El TSJ de Puebla Dona Libros a la Biblioteca Félix Béistegui Azcué

Boletín/Puebla, Pue.-

 Con el objetivo de enriquecer y actualizar el acervo cultural de la Biblioteca Félix  Beistegui Azcué, del Tribunal Superior de Justicia, Jueces del Poder Judicial entregaron libros para ese centro de lectura e investigación.

Esta acción forma parte del Programa Donación de Libros que lleva adelante el Tribunal Superior de Justicia con la finalidad antes enunciada.

En fecha próxima, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado David López Muñoz,  llevará a cabo la entrega oficial de los libros donados a la Biblioteca Félix Béistegui Azcué, mismos que se sumarán a las ya existentes.

 De esta manera, además de enriquecer a la Biblioteca, los  estudiosos del Derecho, en su mayoría, tendrán a su alcance otros títulos relativos a la rama enunciada.

 La donación de referencia, se recibió por parte de los Jueces:   

Licenciado Alberto Bagatella Bermúdez, Licenciada María de los Angeles Camacho Machorro, Licenciada María Alicia Ortiz Márquez, Licenciada María de Lourdes López Herrera, Licenciada Emma Peralta Juárez, Licenciada María Rosalba Pantoja Vázquez, Licenciada Blanca Laura Ollivier Palacios, y Licenciado Francisco Javier Pérez Castillo.

La PGR detiene a defensora de derechos humanos en Santa María Xadani, Oaxaca

Difusión Cencos México D.F., 23 de febrero de 2012

Acción Urgente
ProDESC

El 22 de febrero de 2012, a las 15:30 de la tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta el momento se desconoce su paradero y los cargos en su contra. La Sra. Cruz Velázquez goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca desde el 14 de noviembre de 2011.

En el momento de su detención la defensora estaba acompañada por la abogada Maribel González Pedro. En ningún momento la PGR les permitió leer la orden de aprensión así que se desconocen los motivos de la detención. Hasta el momento no ha sido posible confirmar que la Sra. Cruz Velázquez haya sido presentada ante las autoridades federales competentes, por lo que se teme por su seguridad e integridad física.

La Sra. Cruz Velázquez es una reconocida defensora del derecho a la tierra y al territorio y co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea ha acompañado a una serie de campañas para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellas la organización comunitaria de los pueblos zapotecos e ikoots en resistencia a los proyectos eólicos de la región y al pueblo zapoteco de Xadani en contra de la alza de las tarifas eléctricas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Sra. González Pedro es también integrante de la Asamblea.

No es la primera vez que la PGR detiene a un integrante de la Asamblea. El 12 de abril de 2011, el dirigente del movimiento contra las altas tarifas, el Sr. Filiberto Vicente Aquino fue detenido en Xadani y trasladado a las instalaciones de la PGR en Salina Cruz, Oaxaca. Gracias a la movilización popular fue liberado al día siguiente. Al Sr. Vicente Aquino se le acusó falsamente del robo de energía eléctrica.

La detención de la defensora Sra. Cruz Velázquez hace evidente la criminalización de la labor de las defensoras de derechos humanos y la ausencia de seguridades para las mujeres defensoras para ejercer su labor en un ambiente libre de violencia.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

La presentación y liberación inmediata e incondicional de la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez;

Que se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física tanto de Lucila Bettina Cruz Velázquez como de Maribel González Pedro y demás integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, INMEDIATAMENTE A:

Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
México D.F., C.P.06600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Email: secretario@segob.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva Presidente de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio "Héctor Fix Zamudio", Blvd. Adolfo
López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F. Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00
correo@cndh.org.mx

Marisela Morales Ibáñez
Fiscal General de la República
Av. Paseo de la Reforma 211-213
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500
México
Fax: +52 555 346 0908 (insistan)
Correo-e.: mmoralesi@pgr.gob.mx

Lic. Omeheira López Reyna, Unidad para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
SEGOB. Tel: +52 5551280000 Ext: 11875 o +52
5557287400 romeheira@segob.gob.mx

Contacto:

--
Valeria Scorza
ProDESC
Zamora 169, B2 Col. Condesa
Mexico, D.F.
+5552122230 /5212-2229

A tres años de la desaparición forzada de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, continúa la persecución de defensores de DH

Difusión Cencos México D.F., 23 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan / Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

• A tres años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, continúa la persecución de las y los defensores de derechos humanos indígenas
• Impune el crimen contra dirigentes Na Savi de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco
• Persiste hostigamiento contra integrantes de la OFPM prueba de ello: El encarcelamiento injusto  y falsa acusación contra de Maximino García Catarino

Ayer en una ceremonia familiar y con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos y representantes comunitarios, se conmemoró en Ayutla de los Libres, Guerrero el tercer aniversario luctuoso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores del pueblo Na Savi (mixteco), cuya desaparición y posterior ejecución continúa aun hoy en la impunidad.

Como es de conocimiento público, el 13 de febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron detenidos arbitrariamente por personas que dijeron ser policías, cuando se encontraban en un evento público convocado por el Ayuntamiento del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero en presencia de varios servidores públicos. A su detención prosiguió un lapso de tiempo en el que permanecieron en calidad de desaparecidos, que culminó el 22 de febrero de ese mismo año, cuando los cuerpos de ambos defensores fueron encontrados con huellas de tortura en un predio ubicado en el municipio de Tecoanapa, Guerrero.

Tras confirmarse la ejecución extrajudicial de ambos defensores Na Savi, la exigencia de justicia creció tanto en el ámbito local, como en las esferas nacional e internacional. Los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas exigieron el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, coadyuvando activamente para el avance de las investigaciones, que desde agosto de 2009 comenzó a ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).

A la demanda de justicia se sumaron instancias y diversas organizaciones como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas; la Presidencia de la Unión Europea; Human Rights Watch; Amnistía Internacional; la Oficina en Washington para América Latina; Amnistía Internacional; Centro de Análisis e Investigación, Fundar; el Congreso de la Unión; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, a tres años del crimen que privó de la vida a los defensores Na Savi sólo la impunidad ha prevalecido. Los hechos no han sido esclarecidos, los responsables no han sido llevados ante la justicia y las investigaciones iniciadas por la PGR carecen de resultados eficaces hasta el día de hoy.

La impunidad prevaleciente en los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas sin duda ha repercutido en la imposibilidad de superar el clima de adversidad en el que realizan su labor las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos en Ayutla de los Libres, Guerrero. Cabe recordar, en este sentido, que después de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la adopción de medidas provisionales a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero; pese a ello, el riesgo no aminoró y Tlachinollan debió cerrar su oficina  ubicada en Ayutla por más de dos años.

