Felipe Madrigal golpeado y detenido tras desalojo de artesanos indígenas de El Jardin de Analco, Puebla

INFORMAMOS A LA OPINICÓN PÚBLICA los hechos ocurridos hace unos minutos en el zócalo de esta ciudad de Puebla, El Ayuntamiento de Puebla en uno de sus mayores muestras de intolerancia y crueldad ha enviado al Jefe del Departamento de Vía Pública Ruben Mantilla González de la Llave quien escudandose en sus empleados malandros y en la obscuridad de la madrugada ha golpeado a los artezanos indígenas que se encontraban en el zócalo en huelga de hambre, además de detenerlos sin contemplación pues dijo: Eduardo Rivera, Presidente de este municipio esta arto de ellos y que en el zócalo no esta permitido manifestarse. Después de esta golpiza los llevaron detenidos. Nuestro compañero reportero independiente Felipe Madrigal Jiménez tambien ha sido aprehendido, le despojaron de cámaras (de las cuales este medio de comunicación debido a los actos delincuenciales en los que incurre la policía poblana no esperamos que las devuelva) y lo golpearon, se pudo comunicar mediante el celular del agente visitador de Derechos Humanos quien ya se encuentra en Rancho Colorado.
Seguiremos informando. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:30 a.m. en el zócalo de la ciudad de Puebla, Pue. Mex.
Ayer por la tarde informaban los artesanos indígenas quienes defienden su derecho al trabajo en el mercado temporal de Jardín de Analco, que habian sido citados en la Secretaría General de Gobierno (Casa Aguayo) pues les comentaron el Gobernado Rafael Moreno Valle ocuparía el espacio del zócalo para ciertos eventos por venir...

Unos minuto antes del desalojo Felipe Madrigal comentaba,
EN VISPERAS DE CELEBRARSE el aniversario por la promulgacion de la Constitucion General de la Republica de 1917, la que protege los derechos constitucionales de los mexicanos, en este momento el servidor publico del Ayuntamiento de Puebla, de nombre JOSE RUBEN MANTILLA GONZALEZ DE LA LLAVE, intenta desalojar con la fuerza publica [bruta] a los artesanos indigenas que se encuentran en el zocalo de la Cd de Puebla, mismos quienes desde el dieciseis de enero del año en curso estan en HUELGA DE HAMBRE por los espacios que injustificadaemente les quito el Ayuntamiento de Puebla en el mercado de Analco, Puebla, Mexico, violentando su derecho al trabajo.

SE REPORTA A LA COMUNIDAD mundial que aun cuando no han sido escuchados ni atendidos por el presidente municipal de Puebla, el panista, Eduardo Rivera Perez, este mismo dia pretende a punta de golpes desalojarlos del zocalo en donde realizan su manifestacion pacifica, se pide el apoyo y la solidaridad de la comunidad mundial para no permitir que los derechos de los ciudadanos mexicanos sean violentados de esta manera como hoy lo hacen servidores publicos del Ayuntamiento de Puebla, primero quitarles su fuente de trabajo y segundo, reprimiendo con la fuerza publica su derecho a la manifestacion pacifica.

Pero el proximo cinco de febrero en Mexico se celebra la promulgacion de la Constitucion General de la Republica, la de 1917, la que muchos servidores publicos como estos que hoy denuncian estas mujeres no conocen y mucho menos respetan. Solidaridad con las mujeres artesanas indigenas de Analco, Puebla, Mexico...!!!

Amnistía Internacional llama a las autoridades mexicanas ha proveer una efectiva protección a Norma Andrade

Alerta de seguridad sobre Norma Esther Andrade

Difusión cencos México D.F.-

Amnistía Internacional ha sido informada por medio de los abogados que trabajan con Norma Andrade de Nuestras Hijas de Regreso a Casa que ha sido atacada hoy, 3 de febrero, aproximadamente a las 9 am en su casa en la Ciudad de México. De acuerdo a los reportes, Norma estaba con su nieta cuando un hombre desconocido llamo a la puerta. El hombre la atacó con un cuchillo. Ella se las arreglo para defenderse pero fue herida antes de que el hombre huyera. Está recibiendo tratamiento en el hospital. Aún no sabemos cuál es su condición médica.

