Posicionamiento de la organizaciones de derechos humanos del país en relación a las graves violaciones de derechos humanos en el estado de Chihuahua
Organizaciones civiles enviarán carta a la CIDH para informar sobre la gravedad de las violaciones sistemáticas de DDHH en Chihuahua
Gobierno de Chihuahua continúa sin salvaguardar la integridad de la población de la entidad
Boletín
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el Grupo de Articulación Justicia en Juárez (conformado por 14 organizaciones), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 71 organizaciones del país expresan su preocupación por la excepcional recepción dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobernador del Estado de Chihuahua, sin dar posibilidad a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para confrontar las afirmaciones del mandatario. Las mismas, además, no son un reflejo cabal de la situación de derechos humanos en el Estado.
De acuerdo a información publicada hoy por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), "[e]l Gobernador sostuvo una reunión de trabajo con el Comisionado Relator para México, Rodrigo Escobar Gil, y otra con el pleno" de la CIDH, que "reconoció los importantes avances recientes de derechos humanos registrados en el Estado de Chihuahua, muy particularmente la eficiencia de la administración de justicia" .
Asumiendo la veracidad de lo informado por la SRE, llama la atención y causa inquietud que el pleno de la CIDH conceda, fuera del programa oficial de audiencias, reuniones privadas a representantes de Estados. Tal práctica no es habitual en relación a las OSC, no ha sido lo que en anteriores ocasiones ha sucedido con México. De hecho, en distintas oportunidades, el gobierno mexicano ha solicitado audiencias a la CIDH para mostrar los avances que, a su consideración, se han dado en México sobre la adopción de programas de derechos humanos o la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo. No obstante, las organizaciones también hemos visto con preocupación que el caso del gobernador Duarte no es el primero y algunos titulares de gobierno (como Chiapas y Oaxaca) han hecho lo mismo en anteriores periodos de sesiones de la CIDH.
Además, con relación a los encuentros que el órgano internacional, y su miembro Relator para México, habrían mantenido con el Gobernador Duarte, no es de nuestro conocimiento que se hubiera articulado mecanismo alguno para hacer posible que OSC, u otras entidades, controviertan la información brindada.
Entendemos que las acciones referidas implicarían un trato desigual del órgano internacional, en beneficio de los Estados y en perjuicio de las OSC, víctimas u otras entidades. En este marco, sería además altamente preocupante que la CIDH exprese reconocimientos a la gestión estatal, en tanto que existen distintos casos y medidas de protección ante la CIDH que evidencian el incumplimiento que el Estado mexicano (a través del Estado de Chihuahua) de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Por otra parte, este cobijo por la CIDH, se daría en un contexto de graves violaciones a derechos humanos que han sido documentadas y denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Chihuahua y que aún no se han presentado a la CIDH. Las cuales fueron analizadas recientemente en la Asamblea Nacional de la RedTDT.
El gobernador declaró ante la Comisión Interamericana que la tortura estaba erradicada de Chihuahua, esto es una falacia por poner algunos ejemplos, en Ciudad Juárez presentan ante los medios de comunicación a personas detenidas por cuerpos policíacos con signos de graves lesiones provocadas por la tortura, bastaría mencionar dos casos que estremecieron a la opinión pública.
Ismael Fierro Chavarría, lavacoches en un estacionamiento frente a la clínica 35 del IMSS, fue detenido y tundido a golpes por seis policías municipales, acusado de ser sicario en una balacera frente a ese lugar. Ismael había salvado la vida a una mujer y a su pequeño hijo la gravedad de las lesiones sufridas ocasionaron derrames que produjeron amnesia y parálisis y que a pesar de haber sido operado, no se ha recuperado 8 meses después. Otro caso es la detención de César Adrián García López quien falleció a causa de la tortura.
Por otra parte, los siguientes ejemplos demuestran la política de simulación del Gobernador Duarte:
La violencia contra las mujeres en esta entidad federativa se ha incrementado por la falta de respuesta del Estado a las múltiples y muy numerosas recomendaciones y mandatos de organismos internacionales, incluyendo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México y por el contexto de violencia armada. Los cuerpos de las mujeres son usados como campos de batalla en un marco de confrontación y sus padecimientos se encuentran in visibilizados ante el incremento de la violencia generalizada.
Las cifras no mienten.
Chihuahua tiene posiblemente la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100,000 mujeres , 15 veces más alta que la tasa de homicidios de mujeres a nivel mundial, que es de 2.6 asesinatos por cada 100,000 mujeres .
Desde 2008, el Estado de Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de mujeres asesinadas . De acuerdo con cifras oficiales obtenidas por las organizaciones sociales, en los últimos tres años, se registró un aumento de más de 1,000% de asesinatos de mujeres en la entidad ; de 51 asesinatos en 2007 a 595 asesinatos en 2010.
El número de mujeres que han sido asesinadas en 2009, 2010 y 2011 no tiene precedentes en la historia del estado; en tan sólo un año se asesinan al mismo número de mujeres que antes se asesinaban en una década .
Asimismo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado 401 mujeres desaparecidas en la entidad, de 2010 a junio de 2011.
EL Gobernador Duarte faltaría a la verdad al señalar que sólo han ocurrido 30 feminicidios durante su gobierno y que la mayoría se encuentran esclarecidos.
Vale recordar que en febrero del 2012, al menos nueve cuerpos de mujeres se encontraron en un predio en Praxedis Guerrero, entre ellas los de: Andrea Guerrero Venzor, de 15 años (con reporte de desaparición del 19 de agosto de 2010), Jessica Leticia Peña García, de 17 años (con reporte de desaparición del 16 de junio del 2010 )y Lizbeth Avilés García, de 17 años (con reporte de desaparición del 22 de abril de 2009).
Las tres niñas desaparecieron del Centro de Ciudad Juárez en diferentes fechas; sus madres interpusieron la denuncia correspondiente pero las autoridades incumplieron con su obligación de activar el protocolo Alba o algún mecanismo análogo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, contraviniendo la disposición de la Corte Interamericana; de los expedientes de investigación no se desprende que las autoridades realizaran acciones de investigación de manera inmediata y exhaustiva, por el contrario, minimizaron los hechos y se limitaron a realizar reportes de ausencia, y fueron las propias madres quienes realizaron investigaciones. En el predio se encontraron varias osamentas, pero las autoridades no han logrado identificarlas y los feminicidios se encuentran impunes.
Estas cifras no sólo demuestran la desprotección a las mujeres en Chihuahua, sino que tienen como agravantes el incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección de los derechos de las niñas en esa entidad.
Otros casos son los de la Sra. Denisse Daisy Robles López, de 17 años, que se encontraba embarazada y a la golpearon hasta sacarle el feto y dejar un mensaje para su esposo, o el de Lucero Rubí, quien denunció ante el Nuevo Centro de Justicia para las Mujeres la violencia de su ex pareja, solicitando las medidas de protección después de que el sujeto quemó su vivienda. Estas medidas le fueron negadas y el caso terminó con un feminicidio anunciado. Cabe referir también el ocultamiento del cuerpo de Adriana Sarmiento en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Juárez en donde se encuentran apilados más de 90 osamentas de mujeres y por supuesto el feminicidio emblemático de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo que continúa impune.
En el caso de las decenas de niñas y jóvenes desaparecidas continúa el trato inadecuado a las familias, endosándoles la responsabilidad de búsqueda., De acuerdo a la documentación de algunas de las organizaciones signatarias , sólo en 2011, se reportaron 91 casos de desaparición de mujeres que continúan vigentes. De éstos, 50 tuvieron lugar en Ciudad Juárez.
En cuanto a otros vejámenes, advertimos que l entre el 11 de abril al 20 de noviembre del 2011 hubo 147 violaciones sexuales solo en la ciudad de Chihuahua, y 1605 denuncias por violencia familiar.
La realidad descrita obedece al incumplimiento del Estado de Chihuahua de sus obligaciones en materia de derechos humanos. En particular, el Estado de Chihuahua continúa incumpliendo un deber mencionado por la Corte IDH en la decisión antes mencionada: "adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular […] contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer" .
El Estado de Chihuahua, además, no ha dado efectivo cumplimiento a las órdenes dadas por la Corte IDH en esa decisión.
Como si lo anterior fuera poco, de modo reciente el Gobernador Duarte, pretendiendo cumplir determinaciones de la CIDH en relación al caso Paloma Escobar Ledezma Vs. México, realizó inapropiadas declaraciones. Así, en el marco del acto público desarrollado el 23 de febrero pasado, que tenía por objeto el reconocimiento público de responsabilidad y la disculpa a las víctimas, pretendió con términos exculpatorios deslindar la responsabilidad del gobierno.
Apreciamos que la CIDH, a fin de cumplir su mandato de velar por la protección y promoción de los derechos humanos, debe tener en consideración estos elementos. Por ello, se solicitará a la CIDH que pueda escuchar a las organizaciones chihuahuenses a fin de que cuente con elementos suficientes para hacer una valoración del contexto de nuestra entidad.
Para mas información:
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Av. Juárez 4107-B, Col. Centro
Chihuahua
Tel 01 (614) 415-4152
24 de marzo de 2012