En el presente, las circunstancias en que realizan su labor las y los defensores indígenas de derechos humanos en Ayutla no han dejado de ser riesgosas y hechos recientes actualizan la preocupación de que éstas se deterioren. Así lo pone de manifiesto la detención arbitraria de Maximino García Catarino, ocurrida apenas el 21 de enero de 2012, quien desde entonces, se encuentra privado de su libertad acusado falsamente por un delito que no cometió.

Maximino García Catarino forma parte de la OFPM, de la cual eran dirigentes Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, un esfuerzo de base que logró articular varias comunidades de la región de Ayutla de los Libres para luchar por la garantía de sus derechos colectivos. En esa medida, su reciente encarcelamiento comprueba la persistencia del mismo entorno en el que fueron desaparecidos y ejecutados Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía. Por ello, numerosas organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional se han sumado a la campaña para demandar su inmediata liberación.

A tres años del crimen cometido en contra de ambos defensores Na Savi, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reitera que la demanda de justicia permanecerá vigente hasta en tanto no se investiguen a fondo los hechos para identificar y sancionar a los responsables, obligación irrenunciable del Estado.           

Para mayor información y entrevistas

Román Hernández
Área de Comunicación Tlachinollan
Tel:  01 (757) 476 37 04- 476 12 20
Fax: 01 (757) 476 1200
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Ayutla de los Libres, Guerrero, a 22 de febrero de 2012.

PGR consigna en Puebla a una persona por robo de 32 mil libtros de petroleo crudo

Boletín/Puebla, Pue.-

La Procuraduría General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación en Puebla, consignó ante el Juez Cuarto de Distrito en el estado a una persona, como probable responsable del delito de robo de hidrocarburo. 

   De acuerdo con el expediente AP/PGR/PUE/PUE-V/0199/2012, al circular en el tramo carretero estatal Hueytamalco-San José Acatenco, a la altura de la comunidad de Zansontla, policías estatales preventivos detuvieron al inculpado a bordo de un tractocamión con remolque tipo tanque cargado con 32 mil litros de petróleo crudo. 

   En consecuencia, aprehendido e hidrocarburo quedaron a disposición del Fiscal Federal, quien inició y consignó la indagatoria, turnando el caso ante el Juez de la causa para los efectos legales correspondientes y dejándolo interno en el penal estatal. 

   De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de mantener activos los mecanismos de vigilancia-de la infraestructura petrolera y llevar ante la justicia todos aquellos que atenten contra su funcionamiento.

Tres Homicidas de Pantepec van al Penal de Xicotepec

Se les acusa de haber matado a balazos a un hombre en el 2010

por ODILÓN LARIOS/Cinco Radio
Tres hermanos, presuntos homicidas: Hilario, Mario y Quirino, los tres de apellidos Maldonado García, de 36, 33 y 30 años de edad respectivamente, fueron internados en el Centro de Reinserción Social de Xicotepec, luego de que agentes de la Policía Ministerial del estado lograran establecer su vinculación con un homicidio registrado en el municipio de Pantepec.
   De acuerdo al proceso penal 10/2011, en abril de 2010 los detenidos tuvieron un altercado con el ahora occiso de nombre Alejandro Martínez Mendoza, cuando se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la comunidad de Carrizal Viejo perteneciente al municipio antes señalado. Luego de unas horas, estos sujetos regresaron al lugar y dispararon en contra de su víctima hasta privarlo de la vida.
   Hace unos días, estos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal por la portación de instrumento prohibido y delitos contra la salud.
   Cabe señalar que luego de las investigaciones correspondientes por parte de la Policía Ministerial, se logró saber que estos sujetos se encontraban vinculados con dicho homicidio.
   Por estos hechos fueron puestos a disposición del Juez Penal correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Policías de Acatzingo portaban armas ilícitas

La PGJ encontró en la presidencia de ese municipio 15 armas que no se encuentran registradas como armamento oficial

por ODILÓN LARIOS/Cinco Radio

En la presidencia de Acatzingo, concretamente en la comisaría de policía, se encontraron 15 armas de fuego que no corresponden a las que están registradas ante el estado y la SEDENA, por lo que la Procuraduría General de la República podría investigar al alcalde Eliseo Zayas Jaen.

   De lo anterior tuvo conocimiento la Procuraduría General de Justicia en el Estado, luego de que asegurara esas instalaciones para realizar las diligencias e investigaciones de rigor en torno al homicidio de César Natanael Maceda Torres, a quien se presume dio muerte de un balazo en la cabeza el guardaespaldas del alcalde Eliseo Zayas Jaen.

   Víctor Antonio Carrancá Bourget, titular de la PGJ señaló que turnará a la PGR la investigación sobre las 15 armas encontradas en la presidencia, ya que estas no cuentan con los registros correspondientes ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que se presume una procedencia ilícita.

   De esta manera también confirmó que las instalaciones de la alcaldía de Acatzingo continúan resguardadas por la PGJ para llevar a cabo los peritajes y demás diligencias correspondientes al caso del homicidio de Maceda Torres.

   Después de desahogar todas las investigaciones se podrá determinar las responsabilidades de todos los implicados en ese homicidio, incluso si el edil incurrió en alguna responsabilidad directa o indirectamente como lo señalan los deudos del ahora finado.

   Cabe señalar que a casi un mes de ocurrido el homicidio, Eliseo Zayas Jaen sigue sin despachar en la alcaldía. Al saber los habitantes que se encontraba despachando en la Casa del Abue de Acatzingo, fueron a manifestarse en ese lugar.

Roban Rieles de las vías del tren en Tlacotepec

Los policías municipales de ese lugar recuperaron lo robado y aseguraron una camioneta. Los responsables escaparon

REDACCIÓN/Cinco Radio
Policías de Tlacotepec impidieron el robo de 11 rieles de las vías del tren perteneciente a la empresa Ferrosur, los cuales estaban siendo cargados en una camioneta, la cual quedó asegurada por los uniformados, sin embargo los responsables lograron escapar.
   Mientras realizaban labores de vigilancia, los uniformados se percataron de que en el paraje denominado Libertad, había sujetos que estaban muy sospechosos. Al acercarse notaron como cerca de seis hombres huían y se ocultaban entre las sombras de la noche.
   En el lugar los presuntos ladrones abandonaron una camioneta marca Chevrolet, modelo 2000, color blanco, con doble cabina, extra larga, con placas SJ-19-338 del estado de Puebla. En la batea se encontraron 11 rieles de una longitud de dos metros y medio.
   La camioneta y los rieles fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Tehuacán. En el interior del vehículo fue hallada una tarjeta de circulación a nombre de Amalio López García, por lo que ya forma parte de las investigaciones en contra de los ladrones.
   Reportes extraoficiales señalaron que esta banda es muy peligrosa, ya que se sabe sus integrantes y el presunto líder portan armas de fuego. Además a estos delincuentes se les vincula con otros robos a la empresa Ferrosur, inclusive con el descarrilamiento de un tren en la zona de Tehuacán en los meses pasados.