   El 2 de diciembre de 2011, Norma Andrade fue atacada fuera de su casa en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, por un hombre armado  quien disparo cinco veces. Ella sobrevivió y estuvo internada en el hospital por varios días. El hospital la dio de alta después de recibir amenazas anónimas de que serían asesinados si continuaban proporcionándole tratamiento. Después de ser transferida temporalmente a un hotel, ella se fue de la ciudad por su seguridad y la de su familia. Norma buscó refugio en la Ciudad de México donde se le proporciono alojamiento y alguna protección. El Nuevo ataque parece ser parte de una campaña contra Norma Andrade. Amnistía Internacional cree que esta en inminente peligro y llama a las autoridades mexicanas a  cumplir su deber de proveerle de una efectiva protección que incluya el hospital donde ha comenzado a ser tratada.

   Norma Esther Andrade es fundadora de nuestras Hijas de Regreso a Casa. Junto con el resto de quienes colaboran en la organización, ella y su familia han recibido numerosas amenazas desde junio de 2002. Malú García Andrade su hija y directora de la organización presentó una denuncia formal ante las autoridades federales el 30 de septiembre de 2011 después de haber recibido una llamada telefónica amenazante. Pocos días después un mensaje les fue enviado afirmando que ellas y su familia tenían solo 12 horas para abandonar la ciudad o serian asesinadas. Desde 2008 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicito medidas de protección para cuatro integrantes de NHRC, estas medidas obligan a las autoridades mexicanas a garantizar su seguridad.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Exigimos justicia para los jóvenes asesinados Vázquez Bahena y Bahena Labra y castigo a los culpables

Difusión cencos México D.F.-

Como lo informamos en su oportunidad, el día martes 24 de enero del 2012, fueron víctimas de desaparición forzada los jóvenes Hugo César Vázquez Bahena y Efraín Bahena Labra en el centro de la ciudad de Iguala de la Independencia por gente y en circunstancias hasta ahora desconocidas. El sábado 28 aparecieron asesinados en la ciudad de Taxco, a pesar de que con grandes dificultades y el apoyo solidario de familiares y amigos, se había pagado el rescate exigido a la familia de Hugo César.

   Durante estos días, con pena, dolor y rabia, hemos sido cautelosos en hacer ahora esta denuncia porque la familia Vázquez Bahena se encuentra en grave riesgo pues ha sido amenazada de muerte, su integridad física está en peligro, sobrevive con la moral deshecha por esta terrible pérdida y con la angustia de sentirse perseguida.

   La familia Vázquez Bahena ha participado en diversas luchas locales, estatales y nacionales como parte de la ACNR y ha sido solidaria con muchos movimientos más. Son colaboradores del Módulo de Desarrollo Comunitario del TADECO en la Zona Norte, han apoyado a nuestro Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en muchas de sus actividades en aquella región. Las Guerreras de la Plata, esposas de los mineros en huelga, consideran a Rosy como una de sus integrantes más activas. No aceptaremos que se criminalice la lucha social que realizan nuestros compañeros.

   Hugo César era un jóven íntegro, esforzado estudiante, amigo solidario y buen hijo. Su alegría contagiaba y animaba no sólo los momentos de las penurias económicas familiares sino también las dificultades de las luchas sociales en las que sus padres, su hermano y el mismo participaban juntos. La gente de las comunidades y los mineros de la sección 17 actualmente en huelga conocieron de su solidaridad. Por eso la muerte de Hugo Cesar nos duele a todos y las amenazas a la familia las sentimos como propias.

   La manera en que fueron hallados los restos de Hugo César y Efraín, denotan una saña y desprecio a la vida humana propia de los grupos de la llamada delincuencia organizada, sin embargo no aceptaremos ninguna incriminación ni descrédito a la familia Vázquez Bahena, hasta que no se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades, se identifique y castigue a los culpables.

Por ello exigimos al Estado Mexicano:

1.- Que se esclarezcan los hechos del 21 de diciembre cuando fueron agredidos a balazos Marcos Sebastían Vázquez Bahena y sus padres Rosa Bahena y Sebastián Vázquez Cruz cuando transitaban por la carretera federal Taxco Iguala, a la altura del poblado de Mezcaltepec, que se desarrolle conforme a derecho y se presenten resultados de la investigación correspondiente,.

