Forzada

Difusión Cencos México D.F.-

Desde el 19 de enero, el gobierno estatal y la asamblea legislativa de Nuevo León, en el norte de México, examinarán un proyecto de ley para tipificar como delito la desaparición forzada. Con 50.000 personas muertas y miles desaparecidas en México desde 2006, esta es una oportunidad crucial para aumentar las probabilidades de que se haga justicia para las personas que son secuestradas y desaparecen.

Esta semana, la asamblea legislativa del estado de Nuevo León, en el norte de México, examinará un proyecto de ley para tipificar como delito en el código penal del estado la desaparición forzada.

Es fundamental que el delito de desaparición forzada se codifique de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos con el fin de garantizar que se cuenta con medios legales efectivos para combatir este grave delito de derechos humanos. En los últimos años, los informes sobre casos de desaparición forzada en los que han estado implicados funcionarios públicos han aumentado considerablemente, pero la impunidad para los implicados sigue siendo la norma.

La ausencia de un delito por el cual investigar adecuadamente y enjuiciar a los funcionarios públicos implicados en la detención o el secuestro de personas, y la negativa a proporcionar información sobre el paradero o la suerte de dichas personas, constituyen un importante obstáculo para llevar a los responsables ante la justicia, determinar el paradero de los desaparecidos y garantizar plena reparación a las víctimas.

Las organizaciones locales de derechos humanos de Nuevo León han documentado cientos de casos de personas que han sido secuestradas y han desaparecido en el contexto de la lucha entre los carteles de la droga por controlar las rutas de suministro en el estado, y de las medidas tomadas por las autoridades, que frecuentemente dan lugar a violaciones de derechos humanos. La policía municipal y estatal a menudo es cómplice de las bandas delictivas. Las organizaciones de derechos humanos calculan que, en el 40 por ciento de los secuestros perpetrados en el estado, hay funcionarios públicos implicados directa o indirectamente.

México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que el país debe tomar las medidas necesarias para garantizar que la desaparición forzada constituye delito en virtud de su legislación penal. Sin embargo, hasta el momento México no ha formulado declaraciones cruciales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con el fin de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas, o en favor de personas, que alegan haber sido víctimas de desaparición, y también comunicaciones de otros Estados a este respecto.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

Instando al gobierno y la cámara legislativa del estado a acordar y aprobar reformas que tipifiquen como delito la desaparición forzada, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos;

instando a las autoridades estatales a investigar y hacer rendir cuentas de sus actos a todos los funcionarios públicos implicados en desapariciones forzadas, de acuerdo con las obligaciones contraídas por México en materia de derechos humanos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Desde que el presidente Calderón ocupó su cargo en diciembre de 2006, casi 50.000 personas han muerto de forma violenta en el contexto de la lucha de los carteles de la droga por controlar el territorio, y de la respuesta de las fuerzas de seguridad pública. En los dos últimos años, la violencia se ha propagado dramáticamente al estado de Nuevo León, y especialmente a su capital, Monterrey. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de desaparición forzada y homicidio ilegítimo en los que estaban implicados funcionarios públicos. 

México es un Estado federal, en el que cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal cuentan con su propia jurisdicción y código penal. En la actualidad, la competencia para investigar y enjuiciar los delitos de desaparición forzada, detención ilegal o secuestro en los que están implicados funcionarios estatales o municipales recae en los estados, no en las autoridades federales.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2012, A:

C. Lic. Rodrigo Medina de la Cruz
Gobernador del Estado de Nuevo León
Correo-e.: gobernador@nuevoleon.gob.mx
Fax: +52 81 83 449877
Tratamiento: Sr. Gobernador

Prof. Jorge Santiago Alanís Almaguer
Presidente de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura del  Congreso del Estado de Nuevo León
Correo-e.: jorgesantiagoalanis@hotmail.com;
jorge.alanis@congreso-nl.gob.mx
Fax: +52 81 8150 9500 (ext. 1642)
Tratamiento: Sr. Congresista

Lic. César Garza Villarreal
Presidente de la Comisión de Justicia y
Seguridad Pública de la LXXII Legislatura del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.
Correo-e.: cesar.garza@congreso-nl.gob.mx
Fax: +52 81 8150 9500 (ext. 1642)
Tratamiento: Sr. Congresista

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

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Arturo Ávila Salazar
Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México

Celular:  (55) 5180.9918 | Teléfono: +52 (55) 5687.6010 ext. 106

http://www.amnistia.org.mx
"Trabajamos para proteger los derechos humanos en el mundo"

Reafirma el Ayuntamiento de Texmelucan propuesta de pacificacion y orden en el tianguis

Texmelucan, Pue.-

En el ánimo de instalar la pacificación y el orden en el gran Tianguis de San Martín Texmelucan y con la idea de que su reactivación económica sea una realidad, es que el Gobierno Municipal ha entablado una permanente comunicación y diálogo con los líderes de este importante centro de abasto que durante muchos años ha beneficiado a la economía local y generado importantes beneficios económicos a San Martín.

   En ese entendido, Jaime Hernández Hernández, Director de Gobierno explico que desde hace ya varios meses el Gobierno  Municipal encabezado por Carlos Sánchez Romero busca  la pacificación y el orden a través del diálogo y del respeto a la vida interna de las organizaciones que cada martes confluyen en este gran tianguis, en esa observancia el trabajo de mediador entre los diversos conflictos busca fortalecer la gobernabilidad del centro de abastos que cada martes deja importante derrama económica a muchas familias Texmeluquenses.

   Este día martes, finalmente la Dirección de Gobierno participó en la elaboración del padrón de la organización Francisco Villa, toda vez que realizará la elección de su Mesa Directiva, en ese entendido, Jaime Hernández, dijo que además la 16 de Septiembre y la Organización del Valle de Texmelucan, deberán vivir un proceso similar al interior de su estructura, por lo que el Gobierno Municipal continuará mediando los desencuentros entre las organizaciones.

   Para el Ayuntamiento el diálogo como instrumento básico para los acuerdos ha sido una constante que el propio Presidente Municipal ha encabezado con los diferentes liderazgos que ahí convergen, toda vez que incluso en el ánimo de avanzar positivamente ha tenido a bien escuchar sugerencias y propuestas para encontrar un rumbo que beneficie la imagen del tianguis, para ello Jaime Hernández, Director de Gobierno, asegura que la comuna seguirá  en esa posición de encuentro y no de desencuentro.

   Finalmente el Funcionario hizo un llamado a la corresponsabilidad de los Texmeluquenses y en general a los usuarios de este importante Centro de Abastos para que concentren sus compras en las áreas  delimitadas para dicha actividad y con ello incentiven a los ambulantes que cada martes acuden de manera responsable a ocupar los espacios previamente designados, ya que comprar fuera de esas áreas, a los ambulantes que invaden las vías de acceso y las zonas no planificadas para la compraventa, es fomentar el desbordamiento del tianguis actitud que no abona ese reordenamiento.

Defensores comunitarios del agua cumplen 2 años injustamente presos

Difusión Cencos México D.F.-

• El 13 de enero de 2012  se cumplieron dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores nahuas del derecho al agua.
• Su caso está en espera del turno a magistrado para resolver su libertad en la última instancia judicial.

El 13 de enero de 2012 se cumplieron dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, exautoridades nahuas (Presidente Auxiliar y Juez de Paz, respectivamente), de la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, Puebla. Debido a su labor en defensa del agua potable para su comunidad, se les imputó falsamente el delito de robo violento de un vehículo automotor. Por este hecho fueron sentenciados en primera instancia, confirmándose en el recurso de apelación condenándolos a 6 años, 10 meses y 20 días de prisión.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, quienes hemos emprendido la defensa de José Ramón y Pascual tras un amplio y serio proceso de documentación, reafirmamos la inocencia de los Defensores Comunitarios del Agua, quienes se encuentran en prisión con base en la ilegalidad de las resoluciones del Juez de lo Penal de Huauchinango y de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Dichas autoridades los condenaron a pesar de las contradicciones de los testimonios acusatorios, de donde se desprende la inexistencia del delito.

El día 27 de octubre de 2011, el Centro Prodh, el Instituto Ignacio Ellacuría y las esposas y familiares de los Defensores Comunitarios del Agua, llevamos a cabo una rueda de prensa en la ciudad de Puebla para informar sobre la interposición del amparo directo, mismo que deberá conllevar a la inmediata liberación de José Ramón y Pascual. Dicho amparo fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del estado de Puebla, en donde actualmente se está a la espera de que se turne a uno de los tres magistrados de dicho tribunal federal.

A más de 730 días de su injusta encarcelación, instamos a las autoridades federales a que analicen con prontitud y con pleno apego a derecho el amparo directo interpuesto, a fin de que José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz recuperen su justa libertad. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del estado de Puebla tienen ante sí la oportunidad histórica de revertir una injusticia y marcar un precedente en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Video: ¡Agua y Libertad! Defensores Comunitarios del Agua

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.

México, D.F. a 12 de enero de 2012

40 aniversario de la ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez

Difusión Cencos México D.F.-

Este 15 de enero que conmemoramos el 40 aniversario de la ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez reivindicamos su memoria como luchador social y revolucionario, así como la de sus compañeros caídos en Chihuahua ese primer mes de 1972 y la de todos aquellos que ofrendaron su vida por un México realmente democrático, por una Patria sin explotados ni explotadores.

La impunidad en que permanecen las masacres del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y la del 10 de junio de 1971 en San Cosme; la desaparición forzada de más mil 200 detenidos desaparecidos, las decenas de ejecuciones extrajudiciales, las torturas a innumerable número de personas durante la mal llamada "guerra sucia" del pasado -en realidad se instrumentó una estrategia de terrorismo de Estado para reprimir a los movimientos sociales y organizaciones políticas de oposición, particularmente a las que ante el autoritarismo imperante optaron por la vía armada-, entre otros delitos de lesa humanidad, explica en gran medida que en la actualidad persistan prácticas represivas que violan los preceptos constitucionales y los derechos humanos.

El 16 de enero de 1972, en la ciudad de Chihuahua, fue ejecutado extrajudicialmente Diego Lucero Martínez, quien había sido detenido un día antes por integrantes de la policía judicial estatal y luego interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que encabezaban el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Recordamos que hace 40 años cayeron en combate Avelina y Oscar siendo detenidos, torturados y posteriormente ejecutados extrajudicialmente Ramiro, Gaspar y Diego Lucero Martínez, a quienes hoy rendimos homenaje y en cuya memoria reivindicamos el compromiso de continuar en la lucha por la verdad y por la justicia.

La ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, como las de decenas de hombres y mujeres que se comprometieron a transformar la sociedad y enfrentar un sistema anti democrático y autoritario que controlaba y oprimía las luchas populares, es uno de los delitos de lesa humanidad que permanecen impunes.

Se considera como ejecución extrajudicial a la privación de forma arbitraria de la vida, llevada a cabo sin que la persona haya sido previamente juzgada por los tribunales establecidos y conforme a las leyes o normas, sistemas normativos vigentes y legítimamente reconocidos por la sociedad.

Diego Lucero Martínez, joven y maduro dirigente revolucionario, fue detenido después de un triple asalto bancario realizado en la ciudad de Chihuahua, existen testigos de que se encontraba con vida en manos de las fuerzas policíacas y que enfrentó con valentía los interrogatorios.

Cabe destacar que ante la negación de justicia en México, familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos que los acompañan en este largo camino de lucha contra el olvido, acuden ante organismos internacionales como una manera de presionar al Estado mexicano para que cumpla con sus obligaciones legales y constitucionales.

Un ejemplo alentador de dicho sendero de lucha y compromiso lo constituye el caso de Rosendo Radilla, detenido desaparecido en 1974, en el que después de más de tres décadas se logró que la Corte Interamericano de Derechos Humanos condenara al Estado mexicano por su responsabilidad en ese crimen de lesa humanidad, lo que sienta un destacado precedente en los casos de desaparición forzada del "pasado", que en realidad son del presente pues se trata de una grave ofensa a la sociedad que no prescribe y para la cual no hay amnistía alguna.

Sin embargo, como es de esperarse en un gobierno como el actual, los resolutivos de la Corte no se han cumplido por lo que deben proseguir los esfuerzos por poner fin a la impunidad y alcanzar justicia y verdad.

Nuestra organización, que tomó su nombre de un compañero revolucionario que es patrimonio del pueblo trabajador en su conjunto, lucha por la Verdad, la Justicia y contra la Impunidad como una forma de contribuir a que el movimiento social enfrente en mejores condiciones la represión que, desgraciadamente, el Estado sigue aplicando en su contra y que en esta etapa de agudización de la crisis económica, política y social que padece México tiende a agudizarse.

¡Justicia para Diego Lucero y sus compañeros!

¡Presentación con vida y respeto a la integridad física y psicológica del compañero Francisco Paredes Ruiz!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Libertad a los presos políticos!

¡No a la impunidad! Verdad y Justicia    

Blanca Hernández

México, D.F. a 15 de enero de 2012

Operativo en Calpan para el retiro de mototaxis, con esta accion inician el programa de la ST

El diputado de Movimiento Ciudadano lanza señalamiento por la utilizacion de la fuerza publica atraves de su cuenta de Twitter.

Calpan/Pedro Alonso
El operativo que se implementó desde durante la mañana de este martes en el municipio de San Andrés Calpan, dio como resultado el decomiso de 5 unidades de mototaxis, con lo cual, se inicia con esta acción un programa para el retiro de dichas unidades que no aceptaron el programa del gobierno del estado.
Fuentes de la Secretaria de Seguridad Publica, así como versiones de los pobladores, entre las nueve y once de la mañana, se registró un operativo por parte de la Policía del estado, Seguridad Vial así como de la Secretaria del Transporte.
Esto bajo la supervisión del subsecretario de Seguridad Pública, Segismundo Doguin Garay; por lo cual, se logró el aseguramiento de cinco unidades mototaxis, las cuales fueron llevadas al corralón de la ciudad de Puebla, perteneciente a la Secretaria del Transporte.
Cabe señalar que el diputado José Juan Espinosa informó que granaderos del Gobierno del Estado retiraron a los operadores de este tipo de servicio de transporte en Calpan, esto a través de su cuenta de Twitter.
El diputado informó la movilización de agentes de seguridad y pidió a la Secretaría General de Gobierno no poner en riesgo la integridad de los habitantes y mototaxistas de Calpan.