Acusan a Drogadicto de Matar a su tía Ancianita

Una mujer de 80 años de edad fue encontrada asesinada a golpes en el interior de su domicilio

por ODILÓN LARIOS/Cinco Radio

Muerta por los salvajes golpes que le fueron inferidos, apareció una ancianita en el interior de su domicilio ubicado en la población de San Miguel Papaxtla, de San Jerónimo Tecuanipan, se presume que el homicida pudo ser su propio sobrino adicto a las drogas.

   María Blandina Magdalena Ramos Capulín, de 80 años de edad, era el nombre de la ancianita brutalmente asesinada, quien tuvo su domicilio en la calle Francisco I. Madero sin número de la mencionada población.

   Sus familiares la encontraron sin vida en el interior de su domicilio, refirieron que la mujer era soltera, de ocupación comerciante y vivía sola en el domicilio referido.

   En su declaración contenida en la averiguación previa 410/2012 de San Andrés Cholula, los familiares dijeron que momentos antes vieron salir del domicilio a Carlos Romero Morales, sobrino de la finada.

   Se presume que el sobrino puede estar relacionado con este homicidio, es identificado como drogadicto por sus familiares y vecinos.

   La causa de muerte según la necropsia de ley fue Traumatismo cerrado profundo de tórax, secundario a múltiples contusiones.

Traslados y violencia institucional, no solucionan la crisis del sistema penitenciario de Nuevo León

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Boletín de prensa
CADHAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.  (CADHAC) se encuentra extremadamente preocupada y en estado de máxima alerta por los nuevos hechos violentos en el centro penitenciario en Apodaca, Estado de Nuevo León.

Los hechos de esta noche son una muestra más de la fragilidad del sistema penitenciario en el Estado que no puede garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. El sistema se encuentra en una profunda crisis que ha llevado a las recientes explosiones de violencia, pero que si recordamos, son recurrentes en la entidad. Cada año hay más motines, más asesinatos, más quejas y menos intervención preventiva o correctiva del Estado. Así, la actual situación hace imperante, en un marco de derechos humanos los siguientes puntos.

1. Las autoridades ahora no pueden pretender solucionar esta delicadísima situación con fuerza bruta, por ello exigimos se realice una intervención inteligente, transparente y acompañada en todo momento del sistema ombudsman (Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, en uso de sus facultades constitucionales), así como  de organizaciones civiles de derechos humanos que participen como observadoras del proceso. Es fundamental que las medidas de las autoridades no produzcan más violencia. Medidas como traslados irracionales y poco fundamentados de personas privadas de libertad, a otros centros penitenciarios no hacen más que alterar los ánimos de los internos que ya han sido testigos de múltiples brutalidades y muertes y no saben a qué destino los envían. No es necesario un mensaje de fuerza bruta del estado sino un mensaje contundente de su autoridad moral. En estos momentos es imprescindible que se restablezca la legalidad -lo que implica que las autoridades no cometan más abusos- y que se garantice la integridad física y emocional de todas las personas privadas de la libertad, sus familias y seres queridos, así como de todas las funcionarias y funcionarios públicos que laboran en el sistema penitenciario.

2. La crisis debe ser superada de forma pacífica, y posterior a ello, dar paso a un proceso auténtico de investigación en el que se trabaje de forma pronta, imparcial y profesional, apegándose a los más altos estándares internacionales en materia de sistemas penitenciarios y de derechos humanos. La investigación debe garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño para todas las personas involucradas y no limitarse a aspectos penales o administrativos sino dar con las causas profundas de las arbitrariedades y de la pavorosa corrupción que permea todo el sistema penitenciario.

Todas las personas involucradas en faltas y delitos deben ser llevadas a tribunales imparciales y ser juzgadas con el más estricto respeto a todos sus derechos procesales, incluida la presunción de inocencia, el respeto a su integridad, y la no aplicación del arraigo.

3. Finalmente, se deben abordar las graves fallas estructurales que han permitido que la situación llegue a este punto. El Estado debe replantearse sus estrategias para hacer frente a la corrupción y para manejar espacios tan delicados como los centros de privación de la libertad. También deben abordarse las políticas que han multiplicado el número de personas detenidas, muchos por delitos menores, o que aún no tienen una condena. Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación penitenciaria deben inscribirse en un proceso de construcción de paz y de comunidad, y deben alejarse de los estándares de venganza social y de la violencia estereotipada y discriminatoria en contra de la población sujeta de sanciones penales. Toda acción debe estar puntualmente acompañada por la sociedad civil y enmarcarse en un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y de justicia.

CADHAC exige a las autoridades que cumplan con su función de garantizar la seguridad ciudadana a través de un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. Resulta inadmisible que las autoridades hayan desoído las múltiples alertas sobre la inminencia de un estallido violento en las cárceles del Estado de Nuevo León. Es tiempo de que nuestros gobernantes cumplan con lo ordenado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; garantizando la integridad física y emocional de todas las personas privadas de su libertad recluidas en los penales estatales del Estado de Nuevo León.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.

Comunicado no. 1202/05

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.

Carta abierta al secretario de Gobernación por la grave situación que enfrentan las y los defensores de DH en México

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Carta Abierta
Amnistía Internacional

El 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía, y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es de su conocimiento, ellos eran, respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me'phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos). Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad y paralelo a ello nos encontramos estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes de esta misma organización.

Amnistía Internacional considera positiva la reciente declaración pública de Ud. en la que reitera el compromiso de su Gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes los defienden. Sin embargo, me dirijo a Usted en esta ocasión para expresarle la profunda preocupación de nuestra organización en relación a la grave situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México y para reiterar nuestro urgente  llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos.

Los abusos que hoy siguen enfrentando las y los defensores de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinatos o intentos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y  actos de criminalización. Ejemplo de ello son los casos a los que me refiero continuación.

Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado de diciembre. La protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades.

Desde el 7 de diciembre de 2011 se desconoce el paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), quienes fueron victimas de desaparición forzada. Sus hijos continúan en la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones.

El líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, misma organización de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, se encuentra detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero desde el 20 de enero de 2012. Permanece allí bajo cargos de homicidio. AI considera que su caso tiene grandes similaridades con el proceso infundado contra otro defensor de la región, Raúl Hernández quien fue encarcelado durante dos años y adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

También están encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, José Ramón Aniceto Gómez,  Pascual Agustín Cruz de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido sentenciados a casi siete años de prisión y actualmente esta decisión esta siendo revisada a través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban ejerciendo los cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de Paz tras haber sido elegidos como tales por su comunidad. Uno de sus principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda la comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y tomas de agua en cada casa.

Amnistía Internacional está también analizando los casos de Maximino García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en cuanto que observamos en ellos una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales que hemos documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensoras y defensores de derechos humanos en México. Ello y los detalles mismos de cada caso permiten pensar que el verdadero motivo por el cual estos tres líderes indígenas se encuentran detenidos es por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades indígenas. Por lo tanto, de confirmar esta situación, Amnistía internacional los reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional.

Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado Mexicano establecida en la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.

Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos humanos. Así mismo es necesario que las autoridades federales y estatales garanticen que se ponga fin al mal uso del sistema de administración de justicia que sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos.

Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Señor Secretario de Gobernación,
México
México D.F.

Le agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Javier Zúñiga Mejía Borja
Asesor Especial en Programas Regionales

Londres, 21 de febrero de 2012

Cinco retos ante la publicación del Reglamento de Ley de Refugio y Protección Complementaria

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Sin Fronteras

• Publicación del Reglamento de la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria: primer paso para hacer efectivos los derechos humanos de personas solicitantes de asilo y protección complementaria.
• Aún hacen falta políticas públicas claras e incluyentes que ayuden a la integración total de esta población a nuestro país.

El día de ayer se publicó el Reglamento de la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria, Sin Fronteras reconoce el importante avance que representa la emisión de este documento en materia de normatividad migratoria en nuestro país y se congratula del trabajo e impulso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) y de las instancias públicas involucradas en su realización.

Si bien la publicación de este documento  representa un paso firme para hacer efectivos los derechos humanos de esta población, Sin Fronteras insiste en que aún hay retos importantes que no quedaron cubiertos en este nuevo marco jurídico y que son necesarios para que cumpla con los más altos estándares internacionales de derechos humanos hacía la población objetivo de la ley. Entre ellos los siguientes:

1. No existe un mecanismo efectivo para llevar a cabo detecciones de personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección complementaria.
2. La detención de personas solicitantes de asilo como excepción y no como regla, incluyendo la necesidad de considerar más  alternativas a la detención.
3. La creación de políticas públicas y presupuesto suficiente para acompañar un proceso de  integración efectivo.
4. La existencia de un recurso efectivo frente a una resolución que niegue el reconocimiento de la condición de refugiado.
5. Crear mecanismos institucionales y públicos de participación de sociedad civil y de la propia población solicitante de asilo y refugiada.

A los cuales hay que dar seguimiento para que estos avances se vean reflejados en la vida de las personas solicitantes de asilo y Protección Complementaria.

Recientemente publicamos un estudio sobre Integración Sociocultural de Extranjeros en México, en donde algunos testimonios dan cuenta de avances positivos en la integración de personas refugiadas en México, tal es el caso de Laura, refugiada colombiana que sintió una  acogida cálida de sus vecinos y hasta recibió ofertas de trabajo por parte de la maestra de uno de sus hijos "A mi muchos mexicanos me han dado bienvenida, qué bueno, que bienvenida a México", hasta llegó una maestra a buscar y nos dijo ¿ustedes quieren trabajar?".

También se hallan testimonios de discriminación fuertes, como el caso de Carlos refugiado guatemalteco, "A mí me lo han dicho, que qué hacemos nosotros en México, váyanse a su pueblo, váyanse a su país, no vengan a quitarle la comida a los mexicanos, no les quiten la comida. Había un señor, ahí me andaba siguiendo a donde quiera y siempre era de insultarme, vete a tu país".

Sin Fronteras manifiesta que las personas refugiadas que llegan a nuestro país aún enfrentan grandes desafíos y retos en sus procesos de integración, principalmente los que tienen que ver con la discriminación, por lo que seguiremos trabajando e impulsando las reformas necesarias a la nueva Ley sobre Refugio y Protección Complementaria.

FIN

México DF, 21 de Febrero de 2012

CIDH deplora muertes violentas en cárcel de México

Difusión Cencos México D.F.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la muerte violenta de 44 reclusos del Centro Penal de Apodaca, estado de Nuevo León, México. La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con información oficial, el 20 de febrero de 2012 fueron asesinados 44 internos del Penal de Apodaca con armas punzo cortantes y otros objetos contundentes en una riña; en forma simultánea, otros 30 reclusos se fugaron del mismo penal. La información recibida indica que las personas fallecidas estaban recluidas en el ambulatorio y fueron atacados por internos de otro pabellón.

Asimismo, la CIDH recibió información según la cual el 4 de enero de 2012 hubo una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, estado de Tamaulipas, en la cual más de 30 internos fueron asesinados y otros 13 resultaron heridos con armas blancas. La riña se habría iniciado cuando internos del módulo 11 irrumpieron en el módulo 12 del centro penitenciario.

La CIDH reitera que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los reclusos. En este sentido, los Estados tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente. El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Asimismo, los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

22 de febrero de 2012
Washington, D.C.

Aprueba Comisión de Justicia dictamen que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes

Notilegis/México, D.F.-
La Comisión de Justicia, que preside el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforman las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Federal de Defensoría Pública.
   El diputado Benítez Treviño indicó que la ley establece que el proceso para adolescentes que cometen delitos debe ser sujetos a una legislación especial, jueces especializados, agentes de ministerio públicos especializados, defensores públicos especializados, instalaciones especializadas para los menores que están mezclados con los adultos.
   Además, señala que los adolescentes deben estar separados de los presos adultos, lo que no ocurre en muchos de los penales del país, por ello se precisa la existencia de establecimientos especializados, las separación de las mujeres de los hombres, así como separar a los reos que están en proceso penal de los que ya tiene sentencia condenatoria, esto en relación al principio de presunción de inocencia.
   “Los jóvenes que cometen delitos y entran a un centro penitenciario por robar una bicicleta y salen convertidos en lideres de bandas de la delincuencia. No estamos privilegiando a los delincuentes menores, estamos ubicándolos en el contexto”, señaló.
   Comentó que no se está dando un trato especial a los menores de edad que cometen un delito, ya que va de acuerdo a los ordenamientos nacionales que protegen al niño y recoge de manera integral todas las disposiciones internacionales de la niñez.

Legisladores de Baja California solicitan a la Cámara de Diputados iniciar investigación a ex gobernadores: Rodríguez Hernández

Notilegis/Mexico, D.F.-
El vicepresidente de la Mesa Directiva, Jesús María Rodríguez Hernández, recibió al presidente del Congreso de Baja California, David Lozano Pérez, con quien se comprometió a dar curso a un acuerdo donde solicitan una investigación a la PGR por presuntos nexos con el crimen organizado de ex gobernadores de esa entidad.
   “Nos han presentado el complemento de un acuerdo que tomó el Congreso de esta entidad que tiene que ver con una posible vinculación en actos delictivos donde participaron ex funcionarios del estado, le vamos a dar curso al interior de la Mesa Directiva”, dijo.
   El punto de acuerdo entregado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se exhorta a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibañez, a iniciar una investigación exhaustiva por presuntos nexos con el crimen organizado en contra de los ex gobernadores Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walther.
   Se señala que de acuerdo a reclamos de la sociedad baja californiana y de la prensa, así como del general Sergio Aponte Polito, existen indicios de que tales personajes incurrieron en complicidad durante sus años de gestión.
   En tanto, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas desestimó la acusación, y aseguró que lo que pretende el PRI en esa entidad es crear “cortinas de humo”, de cara al proceso electoral.
    “Llama la atención que tal acusación es en la época del PRI más fuerte, es extraño porque en esa época la procuraduría era totalmente del gobierno, bastaba una orden para ejercer acción penal, y no se tenían elementos”, dijo.

Urge reforma profunda al sistema penitenciario nacional para erradicar cárceles como escuelas del crimen: Acosta Naranjo

Notilegis/México, D.F.-
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, afirmó que es urgente una profunda reforma al sistema penitenciario que garantice que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación y dejen de ser escuelas de delincuentes.
   “Por la manera en la que funcionan los centros penitenciarios, desgraciadamente hoy no se readaptan los ciudadanos, sino a veces parecen escuelas de maleantes donde terminan con maestría”, destacó.
   Entrevistado al término de la reunión “Diálogos Públicos entre Legisladores y Sociedad Civil, sobre las reformas al Artículo 24 Constitucional”, el diputado señaló que debe de existir una mayor colaboración entre la federación y estados, para evitar que en los penales se mezclen delincuentes del carácter federal y del fuero común.
   “Esa mezcla que no se ha podido resolver se ha convertido en una mezcla muy peligrosa por eso se necesita una mayor colaboración. No es bueno que se echen la bolita los del estado y la federación. Creo que aquí debe de haber corresponsabilidad de todos, porque evidentemente hay una crisis en el sistema penitenciario”, dijo.

Reformas a la Ley General de Educación permitirán prevenir actos de acoso y violencia infantil: Padilla López

Notilegis/México, D.F.-
El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, José Trinidad Padilla López, del grupo parlamentario del PRI, señaló que las reformas que se han realizado al interior de ese órgano contra la discriminación y combate al bullying, mejorarán la cultura cívica para detectar casos específicos de violencia infantil y mejorar las políticas públicas.
   “Desde hace varias semanas hemos aprobado modificaciones al marco normativo de la Ley General de Educación, que permitan a las autoridades educativas en todo el país, tanto federales como estatales, tomar medidas de prevención del acoso y violencia infantil, mediante programas de asesoría psicológica para los menores”, dijo.
   En entrevista, luego de declararse en sesión permanente la Comisión legislativa, Trinidad López, indicó que las autoridades educativas deberán conocer las causas de la violencia, diagnosticar casos concretos de acoso y solucionarlos.
   El diputado federal aseguró que erradicar el fenómeno del bullyng no es sencillo, ya que refleja un problema mayor de descomposición del tejido social.
   “Un niño agresivo nos habla de menores que crecen con ambientes donde el código es que sólo a través de la violencia puede prevalecer o es su manera de interactuar con el mundo, ese tipo de códigos los llevan a la escuela y es ahí donde se manifiestan, por lo que debemos jalar la hebra y analizar cuáles son los problemas en expresiones particulares”, indicó.
   Padilla López enfatizó que los sistemas federal, y estatal deben promover una cultura de la paz, de la no discriminación, donde además es fundamental el apoyo de los padres de familia.

CONVENIO PARA CREAR JUZGADO MUNICIPAL EN ACATLAN DE OSORIO

Boletín/Puebla, Pue.- 

La capacitación, la mediación, el acercamiento de la justicia a la ciudadanía, son algunos de los objetivos de los Juzgados Municipales.

Destacó lo anterior el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, David López  Muñoz, durante la firma de Convenio para la instalación y funcionamiento del Juzgado Municipal en Acatlán de Osorio.

Felicitó al Presidente Municipal, arquitecto Lenín Martínez Reyes, por gestionar la creación del  Juzgado Municipal que es necesario para acercar la justicia a los habitantes de esa localidad.

De esta manera, agregó el titular del Tribunal Superior de Justicia, se propician las condiciones que hacen viable que todo ciudadano tenga acceso a la administración de justicia; y, como gobierno, generan que exista ese órgano que se encargará de impartirla.

Por nuestra parte, tenemos un Instituto de Estudios Judiciales que le brindará el apoyo necesario para capacitar al personal, así como para establecer procedimientos de cómo llevar a cabo la mediación, dijo.

La idea es que la tarea de los Juzgados Municipales trascienda, no como una moda, sino como algo que debe perdurar. Creo que esa es la necesidad que tenemos, puntualizó el Magistrado López Muñoz.

Por su parte, el Presidente Municipal de Acatlán, Martínez Reyes, expresó su agradecimiento por el respaldo del Tribunal Superior de Justicia para la creación del Juzgado Municipal y se comprometió, por acuerdo de Cabildo, a realizar las acciones necesarias para la instalación y funcionamiento inmediato de esta instancia de administración de justicia.

Apelan auto de formal prisión contra el defensor indígena Maximino García Catarino; exige su liberación

Difusión Cencos México D.F., 21 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan

• Actualización de información de la detención del indígena, defensor de derechos humanos Maximino García Catarino, integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, ocurrida el 21 de enero del 2012.

Como es de su conocimiento, el 21 de enero de 2012, Maximino García Catarino, beneficiario de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y actual dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixtecto (OFPM), fue detenido arbitrariamente e injustamente encarcelado. Actualmente Maximino enfrenta privado de su libertad un proceso penal en el que se le acusa de un delito que no cometió.