2.- Que se sigan cabalmente las pistas aportadas por los familiares en relación a los hechos del 25 de enero, en especial que se investiguen a profundidad las actividades que realizaron los jóvenes en las oficinas de la Policía Federal Preventiva y en la empresa Grúas Rodríguez en Iguala, así con las personas con las que interactuaron, pues seguramente pueden aportan información útil para dar con los responsables. Resulta sospechoso que presisamente después de haber realizado éste trámite, se hayan suscitado los hechos de su desaparición forzada que desembocó en su asesinato.

3.- Que lo anterior se extienda al MP de Taxco, pues nos resulta extraño que el día sábado 28, inmediatamente después de salir de sus oficinas donde acudió a identificar el cadavér de su hijo, el compañero Sebastián Vázquez Cruz haya recibido amenazas de muerte para el, su familia y otras personas cercanas. Exigimos resultados y justicia en los términos de Ley.

4.-  Que se facilite la coadyuancia de los padres de las víctimas en las investigaciones y de sus asesores para acelerar las investigaciones.

   Denunciamos la inoperancia y fracaso de las políticas públicas de seguridad y combate a la delincuencia y preguntamos ¿dónde está el compromiso del Gobernador Angel Aguirre Rivero por hacer del mal llamado "Programa Guerrero Seguro" la panacea de la seguridad en Guerrero? ¿A quien protege y al servicio de quienes está realmente? ¿Porqué después de la intervención de los elementos de la PFP y del MP, se sucedieron los hechos de desaparición forzada y de amenazas de muerte?

Nos duele e indigna que sigan siendo los jóvenes las víctimas más recurrentes de esta violenta e irresponable estrategia de guerra contra el pueblo. Reafirmamos nuestra exigencia de Juicio Político al Gobernador Angel Aguirre Rivero, pues su responsabilidad en los hechos del 12 de diciembre cuando murieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el trabajador de la gasolinera "EVA", es la misma en otros hechos que afectan los derechos humanos de los guerrerenses, como éste que nos ocupa.

   Conocemos y resentimos en carne propia la indolencia de los Gobiernos de Angel Aguirre Rivero y Felipe Calderón ante los reclamos de las víctimas de la violencia social y en especial de nuestras exigencias como Comité de Familiares, pero hechos como el que ahora denunciamos, nos obligan a reiterar nuestro compromiso de seguir luchando contra estos crímenes de lesa humanidad, contra esta aberrante práctica que en México se ha hecho política de Estado, por parar de una vez por todas ésta absurda guerra y exigirle a los malos gobiernos que cumplan con los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, a hacer justicia a las víctimas de la violencia, a resarcir el daño físico, moral y económico a los familiares y a parar la criminalización a la lucha social.

Llamamos al Pueblo de Guerrero, a sus organizaciones soclvidamos – No perdonamos!
¡JUSTICIA, MEMORIA Y VIDA!
¡Desaparecidos Presentación!

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Reparación a las víctimas, tema central del debate actual

México D.F.-

Luego de 5 años de guerra contra el narcotráfico y de la obligación del Estado mexicano de crear una ley para resarcir las violaciones a derechos humanos, las víctimas-- un grupo en situación de vulnerabilidad- han colocado en el espacio público la necesidad de que sea reparado su daño y plantear posibles escenarios para la reconstrucción del tejido social.

   Cómo hacer llegar la justicia y la verdad a las víctimas,  cómo reparar el daño y garantizar que este no volverá a suceder, son preguntas que Rodrigo Uprimny Yepes, jurista colombiano, expuso ayer por la tarde en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Los derechos de las víctimas deberán quedar plasmados en una ley antes del 11 de junio  de este año, debido a que lo obliga el segundo transitorio de la reforma constitucional de derechos humanos que tiene casi ocho meses en vigor. En paralelo al tema, corre el proceso electoral y la voz de las víctimas que exigen justicia.

   La reparación del daño causado a las víctimas "era un tema absolutamente marginal, y ahora pasa a ser un tema central de la filosofía política y del debate jurídico contemporáneo", explica Uprimny, quien también es consultor para la Corte Constitucional Colombiana.

