Por Jésica Baltazares Osorio/Municipios Puebla
Chignahuapan.- Luego de 40 años de conflicto por la posesión del agua del Manantial Los Caracoles, entre las comunidades de Rinconada, Calapa y Llano Verde, que ha originado desde agresiones verbales hasta acusaciones de invasión de y daño a cultivos, los ejidatarios fueron citados por autoridades municipales y estatales con el propósito de encontrar una solución, porque sus desacuerdos han provocado el desperdicio permanente del vital líquido.
El manantial Los Caracoles se ubica en la comunidad de Rinconada, lo que ha originado que por años los ejidatarios hagan uso del agua, especialmente para fines agrícolas, bajo sus reglas.
De diciembre a mayo no permiten que nadie de otra comunidad tome del vital líquido para sus cosechas o utilidad familiar, además de que las medidas “técnicas” que aplican para ello genera un considerable desperdicio del insumo.
A petición del presidente municipal de Chignahuapan, Mario Olvera Cortés y con la participación de los ejidatarios, se reunieron con la Directora General de Gobierno, Laura Escobar Juárez, así con representantes de CONAGUA y Reforma Agraria, con el propósito de tender los primeros puentes de comunicación para iniciar proyectos conjuntos que les permitan el aprovechamiento racional del agua.
En este sentido, Olvera Cortés detalló que uno de los propósitos de estas reuniones es construir un proyecto productivo de amplios beneficios no sólo para el ejido, sino para las comunidades circundantes a cambio de poner una solución definitiva al problema del agua.
Escobar Juárez indicó que este tipo de conflictos, comunes en toda la entidad, son resultado de “haber dejado pasar por años las irregularidades, pero ahora hay nuevas autoridades en el estado que no van a permitir que nadie esté por encima de la ley.
En este sentido, el representante de CONAGUA, Eduardo del Puerto Camarillo, solicitó a los ejidatarios de Rinconada, quienes argumentan la “propiedad” del agua, que muestren los permisos que supuestamente detentan para hacer uso exclusivo del líquido y determinar los tiempos en que las otras comunidades pueden o no aprovechar también este recurso natural.
Chignahuapan.- Luego de 40 años de conflicto por la posesión del agua del Manantial Los Caracoles, entre las comunidades de Rinconada, Calapa y Llano Verde, que ha originado desde agresiones verbales hasta acusaciones de invasión de y daño a cultivos, los ejidatarios fueron citados por autoridades municipales y estatales con el propósito de encontrar una solución, porque sus desacuerdos han provocado el desperdicio permanente del vital líquido.
El manantial Los Caracoles se ubica en la comunidad de Rinconada, lo que ha originado que por años los ejidatarios hagan uso del agua, especialmente para fines agrícolas, bajo sus reglas.
De diciembre a mayo no permiten que nadie de otra comunidad tome del vital líquido para sus cosechas o utilidad familiar, además de que las medidas “técnicas” que aplican para ello genera un considerable desperdicio del insumo.
A petición del presidente municipal de Chignahuapan, Mario Olvera Cortés y con la participación de los ejidatarios, se reunieron con la Directora General de Gobierno, Laura Escobar Juárez, así con representantes de CONAGUA y Reforma Agraria, con el propósito de tender los primeros puentes de comunicación para iniciar proyectos conjuntos que les permitan el aprovechamiento racional del agua.
En este sentido, Olvera Cortés detalló que uno de los propósitos de estas reuniones es construir un proyecto productivo de amplios beneficios no sólo para el ejido, sino para las comunidades circundantes a cambio de poner una solución definitiva al problema del agua.
Escobar Juárez indicó que este tipo de conflictos, comunes en toda la entidad, son resultado de “haber dejado pasar por años las irregularidades, pero ahora hay nuevas autoridades en el estado que no van a permitir que nadie esté por encima de la ley.
En este sentido, el representante de CONAGUA, Eduardo del Puerto Camarillo, solicitó a los ejidatarios de Rinconada, quienes argumentan la “propiedad” del agua, que muestren los permisos que supuestamente detentan para hacer uso exclusivo del líquido y determinar los tiempos en que las otras comunidades pueden o no aprovechar también este recurso natural.