Por tal motivo la información que a continuación se presenta cobra especial relevancia en virtud de que el próximo 22 de febrero se llevará a cabo en coordinación con familiares e integrantes de la OFPM el acto en memoria de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron detenidos, desaparecidos, torturados y ejecutados en febrero del 2009 durante un acto público en Ayutla de los Libres por hombres que se ostentaron como policías estatales. A la fecha nadie ha comparecido ante la justicia por su asesinato.

En este sentido los hechos cometidos en contra de Maximino García dan cuenta de la persecución contra indígenas defensoras y  defensores de derechos humanos, que desde hace unos años prevalece en Ayutla de los Libres y la persistencia en el estado de Guerrero del uso desviado e ilegítimo de las instituciones de procuración de justicia para perseguir y criminalizar a las y los defensores de derechos humanos.

El modo irregular en que fue hecha la detención de Maximino García Catarino y la falta de fundamento suficiente que caracterizó la acusación en su contra causan nuestra más alta preocupación. Lo anterior, lo podemos confirmar en virtud de las diversas irregularidades que se presentaron al momento de la detención de Maximino García Catarino, ya que la policía no mostró ninguna orden judicial y realizó varios allanamientos ilegales. Igualmente, Maximino García fue interrogado sobre el paradero de dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixtecto (OFPM) a la que pertenece. Cuando Maximino García Catarino se negó a contestar, los policías le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo.

Aunado a lo anterior, a pesar de los elementos de prueba presentados por Tlachinollan que acreditan que el día en que se cometió el crimen que falsamente se le imputa a Maximino García Catarino, éste se encontraba en la ciudad de Ayutla realizando gestiones para su comunidad; el día 27 de enero el Lic. Inocente Orduño Magallón, Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, de Ayutla de los Libres, Guerrero, dictó auto de formal prisión con base en las declaraciones de dos supuestos testigos presenciales, cuyas declaraciones presentan claros visos de aleccionamiento e inverosimilitud.Consideramos que la decisión del Juez Orduño es en sí misma violatoria de derechos humanos, pues se tradujo en la imposición de la prisión preventiva motivada por pruebas insuficientes y falsas, lo que atenta contra el derecho a la presunción de inocencia.

En este sentido, hacemos de su conocimiento que el próximo jueves 23 de febrero se llevará a cabo la audiencia de vista, dentro del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión. La audiencia se realizará en una de las Salas Penales del Tribunal de Justicia. En dicha audiencia, la defensa a cargo de Tlachi presentará alegatos y argumentaciones que muestren que el Juez desestimó las pruebas ofrecidas de manera arbitraria y sin sustento legal y que en consecuencia el auto de formal prisión que emitió debe ser revocado.

Por lo anterior, solicitamos su apoyo para continuar enviando durante los próximos días. las acciones urgentes emitidas por Amnistía Internacional y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Más muertes en las cárceles del estado de Nuevo León

Difusión Cencos México D.F., 21 de febrero de 2012

Boletín de prensa
CADHAC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda indignación y preocupación por nuevas muertes sucedidas en el sistema penitenciario del Estado de Nuevo León. El día de hoy fallecieron tres personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en la Ciudad de Monterrey.

Según la información recibida, las tres personas asesinadas acababan de llegar el  día de ayer, 20 de febrero, a la prisión. Estas personas estaban recluidas en espacios "protegidos" para su observación, esperando su ubicación, a pesar de ello, fueron asesinadas a puñaladas con objetos punzo cortantes, además de no haber recibido asistencia de las autoridades penitenciarias. Nos resulta preocupante que la autoridad pueda creer la versión que ha difundido, de que fueron 2 internos del fuero común quienes les asesinaron, sin valorar el entorno de corrupción e impunidad que impera en todos los centros penitenciarios, el cual vuelve mucho más vulnerable a toda la población penitenciaria, que bien puede estar siendo "obligada" a cometer hechos delictivos.

Las muertes en el sistema penitenciario del Estado son una constante afrenta a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El Estado de Nuevo León ha fallado en garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal, y no ha enfrentado esta situación de crisis con las medidas correctivas y preventivas que resultan urgentes.

Es importante recordar que las autoridades estatales tienen una responsabilidad legal de garantizar todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La resolución judicial que limita la libertad ambulatoria de los internos no elimina su dignidad humana ni limita otros derechos, por lo que el Estado debe garantizarlos.

Exigimos una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables, incluyendo a funcionarios que tenían la responsabilidad inmediata de proteger a las personas asesinadas, así como a altos funcionarios que no están cumpliendo con las obligaciones mínimas de seguirdad que marca el Sistema Penitenciario Mexicano y el Sistema Internacional de Protección a personas privadas de su libertad. Asimismo, exigimos la reparación del daño a las familias de las personas fallecidas y que el Gobierno del Estado de Nuevo León asuma sus obligaciones legales e intervenga inmediatamente en esta situación, asegurando siempre el más irrestricto respeto a los derechos humanos.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
21 de febrero de 2012.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., en una organización apartidista y sin fines de lucro que desde su creación en 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, México.

Exhorta Cámara de Diputados a la SRE a contratar un seguro para la repatriación de cuerpos

Notilegis/México, D.F.-
El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a contratar un seguro para la repatriación de cuerpos, en beneficio de los migrantes.
   Los legisladores avalaron el punto de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, que establece que este servicio será opcional al obtener la matrícula o el pasaporte en las oficinas consulares del exterior, tratándose de connacionales documentados o indocumentados.
   Asimismo, especifica que el servicio deberá incluir embalsamamiento, ataúd, cremación, trámites consulares, de sanidad y aduanas, transportación aérea o terrestre y la entrega del cuerpo al lugar designado por los familiares en el territorio mexicano para realizar los funerales; además de que este servicio deberá ser vitalicio y con una vigencia de tres meses después del fallecimiento.
    El punto de acuerdo precisa que en caso de que la SRE no cuente con recursos para contratar el seguro de repatriación de cuerpos para este año, solicita al Ejecutivo Federal considerarlo en el ejercicio fiscal de 2013.

Dictamen de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas el próximo jueves: Rosi Orozco

Notilegis/Mexico, D.F.-
La presidenta de la Comisión Especial para la lucha contra la Trata de Personas, Rosi Orozco (PAN), expresó su confianza en que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, sea aprobada por el Pleno en la sesión del próximo jueves.
    “El día jueves es cuando este tema va a pasar. Ese dictamen ya está terminado y ahora estamos en espera de que pueda subir. Todas las bancadas están apoyando, es un tema que ha sensibilizado, además agradecemos de verdad la solidaridad de parte de todos”, indicó.
    La diputada señaló que a pesar de los “inconvenientes” para erradicar este delito que ocupa el segundo lugar en el negocio del crimen organizado y que deja ganancias por 42 mil millones de dólares, se seguirá combatiendo con la ayuda de las autoridades, víctimas y con la aprobación de la ley.
    “Hay intereses en contra de que se apruebe el dictamen y por supuesto que no vamos a permitir que éstos prosperen, nunca nos van a detener, cuando conocemos el dolor de quienes han sufrido este agravio hacia la dignidad de la persona, no podemos nunca detenernos”, comentó.

Faltan penales para reos de alta peligrosidad: Benítez Treviño

Necesario un nuevo modelo penitenciario para readaptar a internos: Ramírez Acuña

Notilegis/México, D.F.-
El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), indicó que se requiere construir más centros penales para reos de alta peligrosidad; sin embargo, ante el hacinamiento en las cárceles, es necesario explorar otras formas de prisión preventiva como la libertad bajo palabra, brazalete electrónico, prohibición de ir a un lugar determinado y revisar el catálogo de delitos.
    Agregó que la prisión preventiva es un “fracaso y está en crisis”, porque no cumple con el objetivo previsto, ya que hay muchos internos que no merecen estar recluidos. De cada 10 personas que se detienen y se consignan, sólo una recibe sentencia condenatoria esto implica la presunción de inocencia del 90 por ciento de todos los procesados.
    “Tenemos una sobrepoblación del 30 por ciento en todos los penales del país, 90 por ciento en el Distrito Federal, 80 por ciento en el Estado de México, 70 en las cárceles de Jalisco. Debemos explorar nuevas forma de prisión preventiva, porque seguimos deteniendo para investigar, en lugar de investigar para detener.”, comentó.
   El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Francisco Ramírez Acuña, señaló que el sistema penitenciario en México necesita renovarse, no sólo con mayores penales, sino con un nuevo modelo que sirva para readaptar a los internos.
   “No ha funcionado el sistema de readaptación, no existe un proyecto claro desde los años setentas, necesitamos más cárceles, es cierto que existe saturación de presos, pero no sólo necesitamos mayores espacios donde guardarlos, sino también un modelo que proporcione recuperación y readaptación”, dijo.
   En entrevista previa al inicio de la sesión, el diputado panista indicó que lo ocurrido en el penal de Apodaca, Nuevo León, donde murieron 44 reos y 30 se fugaron, señala una gran corrupción en ese centro, por lo que exhortó a los gobiernos federal y estatales a lograr una mayor coordinación.

PUEBLA EVALUARÁ A CADA UNO DE SUS ELEMENTOS POLICIACOS

       ·         Necesaria la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública

·         Elevar el nivel de vida de sus familias

·         Fundamental la participación de la sociedad civil

Boletín/Puebla, Pue.-

Puebla cumplirá en tiempo y forma con el compromiso de aplicar controles de confianza a sus elementos policiacos, a más tardar en enero de 2013.

    El Gobernador Rafael Moreno Valle dijo que en este propósito es fundamental la participación de organizaciones sociales y civiles como "Causa en común".

    Al participar en la inauguración del  foro "Sumemos causas, Ciudadanos + Policía", organizado por la agrupación de  María Elena Morera, el Mandatario estatal reafirmó su compromiso por mantener a Puebla como una entidad segura.

    Sostuvo que a través de la capacitación de los elementos de seguridad pública, con la participación de la sociedad civil,  se puede elevar su profesionalización y mejorar sus niveles de vida.

    Indicó que en este propósito resulta de vital importancia contar con un centro de control de confianza certificado por la administración federal,  y con una academia de policía, que se inaugurará antes del 5 de mayo próximo, a la que podrán acudir elementos de corporaciones policiacas de todo el país.

    Puebla, dijo, es el único estado que cuenta con una academia de policía a nivel nacional con esfuerzo compartido entre los gobiernos federal y estatal, así como de la iniciativa Mérida, donde Estados Unidos respalda el combate a la delincuencia con capacitación y equipamiento con lo que se darán soluciones compartidas a problemas comunes.

    El titular del Ejecutivo  coincidió con David Wattley, Coordinador Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de  Estados Unidos, en subrayar que el combate al crimen organizado es un tema cuya solución requiere de un concurso compartido entre los gobiernos de ambos países.

    Moreno Valle puntualizó que  mientras  "en otros lugares se buscan culpables, aquí en el estado, buscamos soluciones".

    Por su parte, María Elena Morera reconoció los avances de Puebla en materia de seguridad al ser el cuarto estado con un Centro Único de Control de Confianza acreditado, además de ocupar los primeros lugares en la aplicación de dichos exámenes a  sus elementos policiacos.

     A la fecha, refirió,  más del 50 por ciento de los policías de Puebla se han sometido a los exámenes de control de confianza, al tiempo que externó su certeza de que la administración del Gobernador Moreno Valle cumplirá con la meta trazada.

    Señaló que Puebla incrementó en  119 por ciento, en 2011, el número de evaluaciones realizadas respecto a 2010.

    María Elena Morera, puntualizó que de esta forma gobierno y sociedad coadyuvarán a mejorar la seguridad de los mexicanos, con tres puntos fundamentales: promoción del Estado de Derecho, construcción de ciudadanía y la exigencia de rendición de cuentas.

    Es vital que la sociedad y los elementos policiacos sepan las causas por las que reprobaron los exámenes de control de confianza, porque no en todos los casos se debe a una relación con el crimen organizado, dijo.

Un Tribunal Nacional Anticorrupción no funcionaría para erradicar este mal: Diputado Augusto Santiago

No crear instituciones sin resultados: Diputado Mercado Sánchez
Es una buena propuesta para combatir ilícitos: Jiménez López

Notilegis.-
El integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, César Augusto Santiago Ramírez (PRI), consideró que la creación de un Tribunal Nacional Anticorrupción, como lo propone el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no resolverá el grave problema de corrupción que existe en el país.
    “Yo creo que no funcionaría un tribunal. Lo que hay que pedir es que la administración pública cumpla con su deber, en particular la Secretaría de la Función Pública y que la PGR se aboque a trabajar de manera institucional, si exigimos que cumplan con su responsabilidad no habría necesidad de más instancias”, destacó.
    El legislador del PRI destacó que en la Cámara de Diputados se debe de impulsar la iniciativa ya presentada que tiene por objeto darle más facultades a la Auditoría para que pueda dar informes sucesivos y preventivos, en lugar de que la dependencia pueda esperar un año para emitir su juicio sobre el estado de los recursos públicos.
    El también miembro de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis Enrique Mercado Sánchez /(PAN), se pronunció en contra de la creación de una nueva institución, opinó que no ayudará a resolver los problemas de corrupción.
    “No es viable ni es la solución al problema de corrupción, en México nos encanta hacer una institución para cada problema y entonces lo que hacemos es multiplicar instituciones que no son efectivas. El combate a la corrupción está en modificar la Ley de Servidores Públicos para poner castigos corporales”, afirmó.
    Consideró que para erradicar la corrupción no se necesita un Tribunal, sino una transformación de la sociedad y castigo corporal a los servidores públicos, ya que no se trata de crear instituciones que no dan resultados y que muchas de las procuradurías y fiscalías deberían desaparecer.
     El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Ramón Jiménez López (PRD), calificó de “muy buena” la propuesta que hizo el Auditor Superior de la Federación, sobre la creación de un Tribunal Anticorrupción que sí tenga los elementos e instrumentos para castigar con severas penas a los que resulten responsables de corrupción, de negligencia y de ineptitud en el uso de los recursos públicos.
    “Es una buena propuesta porque este tribunal podría dar una respuesta más contundente a los actos de corrupción, que es uno de los problemas que más lacera la vida de nuestra patria. Los manejos de mayor corrupción se dan en el Poder Ejecutivo y sobre todo en este gobierno actual”, destacó.
    El diputado del PRD destacó que la propuesta del auditor se está analizando en el interior de la Comisión de Vigilancia, a través de la presentación de una iniciativa que tenga como objetivo la creación de ese tribunal.

Colapsa sistema penitenciario: Díaz Escárraga

Urge separar a los reos de acuerdo a su peligrosidad: Ovando Patrón
Presupuestos históricos pero no hay resultado: Santana Alfaro
Corrupción e impunidad en penales: Vázquez González

Notilegis.-
Diputados del PRI y PRD aseguraron que lo ocurrido en el penal de Apodaca, Nuevo León, que dejó como saldo 44 reos muertos, demuestra que el sistema penitenciario en México ha fallado. En tanto, el PAN, señaló que es necesario agilizar la aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para separar a los presos de acuerdo a su peligrosidad.
   El diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI, subrayó que lo sucedido en Apodaca, es el reflejo de que el sistema penitenciario en el país ha colapsado, ya que no se cubren las necesidades mínimas de respeto a los derechos humanos.
   “El sistema penitenciario ha fallado, no cumple con dos objetivos fundamentales, que es la reinserción social, y no cubre las necesidades mínimas de respeto a los derechos humanos de quienes están recluidos”, dijo.
   En entrevista, el diputado priista detalló que aspectos como la falta de separación entre reos federales y estatales, en ocasiones entre hombres y mujeres, y la aparición de cuerpos de poder o gobierno en el seno de los penales, indican que este fenómeno seguirá ocurriendo, ya que dijo “no se han destinado los recursos suficientes aprobados por los diputados y los que se han ejercido, han sido de manera ineficaz”.
   El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón (PAN), afirmó que ante la debilidad del sistema penitenciario, es necesario agilizar la aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, la cual incorporará la definición de concepto de penales, la obligación de separar a los reos de los procesados con los sentenciados, separar mujeres de hombres, niveles de peligrosidad, reglas de construcción de penales.
   En entrevista el diputado federal dijo que la Cámara de Diputados ha destinado recursos para que se concluya la construcción de cárceles, a fin de que los presos federales no estén recluidos con reos estatales y evitar la sobrepoblación que en su mayoría proviene de éstos últimos.
   “Debemos de revisar a fondo los recursos que les destinan las propias entidades a las cárceles locales, no podemos poner en riesgo a los ciudadanos con cárceles con controles deficientes, cárceles donde se fugan los reos o donde salen de noche a asesinar a personas y regresan como si fuera un hotel de cinco estrellas. Es importante poner el ojo ya en el sistema penitenciario estatal, la normatividad y el destino de recursos”, aseguró.
    El diputado del PRD, Arturo Santana Alfaro, aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública ha recibido los presupuestos más altos en la historia de esa dependencia federal, por lo que no tiene ningún pretexto para justificar la fuga de reos del orden federal en el penal de Apodaca, del estado de Nuevo León, además de la muerte de 44 reos.
   “Hay que solicitarle cuentas para conocer los avances que en materia de sistema penitenciario tienen al día de hoy en estos cinco años de gobierno, además de que nos transparente en qué se han utilizado los recursos públicos etiquetados para ese fin”, exigió el integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
   Hizo un llamado al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a establecer una planeación estratégica en materia de readaptación social para evitar que se den más sucesos como el del penal de Apodaca. “El asunto del carácter federal está fallando en la Secretaría pese a que nosotros en la Cámara de Diputados estemos entregando los presupuestos más grandes de la historia al sistema penitenciario”, dijo.
   Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, señaló que lo ocurrido en Apodaca, sólo refleja la corrupción e impunidad que prevalece en estos centros, por lo que consideró pertinente adelantar un estudio detallado a cada centro penitenciario para evitar mayores conflictos.
   Vázquez González opinó que estas situaciones son parte de la dinámica interna de los penales por asegurar los cotos de poder y de autoridad al interior de los mismos. Al respecto, señaló que “no sólo en Nuevo León se vive la lucha por el control de los penales donde se sobrepasan los límites que establece la propia autoridad penitenciaria y se pisotea la ley”.
   Finalmente criticó las deplorables condiciones y el hacinamiento de las cárceles del país que ante la ola creciente de violencia se sobresaturan e inducen a la corrupción y al desgobierno.

En Texmelucan detenido por robar 2000 prendas de mezclilla

Boletín/San Martin Texmelucan, Pue.-
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio a conocer que la Policía Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión existente en contra de José Luis Ramírez Rosales, de 29 años de edad, presunto responsable del delito de robo calificado.
   En el proceso penal 25/2012, se asentó que a mediados de noviembre pasado el ahora detenido y sus cómplices entraron a un establecimiento ubicado en la colonia Centro de San Martín Texmelucan, y sustrajeron alrededor de 2000 prendas de mezclilla. Aunque fueron sorprendidos por la dueña del establecimiento, lograron darse a la fuga con la mercancía a bordo de una camioneta.
   Posterior a esto y presentada la denuncia, el agente del Ministerio Público consignó la Averiguación Previa ante el juez Penal, quien otorgó la orden de aprehensión correspondiente. Gracias a ello, agentes de investigación lograron ubicar y detener a Ramírez Rosales cuando transitaba sobre la Avenida Libertad de dicho lugar.
   Hace unas horas, el indiciado fue ingresado al Cereso de Huejotzingo.