   Uno de los temas principales del debate, dice, es a que víctimas debe corresponder el derecho a la reparación. Por un lado están las víctimas de delitos y por el otro las víctimas de violaciones a derechos humanos, es decir, aquellas personas que han visto violados sus derechos por el Estado mexicano.

   En el caso colombiano, la recién aprobada ley de víctimas está enfocada a reparar el daño por violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado colombiano o con la complicidad de este, por lo que busca atender principalmente a las víctimas del paramilitarismo; y esto ha provocado una discusión sobre la necesidad de reparar el daño proveniente de actores privados, como la guerrilla. Esta respuesta del Estado, podría ser ejemplificada, dice Rodrigo Uprimny, como una "reparación a modo de solidaridad"; como si en el caso español el Estado atendiera la reparación del daño a las víctimas de ETA.

   En México el panorama se complica, porque mientras las violaciones cometidas por funcionarios públicos y cuerpos de seguridad pública y militarizada son responsabilidad del Estado, las que son cometidas por el crimen organizado serían catalogadas como responsabilidad de actores privados, a menos que se comprobara la complicidad del Estado con grupos criminales en un contexto de altos márgenes de impunidad y corrupción.

   Una salida posible, según el jurista, es la creación de una Ley que contemple la reparación de ambos casos de víctimas. "No me parece para nada un mal esquema, reparar a todas las víctimas de gravedad sin importar si son víctimas de violaciones a los derechos humanos o víctimas del delito".

   Más allá de este debate, cualquier víctima tiene derecho a: saber la verdad de los hechos, acceder al aparato gubernamental de justicia, a que se repare la violación que sufrió y a que en consecuencia se tomen acciones para que no se vuelvan a generar las condiciones de la violación (garantías de no repetición).

   La reparación del daño que "es un avance civilizatorio, aunque no por ello deja de ser polémico", intenta buscar su cause hacia la justicia en un panorama político complicado. A decir de Uprimny, la apuesta es porque cada aspecto de la reparación vaya avanzando de forma integral, para que así uno se apoye y se fortalezca gracias a los otros.

Centro Nacional de Comunicación Social

Consigna PGR a diez policías municipales de Guasave, Sinaloa

Boletín/Mochis, Sinaloa.-

La Procuraduría General de la República, a través del Agente del Ministerio Público de la Federación, consignó ante un Juez de Distrito de Los Mochis, a 10 de los 35 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave que fueron puestos a su disposición por parte del Ejército Mexicano, por los delitos de homicidio y lesiones, en la modalidad de comisión por omisión; además de ilícitos cometidos contra funcionarios públicos, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. 

   Según el expediente AP/SIN/GUAS/021/2012/M-III, el día 30 de enero del presente año, se registró un enfrentamiento armado entre militares y civiles por varias zonas de la ciudad de Guasave, donde perdieron la vida tres militares. 

   Durante el enfrentamiento los elementos castrenses solicitaron apoyo a la Policía Municipal, que no atendió el llamado. 

   Ante estos hechos la Secretaría de la Defensa Nacional presentó a 35 agentes municipales ante el Representante Social de la Federación, quien después de realizadas las diligencias pertinentes, consignó a 10 agentes municipales, entre los que se encuentran el Director y el Director Operativo de esa corporación, pues estando en el perímetro urbano de la ciudad, en ningún momento prestaron auxilio o ayuda a los elementos militares, a pesar de que el Centro de Control Comando y Comunicaciones (C-4) les notificó. 

   Además que posterior al ataque no se realizó ningún operativo de búsqueda de las personas relacionadas con estos hechos. 

   De los 25 policías municipales restantes, a 19 se dejó en libertad el día 01 de febrero y los otros seis el día de hoy; estos con las reservas de ley debido a que durante los hechos se encontraban en diversas comisiones, sindicaturas y fuera del perímetro urbano, lo cual les imposibilitaba brindar apoyo oportuno durante el enfrentamiento. 

   Los consignados quedaron a disposición de un Juzgado de Distrito y fueron internados en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, donde enfrentarán su proceso penal. 

   De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de reconstruir integralmente las instituciones y sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional.