Pareja suicida tienen su Luna de Miel al Más Allá

Entierran juntos a los novios suicidas de Coronango

por ODILÓN LARIOS NAVA

17.01.2013 - 06:33 hrs

Toque romántico tuvo el sepelio de los novios que se quitaron la vida el pasado lunes en Coronango. Néstor y Zeida, fueron sepultados juntos en el Panteón nuevo de San Martín Zoquiapa, ello luego de que sus padres festejaran como si se tratara de una boda, para finalmente acompañar a los novios al campo santo donde la pareja tomaría una eterna luna de miel en el más allá.

Luego del luto que vistió a dos familias en Coronango, estas aceptaron la determinación de sus jóvenes hijos, y en señal de apoyo, antes de sepultarlos festejaron como si de nupcias se tratara. Luego de ese festejo que simbolizaba la unión de  Zeida Huitzil Xilot y Néstor Macuil, así como de sus familias, los cuerpos fueron llevados al panteón donde descansarán sus restos por una eternidad.

Cabe recordar que el pasado domingo por la noche la joven pareja – él tenía 18 años y ella 17 – fue vista en un baile en esa comunidad. Durante la noche habrían tenido una discusión, ello y los problemas depresivos que al parecer padecía Néstor, lo orillaron a quitarse la vida ahorcándose del tejado de su domicilio en San Martín Zoquiapa.

Su novia entristeció al conocer la noticia, y a las cinco de la tarde del pasado lunes, sin que sus padres lo notaran, salió de su casa llevando una soga, la cual ató a un árbol en las inmediaciones de los campos deportivos y luego se quitó la vida.

Todo este marco tiene una construcción propia de los dramas teatrales, pero con consecuencias en la realidad y no en la ficción.  Hasta este punto los hechos tuvieron un fuerte impacto en la comunidad, por todos los significados y factores del caso.

Sin embargo la tragedia tomó un giro amoroso gracias al apoyo de sus padres – de ambos – quienes respetando el cariño que los jóvenes se tenían, decidieron estrechar lazos antes de sepultarlos. Ambas familias se reunieron en la casa del novio, en San Martín Zoquiapa, en donde tuvieron una convivencia simbolizando la boda de Nestor y Zeida. En ella hubo baile, vals, entre otras tradiciones de las nupcias.

Zeida fue llevada a la iglesia de Coronango, donde hubo misa de cuerpo presente. Posteriormente alcanzó al novio en el panteón nuevo de San Martín Zoquiapa, ya que él había sido llevado a misa a la iglesia de esa comunidad.

Así los familiares y amigos simbolizaron acompañarlos al lugar donde partirían de luna de miel, que en este caso sería por una eternidad en el más allá. Así, entre cientos de acompañantes, tuvieron una sentida partida, al punto que las autoridades de Coronango tuvieron que cerrar calles para permitir el libre paso del cortejo fúnebre conformado por cerca de 2 mil personas.

© Cinco Radio

En Puebla Hombre Intenta Suicidarse en Buffet Jurídico de La Paz

Se hizo varios cortes en el cuerpo con un cristal; ingresó por la madrugada pero no intentó robar nada

por ODILÓN LARIOS NAVA

Desequilibrado mental ingresó a buffet jurídico de La Paz, donde no intentó sustraer nada de valor, simplemente eligió ese sitio para arrebatarse la vida. Con un vidrio del ventanal que rompió para ingresar, se hizo varios cortes en el cuerpo, luego su sangre como tinta escribió leyendas en tres de las paredes, gracias a la aparición de uno de los abogados se solicitó el apoyo de la policía municipal y de los paramédicos y de esta forma se evitó que este joven de aproximadamente 25 años de edad tuviera un triste fin.

Ingresa a buffet jurídico sólo para intentar terminar con su vida al interior de una oficina. Gracias a la reacción de los policías y paramédicos se impidió que lograra su cometido.

El abogado Armando Águila Báez, fue el primero en llegar a las instalaciones del buffet jurídico, Rusell Bedford, ubicado en la 3 Poniente casi esquina con Teziutlán Sur de la colonia La Paz. Al dirigirse a su oficina ubicad en el segundo piso, antes de entrar una voz lo alertó desde el interior diciendo: “No quiero matar a nadie”.

Espantado el abogado salió del lugar y llamó al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) 066, para decir que alguien ajeno a las oficinas se encontraba en el interior. Acudieron de inmediato uniformados del Sector 3 de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con el abogado y este les permitió el acceso al lugar.

Los policías llegaron hasta la oficina donde se encontraba el sujeto, hasta ese momento no sabían a qué se enfrentaban. Cuando lograron mirar dentro, se percataron de que el hombre en cuestión estaba sangrando y que en las paredes había escrito varias leyendas con sangre, en el piso de duela se observaba mucha sangre derramada.

Al ver a los policías el joven, que dijo llamarse Rodrigo Barrientos Vázquez, de aproximadamente 25 años de edad, tomó con sus dos manos un vidrio del ventanal que rompió para ingresar a esas oficinas, y luego lo coloco bajo su garganta y comenzó a clavárselo en diversas ocasiones, la sangre no tardó en aparecer y derramarse profusamente.

Con una reacción instantánea los policías municipales solicitaron una ambulancia, siendo la 294 de Cruz Roja la primera en arribar, fueron sus paramédicos quienes se encargaron de tranquilizar a Rodrigo y darle los primeros auxilios. Hasta antes de la llegada de los paramédicos, se presumía se podría tratar de un robo a las oficinas, sin embargo esto fue descartado, ya que se sabe el suicida en potencia padece de sus facultades mentales, probablemente esquizofrenia y delirio de persecución.

Los paramédicos de la Benemérita Institución se encargaron de estabilizar las heridas y tranquilizar a Barrientos Vázquez,  a la vez que informaban al abogado el posible estado mental del intruso. Es por ello que Armando Águila Báez, no quiso proceder en contra del allanador.

Al preguntarle la razón de por qué atentar contra su integridad si la vida es hermosa, Rodrigo Barrientos respondió: “Qué tiene de bonita. Yo tengo la suerte de que cada año me dan ganas de matarme”.

De los tres mensajes que escribió con sangre, en tres de las paredes de la oficina, sólo uno es legible, en él se lee: “Perdón familia, pero hubiera sido peor”. Los otros dos escritos son ininteligibles. El hombre señaló que no es la primera vez que intenta acabar con su vida.

El abogado que lo descubrió comentó: “Cuando entré el señor ya estaba en esa oficina, y empezó a decir que no quería lastimar a nadie, que no quería lastimar a nadie. Y yo me espanté porque pensé que estaba armado. Le dije, yo me voy, y me salí de la oficina. Y fue cuando llamé al 066”.

Rodrigo Barrientos, fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia, a bordo de la ambulancia de Cruz Roja, para su atención médica. Así gracias a la oportuna aparición del abogado, y a la reacción de los policías municipales del Sector 3 y de los paramédicos de Cruz Roja se evitó que este hombre lograra su cometido y muriera desangrado.

© Cinco Radio

En Puebla Detienen a 4 por Robo de Medicamentos en el IMSS

La PGR realizó operativo para asegurarlos en clínicas de San José y La Margarita

por REDACCIÓN

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Francisco Fraile García confirmó la detención de Emmanuel Bermúdez Flores, empleado de la clínica 55, y Javier Montiel, de Especialidades por presunto robo  de medicamentos

Estos solo son 2 de los 4 detenidos que aseguró este jueves por la mañana  la Procuraduría General  de la República tanto en la clínica 55 así como en el hospital de especialidades en San José

En Buenos Días de Cinco Radio la madre de uno de los asegurados detallaba el momento en que, según testigos de los hechos, una camioneta azul “secuestraba”  a este auxiliar de farmacia en el IMSS.

Horas después Fraile García confirmó que en total fueron 4 las detenciones por presunto robo de medicamentos. La denuncia en contra de los asegurados se interpuso desde hace cuatro años pero se ampararon e incluso podrían ser defendidos nuevamente por el área jurídica de su sindicato

Chiapas-Edomex, ruta de explotación sexual

Elizabeth Muñoz Vásquez / CIMAC
prensaycomunicacioncimac@gmail.com

Tlaxcala,  Tlaxcala. Los municipios de Tapachula, en Chiapas, y Ecatepec, en el estado de México, ofrecen a mujeres migrantes centroamericanas empleos en condiciones de explotación extrema “y con frecuencia muy cercanos a la esclavitud”, debido a que son estigmatizadas como extranjeras pobres, ignorantes, indígenas  y “mujeres de la calle”.
Lo anterior se revela en la investigación Mujeres transmigrantes, realizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
Se desprende también que a las mujeres se les concentra en los segmentos del mercado del trabajo segregado por sexo más marginales y estigmatizados.
“Las mujeres centroamericanas en Chiapas están concentradas en los centros nocturnos-bares, cantinas, table-dance, en el trabajo doméstico o en el agrícola, y sobre todo en el comercio informal”, reporta el estudio.
De acuerdo con la investigación, en esos dos municipios las mujeres transmigrantes (que están de paso por México en su trayecto hacia Estados Unidos) tienen “mayores oportunidades de realizar actividades remuneradas, eventuales o con cierto grado de estabilidad”, pero el trabajo es “totalmente denigrante y no hay políticas, ni programas gubernamentales dirigidos a protegerlas”.
Esa oferta de trabajo aparentemente atractiva se ha convertido en un factor llamativo para mujeres que practican una migración de sobrevivencia, y como resultado de ello es que cada vez más mujeres de origen centroamericano se van quedando a vivir en la zona fronteriza, y a lo largo de la ruta del Soconusco (Chiapas) hasta el centro del país.
En el estudio se destaca que precisamente en esa ruta una gran cantidad de mujeres son obligadas a prostituirse, o están “atrapadas (sic) en situaciones de trata con fines de servidumbre doméstica, explotación sexual o el trabajo forzoso”.
Asimismo se indica que además de la explotación laboral, tanto en Chiapas como en el estado de México, se registra un gran número de mujeres jefas de familia, que se han establecido en las zonas metropolitanas debido a que se están casando con un mexicano o bien un centroamericano, aunque eso les implique seguir ejerciendo el rol de trabajadora o cuidadora.
La investigación concluye que el “efecto de la transmigración es de dos caras”, pues por una parte pareciera que fortalece a las centroamericanas, quienes al trabajar y percibir un ingreso adquieren más confianza en sí mismas y llegan a tener el reconocimiento de sus familiares al considerarlas mujeres independientes.
Sin embargo, se agrega, el reconocimiento que pagan por lo anterior es muy alto y en algunas ocasiones muy traumático, pues las mujeres que son objeto de trata con fines de explotación sexual “por lo que ven y lo que viven cambian totalmente su manera de concebir la sexualidad y la moral sexual, y no alcanzan a distinguir lo que está permitido y lo que no, lo que está bien y lo que está mal”.
Finalmente se demanda a las autoridades de todos los niveles revisar los criterios con los que actúan, pues evidentemente no hay un reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres migrantes.

Arranca campaña nacional para prevenir la tortura en los sistemas de seguridad y justicia

Difusión Cencos México D.F., 17 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Insyde

La misión del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) es promover el libre ejercicio del derecho humano a la seguridad. Parte de esta misión incluye promover el apego del comportamiento de las autoridades involucradas en los sistemas de seguridad y justicia a los estándares democráticos que garantizan no sólo la plena vigencia de los derechos humanos, sino que también comprometen su profesionalismo y eficacia. Sin embargo, actualmente, pese a los avances que registran algunas instituciones policiales y de investigación criminal en el país, la práctica de la tortura y otros malos tratos se mantiene presente en estas instituciones que tienen como misión principal garantizar el derecho humano a la seguridad, que debe ser indivisible e interdependiente, entre otros, de los derechos al debido proceso y la integridad física y mental.

En años recientes, las procuradurías del país y los organismos de protección de los derechos humanos han registrado un incremento alarmante en el número de denuncias de hechos posiblemente constitutivos de tortura, que incluyen testimonios sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzada, tortura sexual, presuntos homicidios por lesiones producidas bajo tortura y otros actos de violencia en la que se han señalado a elementos de corporaciones de seguridad o de procuración de justicia como responsables. A pesar de que tanto a nivel federal como local existen informes oficiales que registran la existencia no sólo de denuncias, sino también de dictámenes médicos que acreditan la tortura en cientos de casos, el número de sentencias condenatorias es, en contraste, de cero en el fuero federal y de 1 a nivel local (DF) durante la última década. La tortura queda impune técnicamente en el 100% de los casos.

Ante este escenario preocupante, Insyde ha iniciado un proceso de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, expertos y expertas en diversas disciplinas y sectores, así como un diálogo con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, para erradicar estas prácticas sucedidas de manera previa y posterior a la presentación ante el Ministerio Público de personas detenidas por agentes de seguridad del Estado. El esfuerzo conjunto se aglutina en la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, que en su primera etapa contempla dos años de ejecución.

Nuestra meta para 2013 es impulsar la actualización del marco normativo sobre tortura y que ninguna autoridad relacionada a los sistemas de seguridad pública y justicia penal desconozca cuáles son sus obligaciones en la materia.

La Campaña Nacional para Prevenir la Tortura considera que la causa de este flagelo deriva principalmente de un marco jurídico incongruente con las normas de derechos humanos reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, que permita aplicar procedimientos efectivos y sujetos a control, para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño de las personas afectadas por la tortura u otros malos tratos. Esta incongruencia dificulta los procedimientos judiciales para probar los hechos durante el proceso penal, lo que alienta la impunidad y la discriminación ante la ley.

De igual manera, la ausencia de procedimientos efectivos de control y rendición de cuentas al interior de las instituciones policiales y las agencias del Ministerio Público se convierte en un incentivo para cometer actos constitutivos de tortura, en circunstancias tan diversas como la detención, la prisión preventiva o el arraigo.

Para prevenir y erradicar estas conductas, la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura impulsará diferentes estrategias que impacten tanto en lo jurídico como en lo operativo, en la capacitación, y apoyadas en una amplia difusión de información dirigida a las víctimas directas o indirectas (familiares, abogados, etc.), a la población interesada, a la sociedad civil y a las instituciones competentes.

Entre las estrategias que se impulsarán en este proceso se encuentran las siguientes:

1. Fortalecer el marco jurídico: Armonizar el marco jurídico actual para que sea totalmente compatible con las normas internacionales contra la tortura, tanto a nivel federal como en las entidades federativas;
2. Fortalecer el control interno. Impulsar el establecimiento de diversas medidas judiciales de control interno y rendición de cuentas en la operación de las policías y los Ministerios Públicos, para eliminar los incentivos que los llevan a cometer este delito;
3. Mejorar la capacitación y formación profesional. Capacitar a los responsables de aplicar la ley, y promover el diálogo e intercambio de experiencias con personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a fin de mejorar los procesos de investigación y sanción, reducir la impunidad en este delito e impulsar mejores herramientas y metodologías para la documentación y denuncia de la tortura; de igual modo, este componente de la campaña prevé fortalecer los programas de formación profesional de policías y agentes del Ministerio Público en materia de prevención de la tortura y derechos humanos;
4. Promover la difusión y acceso a, información sobre la tortura. Informar a la ciudadanía y a las víctimas de tortura sobre los recursos que tienen disponibles, para garantizar el ejercicio de sus derechos y prevenir estos hechos y, especialmente, es necesario sensibilizar a las autoridades de procuración de justicia para que adopten medidas efectivas de combate a la tortura en México y erradicar la impunidad.

Hacemos un atento llamado a todas las personas e instituciones sensibles a la problemática que plantea la persistencia de la tortura a que se sumen a la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura; si queremos gozar de un sistema de justicia moderno y un modelo de seguridad ciudadana, requerimos cerrarle la puerta a la tortura cuanto antes.

Contacto:

Sergio Leñero Reveles Coordinación de Comunicación Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) Tel. 91 16 53 04 ext. 122 Cel. 55 24 21 83 51 www.insyde.org.mx Twitter: @InsydeMx Fb: Insyde MX #VsTorturaMx

Boletín informativo 01-011613
Campaña Nacional para Prevenir la Tortura

México D.F., 16 de enero de 2013

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

SEP está obligada a realizar profundas reformas para garantizar la seguridad física y prevenir el abuso sexual de niños y niñas al interior de las escuelas públicas del país

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Redim / ODI

• El caso del pre-escolar de Iztapalapa donde al menos 15 niñas y niños pequeños fueron abusados sexualmente por siete trabajadores de la SEP mostró los graves vacíos en el sistema educativo
• Sin una profunda reforma estructural y normativa en la Secretaría de Educación Pública no existen garantías para evitar nuevos casos de violencia sexual en las escuelas
• ODI y REDIM saludan la Recomendación de la CNDH a la SEP, pero destacan que es insuficiente frente a la gravedad del caso paradigmático

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) expresaron su preocupación por que las respuestas institucionales del Estado Mexicano son insuficientes frente al grave suceso que representa el abuso sexual de por lo menos 15 niñas y niños pequeños en el preescolar "Andrés Oscoy Rodríguez", ubicado en la Delegación Iztapalapa, donde siete funcionarios públicos aprovecharon los vacíos institucionales para agredir sexualmente a las y los infantes bajo su cuidado.

Saludaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciara por oficio la investigación y derivara en la recomendación 76/2012 a la Secretaría de Educación Pública (SEP) pero la calificaron de insuficiente frente a la gravedad del caso paradigmático que dejó en evidencia los grandes vacíos que existen en el sistema educativo mexicano para prevenir, identificar y reparar el daño a niñas y niños víctimas de violencia sexual en todo el país.

Lamentaron que la Recomendación 76/2012 de la CNDH a la SEP se auto-limitara a temas administrativos, de capacitación y servicios psicológicos sin tocar los aspectos normativos, diseño institucional, controles de confianza del personal, entre otros vacíos. Además de sólo considerar 15 de las 30 víctimas de agresión sexual, dejando a varias de ellas en indefensión. "Las nueve recomendaciones resultarán pasajeras si no se realiza una profunda reforma estructural y normativa que garantice la seguridad de los niños y niñas bajo cuidado de la Secretaría de Educación Pública" establecieron ambos organismos.

La ODI lleva la defensa jurídica de los 30 niños y niñas víctimas de agresión sexual por siete trabajadores de la escuela pública mencionada. El proceso penal iniciado en el 2011 aún continúa, y dependiendo de los alcances en la jurisdicción local se podrá llevar el caso a instancias internacionales. REDIM y ODI urgieron a las autoridades a               localizar inmediatamente a la maestra que sigue prófuga y especialmente llamaron a reconocer que en las escuelas públicas del país "todo sigue igual", por lo que es posible que se presenten nuevas agresiones sexuales dentro de las escuelas públicas del país.

Las organizaciones presentes consideraron que los cambios indispensables deben darse en las tres áreas que toca la recomendación de la CNDH: capacitación, selección de personal y ambiente físico de la escuela; pero es urgente atender las omisiones de esta recomendación. Todos estos cambios deben ser estructurales y normativos, es decir, de carácter obligatorio y permanentes.

De manera resumida los cambios imperativos son:

Procedimientos y protocolos institucionales.- Hoy en día la SEP no cuenta con un solo protocolo institucional sobre cómo intervenir en casos en los que la seguridad de los niños y niñas se ha puesto en riesgo. Es indispensable que la SEP institucionalice procedimientos formales sobre cómo detectar y proteger a niños y niñas víctimas de violencia.

Selección y supervisión de personal.- Los procedimientos y criterios para la selección y evaluación constante del personal exigen reforma inmediata. Todo personal que entra en contacto con un niño o niña debe ser contratado con base en un perfil adecuado. Las cuotas de designación de personal por parte del sindicato deben ser eliminados. Todo el personal escolar debe ser seleccionado y evaluado bajo estándares y procedimientos públicos por la única autoridad responsable de la educación de los niños y niñas: la SEP.
Capacitación.- La capacitación en derechos de la infancia, prevención y detección de la violencia sexual, entre otros temas; es un elemento fundamental para el correcto               desempeño de personal escolar. La capacitación debe ser obligatoria, constante y condición necesaria para la permanencia en el puesto.

Infraestructura para la protección de niños y niñas.- La infraestructura escolar debe ser adecuada para la protección de niños y niñas. Modelos de 'escuelas transparentes' y otras medidas ambientales son fundamentales para evitar la violencia física y sexual en contra de niños y niñas en las escuelas.

Empoderamiento de las familias para la protección de niños y niñas.- Las familias deben contar con información adecuada para la detección y protección de sus hijos ante una posible victimización. Para ello la escuela debe contar con mecanismos de denuncia de posibles violaciones a los derechos de los niños y niñas, y adecuados recursos de apelación cuando la respuesta institucional no es debidamente atendida.

Empoderamiento de los niños y niñas.- Es fundamental que sean los propios niños y niñas quienes cuenten con la mayor información sobre sus derechos y cómo proceder cuando necesitan protección. La participación infantil es un derecho humano y un excelente recurso educativo que ha demostrado eficacia en la prevención y protección de todo tipo de agresiones.

Órganos de contraloría ciudadana en las escuelas. Es indispensable que las escuelas estén obligadas a contar con órganos revisores accesibles y locales con participación de padres, docentes y sociedad civil quienes desarrollen acciones diagnósticas sistemáticas y adecuadas a la edad de los niños y niñas para activar sistemas integrales de protección cuando sea necesario.

REDIM y ODI llaman al Poder Legislativo a realizar estos cambios urgentes y necesarios en la Ley General de Educación y en las leyes relativas. Todos ellos deben incorporarse formalmente en la legislación y normatividad de la Secretaría de Educación Pública para que la escuela sea capaz de garantizar la seguridad física y sexual de los niños y niñas.

Más información: Verónica Morales, Comunicación Estratégica, REDIM comunicacion@derechosinfancia.org.mx 56 04 24 66 Ext 118 / Cel: 044 55 19647408

Exhortan a la autoridad judicial, garantizar el acceso a la justicia a niñas y niños abusados en kínder de Iztapalapa

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Identifican los restos de otra joven encontrada en el Valle de Juárez, demora la fiscalía de Chihuahua un año en confirmar su identidad

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Justicia para Nuestras Hijas

Beatriz Alejandra, de 20 años, desapareció en Ciudad Juárez el 27 de abril de 2010. A pesar de que sus restos fueron encontrados en enero de 2012 –junto con varias osamentas femeninas más- estos fueron entregados a la familia, hasta un año después, en enero de 2013.

El pasado sábado 12 de enero, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Zona Norte,  confirmó a la familia de Beatriz Alejandra Hernández Trejo y a Justicia para Nuestras Hijas, que los restos encontrados hacía un año, corresponden a la joven de 20 años.

El primer cuerpo encontrado en la zona del Valle de Juárez, fue el de Adriana Sarmiento, el 5 de noviembre de 2009. La Fiscalía de Chihuahua mostró un retraso injustificable en el cotejo de ADN con la familia de Adriana. Y una vez realizado, escondió durante meses los resultados de las pruebas. Fue hasta dos años después, en noviembre de 2011, que notificaron a la familia que se trataba de Adriana.

Entre 2009 y 2011, grupos del crimen organizado habrían utilizado la zona del Valle de Juárez para depositar los cuerpos de jovencitas. Las familias con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez, exigieron a la Fiscalía Zona Norte, realizar rastreos en la zona. Entre enero y febrero de 2012, se encontraron múltiples restos óseos, de los cuales han sido identificadas 11  jovencitas que contaban con reporte de desaparición en distintas fechas, entre ellas Jessica Leticia Peña García y Perla Ivonne  Aguirre González. Un número indeterminado de restos de mujeres continúa sin ser identificados.

Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas sostiene: "Es preocupante la situación que se está viviendo en Ciudad Juárez, pues las familias no saben en qué momento la Fiscalía les llamará para informarles que algún ADN salió positivo, significando esto, que sus hijas ahí han estado en el SEMEFO, mientras ellas las seguían buscando con la esperanza de encontrarlas con vida. Más preocupante es aún que mientras la Fiscalía simula estar avanzando en las investigaciones, los tratantes y asesinos continúan libres".

Así mismo dice, "el día de hoy serán inhumados los restos de Beatriz Alejandra en el panteón San Rafael, para las autoridades es solo un caso más que pasa de la Unidad de Desapariciones a la Unidad de feminicidios, pero para la familia es un cambio radical, ya no la esperan más. Ahora su madre se pregunta ¿Qué paso con Beatriz? ¿Cuánto tipo estuvo viva?, preguntas, que las autoridades no ha sido capaces de responder".

Justicia para Nuestras Hijas reitera que la línea de investigación para sancionar a los culpables debe estar orientada al crimen organizado y la trata, y la complicidad con funcionarios. Sin embargo, la Fiscalía ha sido indiferente ante esta hipótesis, y se ha negado a realizar la investigación correspondiente con efectividad. Los recientes crímenes de las 12 jovencitas permanecen impunes. 

Para mayor información comunicarse a: +52 (614) 1 64 55 46.

Chihuahua, Chih. 15 de enero de 2013

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Minera San Xavier defiende sus ilegales permisos

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
FAO 

• Caso Minera San Xavier  y el Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de San Pedro y Centro de Población. (PDUCSP)
• La inconstitucionalidad del PDUCSP y sus autores
• Tribunal colegiado busca argumentos favorables a MSX

Después de varios desafortunados intentos de Minera San Xavier mediante amparos por desaparecer el Decreto publicado en el periódico oficial del 24 de septiembre de 1993 "Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada" que declara la zona del municipio de Cerro de San Pedro como Zona de Preservación de la Vida Silvestre y prohíbe la instalación de actividades industriales, y que es precisamente donde se asienta el criminal proyecto a tajo a cielo abierto de esta transnacional canadiense,  esta empresa en complicidad con los gobiernos del citado municipio y del estado, así como de la UASLP cuyo Rector es ahora flamante Presidente Municipal del municipio de San Luis Potosí, diseñaron otra forma de desactivar el mencionado decreto que fue el principal sustento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para sentenciar en 2004 y ratificar en 2005 la anulación  lisa y llana del proyecto de la mencionada empresa minera, sentencia que por cierto las autoridades correspondientes se han negado a dar cumplimiento.

Para el perverso plan, desde junio del 2011 los arriba señalados iniciaron reuniones los lunes en la Secretaría de Economía del estado a fin de diseñar un Plan de Desarrollo Municipal mediante el cual se pretendía anular el Decreto de 1993 en el que están inmersos los cinco municipios conurbados a la ciudad capital, así en marzo de 2012 fue publicado el dichoso plan en el periódico oficial del estado y posteriormente en un diario local.

Fue tan jurídicamente artesanal como arbitrario el diseño de este Plan conocido luego como el PDUCSP que sin el consentimiento de los municipios que lo integran, sin el dictamen de congruencia que por ley tiene que dar la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y en total incongruencia jurídica con las normatividades estatales y federales, fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal. Esto motivó su impugnación mediante amparo por parte de Pro San Luis Ecológico A.C, y tocó al -desde hace años cooptado por la empresa minera- Juzgado Primero de Distrito resolver el juicio, no encontró como sobreseerlo y argumentó dolosamente que se interpuso fuera de tiempo, más no pudo evidenciar la argumentación de fondo.

Obviamente inconforme con el resolutivo del juez Primero de Distrito, Pro San Luis Ecológico interpuso un recurso de revisión que toco resolver al también semi-cooptado Segundo tribunal Colegiado del noveno Circuito, lo de semi cooptado es porque en la resolución que este dio al recurso, dos de los tres magistrados también en forma dolosa con argumentos carentes de motivos y fundamentos legales ratificaron la resolución del Juez Primero de Distrito.

Resulta que el restante magistrado Pedro Elías Soto -que originalmente había elaborado el proyecto resolutivo que venía a favor de Pro San Luis Ecológico- no se sumó a la corrupta resolución a la que agregó su voto particular en el cual con fundamentos de plena consistencia jurídica cuestiona y exhibe los falsos argumentos de sus dos compañeros magistrados y su arbitraria resolución, incluso denuncia que las jurisprudencias por estos invocadas ni siquiera encuadran con el asunto a resolver.

Posteriormente, un habitante del poblado afectado interpone un amparo similar contra el mencionado PDUCSP agregando el argumento de que SEMARNAT otorgó una tercera autorización para la operación del proyecto de Minera San Xavier justificándola con el hecho de que ahora ya no tenía motivos para negarla porque ya el uso de suelo de Preservación de la vida silvestre que impedía la actividad minera, el PDUCSP la había cambiado a uso minero. Este amparo se interpuso invocando el artículo 114 de la Ley de Amparo como primer acto de aplicación.

Este amparo toco resolverlo al Juzgado Auxiliar Cuarto de Distrito con sede en Guadalajara, Jal. La Juez encargada de resolverlo haciendo un análisis minucioso de los agravantes expuestos por el quejoso resuelve la nulidad del PDUCSP demostrando su inconstitucionalidad y por consiguiente de la autorización que en base a este Plan otorgó SEMARNAT a Minera San Xavier para el desarrollo de su proyecto.

Resulta que Minera San Xavier interpone un recurso de revisión contra la citada resolución; aun cuando la fundamentación de la nulidad es prácticamente inatacable, la empresa tiene la ventaja de contar con el control del ya mencionado Segundo Tribunal Colegiado, que es el que va a resolver la revisión.

Si hubiera honestidad y este Tribunal Colegiado resuelve conforme a derecho, New Gold-Minera San Xavier se quedaría sin justificaciones leguleyas y dejaría de manifiesto y sin lugar a dudas que desde su llegada ha estado operando en la total ilegalidad por operar en una zona prohibida para este tipo de actividades, y así lo reconoce  SEMARNAT al aclarar que dio su autorización porque ya el uso de suelo no es de preservación de la vida silvestre sino minero, aceptando en forma tácita que las anteriores autorizaciones las otorgó premeditadamente en forma ilegal.

Esta autoridad ambiental desde hace tiempo preparó su coartada y trata de lavarse las manos, en un informe justificado que le solicitó un juzgado de Distrito declaró que las autorizaciones que le ha otorgado a la empresa minera en cuestión, son solo una aceptación ambiental que de ninguna manera implican permiso para que opere, que estas autorizaciones se  dan sin perjuicio de la decisión de las autoridades municipales ya que son ellas las únicas facultadas para negar o aceptar este tipo de proyectos, pero claro, omite decir que fue ella la que desde un principio, para ser exactos, el 8 de agosto del año 2000 otorgó el cambio de uso de suelo a Minera San Xavier a sabiendas de que existía el decreto de septiembre de 1993. También se olvida que en su momento, cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordena comunicar por oficio a Minera San Xavier la nulidad lisa y llana de la autorización ambiental y cambio de uso de suelo que ilegalmente le concedió el 26 de febrero de 1999, en pleno desacato lo que hizo fue otorgarle otra autorización.

13 años de lucha jurídica en la que desde 2004 los más altos tribunales del país nos dieron la razón declarando la nulidad definitiva del proyecto de Minera San Xavier y ratificada dos veces más, en el 2005 y 2009, por razones muy obvias, resulta que esos mismos tribunales fueron tejiendo una estrategia pseudo jurídica mediante la cual poco a poco fueron revirtiendo una resolución que ellos mismos habían resuelto como cosa juzgada hasta ordenar en diciembre del 2012  que fuera archivada por carecer de materia. Caso increíble pero cierto…

El papel que han jugado las autoridades municipales en este caso es crítico, ya que con todo conocimiento de causa,  han estado concediendo durante 12 años permisos y licencias para el desarrollo ilegal de la actividad minera, como son la de uso de suelo, de construcción y  de operación, además de influir como en este caso en el cambio de uso de suelo, violando un decreto que como ya anotamos anteriormente prohíbe la actividad minera en esa zona.

Cerro de San Pedro, S.L.P. Enero 16 de 2013

"FAO"

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Demandan la inmediata aplicación de la ley y reparación del daño por la ejecución extrajudicial de Adrián Javier González Villarreal, estudiante de la UANL

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Cadhac

• La seguridad de la ciudadanía, derecho violentado

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) externamos nuestra preocupación frente a la serie de ejecuciones perpetradas en los días que han transcurrido en el presente año en el estado de Nuevo León. Particularmente demandamos la inmediata aplicación de la ley y reparación del daño en el caso de Adrián Javier González Villarreal, estudiante de la UANL, ejecutado extrajudicialmente por agentes policiacos del municipio de Santa Catarina, N.L. el pasado 13 de enero del año en curso.

Aunado a las ejecuciones perpetradas por la delincuencia organizada en el marco de un contexto resquebrajado por la violencia, se generan situaciones evidentemente violatorias a derechos humanos, donde quienes tienen el encargo de brindar seguridad a la ciudadanía son quienes cometen el delito, abusando de la autoridad que les ha sido conferida, como el caso de Adrián Javier. 

Es urgente replantear las estrategias de seguridad que se están aplicando en todos los niveles de gobierno. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, bajo un marco normativo que garantiza la integridad de todas las personas. El uso desmedido de la fuerza pública y la violencia, no se justifican y deben ser sancionadas sobre todo cuando la vida de la ciudadanía se está poniendo en riesgo.

La muerte de Adrián Javier González Villarreal, de 20 años, a manos de policías del municipio de Santa Catarina, forma parte de las 59 personas que han sido ejecutadas en el presente año dentro del contexto de la lucha contra el narcotráfico donde se incluye también la muerte de Julio Abraham, niño de 11 años, asesinado con arma de fuego mientras jugaba futbol en el municipio de Juárez N.L. La actual estrategia de seguridad sigue generando víctimas y las autoridades dan pocas señales de entender que su actuar debe estar sujeto al marco jurídico vigente en materia de derechos humanos. Incluso autoridades municipales han militarizado sus cuerpos policiacos.

En este contexto CADHAC se pronuncia en contra de la violencia perpetrada en el estado y demanda la inmediata aplicación de la ley, con los agravantes a los policías responsables de la muerte de Adrián Javier González Villarreal, así como la reparación del daño. De igual manera urgimos a la revisión de la estrategia de seguridad a seguirse en la entidad, la cual sea reconstruida desde la perspectiva de derechos humanos, como lo marca la legislación internacional en la materia.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

15 de enero, 2013.
Boletín de Prensa No. 1301/BP002

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Esclarecen Homicidio en el Rastro de Huauchinango

Los responsables de dar muerte al velador eran compañeros suyos

por REDACCIÓN

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que la policía ministerial del estado esclareció el homicidio ocurrido en el interior del rastro municipal de Huauchinango.  A partir de las investigaciones tras el crimen, se logró el aseguramiento de los presuntos responsables identificados como Juan Bernardo Licona Luna, alias “La Parca”, y Joel Salazar Hernández, de 31 y 20 años de edad respectivamente.

El 13 de enero del año en curso se registró el homicidio de Julio Galindo González de 67 años de edad, quien era velador del rastro, mismo que presentaba lesiones provocadas con objeto punzocortante a la altura del cuello y golpes en la cabeza con un objeto contundente, lo cual quedó asentado en  la averiguación previa 41/2013/Huauchinango.

Inmediato al hallazgo del cuerpo, la Policía Ministerial, el Ministerio Público de Huauchinango y personal del área de Servicios Periciales, recabaron en el lugar de los hechos diversos indicios así como información principalmente características de una motocicleta y personas sospechosas que fueron vistas horas antes en las inmediaciones del rastro.

Agentes investigadores lograron ubicar horas después una motocicleta morada con una franja color naranja que coincide plenamente con la descripción hecha por los vecinos. En la unidad viajaban los ahora detenidos, y ante los indicios obtenidos de las indagatorias se procedió a entrevistarlos mediante lo cual se pudo establecer que Juan Bernardo Licona quien también laboraba en el rastro, rasurando ganado.

Luego de incurrir en diversas contradicciones sobre las actividades que realizaron horas antes, e incluso el hecho de que Bernardo Licona Luna, alias “La Parca”, acudió a la zona del rastro cuando no le tocaba laborar, ambos revelaron su participación en el crimen e incluso agregaron que en el ilícito participaron dos individuos más quienes están prófugos.

En torno al homicidio, los presuntos responsables detallaron que previamente planearon entrar a robar al rastro ya que Juan Bernardo Licona Luna, alias “La Parca”, conocía los horarios laborales y actividades que se realizaban en el interior, por lo que entre la noche del 12 y madrugada del pasado 13 de enero ingresaron al inmueble y se dirigieron a la zona de vigilancia donde amagaron al hoy occiso pero finalmente decidieron privarlo de la vida para apoderarse de 9 mil pesos en efectivo.

Con base en los elementos de prueba con que cuenta el Ministerio Público, en las próximas horas  Joel Salazar Hernández y Juan Bernardo Licona Luna, alias “La Parca”, serán puestos a disposición del Juez Penal correspondiente bajo cargos por homicidio y robo; en tanto que la Policía Ministerial continúa con las indagatorias a fin de ubicar y detener a los demás partícipes en estos hechos delictivos.

La PGJ de Puebla Detiene a Dos por Violación

por REDACCIÓN

La Procuraduría General de Justicia (PGJ)  informa que mediante acciones recientes a cargo de la Policía Ministerial de estado se logró la detención, en distintos puntos del estado, de dos sujetos relacionados con el delito de violación.

Agentes ministeriales dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en esta ciudad capital, en contra de Edgar Peregrina González, de 25 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada.

De acuerdo con el proceso penal 388/2012, el pasado 12 de septiembre, la agraviada de 28 años de edad, fue interceptada por el indiciado y otros sujetos más cuando descendía de una unidad de transporte público en la colonia San Ramón, donde la sometieron violentamente para posteriormente agredirla de forma sexual.

Una vez que el representante social tomo conocimiento del hecho, consignó la averiguación previa al Juez Cuarto Penal, quien más tarde otorgó la orden de aprehensión correspondiente en contra de dicho sujeto por lo que más tarde fue internado en el Cereso de San Miguel, en tanto la PGJ continúa con las investigaciones para dar con el paradero de otros sujetos relacionados con el ilícito.

En una segunda acción a cargo de la Policía Ministerial, se logró la detención de Fernando Cruz Rivera en el municipio de Zacatlán, quien presuntamente agredió sexualmente a una menor de edad.

De acuerdo a la denuncia, el pasado 14 de enero, Cruz Rivera aprovechó que la hoy agraviada de 8 años de edad se encontraba sola en su domicilio, para ingresar a su cuarto donde le cometió la agresión.

Cabe señalar que derivado de la pronta reacción por parte de la Policía Ministerial se logró ubicar y detener al presunto agresor cuando transitaba en unos campos de cultivo del barrio de Poxcuatzingo, del municipio antes referido.

Posterior al hecho, dicho sujeto fue trasladado a la agencia del Ministerio Público, donde se inició la averiguación previa 40/2013/Zacatlán, y en las próximas horas se ejercitará acción penal en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de violación.

LLegó a Puebla a Buscar Remedio y Encontró la Muerte

Mujer de 69 años de edad procedente de Martínez de la Torre, acudió a Puebla para buscar un médico pero apenas pisó Puebla se infartó y murió

por ODILÓN LARIOS NAVA

15.01.2013 - 19:55 hrs

Mujer perece infartada en la CAPU en el área de llegada de AU, en el andén número 45. La hoy occisa de 69 años de edad, venía a Puebla procedente de Veracruz, a buscar la atención de un especialista, sin embargo apenas bajó del camión y fue sorprendida por la muerte.

La mujer de 69 años de edad respondía al nombre de Epifania Linares Ayende, quien era oriunda y vecina de Martínez de La Torre, en el estado de Veracruz. Según indicó su hija, quien la acompañaba al momento que falleció, era diabética desde hace 20 años, y padecía otros males colaterales a dicha enfermedad.

De hecho la hija de la finada comentó a las autoridades que la semana pasada un médico de Martínez de La Torre, recomendó dializarla. Pero Epifania se negó, diciendo que acudiría a Puebla a buscar un médico al que le tenía mucha fe.

Es por ello que este martes salieron de Martínez de La Torre y se dirigieron a la ciudad de Puebla, donde visitarían al galeno. Pero no contaban con la mala jugada que el destino les tenía guardada. Apenas pisó territorio poblano, al bajar del autobús, la mujer sufrió un infarto lo cual cobró su vida de forma instantánea.

Cuando los servicios médicos de la CAPU revisaron a la sexagenaria constataron que ya no presentaba signos vitales. De esta forma acudió personal de la policía municipal a resguardar el cuerpo y acordonar la zona.

Minutos después acudió Mónica García Gutiérrez, Agente del Ministerio Público Especializado en Homicidios, para llevar a cabo las diligencias del levantamiento del cadáver. Y comentó lo siguiente: “Recibimos una llamada que nos indicaba que en el andén 45 de los autobuses AU había una persona que había fallecido, nos constituimos y efectivamente se trata de una persona del sexo femenino, que al parecer fallece por causas naturales. Venía acompañada de sus familiares y se da inicio a la constancia de hechos 19/2013/AEH”.

© Cinco Radio

JUAN SÁNCHEZ ZARZA ASUME SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL COMO ENCARGADO DE DESPACHO

El Gobierno del Estado de Puebla informa que el licenciado Ardelio Vargas Fosado fue designado titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

   Por lo anterior, el Gobernador Rafael Moreno Valle designó como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, al licenciado Juan Sánchez Zarza, quien se venía desempeñando como subsecretario de Inteligencia en la misma dependencia.

   Para el Mandatario el mejor testimonio del desempeño de Ardelio Vargas es que recibió la invitación del Presidente Enrique Peña Nieto para integrarse a su equipo, al igual que el caso de Saúl Juárez, pues le da gusto el crecimiento profesional de sus amigos y colaboradores. "Le deseamos el mayor éxito en su nueva responsabilidad"

   Ardelio Vargas Fosado se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado durante casi dos años y desarrolló ejes de trabajo, entre los que destacan la coordinación interinstitucional e intermunicipal, así como la atención directa a presidentes municipales y acciones preventivas de proximidad social.

   La Secretaría de Seguridad Pública del estado refrenda su compromiso de mantener la paz y la tranquilidad a favor de quienes viven o transitan en territorio poblano.

En Tlanalapan pintan 35 bardas amenazando con linchar a delincuentes

Mediante la pinta de 35 bardas, habitantes de juntas auxiliares buscan ahuyentar a la delincuencia.

Cecilia Espinoza Galindo
Ante el incremento de la delincuencia y la falta de elementos de seguridad, habitantes de juntas auxiliares de San Martín Texmelucan, amagan con linchar a delincuentes y lanzan campaña anti robos con la pinta de bardas en las que advierten a los maleantes sobre las consecuencias de sus actos.
   Así lo manifestó Armando Torres Bautista, habitante de la población de San Rafael Tlanalapan, quien refirió que cansados de la inseguridad que impera en su comunidad, un grupo de 200 pobladores constituidos bajo el nombre de “Seguridad por Nosotros”, se han unido para erradicar la inseguridad en la junta auxiliar.
   Dijo que armados con palos y a bordo de una patrulla, un grupo de nueve integrantes que pagan incluso la gasolina, recorren la población con la intención de ahuyentar a la delincuencia.
   Refirió que mediante la pinta de 35 bardas en varios puntos de la comunidad, han mandado mensajes claros en los que se advierte que delincuente que sea sorprendido cometiendo ilícitos podría ser linchados y quemado.
   Situación que a decir de este ciudadano, fue la única alternativa que la delincuencia les dio, pese a ello confió en que con las acciones puestas en marcha por las autoridades, los índices delictivos disminuirán.
   Es importante señalar que actualmente seis elementos brindan el servicio de seguridad en de la comunidad de San Rafael Tlanalapan, sin embargo los habitantes consideran que es insuficiente, dado el crecimiento de esta comunidad considerada una de las más grandes.

Cobra Cuatro Vidas la Autopista Puebla-Orizaba

Un camión Cristóbal Colón procedente de Chiapas se impactó en la parte de atrás de un tráiler cargado con arena

por ODILÓN LARIOS NAVA

Cuatro pasajeros de un camión Cristóbal Colón, procedente de Chiapas y con destino el Distrito Federal, encontraron la muerte en su trayecto a la capital del país, cuando el conductor de la unidad de transporte público se impactó en la parte trasera de un tráiler cargado con arena, el cual al parecer estaba mal estacionado en el kilómetro 169 de la autopista Puebla-Orizaba.

La mortal colisión ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este martes en la autopista a la altura del punto conocido como “El Trébol” en Acatzingo. En ese lugar un tráiler con doble remolque se encontraba mal estacionado, invadiendo la mitad del carril de baja de la autopista.

Se presume que el conductor del Cristóbal Colón no se percató de ello a tiempo y se impactó de lleno contra la parte trasera del tráiler, en ese momento el autobús quedó prácticamente reducido a chatarra.

Cuando los cuerpos de emergencia fueron notificados de que en el lugar podía haber una docena de lesionados. Sin embargo al llegar y tomar conocimiento se percataron de que las consecuencias habían sido más nefastas.

Un hombre y una mujer perdieron la vida casi de forma instantánea, mientras que al hacer las labores de rescate encontraron a dos mujeres más prensadas, quienes minutos después también emitieron su último aliento. Por estos decesos fue necesario solicitar la pronta presencia del agente del Ministerio Público para que llevara a cabo las diligencias del levantamiento de los cadáveres.

Por lo menos 25 pasajeros más resultaron con lesiones que ameritaron su traslado al Hospital de la UPAEP para ser atendidos. Los paramédicos que los trasladaron pertenecen a Caminos y Puentes Federales, Cruz Roja y SUMA.

© Cinco Radio

Encapuchados de Ayutla de los libres no pertenecen a la Policía Comunitaria

Difusión Cencos México D.F., 15 de enero de 2013

Boletin de Prensa
CRAC-PC

Ante los hechos que se están presentando desde la semana pasada en la región de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, queremos informar lo siguiente:

Como es de todos conocidos, pobladores de diversas comunidades de esos municipios se presentaron armados y encapuchados, estableciendo operativos de revisión en las vías de acceso a Ayutla de los Libres, presentándose desde el primer día como policías comunitarios. A raíz de lo anterior, nos vimos precisados ese mismo día 7 de enero de 2013, a declarar ante la prensa que dicho movimiento no está encabezado por la  Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, (CRAC-PC) e informamos que teníamos información de que quienes estaban detrás del levantamiento eran los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a pesar de que en los primeros días, ellos mismos manejaron que era la CRAC quien dirigía el levantamiento; sin embargo en el transcurso de la semana, esta cuestión se fue definiendo con mayor claridad, a tal grado, que ha sido la dirigencia de esa organización la que se ha reunido en más de tres ocasiones con el propio Gobernador del Estado, para definir el rumbo que le han de dar a dicho levantamiento. Se nos hace necesario destacar la postura engañosa y de mala fe que los dirigentes de la UPOEG manejaron ante los medios de comunicación desde el principio del levantamiento, ya que a sabiendas de que son ellos los promotores del mismo, han insistido en involucrarnos en un movimiento que no es propio de nuestra forma de actuar.

De igual manera, destacamos la actitud del propio Gobernador del Estado y sus funcionarios, al insistir en su intención de hacernos parte de este levantamiento, refiriéndose en todo momento a las personas que se han involucrado en el mismo como a Policías Comunitarios, cuando públicamente nosotros nos hemos  deslindado de toda participación en esas acciones. Exigimos del Gobierno del Estado, respeto a nuestra institución comunitaria, y que cuando se refiera a la Policía Comunitaria esté seguro de que se refiere a nuestro sistema.

Nos preocupa que valiéndose de un sentimiento legitimo de la población ante la creciente inseguridad y violencia se le manipule involucrándola en acciones que requerirían de mayor planificación, pero que en todo caso solo están encaminadas a fortalecer el afán de protagonismo de algunos dirigentes de la UPOEG. Manifestamos nuestro respeto a los compañeros de base de las comunidades que sin mayor información se han involucrado en dicho alzamiento, con la intención de brindar seguridad a los suyos, pero los llamamos a la cordura y al respeto al pueblo.

Queremos puntualizar algunas prácticas que se han observado en el levantamiento y que muestran claramente que no es la CRAC Policía Comunitaria, quien lo dirige:

1.- En ningún tiempo, desde 1995 en que se formo nuestra seguridad comunitaria, nuestros elementos se han cubierto el rostro con capuchas o pasamontañas. Nuestra identificación siempre ha sido el uniforme de playera verde y pantalón negro, contamos con credenciales expedidas por las autoridades comunitarias, y por ser nombrados por nuestras asambleas, todo nuestro pueblo nos conoce, por lo que no tenemos ninguna necesidad de cubrir nuestras caras. Nuestros Policías Comunitarios, siempre estarán descubiertos de la cara. Respetuosamente pedimos a los participantes de este levantamiento a que dejen de utilizar nuestro uniforme y/o escudos en sus operativos.

2.- No estamos en guerra ni en confrontación con el narcotráfico. Nuestra misión es resguardar nuestras comunidades. No podemos realizar operativos en localidades que no están incorporadas al sistema comunitario. Por lo que en ningún momento nos hemos planteado perseguir a la delincuencia allá donde ande. Solo procedemos a la detención de personas, cuando existe una denuncia previa por alguna persona agraviada, o bien que se encuentre a alguien cometiendo alguna falta o error; en este caso, se procede a la detención y se remite al detenido ante la Casa de Justicia, y son los coordinadores regionales quienes proceden a investigar y en todo caso a imponer una sanción de trabajo comunitario como proceso de reeducación. Cada persona detenida o acusada en el sistema comunitario, cuenta con un expediente. Todo esto lo tenemos previsto en nuestro Reglamento Interno.

3.- En los 17 años de existencia de la Policía Comunitaria, nunca se ha ejecutado ni se ha desaparecido a ningún detenido o persona acusada ante el sistema comunitario.  Las personas que son detenidas pueden ser visitadas por sus familiares quienes están al tanto de sus procesos. Informamos que no tenemos bajo nuestra responsabilidad ni resguardo a las personas que se han detenido en los retenes. Las personas que quieran asegurarse de lo anterior, pueden acudir ante nuestras Casas de Justicia Comunitaria para verificar.

4.- Nuestro Sistema de Seguridad y Justicia, en ningún momento desde su nacimiento ha establecido en ninguna parte un "toque de queda" ni ha ordenado, ni siquiera sugerido la suspensión de clases en las instituciones educativas. En el territorio comunitario, las personas pueden transitar libremente en cualquier hora sin temor, ya que es tarea de nuestra policía comunitaria garantizar su seguridad y no al revés. Manifestamos todo nuestro respeto a los miembros del magisterio, ya que en la historia de nuestra organización, varios profesores han cumplido su servicio comunitario incluso como policías comunitarios. Nuestra institución comunitaria, en todo caso debe velar por que se brinde en todo tiempo la educación a nuestros niños y jóvenes.

5.- Nuestra institución comunitaria, siempre se ha planteado una relación de respeto en relación al gobierno en sus diferentes niveles y ordenes, pero nunca hemos aceptado ni aceptaremos que nos de indicaciones o nos condicione. No nos subordinamos. Nuestro único mando es el pueblo. No pedimos la coordinación con otras corporaciones policiacas, ejército o marina. Nuestros operativos los planifica y los ejecuta únicamente nuestra Policía Comunitaria, con su estructura y sus mandos.

Podríamos enumerar otros tantos aspectos que nos diferencian del levantamiento que se ha estado promoviendo por parte de la UPOEG, sin embargo, la propia realidad y los acontecimientos van dando claridad de lo que cada organización construye.

Con todo lo anterior, se ha dado cabal cuenta de lo que nuestra institución comunitaria denuncio desde la pasada asamblea celebrada en la comunidad de La Concordia el 22 de diciembre pasado: el afán de los dirigentes de la UPOEG  de hacerse de los principales cargos en la CRAC para encaminar el trabajo de nuestra institución comunitaria hacia los intereses del Gobierno del Estado. Hoy esto se ve con toda claridad a pesar de los intentos de su dirigencia de esconder sus reales intereses. Vemos con claridad que lo que se busca es desestabilizar a toda la región en la que opera la CRAC – Policía Comunitaria, dar pretextos al gobierno para que se instalen en nuestros territorios cuarteles de la policía estatal, federal, ejercito o marina, (como igual ocurrió en Olinala), a fin de poder militarizar nuestras regiones, dar legalidad a prácticas paramilitares, y con todo ello obstaculizar el crecimiento y el trabajo organizativo de las verdaderas organizaciones del pueblo. Vemos que las instancias del estado están avanzando en su estrategia de franquearle el paso a los grandes proyectos de saqueo y despojo de nuestros recursos, como las concesiones mineras y  la reserva de la biosfera, generando inestabilidad en la población, asegurándose interlocutores a modo y militarizando las regiones que pudieran organizarse para protestar.

Denunciamos públicamente que la UPOEG se entromete en los asuntos internos de la CRAC, ya que su dirigente Bruno Placido Valerio, ha informado ante diversos medios de comunicación de una supuesta reunión de la CRAC celebrada el 30 de diciembre pasado, en la que presumiblemente se acordó una siguiente reunión para el próximo 19 de enero en la comunidad de Potrerillo Rincón, municipio de Malinaltepec, en la que se "rectificara la visión de la CRAC". Informamos que ningún representante de la CRAC  convoco, ni fue invitado a esa reunión del día 30 de diciembre, por lo que ningún acuerdo que se haya tomado en dicha reunión es válido para nuestro sistema comunitario, por lo tanto, también la supuesta reunión convocada para el próximo 19 de enero en Potrerillo del Rincón, informamos que no es la CRAC quien la está convocando. Hacemos un atento llamado a los Comisarios Municipales, Comisariados Ejidales y Comunales, consejeros y vecinos en general a que no se dejen sorprende ni a prestarse a este juego de intereses de los dirigentes de la UPOEG, y a que sigamos construyendo nuestra organización, a revisar incluso las deficiencias de nuestra institución pero en las instancias propias, haciendo valer nuestros principios que nos han dado sustento y fortaleza.

Denunciamos la presencia de los promotores de la UPOEG en comunidades incorporadas al sistema comunitario, incitando a la población a unirse al levantamiento, y llamamos a los comisarios municipales y policías comunitarios a no dejarse sorprender, pues si hubiera alguna indicación u orden de implementar cualquier operativo de seguridad, será notificado por nuestras estructuras como lo es el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria o los propios Coordinadores Regionales. A las comunidades interesadas en sumarse a la CRAC, las invitamos a que acudan ante las casas de justicia para conocer el procedimiento  de incorporación, así como los principios de nuestro sistema comunitario.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales del estado para que se mantengan alertas, ya que está visto que el Gobierno del Estado le ha brindado el carácter de interlocutor válido a la UPOEG y le ha dado su respaldo para implementar cualquier tipo de acción que se les ocurra a sus dirigentes, por lo que no sería extraño que trasladen este tipo de acciones a cualquier lugar en el que tengan presencia.

A todos nuestros pueblos y comunidades, a las organizaciones fraternas, a los colectivos de trabajo, colaboradores, académicos, intelectuales progresistas, los llamamos a estar atentos a esta nueva agresión que se organiza en contra de nuestra institución comunitaria desde las oscuras entrañas del poder, y que lamentablemente, hoy cuenta incluso con la participación de personas que en algún momento fueron parte importante de nuestro proyecto. Sin embargo, confiamos en la sabiduría de nuestros pueblos para salir adelante ante este nuevo desafío que se nos presenta.

Al pueblo en general.

A los medios de comunicación.

A las distintas instancias del gobierno.

A las organizaciones fraternas.

RESPETUOSAMENTE

¡SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO!

"EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA"

COORDINADORES REGIONALES

C. CLAUDIO CARRASCO HERNANDEZ C. JOSE MENDOZA VAZQUEZ
C. MOISES FIGUEROA ESTRADA C. ARTURO ROJAS ROMAN
C. ASUNCION PONCE RAMOS C. EMILIO GALVEZ FLORES
C. FELICITAS MARTINEZ SOLANO C. JELASIO BARRERA QUINTERO
C. MAXIMO TRANQUILINO SANTIAGO C. PABLO GUZMAN HERNANDEZ
C. CARLOS MORALES CHAVEZ C. REY PASTRANA PERALTA
C. EPIFANIO VENANCIO HILARIO C. MARGARITO RAMIREZ MICAELA
C. BERNARDINO GARCIA FRANCISCO C. ERNESTO MORALES CASTRO

San Luis Acatlan, Gro. Territorio Comunitario. 13 de enero de 2013.

Más Información: Policía Comunitaria 

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos